El documento describe el juicio político en México, el cual es un procedimiento ante el Congreso para investigar actos de servidores públicos que perjudiquen intereses públicos fundamentales de acuerdo con la Constitución. El juicio político puede concluir con la imposición de sanciones si corresponde y su procedimiento se rige por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.