1. Universidad Católica del Maule
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Escuela de Trabajo Social
Política Pública; Seguridad y
Ciudadanía
Módulo:
Diseño y Evaluación Políticas Públicas
Profesores: Paulo Hidalgo – Patricio Oliva
Alumna: – Camila Cancino Sandra Flores
Fecha de Entrega: 09 de octubre del 2013
2. Las políticas Públicas
Las Políticas Públicas, generalmente son conocidas por las personas como la
respuesta que tiene el Estado en cuanto a las demandas de sus ciudadanos. Sin
embargo, para tener una aproximación más certera de lo que esto significa es
imprescindible conocer una definición concreta en cuanto a esta, por lo que
Tamayo (1997) afirma que las Políticas Públicas “son el conjunto de objetivos,
decisiones, y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas
que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran
prioritarios” (p 281). Por otro lado, este concepto también es definido como
"Cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público
definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y,
frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado" (Lahera,
citado en BCN, 2006).
Para entender las Políticas implantadas por los distintos Gobiernos, es necesario
tener concepciones claras y primordiales que nos permitan tener un conocimiento
más optimo de aquello, por lo cual, también se cae en la necesidad de tener en
cuenta a que se refiere cuando se habla de una Política Social, entendiendo esta
como “la actuación de los poderes públicos para mitigar o compensar las
desigualdades provocadas por el mercado, o por situaciones contingentes
(discapacidad, enfermedad, adicciones…) que aleja a los individuos de
mecanismos usuales de integración social y laboral” (Barroso, s/f).
Para llevar a cabo y entender mejor sobre las Políticas Sociales, este contenido se
introducirá en una política específica la cual es la Política de Seguridad,
comprender los diversos puntos que nacen de ella para luego introducirse en el
programa de Rehabilitación.
3. Las Políticas de Seguridad Pública
Las Políticas de Seguridad Publica buscan controlar la violencia y el delito, estas
además “Engloba al conjunto de factores y condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales que favorecen, apuntalan consolidan o determinan los
conflictos, hechos de violencia y delitos producidos en un determinado contexto
social” (PNUD, 2005, p 2). Las políticas de Seguridad Publica se definen como:
Conjunto de intervenciones públicas llevadas a cabo por diferentes
actores estatales y sociales –públicos o privados– a los efectos
específicos de abordar y resolver aquellos riesgos y conflictos
(concretos y previsibles) de carácter violento y/o delictivo que lesionen
los derechos y libertades de las personas en un determinado ámbito
espacio-temporal. Se trata, pues, de una política de control de la
violencia y el delito, mediante prevención, conjuración e investigación
administrativa de los mismos y/o la persecución penal los responsables
de estos últimos, es decir, de los delitos (PNUD, 2005, p 2).
Como ya es visto, estas políticas buscan enfrentar los delitos que cometen
algunas personas y que atenta con el bienestar, integridad y seguridad de las
personas. Según la PNUD (2005), este tipo de políticas se enfatizan bajo 4
acciones básicas, las cuales son:
a- La prevención de los que pudieran resultar delictivos o vulneratorios de la
seguridad pública.
b- La conjuración de los delitos y hechos vulneratorios de la seguridad pública
que estuvieran siendo desarrollados
c- La investigación administrativa de los delitos y hechos vulneratorios de la
seguridad publica en desarrollo o consumados
4. d- La persecución penal de los delitos consumados por parte de la justicia
criminal
Política de Seguridad en Chile
La Política Social de Seguridad Publica, corresponde a una política que va dirigida
a disminuir los delitos que afectan a los miembros de la sociedad a tener una vida
tranquila y sin temores, se entiende que la seguridad es una “condición esencial
para la realización de las personas y el pleno desarrollo de una sociedad
democrática” (Ministerio de Planificación, 2011, p 237). También cabe destacar
que el ser víctima de un delito puede traer múltiples consecuencias psicológicas,
implicar alteraciones significativas en la vida comunitaria y social e importantes
costos económicos, y, en general, impactar la calidad de vida de las personas
(Ministerio de Planificación, 2011). Por lo cual, el gobierno de Chile para mitigar
esta problemática y crear un país que tenga un fuerte sentido de oportunidades y
seguridad para todos, lanzo el Plan de Seguridad Publica Chile Seguro 20102014, el cual se ha propuesto las siguientes metas:
a- Reducir 15% la proporción de hogares que son víctimas de un delito (p
237).
b- Reducir el 25% la cantidad de delitos en el espacio público (robos por
sorpresa, robos con violencia e intimidación, robos de vehículos o de
accesorios de vehículos) (p 237).
Cabe mencionar que el plan antes mencionado enfrenta la pobreza desde una
perspectiva integral, cuyos ejes van dirigidos a prevenir, proteger, sancionar,
apoyar y rehabilitar.
5. El ministerio de Justicia
El ministerio de justicia según la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, en su
artículo 1° , define la institución como “la secretaría del Estado encargada
esencialmente de relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y de ejecutar
las acciones que la ley y el presidente de la Republica encomienden” (Ministerio
de Justicia, 2013).
Esta institución tiene como misión, las siguientes actividades:
Modernizar el sistema de justicia mediante leyes, políticas, planes y
programas orientados a facilitar el acceso ciudadano a la justicia y
servicios, contribuyendo además a la seguridad y reinserción social.
Realizar el estudio crítico de las normas constitucionales y de la legislación
civil, penal, comercial y de procedimiento, a fin de proponer al presidente
las reformas que estime necesarias.
Asesorar al Presidente de la Republica en los nombramientos de jueces,
funcionarios de la atribución especial de velar por la conducta ministerial de
los jueces.
Controlar el cumplimiento de las políticas planes y programas sectoriales y
evaluar sus resultados.
Dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios
dependientes y fiscalizar su cumplimiento; Atender a las necesidades de
organización y funcionamiento de los tribunales de justicia; Asesorar a los
tribunales de justicia, en materias técnicas, a través de los organismos de
su dependencia; Programar y proponer la adquisición, construcción,
adecuación y habilitación por el físico de inmuebles por los tribunales de
justicia, el Ministerio y sus servicios dependientes, sin perjuicio de las
atribuciones de la Junta de Servicios Judiciales; Proponer al Presidente de
la Republica las medidas necesarias para solucionar las dificultades y
dudas que le sean formuladas en materia de inteligencia y aplicación de las
leyes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5° del Código Civil y 102
del Código Orgánico de Tribunales; Velar por la presentación de asistencia
6. jurídica gratuita en conformidad a la ley; proponer medidas para prevenir el
delito por medio de planes de defensa social; crear establecimientos
penales y de
resoluciones
tratamiento y rehabilitación penitenciarios: Dictar las
necesarias
para
el
cumplimiento
de
las
sentencias
ejecutoriadas que condenen al Físico; Asesorar al Presidente de la
Republica en materia de amnistía, indultos y al beneficio de la libertad
condicional; Estudiar los antecedentes y proponer, en su caso, la concesión
de los beneficios previstos en el Decreto Ley 409, de 1932; Intervenir en la
concesión y cancelación de personalidad jurídica a las corporaciones y
fundaciones regidas por el título XXXIII del libro I del Código Civil, en la
aprobación y reformas de sus estatutos, en su fiscalización y en el
otorgamiento de certificados sobre vigencia de aquel beneficio. Conforme al
artículo 55 y siguiente del DFL N°2, de 2009 del Ministerio de Educación,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370
con las normas no derogadas del DFL N°1 de 2005, las universidades se
encuentran sometidas al régimen de concesión, modificación y extinción de
personalidad jurídica y supervigilancia de dicho ministerio; Participar en la
legalización de los Instrumentos otorgados o autorizados por el Poder
Judicial, por el Ministerio, por sus servicios dependientes y por los
organismos que se relaciones con el Gobierno a través del Ministerio;
Otorgar las certificación y testimonios instrumentales que organismos
internacionales o entidades extranjeras soliciten al Supremo Gobierno, en
asuntos que puedan afectar al Físico, y aprobar el texto oficial de los
Códigos y autorizar sus ediciones oficiales; Pronunciarse sobre los
proyectos y ejecución de obras de Gendarmería de Chile, y sus prioridades,
los que se someten a la aprobación del Presidente de la Republica.
Respecto de estas obras, el Ministerio de Justicia tendrá las mismas
atribuciones que la ley señale al Ministerio de Obras Publicas para el resto
de las obras de tal naturaleza.
7. Fundamentación de la elección de la Política de Seguridad
La elección de esta política, se debe a la falta de seguridad ciudadana en que el
país y las personas que viven en él se encuentran sometidos. Actualmente, Chile
se encuentra con un gran índice delictual, según las estadísticas, estas apuntan a
que el 28,2 de las victimas que denuncian pertenecen al nivel socioeconómico
medio y el 71,8% pertenecen a los grupos bajos (Ministerio de Planificación, 2013,
248). Por otro lado, las víctimas de delitos violentos graves mayoritariamente son
hombres con un 60,8 % (p 248). Estos son algunos de los datos en cuanto a
estadísticas sobre temas delictuales, teniendo en cuenta que la sociedad completa
está en riesgo de sufrir un o ser víctima de alguna situación de riesgo que
involucre a la seguridad e integridad misma. También, es necesario considerar
que el tema de seguridad pública, es un tema que se encuentra en la palestra y
que está incluido en la agenda publica, e incluso este es mencionado en los
programas de los candidatos presidenciales, los que en su discurso prometen
disminuir la delincuencia. Por lo cual se hace necesario tener un conocimiento
más próximo a esta política, y no solo verla de un nivel macro y en el cual no solo
se estime en cierta parte buscar la sanción hacia las personas que cometen estas
conductas delictuales, sino que se incluya en el ideario social el tema de
rehabilitación para que estas personas puedan tener más oportunidades y no sean
renegados por la sociedad.
Gasto de conlleva la Política Social
Para implantar y llevar a cabo las Políticas Públicas y Sociales, se necesita de
ciertos recursos financieros, por lo que la Política Social de Seguridad, para poder
ser ejecutada requiere de una inversión pública. Según el Ministerio de Desarrollo
Social (2012), el gasto social total de esta política fue debido a la metodología
utilizada para definir el gasto social, esta cifra representa sólo una parte del monto
total que destina el Estado a prevención, protección y atención de víctimas de
delitos.
8. Representada en millones la suma asciende a $171.826 millones, dividida en tres
segmentos diferentes; Servicio Nacional de Menores (SENAME) $157.820 con
(91,8%), Programas de Rehabilitación y Reinserción Social $ 9.534 (5,5%),
Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas $4.472 (2,6%).
Origen Política Social
La seguridad ciudadana es unos de los problemas transcendentales que inquieta
la calidad de vida de los chilenos,
es así como lo reflejan las tres últimas
encuestas del Centro de Estudio Público (CEP), Fundación Paz Ciudadana y el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si se pone atención a las noticias de los
medios de comunicación que se transmiten diariamente, es posible notar el
aumento en la tasa de victimización, cantidad de robos, de crimines y lo
relacionado con alcohol y drogas.
En nuestro país la seguridad ciudadana se relaciona con las drogas y la
criminalidad, existe una diferencia entre la Seguridad Pública y la Seguridad
Ciudadana. En la primera se reconoce la función del Estado, cuyo fin está
relacionado con los Derechos de las Personas considerando su libertad y la
protección de su integridad desde un enfoque jurídico. Por otro lado, se encuentra
la Seguridad Ciudadana la cual visualiza las necesidades de la población y
responsabilidad del Estado para sustentar el desarrollo con una perspectiva
sociopolítica.
Según Patricio Tutela en su documento Conceptos y Orientaciones para Políticas
(s/f), esta concepción ya emergente en los años 80 y particularmente en los 90
alcanzó varios avances en materia de Derechos Humanos en el debate de la
agenda pública desde una forma y visión reduccionista de la seguridad. En el
término seguridad y ciudadanía existen diferentes contextos, este nace por varias
razones que explicaremos a continuación:
9. a- Como oposición dominante sobre la seguridad, aferrada en la noción de
seguridad nacional y pública que ubica como eje central u objeto de ella a
la seguridad del estado y del interior.
b- Sentimiento o percepción de las personas de que sus derechos son sólo
parcialmente garantizados y vulnerados tanto por el Estado (negligencia e
insuficiencia) y como por la conducta de terceras personas (delincuencia y
violencia)
c- Noción de cambio a partir de situaciones que vienen de la sociedad
latinoamericana como en el resto del mundo, fuertemente asociado a los
Derechos Humanos, seguridad del individuo y convivencia social.
d- Consolidación de esfuerzos para reformar instituciones y Políticas de
Seguridad Pública, buscando un modelo de seguridad ciudadana
democrática.
e- Y por último, un acuerdo
entre los gobiernos y los Estados de que la
seguridad ciudadana es un fenómeno dinámico y global, que requiere de la
intervención de aquellas situaciones sociales, culturales, políticas y
económicas, para mejorar la convivencia y calidad de vida de las personas,
cooperando a través de una red de organizaciones gubernamentales e
intergubernamental para favorecer el empleo y atención en materia de
prevención del delito.
La palabra seguridad ciudadana es un concepto de construcción, en la mesa
convocada por el Ministerio del Interior entre los años 2003 y 2004, se toma como
plataforma lo señalado en 1995 por el entonces Ministro del Interior Carlos
Figueroa Serrano :
Existen diversas definiciones del término seguridad ciudadana. Las
más amplias la relacionan con el conjunto de sistemas de protección de
10. la vida y los bienes de los ciudadanos ante los riesgos o amenazas
provocadas por diversos factores y la vinculan tanto a valores sociales
de respeto a la vida, la integridad física y patrimonio de los otros, como
al libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y sociales
necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad
y la sociedad en su conjunto. La seguridad, entendida como sinónimo
de certeza, por una parte, y como ausencia de riesgo o amenaza, por
otra, nos señala que este concepto no se restringe a la dimensión
biológica del ser humano, motivada exclusivamente por necesidades de
protección y subsistencia, sino que se extiende a todos aquellos planos
de la naturaleza humana que resultan de su cohabitación y convivencia
con otros semejantes (Tutela, s/f, p.9).
En términos de origen e historicidad y sentido de seguridad Ciudadana, seria lo
siguiente:
La seguridad ciudadana es aquel estado o condición socio-institucional que
objetiva y subjetivamente (percepción) puede calificarse como óptima para
el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos y que depende del
conjunto de condiciones sociales y culturales, jurídicas, institucionales y
políticas que, entre otras, posibilitan el adecuado y normal funcionamiento
de las instituciones públicas y los organismos del Estado, así como la
convivencia pacífica y el desarrollo de la comunidad y la persona (Tudela,
s.f, p.10)
En el año 2011, la Ley del ministerio del Interior y Seguridad Pública, crea y
establece la nueva Subsecretaria de Prevención del Delito y el actual CONACE.
11. Este proyecto de ley ingresa al senado el 16 de junio del 2006 como mensaje
ejecutivo planteando al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Entonces la nueva subsecretaria de prevención de riegos evaluará y controlará el
cumplimiento de programas planes que se desarrollen los servicios públicos en
materia de prevención control de delincuencia, Infractores de ley y reinserción
social (BCN, 2011).
Caracterización de la institución que se alberga la política social.
La Política Pública de Seguridad y Ciudanía, es comprendida por dos tipos de
instituciones pero presentada de diversas maneras, desde el Ministerio del Interior
y Seguridad Publica y el Ministerio de Justicia, las cuales se enfocan en temas de
intervención, prevención, rehabilitación e inserción social.
Por consiguiente, nace el Artículo Número 1
º de la ley 20502 el cual afirma que
crease el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual será el
colaborador directo e inmediato del presidente en asuntos relativos al
orden público y seguridad pública del interior para cuyos efectos
concentrará la decisión política en estas materias y coordinará, evaluará
y controlará de planes y programas que desarrollen los demás
ministerios y servicios
públicos en materia de prevención y control de
la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción
social en la forma que establezca la ley dentro del marco de la política
nacional de seguridad pública interior (BCN, 2011).
12. Gracias a la nueva ley impulsada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
la subsecretaria será la sucesora en cuanto a efectos legales y reglamentarios de
las subsecretarías de carabineros e investigaciones, por lo cual, le corresponderá
hacerse cargo de los derechos y obligaciones de lo que éstas fueren titulares y
que existieren o se encontraran pendiente a la fecha de su supresión (Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, 2013).
En la Página web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se encuentran las
siguientes funciones de este, las cuales son:
- Coordinar y controlar la realización de planes y programas que se desarrollen en
materia de prevención y control de delincuencia, dentro del marco de política
nacional de Seguridad Pública interior.
- Gestión de asuntos de Seguridad Pública para el cumplimiento de funciones.
- Coordinar y encargar las acciones y programas de ministerios y servicios
públicos.
- Mantener y desarrollar un sistema actualizado de procesamiento de datos y
eficacia de políticas públicas en materia de nivel nacional.
- Promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la
delincuencia, la violencia y reincidencia delictual.
- Aclamar acuerdos o convenios con organizaciones privadas o públicas en la
evaluación de las políticas y programas de seguridad del interior y orden público.
- Ajustar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas y planes en
Seguridad Pública
También, se considera el Ministerio de Justicia, el cual está encargado de
relacionar el poder ejecutivo y el judicial, según lo que se ha establecido en la Ley
del Ministerio, Art 1. Esta institución tiene como objetivo modernizar el sistema de
13. justicia de leyes, planes y programas orientados para proporcionar al ciudadano, a
la justicia y servicio, contribuyendo a la seguridad y reinserción social.
En las funciones de Subsecretaria de Justicia, el Ministerio de Justicia establece
las siguientes:
Prestar asesoría y colaboración de planes, programas y decisiones a su
cargo.
La subsecretaria debe traducir las políticas del sector, elaborar técnicas y
de funcionamiento.
Dirigir la administración y servicio interno del Ministerio de comunicar
planes normar y programas.
Certificar documentos que en razón de su naturaleza requieran constancia
de autenticidad por parte del ministerio.
Líneas de acción de la Política Social de Seguridad
En la política de Seguridad, se abordan cuatro ejes específicos o líneas de acción,
que buscan combatir la delincuencia, estas son:
Prevenir:
Tiene como objetivo reducir los factores de riesgo que causan comportamiento
delictivo, también se promueve los factores que protegen a las personas de las
actividades antisociales o delictivas, incluso antes de que estas se manifiesten.
Los programas que se desprenden son los siguientes:
Programa vida Nueva:
Cuyo objetivo es interrumpir las conductas transgresoras y/o la superación de
situación de vulneración en niños, niñas y adolescentes derivados del programa
24 Horas (Ministerio de desarrollo social, 2013). Sus beneficiarios son niños,
niñas, adolescentes menores de 18 años; Personas que han ingresado a
14. comisarias de las 8 comunas en las que se implanta el programa; aparecer en el
listado del programa de Seguridad Integral 24 Horas, elaborado por Carabineros
de Chile.
Programa Barrio en Paz -. Residencial
Disminuir la victimización por delitos, violencia interpersonal, percepción de
inseguridad y actividades asociadas al tráfico de drogas en barrios con alta
concentración de delitos (Ministerio de Desarrollo, 2013).
La metodología de intervención del programa contempla dos líneas de acción,
siendo la primera realizar acciones de prevención de violencia escolar, reinserción
educativa y de mora en la convivencia vecinal. La segunda línea de acción esta
enfocada a la prevención del delito situacional. Para poder llevar a cabo esto, se
recuperan espacios y equipamientos públicos, creando alarmas comunitarias,
realizando mejoras en el alumbrado peatonal, entre otros.
Prevención de violencia escolar
Su objetivo es prevenir la violencia escolar en los establecimientos educacionales
beneficiarios de la subvención educativa preferencial.
Sus beneficiarios son las escuelas que se incorporan a la Ley de Subvención
Preferencial (SEP).
Rehabilitar
La intervención se realiza con personas que han tenido problemas con la justicia y
que tengan antecedente delictual, se ejecuta la intervención en adolescentes y
adultos con el objetivo de contribuir a la disminución del riesgo de reincidencia en
delito.
De este programa de rehabilitación se desprenden tres programas que avanzan
en el tratamiento de las personas que necesiten una rehabilitación (Ministerio de
Planificación, 2011, p 253). Entre estos programas se encuentran:
15. Programa de intervención Psicosocial “Hombres por una vida sin violencia”
El objetivo de este plan es “disminuir sustancialmente o eliminar el uso de la
violencia en los hombres intervenidos” (Ministerio de Desarrollo Social, 2013).
Sus beneficiarios son los hombres mayores de 18 años que tengan algún tipo de
responsabilidad frente al tema, que no tengan diagnostico de patologías duras,
que no tengan acusaciones de abuso sexual de menores de edad, por último,
tampoco pueden ingresar hombres con abuso, dependencia y consumo
problemático de alcohol o drogas (Ministerio de Desarrollo Social, 2013).
Programa de Reinserción Social Post- Penitenciario
El objetivo de este programa es disminuir la presencia de factores de riesgo de
reincidencia delictual en personas que han cumplido condena o se encuentran en
libertad condicional y en proceso de reinserción social (Ministerio de Desarrollo
Social, 2013). Sus beneficiarios son personas que hayan cumplido condena o
libertos condicionales, personas que tengan fecha de cumplimiento de condena
dentro del periodo de ejecución del proyecto, y que estas personas se encuentren
en procesos de reinserción social (Ministerio de Desarrollo Social, 2013).
Programa de reinserción Social Intra-Penitenciario
Su objetivo es facilitar y apoyar el proceso de reinserción social de usuarios
condenados por la Ley penal contribuyendo con ello a reducir el riesgo de
reincidencia delictual (Ministerio de Desarrollo Social, 2013). Sus beneficiarios
corresponden a personas que cumplen condena en los módulos 18 y 11 de CCP
Colina II, Torre A del CCP Colina I y módulos 189 y sección juvenil del CP de
Valparaíso, que las personas privadas de libertad tengan los beneficios de salida
dominical y salida de fin de semana y el de salida controlada al medio libre y que
los usuarios con condenas de un máximo de 4 años y que tengan 3 bimestres
continuados de buena conducta (Ministerio de Desarrollo Social, 2013)
16. Asistencia a víctimas de delitos
Debido a la amplia evidencia empírica que establece que entregar apoyo o
asistencia a las víctimas de delito tiene consecuencias positivas en cuanto a la
superación de consecuencias de la victimización. Por lo cual, brindar asistencia a
las víctimas de delitos tiene efectos en:
a- La superación de las consecuencias de la victimización.
b- La prevención de la revictimización
c- La reducción de la victimización secundaria
Para lograr esto, se crean los siguientes programas:
Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS):
Su objetivo es prevenir y reparar los efectos psicosociales negativos provocados
por los procesos de victimización primaria y secundaria en víctimas de atentados
sexuales (Ministerio de Desarrollo, 2013). Sus beneficiarios son las víctimas de
Violencia sexual.
Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI):
Su objetivo es prevenir y reparar los efectos psicosociales negativos en las
víctimas de delitos violentos y a sus familiares, entregando a la comunidad
herramientas que le permitan conocer y ejercer sus derechos. Sus beneficiarios
son víctimas de delitos violentos.
Centros de apoyo a víctimas de delitos violentos (CAVD)
Su objetivo es contribuir a la restitución de condiciones de bienestar a aquellas
personas afectadas por hechos constitutivos de delito, mediante la entre de
asistencia contingente, especializada, interdisciplinaria y gratuita. Sus beneficiarios
son víctimas de delitos violentos.
Programas de Atención en Salud:
Su objetivo es entregar acogida, contención emocional, orientación e información
a víctimas de delitos sexuales, facilitando la actuación y coordinación con otras
instituciones
(Ministerio
de
Desarrollo
Social,
2013).
Sus
beneficiarios
17. corresponden a víctimas de delitos sexuales y mujeres mayores de 15 años
victimas de VIF.
Fono Familia y Fono niños:
Su objetivo es atender a víctimas de delitos relacionados con la familia y la
infancia, entregando orientación, información, derivación y denuncia y facilitando la
implementación de medidas preventivas y proteccionales a favor de las victimas
(Ministerio de Desarrollo, 2011). Sus beneficiarios se concentran en víctimas de
delitos relacionados con la familia y la infancia.
Proteger:
Los delitos se pueden evitar interviniendo las características del entorno o las
situaciones que los facilitan. Un diseño fundamental en el diseño de este tipo de
programas, es disminuir la recompensa de cometer delitos (Ministerio de
Desarrollo, 2011).
Para llevar a cabo esta línea de acción se crean los siguientes programas:
Certificación de Seguridad Residencial:
Su objetivo es desarrollar un sistema de certificación de seguridad de las
viviendas, estableciendo estándares mínimos de prevención en conjuntos
residenciales nuevos y existentes, que aumentan la seguridad de las víctimas y
disminuyan la oportunidad de robo (Ministerio de Desarrollo, 2011).
Diseño Urbano Seguro en Bienes de Uso Público:
Su objetivo es incorporar variables de prevención situacional en los procesos de
diseño de infraestructura pública, mediante orientaciones y transferencia técnica a
18. instituciones responsables y actores claves del sector de edificación y espacio
público, tanto a nivel central como regional (Ministerio de Desarrollo, 2011).
Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva
Su objetivo es desarrollar servicios policiales orientados e informados, con énfasis
en la función preventiva, en el área territorial de un cuadrante, incorporando
técnicas modernas de gestión operativa, manteniendo con la comunidad una
permanente relación que posibilite un trabajo coordinado, sistematizado y
orientado a la resolución de problemas relacionados con la seguridad de las
personas y sus bienes, El plan tiene el propósito de contribuir a la disminuir la
victimización, reducir el temor y con ello mejorar la calidad de vida de la población.
Sus beneficiarios serán los que la implantación de este para el año 2011 en 15
comunas adicionales permitirá beneficiar a un total de 503.917 habitantes
adicionales, lo que involucra alcanzar un total aproximado de 12.318.595
beneficiarios a nivel nacional.
19. Bibliografía
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