1. Responsabilidad cívica empresarial: un compromiso de los empresarios con la
democracia
Elisabeth Ungar Bleier*
Febrero de 2010
“No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque
la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de
poder alternativo al sistema democrático de poder. Lo
mismo pasa con los mafiosos, los mafiosos no son solamente
criminales, la mafia es un sistema de poder económico, un
sistema de poder políticos, un sistema de poder religioso, un
sistema de poder financiero. La nueva corrupción del tercer
milenio se llama conflicto de intereses. El conflicto de
intereses destruye la democracia, el libre mercado,
destruye el normal funcionamiento del sistema” (Palabras
del diputado italiano y ex alcalde de Palermo, Leoluca
Orlando, Bogotá, noviembre de 2009.
http://www.procuraduria.gov.co/htm/noticias_2009/notici
as_689.html).
Como lo señala el estudio La responsabilidad social de las empresas en el proceso electoral
“Las contribuciones a campañas electorales y a partidos políticos ofrecen dos caras. Por un
lado, ayudan a financiar el fortalecimiento de organizaciones partidarias y la comunicación
entre candidatos y electores, contribuyendo de esta manera a una competencia política
activa y saludable. Pero por otro lado, (…) puede distorsionar el proceso electoral y
también perjudicar la integridad de futuros representantes políticos. Mediante un gran
volumen de aportes, las empresas influencian la competición entre candidatos en el
proceso electoral, disminuyendo y limitando el papel del ciudadano, que debería ser el
motor del proceso de representación política. El segundo riesgo de la financiación de las
campañas electorales por parte de las empresas se refiere a las expectativas y prácticas de
ver la financiación política como una inversión económica que rendirá frutos a través de
* Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia
1

2. favores otorgados por determinados representantes elegidos, y no bajo la óptica del
fortalecimiento de la democracia o de un determinado partido. En este sentido, la
financiación política se vuelve una variante de soborno a un funcionario público para
obtener ventajas ilícitas” 1
Con el fin de hacerle frente a los riesgos de corrupción relacionados con la financiación de
las campañas, en particular con la financiación privada, en muchos países se han diseñado
diferentes herramientas que buscan, por un lado, definir un marco normativo eficiente con
controles y sanciones rigurosos y establecer las condiciones y proporciones de la
financiación privada y de la pública, y por el otro, “crear mecanismos de transparencia que
pongan en evidencia la relación dinero/política”2. Es decir, que garanticen la rendición de
cuentas y la divulgación sobre el origen, montos y destinación de los recursos.
La transparencia de las cuentas, de los ingresos y gastos de partidos y candidatos es
importante porque permite una toma de decisiones más fundamentada por parte de
electores, empresarios, financiadores, gobierno e incluso por otros candidatos y partidos en
competencia. Es un elemento que posibilita el voto informado y el control social sobre las
elecciones. La información sobre quién financia una campaña, con qué montos, si lo hace
en dinero o en especie, es esencial no solo para orientar la selección del candidato o
partido por el que se va a votar, sino que es un elemento importante para evaluar la
gestión y el desempeño de los elegidos, identificar posibles conflictos de interés, evaluar la
coherencia entre las propuestas y la acción, y, como se ha visto recientemente en
Colombia, para identificar vínculos entre financiadores de campañas y beneficiarios de
subsidios, contratos y concesiones, así como entre dineros ilegales y determinados
candidatos y partidos.
1 Instituto Ethos y Transparency International. La Responsabilidad Social de las Empresas en el Proceso
Electoral (edición 2008), São Paulo, Septiembre 2008
2 Giner Steven y Daniel Zovatto (eds.) De las Normas a las Buenas Prácticas - El Desafío del
Financiamiento Político en América Latina. Organización de los Estados Americanos OEA y el Instituto
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA, San José, Costa, 2004, p. 77
2

3. Por ejemplo, si se descubre que una empresa o un grupo de empresas gana
sistemáticamente licitaciones o contratos, y si existe información que compruebe que estas
realizaron importantes aportes a las campañas de los responsables de tomar decisiones,
podría estarse configurando un delito, o por lo menos un cuestionamiento sobre la
legitimidad de lo actuado, que puede traducirse en acciones legales o de rechazo social.
Algo similar sucede cuando, amparado en la ley, el gobernante toma una decisión que
privilegia a unos pocos en detrimento del bienestar general. Como dijo el Auditor General
de la República “el período de elecciones lamentablemente es propicio para la desviación
de recursos y para la corrupción en la contratación; durante ésta época los aspirantes a los
cargos de elección popular buscan afanosamente recursos para financiar sus campañas
políticas y precisamente ante esa demanda, los particulares ofrecen recursos para tener
como contraprestación o retribución indebida contratos y otra serie de favores”
(http://auditoria.gov.co/templates/9_contratación_visible.asp).
El acceso a la información sobre financiación de candidatos y partidos puede ser un
incentivo para impedir conductas irregulares, o, como señala Ferreira, por lo menos
aumenta el costo o riesgo. Estudiosos sobre el tema de la financiación de la política han
señalado que “la imposición de límites y restricciones no evita el ingreso de fondos ilegales,
sino que –por el contrario- genera incentivos para que los autores involucrados diseñen
mecanismos más sofisticados para canalizar el dinero hacia los partidos, sin dejar huella”3.
Además de las limitaciones propias de las leyes para lograr por sí solas los objetivos
buscados, sobre todo si estas se enmarcan en un contexto como el colombiano, donde la
ilegalidad ha permeado prácticamente todas las actividades y esferas de la sociedad,
“estas pueden generar la sensación de que el problema ha sido controlado” y sus efectos
pueden verse seriamente limitados si no se aparean de mecanismos de transparencia y
órganos de control eficientes.
No sobra insistir en que la financiación privada de la política no es nociva en sí misma, ni el
problema es el origen privado de los fondos. Sin embargo, esta conlleva riesgos para la
democracia, que pueden resumirse de la siguiente manera: que empresas acaben
3 Ibid., p. 78
3

4. reemplazando a los ciudadanos en la elección de representantes; que quienes tengan más
posibilidades de financiar tengan más posibilidades de influir en los gobernantes, es decir,
que un grupo pequeño de ciudadanos tenga más posibilidades de que sus intereses sean
representados; y que las campañas que reciban la mayoría de sus recursos de pocos
donantes (o de uno solo) se vuelvan dependiente de ellos.
Por esto, cabe preguntarse ¿Cuál es el papel del sector privado en el debate sobre
financiación política? El sector privado tiene la oportunidad de posicionarse como promotor
de estándares y principios que aseguren la transparencia y contribuyan a prevenir la
corrupción relacionada con el financiamiento de campañas. Esto puede potenciar y ampliar
los alcances de la responsabilidad social empresarial, y abarcar la responsabilidad cívica y
el compromiso con la democracia. Pero además, puede contribuir de manera significativa a
evitar que los aportes a candidatos o campañas “se transformen en un factor de
desequilibrio en el ambiente de negocios del sector, que sean una forma encubierta o
anticipada de soborno, mejorar la reputación o imagen de la empresa, transparentar las
donaciones y evitar solicitud (o presión) por parte de partidos o candidatos”4.
Varias organizaciones han trabajado en la identificación de acciones que pueden emprender
las empresas para evitar los riesgos de corrupción relacionados con la financiación privada y
para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. A manera de
ejemplo, el Center for Public Accountability y el Pacto Empresarial para la Integridad y
contra la Corrupción han propuesto los siguientes criterios5 :
1. Gasto político debe reflejar intereses de la empresa y no la de sus directivos
2. Publicación de aportes y donaciones (en dinero y en especie)
3. Aprobación previa y monitoreo por parte de directivos de las donaciones realizadas
4. Prohibición de entrega de donaciones anticipadas en reconocimiento o retribución
por un acto oficial
5. Cumplimiento de normatividad vigente en la letra pero también el “espíritu”
4Ferreira Rubio, Delia “Financiamiento Empresarial de Campañas Electorales en Colombia”
(Documento preliminar preparado para Transparencia por Colombia, enero 2010, p.10
5 (www.transparency.org/index.php/global_priorities/private_sector/business_principles)
4

5. 6. No apoyar candidatos/partidos con historial de corrupción o con nexos con actores
ilegales
7. Definir y hacer pública la política de la empresa en cuanto a financiación política
8. Identificar áreas de vulnerabilidad de la empresa en relación con la financiación
política: contratos, negociación de deudas fiscales, subsidios, etc.
9. Exigirles a los candidatos que hagan públicas las donaciones y verificar si se
registraron correctamente.
10. Priorizar a candidatos que hagan pública su financiación
11. Evitar la “caja dos”.
12. Pedirles a los candidatos y partidos compromisos públicos sobre propuestas y metas
cuantificadas y cuantificables.
Para terminar, quisiera reiterar que con frecuencia el financiamiento de la política va de la
mano de algunas de las peores manifestaciones de la corrupción política, y en esta medida,
afecta la calidad misma de la democracia y el funcionamiento de las instituciones. Por
esto, el problema trasciende las normas. Los medios de comunicación, la academia, las
organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos deben exigir que la financiación sea
transparente y pública. Este es un derecho, pero también un deber integral a de la
Responsabilidad Cívica y Política que todos debemos asumir.
**Elisabeth Ungar Bleier, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia
Elisabeth Ungar Bleier es Politóloga de la Universidad de los Andes y Master en Sociología del
Derecho e Instituciones Legales, de la Universidad de Wisconsin. La doctora Ungar es autora
de numerosos libros y ensayos y actualmente es columnista de El Espectador. Fue Directora y
se desempeñó como profesora titular del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de los Andes, institución a la que estuvo vinculada durante 33 años. Fue asesora
del presidente Virgilio Barco, de 1988 a 1990; Secretaria Ejecutiva de la subcomisión del
Congreso, preparatoria de la Asamblea Constituyente, entre otras responsabilidades. Dirigió
antes de su nombramiento como Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia- desde
1998 hasta 2009- Congreso Visible, programa del Departamento de Ciencia Política de
dicha Universidad, que desde 1998 y de manera independiente a gobiernos, partidos o
movimientos políticos, viene haciendo un seguimiento permanente al Congreso de la
República y, promoviendo distintas actividades con la ciudadanía, con el fin de vincularla al
seguimiento de la gestión de sus representantes. Actualmente es miembro del Consejo
Directivo del Movimiento Mundial por la Democracia, de la Red Latinoamericana y del
Caribe por la Democracia y del Consejo Rector del Instituto de Investigación y debate sobre
la Gobernanza.
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