1. MMaayyoo 22001166
AAARRRAAABBBIIIAAA SSSAAAUUUDDDÍÍÍ
El hijo del rey saudí presenta un ambicioso plan
de reforma económica
El gobierno saudí ha hecho público un ambicioso proyecto de reformas titulado Visión
Saudí 2030. En el mismo se contemplan tres objetivos. En primer lugar, la venta de
hasta un 5% de la Saudi Arabian Oil Co, o Aramco; la creación del que será el mayor
fondo soberano del mundo y, por último, el incremento de los ingresos no petrolíferos
del país. El objetivo último del paquete de reformas Visión Saudí 2030 es reducir la
dependencia del país de los ingresos procedentes del crudo.
Aramco es la mayor productora
mundial de petróleo y la cuarta
por capacidad de refino. Según
Mohamed Bin Salman, hijo del Rey
Salmán y vice-heredero al trono
del país con las mayores reservas
de crudo del mundo, el valor
potencial de Aramco podría llegar
a más de 2 billones (españoles) de
dólares, por lo que aún vendiendo
sólo un 1%, se trataría de la mayor
oferta pública inicial de acciones
del mundo. Además, se prevé también transformar a Aramco en un “holding”
energético para ir sacando a Bolsa las filiales. La salida a Bolsa de Aramco será positiva
porque obligará a la compañía a hacer públicos sus resultados con una periodicidad
trimestral, algo que hasta la fecha no ha hecho.
El siguiente objetivo es la creación de un fondo soberano que se pretende que
acumule entre 2 y 3 billones (españoles) de dólares. Este nuevo fondo se abastecerá
con parte del dinero obtenido por la privatización del 5% de Aramco, aunque también
tendría activos procedentes de inmuebles y zonas industriales propiedad del Estado, y,
así mismo, incluiría los actuales activos del SAMA Foreign Holdings (reservas en poder
de la Autoridad Monetaria Saudí o banco central), que se estiman en unos 600 mill.$,
aproximadamente. Según el príncipe saudí, el nuevo fondo controlaría no menos del
bbsseerrvvaattoorriioo EExxtteerriioorr

2. 2
10% de la capacidad de inversión mundial y sería el mayor fondo soberano del mundo,
a gran distancia del segundo (el Fondo de Hidrocarburos del Estado noruego).
Arabia Saudí también prevé aumentar de forma notable los ingresos no procedentes
del petróleo en el plazo de los próximos quince años. Según el Príncipe, dichos ingresos
procederán de las inversiones del citado nuevo fondo soberano; de la puesta en valor
de activos que hasta ahora no habían sido convenientemente explotados, y de una
serie de reformas estructurales (como una mayor eficiencia de los subsidios, o el
establecimiento de nuevos tributos sobre la compra de artículos de lujo, tabaco y
determinadas bebidas refrescantes). También se piensa establecer un sistema de
“Green Card” al modo estadounidense o canadiense, que permita dar permisos de
residencia permanentes a los trabajadores extranjeros, lo que, entre otras cosas,
contribuirá a revitalizar el mercado inmobiliario.
Por último, Arabia Saudí quiere aumentar la industria local, con el objetivo de reducir
las importaciones. En este punto, las autoridades han centrado su atención en la
industria armamentística, ya que Arabia Saudí, el tercer país del mundo con el mayor
presupuesto militar, sólo compra a empresas locales el 2% de las armas que adquiere.
Por eso las autoridades se han propuesto ir creando un núcleo de industrias militares
que se agruparán en un “holding” que será inicialmente de propiedad estatal. A falta
todavía de una mayor concreción por parte de las autoridades saudíes acerca de los
pasos a dar para ir creando una industria armamentística autóctona, se estima que se
intentará fomentar la creación
de “joint-ventures” con
fabricantes de armas
extranjeros que aportarían su
“know-how”. La idea es que,
conforme se vaya creando un
“cluster” empresarial
armamentístico, las futuras
compras de armas sólo se
hagan a fabricantes extranjeros
que estén vinculados a una
empresa local.
Hay que señalar que todas estas medidas son necesarias. En 2015, Arabia Saudí
registró un voluminoso déficit público (superior al 20% del PIB) por segundo año
consecutivo (aunque el correspondiente a 2014 fue de sólo un 3,4% del PIB). Una
prueba de que las cosas ya no son como cuando los precios del crudo superaban los
100 $ el barril es que Arabia Saudí, ante la caída del volumen de ingresos procedentes
de los hidrocarburos, se vio obligada en 2015 a emitir deuda pública para financiar el
déficit público, algo que no hacía desde hacía muchos años, si bien es cierto que, con
una deuda pública equivalente a poco más de un 2% del PIB el año pasado, un
porcentaje absolutamente envidiable por lo bajo, el margen del que disponen las
autoridades para endeudarse es sencillamente amplísimo. En 2016, para evitar que el
déficit público se dispare de nuevo, se están recortando gastos por la vía de “congelar”
importantes proyectos económicos y de reducir los subsidios (sobre el agua, la

3. 3
electricidad, los carburantes), lo que podría poner en peligro el generoso Estado del
bienestar al que se han acostumbrado los 21 millones de saudíes durante décadas.
AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA
Volver… a los mercados financieros
El gobierno de Macri ha logrado, en apenas cuatro meses en el poder, resolver en gran
medida el largo conflicto de la deuda. Quizás sea esta la disputa más compleja de la
historia entre una nación y sus bonistas. El litigio, en concreto, enfrentaba al ejecutivo
argentino contra un grupo de acreedores que poseían títulos de deuda impagada en la
crisis de 2001 y que no se habían acogido al canje de 2005 ni al de 2010.
Los bonos impagados por el gobierno argentino en 2001 sumaron más de 90.000
mill.$. En 2005, se ofreció un canje de dichos bonos por otros nuevos, a elegir entre
tres opciones, cada una con distinto nivel de quita, vencimiento e interés. Tres cuartas
partes de los bonistas acudieron al canje. El resto tuvo que esperar a 2010 para
obtener una nueva oferta, en donde se ofreció solo un tipo de bono, pero con unas
condiciones ligeramente mejores que en 2005. Este canje lo aceptaron en torno a dos
tercios de los bonistas que no habían acudido al de 2005. En el promedio de ambos
canjes, la quita fue de más de dos tercios del valor nominal.
Tras los canjes, aún quedaron
algo menos del 10% de los
bonos en situación de impago.
Los acreedores que los
poseían o que los adquirieron
–conocidos como los ‘fondos
buitre’ o ‘holdouts’–
continuaron con la batalla
judicial por recuperar el
principal, los intereses, y una
indemnización por el retraso
del pago y por los gastos
judiciales. El avance del
proceso en los tribunales de
EE.UU. fue causando graves problemas a Argentina. Por ejemplo, en 2009, antes del
segundo canje, el juez responsable del caso, Thomas Griesa, embargó casi 2.000 mill.$
de las reservas argentinas durante unos meses, y en 2014 impuso como medida
cautelar el bloqueo de los fondos destinados a pagar a aquellos bonistas que sí habían
aceptado los canjes, lo que impidió en consecuencia que Argentina les pagara y, por
tanto, empujó al país a un nuevo ‘default’ técnico (selectivo).
Macri llegó al poder en diciembre de 2015, y puso como prioridad resolver esta
situación, ya que impedía que Argentina pudiera financiarse con normalidad en los
mercados financieros. El nuevo gobierno estimó que aún debía unos 12.500 mill.$, y se

4. 4
puso en marcha para solventar los obstáculos en la negociación con los acreedores y,
también, las barreras impuestas por la legislación argentina, como la Ley Cerrojo y de
Pago Soberano, que imposibilitaban llegar a acuerdos con los ‘holdouts’, y que
finalmente se derogaron en marzo de 2016.
Las negociaciones con los ‘holdouts’ no fueron sencillas. Tras numerosas
conversaciones, el 5 de febrero de 2016 Argentina anunció públicamente una nueva
oferta, a la que se acogieron una parte sustancial de los ‘holdouts’. El juez Griesa
levantó la medida cautelar que restringía la emisión de nueva deuda y estableció el 29
de febrero como fecha de corte para los acuerdos, aunque algunos se han firmado con
posterioridad a ese día. Poco a poco, los tratos se fueron ampliando hasta incluir a
gran parte de los ‘holdouts’ y, entre ellos, a los que habían liderado la ofensiva judicial.
En abril de 2016, el gobierno argentino hizo una emisión de nueva deuda para poder
cumplir con los compromisos de pago a los ‘holdouts’. La emisión tuvo una gran
acogida en el mercado: logró recaudar 16.500 mill.$ en bonos a 3, 5, 10 y 30 años, con
intereses que van del 6,2% al 8,5%. Del dinero recaudado, 9.352 mill.$ se destinaron el
pasado 22 de abril al pago de
los 220 acuerdos que estaban
ya firmados, los cuales
comprenden al 98% de los
litigantes en la corte de Nueva
York. De esa cantidad, 6.252
mill.$ se destinan directamente
a aquellos que firmaron antes
del 29 de febrero, y con los
otros 3.100 mill.$ se crea un
fideicomiso administrado por
el banco que sirve de agente
financiero y de pagos de
Argentina, el Bank of New York Mellon, con el que se satisfará el pago a los ‘holdouts’
con los que se firmó a partir de marzo. La oferta que hizo el gobierno en febrero, el
pago de 150 centavos por cada dólar de valor nominal, vence oficialmente en junio,
pero fuentes oficiales argentinas han declarado su intención de mantener esa oferta
indefinidamente. El juez, en estas circunstancias, ha levantado las medidas cautelares
respecto al pago a los bonistas que canjearon en 2005 y 2010 y, por tanto, Argentina
ha salido simultáneamente de dos impagos: el de la crisis de 2001, y el impago técnico
de 2014 a raíz de las medidas judiciales.
Este paso es fundamental para dejar atrás el interminable conflicto de la deuda. No
obstante, aún no se puede descartar que surjan nuevos procesos judiciales, ya que
cualquiera de los ‘holdouts’ de los que todavía no han alcanzado un acuerdo podrían
litigar por su cuenta, o en conjunto. Asimismo, los bonistas que acudieron al canje de
2005 o al de 2010 podrían demandar, también, para pedir que se les compense por las
mejores condiciones que han obtenido los ‘holdouts’ respecto a ellos, ya que, según el
ministro de Economía argentino, se estima que la quita media de los nuevos acuerdos
es del 27% del capital y del 40% de los intereses, mejor de lo que se obtuvo en los
canjes. De hecho, un fondo que aceptó el canje de 2010 ya ha cursado una demanda

5. 5
para mejorar sus condiciones y, aunque a finales de 2014 venció la cláusula RUFO
(Right Upon Future Offers), que permitía acogerse a mejores ofertas a los que
acudieron a los canjes, el fondo demandante alega que la derogación de la ‘Ley
Cerrojo’ implica un cambio de condiciones que puede considerarse un incumplimiento
de los compromisos adquiridos, lo que abriría la puerta a una compensación. En todo
caso, de momento el riesgo de que este tipo de casos cause problemas significativos al
país parece reducido.
En definitiva, Argentina ha dado un paso de gigante en la normalización de sus
relaciones financieras con el resto del mundo. Aunque todavía faltan por solucionar
una serie de flecos, se puede considerar que la saga de la deuda se acerca a su final, y
que Argentina está de vuelta en los mercados financieros mundiales.
BBBOOOLLLIIIVVVIIIAAA
El fracaso de la reelección de Evo Morales
Evo Morales fue elegido Presidente de Bolivia en 2006 tras el fracaso de los tres
Presidentes anteriores, que se sucedieron en apenas tres años. En su primer mandato
se redactó una nueva Constitución, que el legislativo promulgó en 2009, tras ser
aprobada en referéndum. En virtud de la misma, se pasó a refundar el Estado, ahora
oficialmente denominado “Nuevo Estado Plurinacional de Bolivia”.
En principio, la nueva Constitución estableció que solo se permitirá la reelección de un
Presidente para dos períodos consecutivos y que los mandatos anteriores a su entrada
en vigor serían tenidos en cuenta de cara al cómputo total. A pesar de ello, Morales se
presentó por tercera vez a las elecciones de 2014 alegando que su candidatura era
válida, puesto que no debía tomarse en cuenta su primer mandato por haber ocurrido
antes de la promulgación de la Carta Magna, y así lo ratificó el Tribunal Constitucional.
Tras ser reelegido en 2014, Morales se
planteó alargar su presidencia otro
mandato más, para lo cual necesitaba una
reforma constitucional que fuera
ratificada en referéndum. Así pues, el
pasado 21 de febrero de 2016 se celebró
el referéndum para modificar la
Constitución boliviana y permitir un tercer
mandato presidencial. Dicho referéndum
concluyó con una negativa a la reforma
constitucional y, por tanto, se rechazó que
Morales concurriera como futuro
candidato de su partido, Movimiento al
Socialismo (MAS), para la presidencia de
Bolivia en el período 2020-2025.

6. 6
Pese a haber ganado las elecciones anteriores con una holgada mayoría, la popularidad
de Evo Morales ha disminuido en los últimos tiempos, incluso entre sus propios
votantes: las clases populares y los indígenas. Algunos de los motivos que explican este
cambio de tendencia son las denuncias de corrupción que han azotado al gobierno en
los últimos meses. Como, por ejemplo, un caso que afecta a varios integrantes del
MAS, consistente en el presunto enriquecimiento ilícito a través del desvío de los
fondos de una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de
organizaciones sindicales y campesinas conocida como Fondo Indígena, pero que
supuestamente se dirigían a las cuentas privadas del partido de Evo.
El caso más reciente, y que ha salpicado de lleno a la imagen pública del Presidente, ha
sido su relación con Gabriela Zapata, una gerente comercial de la empresa china
CAMC, corporación que precisamente recibió contratos públicos por valor de 500
millones de dólares. Fruto de esta relación nació un hijo, que supuestamente había
fallecido, pero que según las últimas noticias sigue vivo, revelación que ha salido a la
luz pública tras la encarcelación de Zapata por delitos económicos.
Por otro lado, la figura de Morales también se ha visto debilitada por el enfriamiento
de la economía. La desaceleración es una consecuencia directa de la caída del precio
de las materias primas, ya que éstas aportan
aproximadamente el 90% de sus exportaciones,
y gran parte de los ingresos públicos.
Tras el resultado del referéndum, donde el “No”
se impuso con un 51,31% frente al “Sí”, Evo
Morales no ha designado aún a su sucesor
dentro del partido, aunque se rumorean
posibles nombres, como el de su hija Evaliz
Morales, o el del Canciller David Choquehuanca.
Todavía queda mucho tiempo para las
presidenciales de 2019, pero ya se especula sobre la competición del candidato del
MAS contra, probablemente, el líder opositor Samuel Doria Medina, de Unidad
Nacional, partido de centro-derecha; también con Jorge Quiroga, del Partido
Demócrata Cristiano y, a una mayor distancia de alcanzar el poder, con el Partido
Verde de Bolivia y con el Movimiento sin Miedo.
El discurso de Morales se basó en la equidad social, la reducción de la pobreza, la
defensa de los recursos naturales y la lucha contra la corrupción. A pesar de los logros
conseguidos durante su mandato, la inseguridad jurídica y las nacionalizaciones han
dificultado la atracción de inversión al país. El principal partido de la oposición ha
puesto énfasis precisamente en este aspecto: reforzar la confianza de los inversores
para combatir la ralentización económica. En todo caso, hasta ahora, la oposición
boliviana no ha sido capaz de conformar una propuesta política compacta para
construir una alternativa a Evo Morales y al MAS, aspecto que ha beneficiado al
presidente y a su partido en anteriores elecciones.

7. 7
BBBRRRAAASSSIIILLL
Ni orden ni progreso
Durante la Copa de Futbol de 2014, el 8 de julio, en el Estadio Mineirao de Belo
Horizonte la selección brasileña, “la Canarinha”, era humillada por Alemania con un
histórico 7-1. El resultado fue premonitorio. Quizás solo fuera coincidencia, pero más o
menos a partir de ese momento Brasil empezó un descenso a los infiernos que ha
dejado al país en un caos económico y político difícilmente imaginable a principios de
la década, cuando el país sudamericano era considerado como la estrella de los
emergentes.
La situación económica actual no tiene
precedentes en la historia reciente de
Brasil. El país ha entrado en una recesión
–un -3,9% previsto para este año tras el
-3,8% del año pasado– que se compara a
la de la crisis de los años 30, y no se
recuerdan datos tan desastrosos desde
que existen registros económicos. El
déficit público se dispara, el real se
desploma, el paro y la inflación aumentan al mismo ritmo que el descontento de la
población, que periódicamente se manifiesta en las calles para protestar, fenómeno
relativamente novedoso en el país.
Pero lo más grave quizás no sea la evolución de la economía, sino la profunda
desconfianza de los brasileños hacia su clase política.
Dos crisis mayúsculas están haciendo temblar los fundamentos democráticos del país y
sus derivaciones salpican a sus principales líderes: el caso Petrobras y el proceso de
destitución de la Presidenta Dilma Rousseff. En teoría son dos fenómenos
independientes, pero como veremos a continuación, los dos están tristemente
entrelazados.
El caso Petrobras es un escándalo
de corrupción de proporciones
inéditas, en el que están sumidos
al mismo tiempo los grandes
actores económicos y los
principales dirigentes de la gran
coalición de centro izquierda con
la que gobierna Dilma Rousseff.
Las primeras informaciones
saltaron a la luz pública en marzo
de 2014 y conciernen a la enorme compañía petrolera pública Petrobras y a los
gigantes constructores brasileños que trabajan con ella en las obras de infraestructuras
relacionadas, en particular, con los yacimientos de hidrocarburos en aguas profundas
hallados en las costas del Brasil meridional. Las constructoras crearon un cartel para

8. 8
sobrefacturar sus servicios en contrapartida de generosas comisiones, y no solo a los
partidos de centro-izquierda de la coalición gubernamental. En teoría, las comisiones
iban destinadas a financiar las campañas electorales, pero como siempre suele pasar
en estos casos, dirigentes de las empresas y políticos se quedaron con parte de lo
sustraído. Nadie sabe exactamente de cuánto dinero se trata, pero las estimaciones
más bondadosas hablan de 2.000 a 3.000 millones de dólares, 100 veces más que el
importe sustraído de las cuentas públicas en el escándalo de compra de votos de
principios de siglo XXI, denominado “caso mensalao”.
¿Qué empresas están involucradas en el escándalo? Aparte de Petrobras, todas las
grandes constructoras brasileñas: OAS, Odebrecht, Camargo Correira, Mendes Junior,
Galvao, Iesa, Engevix, UTC/Constran, etc. Presidentes y altos ejecutivos han sido
condenados y encarcelados, así como algún que otro cargo político, en particular el
tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari.
¿Qué partidos se han beneficiado de la trama? Se trata fundamentalmente del Partido
de los Trabajadores (PT) de Lula y de Dilma Rousseff. Pero también están involucrados
el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del
PT en las dos Cámaras, y el derechista Partido progresista (PP).
Lo más grave de todo es el nivel de responsabilidad en la administración pública que
tienen los principales implicados. La fiscalía del país pactó con uno de ellos, el senador
del PT Delcidio Amaral, colaborar con la justicia a cambio de una reducción en la pena.
A partir de ahí se han visto involucrados en la trama los principales políticos del país,
sin excepciones. Hablamos del antiguo Presidente, el histórico líder del PT Luiz Inacio
Lula da Silva; del líder de la oposición y candidato a la presidencia, Aécio Neves; del
Presidente del Congreso, centrista y principal promotor de la destitución de Dilma
Rousseff, Eduardo Cunha; tres ministros, un sinfín de altos cargos de Rousseff y
numerosos diputados. También se ha visto acusado el posible futuro presidente,
Michel Temer, vicepresidente actual e igualmente promotor de la destitución de la
Presidenta.
¿Y cuál es el papel de Dilma Rousseff en todo esto? Por el momento, la Presidenta no
ha sido citada por la fiscalía, pero la opinión pública ya la ha juzgado. Son muchos los
brasileños que piensan que
Dilma Rousseff no podía no
saber lo que pasaba, y si no es
culpable sí es responsable.
Sobre todo si se considera que
antes de ser la máxima
mandataria del país fue, en el
gobierno de Lula, Ministra de
Energía, y por tanto tutelaba a
Petrobras. Posteriormente fue
Jefe de Gabinete del Presidente, lo que comportaba liderar el consejo de
administración de Petrobras. La reputación de incorruptible que tenía la principal
mandataria del país está profundamente empañada.

9. 9
Los principales implicados no cesan de denunciar una persecución por parte de los
jueces, pero la realidad es que ninguno ha logrado hasta ahora dar explicaciones
convincentes sobre el origen de las cuentas generosamente dotadas en Suiza o
Panamá, o sobre las sociedades pantalla en paraísos fiscales y los bienes inmobiliarios
de lujo cuya compra es difícilmente justificable con un salario de Presidente, aunque
sea brasileño. Además, es difícil acusar al sistema judicial brasileño de liderar una
trama política de persecución contra ellos bajo encargo de no se sabe qué fuerza
fáctica. Al contrario de lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, los
observadores internacionales reconocen que Brasil dispone de un poder judicial
independiente. Las investigaciones las llevan un “pequeño juez”, Sergio Moro, de la
ciudad de Curitiba, la policía federal y también se está dedicando a ello una comisión
parlamentaria.
Donde se cierra el círculo es en la manera extraña con la que se entrelaza el escándalo
de Petrobras con la posible destitución de la Presidenta Dilma Rousseff. El proceso de
“impeachment” lo lanzó el recientemente destituido Presidente del Parlamento,
Eduardo Cunha. Este personaje, implicado en la trama Petrobras al detectarse una
cuenta en Suiza a su nombre con varios millones de dólares, decide vengarse por la
desprotección que le proporcionó en su momento Rousseff, y por ello ha decidido
hacer todo lo posible para llevarse por delante a la Presidenta en su probable caída.
Cunha es uno de los principales responsables del centrista PMDB, principal soporte del
Gobierno en la cámara baja. De hecho, la destitución de Rousseff llevaría a la
Presidencia a Michel Temer, vicepresidente actual y del mismo partido.
En el proceso de “impeachment”
se acusa a la Presidenta de Brasil
de haber maquillado las cuentas
públicas en 2014, año de su
segunda elección, con la ayuda
de los bancos públicos. El delito
se denomina “crimen de
responsabilidad”. Se le acusa de
haber maquillado “gasto
público”, que normalmente
debería estar presupuestado y
ser contabilizado como tal, y
haberlo derivado al sector bancario, haciéndolo desaparecer de las cuentas del Estado.
Los brasileños llaman a esta operación “pedaladas”, y su importe se estima cercano al
1% del PIB brasileño, unos 25.000 mill.$. A partir de ahí se hacen patentes todas las
traiciones. El Parlamento, en teoría controlado por la coalición de Gobierno y liderado
por el imputado Eduardo Cunha, votó muy mayoritariamente a favor de lanzar el
proceso de destitución (367 votos a favor y 137 en contra). En teoría, el próximo paso
debería ser el voto del Senado, en manos de la oposición, y donde solo se necesita la
mayoría simple de los 81 senadores. A partir de ahí, Dilma Rousseff será inhabilitada
durante 180 días y Michel Temer, su vicepresidente y antiguo aliado, ahora principal
adversario, ocupará la presidencia provisionalmente. Al cabo del plazo estipulado, si la
investigación no ha concluido, la mandataria volverá a la presidencia hasta la fecha de

10. 10
su enjuiciamiento. La corte será presidida por el Presidente del Tribunal Supremo y el
jurado serán los senadores que, en principio el próximo mes de octubre tendrán que
votar sobre si “la Presidenta ha cometido los crímenes que se le reprochan y debe ser
condenada a la pérdida de su cargo y a la prohibición temporal, por un periodo de
ocho años, de ejercer cualquier cargo público o electoral”. Para ello se necesitará una
mayoría de los dos tercios de los votos de la Cámara Alta.
Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas el culebrón brasileño ha dado un
nuevo giro, ya que el presidente en funciones del Congreso, Waldir Maranhao, ha
suspendido el proceso de impeachment, aduciendo irregularidades democráticas, con
objeto de devolverlo a la deliberación del Congreso. El presidente del Senado no ha
aceptado esta decisión y pretende seguir con el proceso según lo previsto, lo que ha
abierto un conflicto entre las dos instituciones.
Mientras tanto, la batalla política está servida. Los partidarios de Rousseff insisten
sobre el hecho que si la “pedalada” ha existido, la Presidenta nunca se ha beneficiado
personalmente de los fondos en cuestión, olvidando que uno de los argumentos para
su reelección fue justamente la buena salud de las cuentas públicas. Hablan de un
“golpe de Estado” jurídico-político liderado por su vicepresidente. La oposición no lo
tiene tampoco fácil. Cada vez se estrecha más el cerco de la imputación al futuro
presidente, Michel Temer, por el caso Petrobras, lo que hundiría al país en un caos
político total.
Según los sondeos, una amplia
mayoría de los brasileños estima
que la mejor manera de salir de la
crisis es que Dilma Rousseff dimita y
que se adelanten las elecciones.
Pero a la vista de la bajísima
popularidad de la Presidenta (10%
de opiniones favorables) para ella
sería un verdadero suicido político.
CCCOOOLLLOOOMMMBBBIIIAAA
La santificación colombiana
El presidente Santos ha hecho de la pacificación del país el eje de su mandato: se trata
de una apuesta fuerte, que si gana cambiará la historia de Colombia, pero si pierde
podría dejar su carrera política muy tocada.
El pasado 23 de marzo se cumplía el plazo que el presidente Santos había establecido
para firmar el acuerdo de paz con las FARC. Tras 60 años de conflicto, parecía que la
paz estaba más cerca que nunca. Sin embargo, ambos bandos dejaron pasar una muy
buena oportunidad para declarar América Latina como zona libre de conflictos
armados.

11. 11
Eso no significa que el acuerdo no sea posible, más bien al contrario, desde el inicio de
los Diálogos de Paz en La Habana en 2012, los equipos negociadores han conseguido
ponerse de acuerdo en distintos puntos críticos, como la política agraria, la integración
de los guerrilleros en la vida política, la lucha contra el narcotráfico y el sometimiento a
la justicia. No obstante, ha sido la fecha de abandono de las armas lo que ha
provocado este desenlace. El presidente Santos se negó a firmar la paz sin que antes
los representantes de las FARC estableciesen una fecha exacta para el desarme.
De acuerdo con lo que dicen todos los analistas e incluso el propio presidente
colombiano, parece que la paz es un camino irreversible. Sin embargo, el principal reto
ahora reside en llevar los acuerdos de Cuba a la realidad colombiana. La herida social
es profunda, las víctimas se cuentan por miles y los desplazados por millones. Es
necesario, por tanto, no sólo que las autoridades lleguen a un acuerdo con los
guerrilleros, sino que sea la castigada sociedad colombiana la que refrende el mismo.
Es en este punto donde se encuentra uno de los escollos en el camino hacia la paz.
Algunas personalidades del país, como por ejemplo el expresidente Álvaro Uribe,
opinan que el equipo negociador del Gobierno está siendo demasiado benévolo con
los guerrilleros. La sociedad no quiere que los culpables (tanto del bando guerrillero
como del ejército) queden impunes y las penas que se han establecido en los acuerdos
bajo el denominado sistema de justicia transicional (entre 5 y 8 años de cárcel para los
guerrilleros que reconozcan sus faltas y se comprometan a resarcir a las víctimas) les
parecen demasiado laxas para la magnitud de los crímenes. Incluso organizaciones
como Amnistía Internacional han advertido de que las sanciones no son proporcionales
a la gravedad de las acciones.
Otro de los problemas a los que
se enfrenta Colombia es el de la
reinserción de los miembros de
las FARC en la sociedad y en la
clase política. Aunque se ponga
fin a los conflictos entre el
Gobierno y los distintos grupos
armados (a finales del mes de
marzo se iniciaron
conversaciones con el segundo
grupo armado más importante
en Colombia, el ELN), es
necesario trabajar con los
antiguos guerrilleros para que no acaben formando parte de bandas criminales, las
denominadas bacrim, que controlan las redes de narcotráfico en las zonas rurales de
más difícil acceso.
Para contribuir a esta reinserción, se debe fortalecer la presencia del Estado en
aquellas regiones que han sido controladas por las FARC durante todos estos años. Es
cierto que la situación ha mejorado mucho con respecto a finales de los años 90,
cuando se firmó el Plan Colombia con Estados Unidos. Las instituciones son más

12. 12
sólidas, la seguridad ha mejorado, el ejército cuenta con mejores dotaciones y las tasas
de homicidios y secuestros se han reducido un 50% y un 90%, respectivamente.
Sin embargo, dada la coyuntura económica actual, con el precio del petróleo en
mínimos históricos y con reiterados déficits fiscales en las cuentas públicas, se hace
patente que Colombia necesita ayuda para mejorar sus infraestructuras. De este
modo, la integración del territorio nacional será mucho más efectiva y rápida, y es la
mejor vía para extender la presencia del Estado.
Con este objetivo, el pasado mes
de febrero, Barack Obama y
Manuel Santos acordaron los
términos de un nuevo plan de
asistencia llamado Paz Colombia,
una especie de “Plan Marshall” por
el cual Estados Unidos
desembolsará 450 M$ en concepto
de ayuda bilateral para el
restablecimiento de la paz, la lucha
contra el narcotráfico, apoyo para
la expansión de las instituciones y
la promoción de la justicia y los
servicios esenciales para las víctimas.
Así pues, a falta de llegar a un acuerdo sobre la fecha del desarme de la guerrilla,
parece que finalmente se pondrá fin al conflicto violento más duradero que ha vivido
Latinoamérica. Sin embargo, la tan ansiada paz puede verse amenazada: primero,
porque debe venir acompañada de un proyecto eficaz de reinserción de los
guerrilleros, algo que depende de la gestión del propio gobierno; y segundo, por el
rechazo que parte de la sociedad colombiana está manifestando hacia la impunidad
que el acuerdo ofrece a los criminales. Sólo queda esperar al transcurso del tiempo
para ver cuál será el desenlace.
MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO
PEMEX: Un panorama (casi) tan negro como el
petróleo
Tras meses de especulaciones, el salvavidas para Petróleos Mexicanos (Pemex) ha
llegado. El Gobierno mexicano anunció el pasado 14 de abril que inyectará 4.200 mill.$
(72.400 millones de pesos) a la petrolera estatal para dar liquidez a la firma y sostener
el pago de pensiones y jubilaciones durante 2016. Las aportaciones se harán en dos
partes: 1.517 mill.$ fueron entregados al día siguiente, para que la empresa redujese
sus deudas, y el resto se desembolsará a lo largo del año para cubrir el pasivo laboral.
La compañía, que un día fue el orgullo de la economía mexicana, encadena 13
trimestres de resultados negativos y se enfrenta a una quiebra técnica. Pemex ha

13. 13
registrado en 2015 las mayores pérdidas de su historia: casi 30.000 mill.$ (más de
27.900 mill.€).
Antes de analizar las causas de esta debacle, es fundamental tener en cuenta la
relevancia del gigante petrolero en la economía mexicana. Pemex es la compañía más
grande del país y una de las mayores fuentes de recursos, al encargarse de administrar
la exploración, explotación y
ventas del petróleo,
tradicionalmente en
régimen de monopolio.
Durante los últimos 5 años,
sus transferencias al
Gobierno Federal han
promediado el 49% sobre las
ventas o el 168% sobre el
resultado operativo. Estas
contribuciones, a través de
regalías, aprovechamiento,
impuestos y derechos,
representan en promedio entre el 30% y el 40% de los ingresos del Gobierno Federal.
La reforma del sector de la energía, aprobada en diciembre de 2013, enterró 76 años
de monopolio estatal del gas y el petróleo al abrir la explotación de nuevos
yacimientos en aguas profundas y de gas shale1 a la inversión extranjera. El hecho de
que los beneficios de PEMEX representen un tercio de los ingresos del Estado ha
limitado capacidad de la petrolera para invertir en la modernización de sus
infraestructuras, así como en exploración, producción y capacidad de refino. Por otra
parte, en PEMEX, el 46% de los contratos siguen adjudicándose sin licitación pública (la
media de la OCDE es del 15%). Según algunos estudios, en las empresas energéticas los
costos son de 10% a 35% superiores cuando los contratos se adjudican sin
competencia. La producción de petróleo ha bajado de 3,4 millones de barriles diarios
en 2004 a menos de 2,3 millones de barriles en 20152. También la producción neta de
gas natural ha permanecido
estancada.
En definitiva, la empresa es poco
productiva: obtiene unos 17 barriles
de crudo al día por cada uno de sus
130.000 trabajadores, menos de la
mitad de lo que alcanzan las
multinacionales punteras del sector
(Exxon Mobil obtiene 53,8 y Petrobras
34,2). A esto se añade un pasivo de
1
La ley también abre la puerta a la explotación de gas de esquisto o shale, que se obtiene mediante una
práctica conocida como fractura hidráulica o fracking, consistente en perforar la tierra y en introducir agua y
productos químicos a presión para sacar el hidrocarburo.
2
El declive en la producción se explica fundamentalmente por el envejecimiento de los yacimientos y muy
especialmente el del campo de Cantarell, que proporcionaba algo más del 60% de la producción nacional.

14. 14
190.000 millones, la mitad de origen laboral. Pemex paga las pensiones de 85.800
jubilados, que se retiraron con condiciones excelentes: 100% del salario para los
mayores de 55 años que hayan trabajado al menos 25, más otros beneficios como
descuentos en gasolina y aportaciones a la familia una vez que el ex-empleado haya
fallecido.
Si a esta anquilosada estructura (143.000 empleados y 100.000 pensionistas) y al
descenso de la producción se le añade el impacto de la caída del precio del crudo y la
depreciación del peso, se entienden los problemas de liquidez a los que está haciendo
frente. Desde junio de 2014 hasta enero de este año los precios del petróleo
mantienen una tendencia a la baja que los llevó a niveles no vistos en los últimos 12
años. La mezcla mexicana ha registrado una caída del 76% desde el máximo registrado
en la primavera de 2014 (en marzo de 2016 se situaba en 29,38 $/b). A estas
condiciones adversas en el mercado del oro negro se añaden los efectos de la caída en
la cotización de la divisa mexicana. De la pérdida total del ejercicio, se estima que el
efecto de la depreciación del peso supuso en torno a un 30%. Ello obedece al fuerte
endeudamiento del gigante petrolero en moneda extranjera. Al cierre de 2015, la
deuda financiera de Pemex totalizó 86.800 mill.$, lo que supone un aumento del 30,6%
respecto a 2014 y el doble de la que tenía en 2008. El 78,8% de la misma esta
denominada en moneda extranjera (principalmente en dólares), lo que ha sido un
factor de riesgo para la empresa, ya que el reciente periodo de volatilidad ha elevado
su costo, aun cuando el 74,5% es a tasa fija. La penalización que han sufrido las
cuentas está clara: el ratio EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos) entre el
servicio de la deuda ha caído desde un 7,2% en 2014 hasta un 1,8%. Así pues, el
beneficio operativo apenas cubre el pago de intereses.
Como resultado de todo lo anterior, 2015 cerró con una caída de los beneficios antes
de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) del 76,6%, hasta 12.000
mill.$, y el beneficio neto arrojó resultados negativos por valor de -30.000 mill.$. La
0
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Feb
Mar
2014 2015 2016
Precio promedio de exportación de petróleo crudo mexicano
Fuente: Pemex

15. 15
compañía apenas tiene capacidad para pagar a sus proveedores (les llegó a adeudar
8.000 mill.$) y en el horizonte no se advierte ningún remedio fácil.
Como no podía ser de otra manera, la crisis de Pemex ya se ha cobrado víctimas
políticas: el director general de la petrolera estatal, Emilio Lozoya, fue sustituido en
febrero de este año por orden presidencial por José Antonio González Anaya, un
técnico de alta cualificación que hasta la fecha dirigía el Instituto Mexicano del Seguro
Social. Su principal misión ya fue asignada por el ministro de Finanzas, Luis Videgaray,
cuando anunció un recorte en el presupuesto de 132.000 millones de pesos (7.500
mill.$) de los cuales 100.000 vendrían de Pemex.
PROGRAMA DE RECORTES
1) 46.800 millones de pesos en las actividades de exploración y producción, básicamente
cancelando o posponiendo inversiones.
2) 36.200 millones de pesos en la partida presupuestaria “actividades de transformación
industrial”, lo que implica recortes en la expansión y mejora de plantas de refino,
procesamiento de gas y petroquímicas.
3) 13.100 millones de pesos serán recortados a través de un plan de reducción de la
sobredimensionada estructura, lo que inevitablemente vendrá acompañado de ajustes en la
plantilla laboral, preferentemente vía jubilaciones.
4) El resto se recortará de las inversiones en otras áreas.

16. 16
La crisis de Pemex no podía llegar en peor momento para los planes de Peña Nieto,
cuando la reforma energética ya ha culminado su tramo legislativo y el Ejecutivo
esperaba recibir inversiones multimillonarias y dinamizar un sector hipertrofiado tras
décadas de monopolio. Hace menos de dos años el presidente anunciaba las bondades
de la reforma energética; hoy los resultados están muy por debajo de las expectativas.
La crisis del crudo ha desincentivado la inversión y la caída del barril ha tenido un
efecto directo sobre las arcas del Estado (los ingresos petroleros cayeron un 32,9% en
2015 respecto al año previo). El gobierno ya ha ordenado por segundo año consecutivo
recortes generales en el presupuesto y ha puesto en marcha toda su maquinaria
política para salvar a Pemex. La crisis del gigante petrolero mexicano no es sino el
reflejo de los grandes desafíos a los que se enfrenta el país ante una nueva realidad
petrolera. El desplome de los precios internacionales de crudo, la menor necesidad de
Estados Unidos de importar barriles al mejorar su autoabastecimiento y una capacidad
más limitada de México de bombear crudo pondrá a prueba el cuadro
macroeconómico del país en un momento, además, especialmente delicado. El ciclo de
subida de tipos de la Reserva Federal va a poner a prueba a las economías emergentes.
Cuanto más sólidas sean las finanzas públicas y las cuentas externas, menor será el
impacto sobre la economía mexicana. El rescate de Pemex es tan solo un primer paso
en el difícil reto de adaptarse a este nuevo contexto.
NNNIIIGGGEEERRRIIIAAA /// AAANNNGGGOOOLLLAAA
¿Es peor el remedio o la enfermedad?
No hay duda de que el oro negro ha sido el principal motor de crecimiento de gran
parte de los países que lo producen. Sin embargo, al mismo tiempo entraña una
enorme vulnerabilidad. La magnitud de los efectos negativos que puede provocar el
crudo en los países productores es inversamente proporcional al grado de
diversificación económica, especialmente de los ingresos externos.
El riesgo relacionado con el petróleo resulta aún más severo dado que se trata de una
materia prima cuyo precio es especialmente volátil –y en ocasiones impredecible–, y
en el que numerosos elementos interactúan de forma contrapuesta. Además, los
países –a excepción de los grandes productores– tienen una capacidad bastante
limitada de influir en los precios del crudo.
A mediados de 2014, el petróleo inició una tendencia decreciente que, finalmente, ha
dibujado una abrupta caída. En enero de 2016, el barril de Brent llegó a 26 $, lo que se
tradujo en una pérdida de más del 75% respecto al máximo de 108 $ alcanzado en
2014.

17. 17
Las principales razones detrás de este
comportamiento se encuentran en las
nuevas tecnologías de extracción,
denominadas “fracking”, y en la
estrategia adoptada por la OPEP de
no ajustar los niveles de producción.
Todo ello ha provocado una
sobrecapacidad productiva en
relación con la actual demanda. Las
estimaciones apuntan a que el
equilibrio entre la oferta y la
demanda no se alcanzará, al menos,
hasta el año que viene, y parece poco probable que se vuelvan a alcanzar precios de
tres dígitos en los próximos años. No obstante, hay que tener presente la complejidad
del mercado de los hidrocarburos, por lo que no se puede excluir ningún escenario.
En este contexto, el riesgo subyacente de la dependencia del petróleo en los países
productores se ha escenificado, con mayor o menor virulencia, a lo largo de 2015.
Cabe destacar, de entre todos los posibles efectos, las repercusiones sobre los ingresos
externos y, en consecuencia, sobre la estabilidad de las divisas, lo que ha
desembocado en la aplicación de medidas no convencionales. Dos de los países donde
se puede apreciar con mayor claridad este escenario son Angola y Nigeria.
En ambos casos, el petróleo
concentra prácticamente la totalidad
de los ingresos externos (entre el 90-
95%). Así pues, la caída de los precios
del crudo se ha traducido en un
desplome de las exportaciones del
50%. Como resultado, las monedas
locales de los dos países3
han sufrido
una fuerte presión. Dado que en
ambos casos, gran parte de los
productos que consumen son
importados, la inflación está
estrechamente correlacionada con las
variaciones en el tipo de cambio.
Así pues, en aras de evitar una escalada de los precios, tanto Nigeria como Angola han
aplicado una política económica dirigida al mantenimiento de la cotización de sus
divisas con respecto al dólar.
En el segundo semestre de 2014, los dos países comenzaron a utilizar parte de sus
reservas para contrarrestar la presión sobre sus divisas. Sin embargo, esta medida
tiene una vida limitada, dado que una erosión de las reservas por debajo del nivel
mínimo recomendado puede originar problemas de liquidez. Por ello, se vieron
3
El naira (NGN) en Nigeria, y el kwanza (AOA) en el caso de Angola.

18. 18
obligados a realizar, entre 2014 y 2015, una serie de devaluaciones (en torno al 20-
30%). Si bien se trata de variaciones significativas, resultaron insuficientes para reflejar
el valor real de las monedas ante la intensa caída de los ingresos externos.
Evidentemente, el abaratamiento del kwanza y el naira se trasladó rápidamente a la
inflación.
Ante el menor margen de utilización de las reservas y la intensificación de las presiones
inflacionistas, los dos países adoptaron, para sostener de forma artificial la cotización,
un paquete de medidas que, en la práctica, constituye el establecimiento de controles
de capital. Entre ellas destacan la prohibición de importar una amplia gama de
productos; el establecimientos de límites a la retirada de dinero; y la limitación de la
disponibilidad de dólares a las entidades financieras.
La dificultad para obtener divisas ha provocado un cortocircuito de la actividad
económica de ambos países. Las empresas locales, debido a las restricciones, se
encuentran con graves problemas para acceder a la cadena de suministros, con lo que
se ven obligadas a anular pedidos o, en el peor de los casos, a cesar su actividad.
En el caso de Nigeria, las consecuencias son más severas dado que, a diferencia de
Angola (dominado por el sector público), la economía nigeriana cuenta con un
relevante tejido industrial (en el contexto africano). Además, mientras que Angola ha
seguido realizando ajustes en la cotización a lo largo de 2016, el nuevo presidente de
Nigeria, Buhari, se ha mostrado totalmente inflexible, por lo que la cotización del naira
se mantiene invariable desde marzo de 2015.
En este contexto prácticamente la única vía para acceder a las divisas ha sido mediante
casas de cambio o, directamente en el mercado paralelo, con cotizaciones que en el
caso de Angola registran una prima superior al 100% con respecto al cambio oficial. En
consecuencia, al tener que acceder al mercado paralelo, se han encarecido
sustancialmente los productos importados, lo que se ha trasladado automáticamente
al precio final. Así, después de todo, no sólo se está produciendo una paralización de la
economía, sino que también se está agravando el efecto no deseado por las
autoridades: el aumento de la inflación. En esta línea, a finales de 2015, la inflación en
Nigeria se sitúo cerca del 10% y, en el caso de Angola, superó el 14%.
Cabe matizar que, a pesar de haber subido ambos países los tipos de interés para
contrarrestar el aumento de los precios, la eficacia de la política monetaria es
relativamente limitada dado el moderado desarrollo del sistema crediticio.
En definitiva, las restricciones en el acceso a las divisas se han convertido en un
problema igual de relevante que el propio precio del petróleo. Si bien es cierto que no
se puede predecir cuál hubiera sido el escenario de haber optado por una política
cambiaria flexible, cabe cuestionarse si la defensa de la cotización, a costa de aplicar
medidas heterodoxas, ha resultado la opción más acertada. En 2015, otros países
como Kazajstán o Azerbaiyán –con ciertas similitudes debido al protagonismo del
petróleo en sus economías, y a un sistema de cambio cuasi fijo– se vieron obligadas a
aplicar severos ajustes en la cotización respecto al dólar (entre el 75% y el 90%), ante
la incapacidad de defender la divisa.

19. 19
El dilema entre sostener la divisa u optar por tipos de cambio flexibles continuará,
dada las perspectivas del mercado del petróleo (en torno a 60 $ en 2017), por lo que
no se puede descartar que, finalmente, ambos países se vean obligados a ajustar la
cotización de las monedas a su valor real.
PPPEEERRRÚÚÚ
La bancarización en Perú
Se define bancarización como el grado de utilización, de forma estable y continuada,
de los distintos productos y servicios financieros existentes en un país. Y, para medir la
bancarización, se utilizan diferentes indicadores que atienden a la profundidad,
cobertura e intensidad de uso. Existe una correlación positiva entre el desarrollo del
sistema financiero de un país y su crecimiento económico. Por tanto, analizando la
bancarización de una economía cualquiera, se puede obtener una gran cantidad de
información sobre su situación y su potencial.
Los niveles de bancarización de América Latina están lejos de los que corresponderían
a una región con su nivel de renta. De acuerdo al Global Findex del Banco Mundial, que
mide la inclusión financiera en el mundo, sólo el 54% de la población latinoamericana
declaró tener una cuenta bancaria en 2014. Este porcentaje es bastante escaso para
una zona cuya renta per cápita superaba los 9.000 dólares ese año.
En general, la evolución de la bancarización en América Latina ha sido positiva en los
últimos tiempos a causa de su favorable dinamismo económico, con unas tasas de
crecimiento y flujos de inversión extranjera muy elevados. Existen, no obstante,
grandes diferencias dependiendo de la nación que se analice. Destaca el caso de
Panamá, con un nivel de bancarización que supone el 175% del PIB, puesto que se
trata del centro financiero de la región. Chile, por su parte, ocupa el segundo lugar con
un 76% del PIB, al tener un sistema financiero más desarrollado que sus vecinos.
En el caso peruano, las cifras
de acceso financiero medidas
por la profundidad de la
bancarización han alcanzado
el 32,86% del PIB tras varios
años de evolución positiva.
Sin embargo, el país andino
sigue ocupando el puesto 11
de 18 en el ranking de
bancarización de
Iberoamérica. Asimismo, si se
analiza desde el punto de
vista de la cobertura bancaria,
el desarrollo sigue siendo muy desigual, debido al reducido número de sucursales por
habitante en las zonas rurales.

20. 20
La desconfianza de los peruanos hacia la banca no resulta extraña si se tiene en cuenta
la historia reciente. En particular, el episodio de hiperinflación que sufrió el país en los
años 90, cuando el índice de precios alcanzó el 7.000% de variación interanual, lo que
ocasionó grandes pérdidas a todos los peruanos y, en especial, a las familias más
humildes. De igual manera, existe un desconocimiento por parte de la población de los
servicios y productos que ofrecen las entidades financieras, así como unos costes de
uso muy elevados, que los sectores más vulnerables de la población no pueden asumir.
De acuerdo con un estudio elaborado por el BBVA, se podría elaborar un perfil del
individuo con mayor dificultad de acceso al sistema financiero en Perú. Así, el acceso
sería inferior en las áreas rurales, para las mujeres y para las personas de nivel
educativo y económico bajo. Al mismo tiempo, del estudio se extraen conclusiones que
pueden ayudar a orientar mejor las políticas sociales de inclusión financiera. Por
ejemplo, el hecho de poseer una vivienda en propiedad mejora la probabilidad de
acceso a los productos y servicios bancarios, y también resulta más probable que las
familias acudan a las entidades financieras cuando necesitan financiación que cuando
tienen capacidad de ahorro. Este último hecho explicaría el fuerte desarrollo de las
entidades dedicadas a las microfinanzas, que han ayudado a elevar, en gran medida,
los niveles de bancarización en las zonas de acceso más difícil.
En este sentido, hasta hace
relativamente poco, el hecho de
vivir en zonas poco pobladas
disminuía notablemente la
probabilidad de acceso al sistema
financiero. Sin embargo, este
aspecto cada vez tiene una
incidencia menor, precisamente
debido al desarrollo de mecanismos
alternativos. Ejemplo de ello es el
sistema de banca móvil, mediante
el cual se puede hacer uso de los
servicios financieros (pago de
recibos, envío de remesas, recarga
de telefonía móvil, pago en comercios etc...) a través del menú principal del teléfono.
El gobierno peruano ha impulsado iniciativas para incrementar la bancarización. En
julio de 2015 lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), donde se
establecía el marco regulatorio, así como las principales medidas a tomar para la
consecución de una serie de objetivos para el año 2021. La ENIF es el resultado del
trabajo de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF), órgano formado
por los actores públicos y privados del campo de la economía y finanzas, educativo o
del sector social.
Ante el escenario económico actual, con los precios de las materias primas en mínimos
históricos, Perú y el resto de América Latina deben más que nunca efectuar reformas
estructurales para relanzar su crecimiento. Entre dichas reformas se encuentran las
políticas sociales de inclusión financiera. Pese a que el mayor desarrollo del sistema

21. 21
financiero no es un factor de crecimiento en sí mismo, mejorar los niveles de
bancarización es positivo tanto para las entidades, que aumentan las cifras de negocio,
como para la población. Un sistema financiero estable y desarrollado reduce los costes
de transacción y actúa como canalizador de los recursos entre ahorro e inversión a los
proyectos más eficientes. Igualmente, un sistema financiero más inclusivo podría
elevar la liquidez tanto de las familias como de las empresas, lo que favorecería el
incremento del gasto y de la inversión y aumentaría, en definitiva, la demanda del país.
Por todo lo anterior, apostar por el desarrollo del sistema financiero puede ser útil
para potenciar el desarrollo económico, potenciar la pobreza y, en definitiva, elevar el
bienestar de la población de un país.
UUUNNNIIIÓÓÓNNN EEEUUURRROOOPPPEEEAAA
Brexit: ¿La desintegración europea?
Se aproxima un referéndum para cuestionar la continuidad del Reino Unido en la
Unión Europea (UE). El 23 de junio de 2016, el primer ministro consultará al pueblo
británico si quiere seguir siendo un Estado miembro de la UE. Según el resultado,
Reino Unido será el primer país en salir de la Unión o el primer país en conseguir un
estatus especial dentro de la misma.
El estatus especial que podría adoptar Reino Unido nace de las negociaciones que
Cameron ha llevado a cabo con el
Consejo Europeo, presidido por Donald
Tusk, el pasado mes de febrero. En esas
reuniones, los 28 jefes de Estado han
acordado y aprobado por unanimidad un
régimen especial para el Reino Unido,
que se divide en cuatro temas
principales: la gobernanza económica; la
competitividad; la soberanía; y, por
último, las prestaciones sociales y la libre
circulación de personas.
En cuanto a gobernanza económica, se establece que Reino Unido no tendrá que
contribuir a ningún rescate de un país de la Eurozona. Además, podrá recurrir a una
cláusula de salvaguarda en caso de que consideren perjudiciales las decisiones
comunitarias en materia de regulación financiera o unión bancaria.
En materia de competitividad, ambas partes acuerdan realizar los esfuerzos
pertinentes para reforzarla, simplificar la legislación y reducir la burocracia.
Con relación a la soberanía, en las próximas reformas de los Tratados de la UE no se
requerirá una mayor integración política al Reino Unido.

22. 22
En referencia a las prestaciones sociales y libre circulación de personas, las normas
vigentes en la UE implican la abolición de toda discriminación por razón de la
nacionalidad con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de
trabajo. Sin embargo, con este acuerdo, el Reino Unido podrá denegar durante cuatro
años las prestaciones sociales ligadas al empleo a los nuevos trabajadores europeos
(no a los que ya estaban). Igualmente, Cameron podrá recortar las prestaciones a los
hijos no residentes en Reino Unido de los trabajadores europeos. Además, estas
prestaciones se indexarán según el lugar de residencia de los hijos.
Por último, el acuerdo que se somete a referéndum cuenta con una “cláusula de
autodestrucción”, por la cual las anteriores concesiones dejarán de existir en el caso de
que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
Pese a los esfuerzos del primer ministro por defender la permanencia, y al apoyo que
recibe de los dirigentes de las mayores empresas del país, no se sabe cuál será el
resultado final. Actualmente, Boris Johnson, hasta ahora alcalde de Londres y posible
sucesor de Cameron, se ha posicionado como principal figura del euroescepticismo
británico y se estima que la mitad de los parlamentarios del partido Tory abogan por
abandonar la UE. El Brexit, paradójicamente, también recibe el apoyo discreto de
algunos independentistas escoceses, ya que, aunque son pro-europeos al igual que la
mayoría de los escoceses, una situación inestable jugaría a su favor y se verían un paso
más cerca de lograr su objetivo.
Estos sectores euroescépticos quieren limitar las relaciones con la UE a las puramente
comerciales. Consideran que las circunstancias y preferencias británicas no son
compatibles con las europeas, les disgusta ceder soberanía, y no tienen confianza en la
capacidad de las instituciones europeas para hacer frente a los diferentes retos que se
le presentan. Así, en su opinión, el coste de permanecer en la UE es superior a los
beneficios que la UE les aporta.
También reclaman autonomía en el área de inmigración. La mitad de los inmigrantes
de Reino Unido provienen de la Unión Europea. Mientras sea un Estado miembro,
poco pueden hacer al respecto. En cambio, abandonando la Unión, tendría la
capacidad de frenar este
flujo migratorio. Si fuera
ésta su intención, existen
dos posibles resultados,
ambos negativos. Por un
lado, si dejan de permitir la
libre circulación de
trabajadores, es lógico
pensar que tampoco
tendrán libre acceso al
mercado único, con todas
las consecuencias
comerciales que eso
conlleva. Por otro lado, perderían una importante fuerza de trabajo, esencial para el
buen funcionamiento de los sectores público y privado británicos. La inmigración

23. 23
aporta población joven y capital humano, lo que contribuye en última instancia al
progreso del país. En 2014, Reino Unido recibió a 89.500 personas procedentes de
países de la Eurozona, y a otras 19.800 de países de Europa Central no pertenecientes
a la Eurozona.
Pero esta no es la única consecuencia en caso de que el pueblo británico rechace el
estatus especial. Las implicaciones afectarían a la vida política, económica, financiera y
social tanto de Gran Bretaña como del resto de Europa.
Por un lado, el mercado único de la UE le permite el libre acceso a unos 500 millones
de posibles consumidores, así como la libre circulación de factores: bienes, servicios,
capitales y trabajadores. En caso de Brexit, su continuidad en el mercado único, como
ya se ha dicho, es dudosa. En el mejor de los casos, podrían seguir participando en él,
pero perderían el derecho de formar parte en las decisiones que lo regulan. Si Reino
Unido siguiera el modelo de Noruega, Islandia o Liechtenstein, países miembros de la
Asociación Europea de Libre Comercio y del Espacio Económico Europeo, preservaría el
acceso al mercado único, pero tendría que continuar acatando leyes europeas y seguir
aceptando la libertad de circulación de factores, con lo que tampoco se satisfarían las
demandas de los euroescépticos. Otro posible escenario sería el de abandonar el
mercado único y que la libre circulación de factores dejara de ser efectiva, lo cual sin
duda tendría un fuerte impacto negativo sobre su economía.
Reino Unido presenta, además, una balanza comercial deficitaria, que en los últimos
años ronda el 6% del PIB. Los lazos comerciales que mantiene con el resto de países
comunitarios son muy estrechos (53% de las importaciones y 48% de las exportaciones
van destinadas a países de la UE). Si se produce el Brexit, estas relaciones se verían
afectadas, ya que aparecerían nuevos obstáculos que dificultarían los intercambios. En
ese escenario, Reino Unido tendría que renegociar más de cien acuerdos comerciales.
Además, se produciría probablemente una pérdida de inversión extranjera directa,
algo muy negativo teniendo en cuenta el déficit por cuenta corriente que sufre el país,
y que viene agravándose desde 2011 (5% del PIB en 2015). Por otro lado, la City
londinense es el centro del sistema financiero europeo y una de las plazas financieras
más importantes del mundo. En caso de Brexit, el sector financiero británico se vería
particularmente afectado y podría sufrir consecuencias graves, pese a estar bien
capitalizado. Por todo lo anterior, el miedo al Brexit en los mercados ya es palpable:
después del anuncio del referéndum, la libra esterlina alcanzó su valor más bajo
respecto al dólar en siete años.
Además, salir del amparo de la Unión
dificultaría la coordinación de las
políticas de seguridad en un momento
de crecientes amenazas terroristas,
algo que podría perjudicar al conjunto
de la UE, ya que Reino Unido ha sido t
radicionalmente un líder destacado en
cuestiones de asuntos exteriores y de
defensa de la Unión. De hecho, Europa
perdería a su fuerza militar más

24. 24
poderosa y a uno de sus más influyentes actores en la escena internacional, en
particular por su relación especial con EE.UU..
Pero las consecuencias para la UE no acaban ahí. Europa se debilitaría al perder a una
de sus economías más grandes y dinámicas. Además, sin la aportación británica,
Europa perdería en liberalismo comercial. Y Alemania concentraría aún más poder. Por
último, sería un duro golpe al proyecto de soberanía compartida y supranacionalidad
europea, fuertemente cuestionada tras la crisis mundial. Además, existe el temor de
que pueda producirse un efecto dominó que arrastre a otros países con fuertes
movimientos euroescépticos, como Dinamarca.
En definitiva, el panorama que se plantea si Reino Unido abandona la UE no es muy
alentador para ninguna de las dos partes.
EEECCCOOONNNOOOMMMIIIAAASSS EEEMMMEEERRRGGGEEENNNTTTEEESSS
Un as bajo la manga frente a las restricciones
crediticias: el private equity
El descenso del precio de las materias primas y unas condiciones de crédito más
restrictivas en un entorno de mayor volatilidad de los flujos de inversión en cartera
han elevado los riesgos económicos y financieros en las economías emergentes. La
creciente incertidumbre y las limitaciones a la hora de acceder al crédito dificultan la
recuperación de la inversión, un factor clave para consolidar el crecimiento económico
en estos países. Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, las
economías en desarrollo crecerán un 4,8% en 2016, casi 4 puntos porcentuales por
debajo de los niveles pre-crisis (8,5% en 2007), y no se prevé que vayan a recuperar el
dinamismo que las había caracterizado hasta ahora; de hecho, no se espera que
crezcan por encima del 5% antes de 2020. Uno de los aspectos más relevantes para
imprimir un mayor impulso a estas economías y, a más largo plazo, contribuir a su
desarrollo, se centra en solucionar las deficiencias existentes en el sector financiero.
La restructuración del
sector financiero no
puede limitarse a las
medidas de estabilización
macroeconómica, sino
que precisa también
cambios en los modelos
de financiación bancaria,
tales como el incremento
de la financiación
doméstica frente a la
mayorista, o el aumento
del peso de la financiación en moneda local. En efecto, el elevado peso del crédito
denominado en moneda extranjera, especialmente en dólares, en comparación con los
0
2
4
6
8
10
12
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Private equity e IDE como % del PIB en las economías
en desarollo
IED Private equity

25. 25
estándares globales, supone una fuente de vulnerabilidad para los sectores financieros
de estos países, en caso de que se produzca la depreciación de sus divisas.
Incrementar el papel como fuente de financiación de los mercados de capital, y en
concreto del prívate equity o capital riesgo, puede ayudar a dar respuesta a estas
deficiencias. En periodos en los que es más difícil acceder a la financiación tradicional,
como la bancaria, el prívate equity supone una fuente de financiación adicional capaz
de generar valor financiero para los inversores y valor económico para las compañías;
esto sería especialmente útil en las economías de América de Latina y Europa del Este,
donde las alternativas para captar financiación son más reducidas. Sin embargo, a
pesar del fuerte crecimiento que ha experimentado el capital riesgo a nivel global, las
economías en desarrollo solo reciben un pequeño porcentaje de esos flujos.
Los países desarrollados son los principales receptores de private equity. En países
como Israel ó Estados Unidos esta forma de financiación representa más del 1% del
PIB, mientras que en economías emergentes importantes, como Polonia, Rusia o
Turquía, no superan el 0,1% del PIB. Los países en desarrollo recibieron, en cambio, el
55% de las entradas mundiales de IED; de hecho, cinco de los diez principales
receptores de IED son en la actualidad economías en desarrollo. Estos flujos se han
dirigido fundamentalmente a Asia, mientras que han disminuido en América Latina y
se han mantenido constantes en África.
Las causas que explican la baja penetración del private equity en las economías
emergentes son múltiples y dependen de la competitividad de cada una de estas
economías así como de su marco institucional, político y regulatorio. Los mercados
desarrollados se caracterizan por garantizar los derechos de propiedad, así como por
ofrecer ventajas de cara a la inversión, tanto en términos de innovación como de
facilidades para iniciar y cerrar negocios, en contraste con lo que ocurre en América
Latina, por ejemplo, donde la volatilidad de la moneda y el deficiente entorno para
hacer negocios dificultan la entrada de inversiones.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Israel Estados
Unidos
ReinoUnido India China Brasil Sudáfrica Polonia Turquía Rusia
Penetración global del private equity
2013 2014

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Existen varias medidas que los países emergentes podrían poner en práctica con
objeto de incrementar la presencia del private equity, entre ellas, establecer incentivos
a las compañías locales para acceder a los mercados extranjeros; promover una mayor
integración de mercados, especialmente en aquellos sectores donde los fondos de
prívate equity son más activos, como en los bienes de consumo y las industrias de la
información y la comunicación (TIC). Adicionalmente, una mayor protección de los
accionistas y una adecuada legislación corporativa son factores esenciales para facilitar
la entrada del capital privado.
La crisis financiera de 2008, que vino acompañada de fuertes restricciones del crédito
bancario, ha dejado patente la importancia de contar con fuentes de financiación
alternativas, como puede ser el prívate equity. Ochos años después, las economías
emergentes y en desarrollo no está consiguiendo consolidar su recuperación, entre
otros factores porque las deficiencias de su marco regulatorio desincentivan la entrada
de capitales. Además, el endurecimiento paulatino de la política monetaria de Estados
Unidos, a través de la subida, más que anunciada, de tipos de interés por parte de la
Reserva Federal, y las crecientes tensiones geopolíticas introducen nuevos desafíos en
el corto plazo para los emergentes y pueden dificultar, una vez más, el acceso al
crédito. Una mayor relevancia del private equity podría mitigar estos riesgos y reducir
la elevada vulnerabilidad de estas economías ante variaciones en las condiciones
crediticias bancarias.