Fragmentos Mario J Krieger Sociologia de las organizaciones esquemas y definiciones

ESTADO Y POLÍTICAS PARCIAL 2º. CONTENIDOS MÍNIMOS JUNIO 2020
ANA LÍA RGUEZ ALCALDE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CUATRIMESTRE 1º
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FRAGMENTOS de SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES
MARIO J. KRIEGER
ÍNDICE
CAPÍTULO 3: Las Reformas Del Estado Y La Administración Pública En Argentina
A. La organización nacional (1853-1930)
B. La Crisis del 30 y sus consecuencias en el rol del Estado y la modernización de la
administración pública (1930-1945)
C. La Revolución Peronista. El Estado moderno (1945 -1955)
» El desarrollo de industrias estatales
» El planeamiento
La racionalización administrativa
D. La restauración liberal de 1955
E. El Desarrollismo y la democracia restringida y tutelada
F. La administración radical (1963-1966)
G. La dictadura militar autodenominada “Revolución Argentina”
H. La segunda etapa peronista
» El tercer gobierno del Gral. Perón (1973-1974)
I. El Proceso. La dictadura genocida (1976-1983)
J. El regreso a la democracia. Gobierno del Presidente Alfonsín (1983-1989)
K. Las reformas del Estado y de la administración pública del presidente Menem
» La primera reforma del Estado del Presidente Menem.
» La Ley de Emergencia Económica
» La Ley de Reforma del Estado
» La desregulación y las nuevas regulaciones
 La desregulación de la economía, y la producción de bienes y servicios
 Creación de los entes reguladores y regulaciones
» Reformas al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
» La descentralización educativa y las nuevas reformas
 La transferencia de los servicios educativos
 Transferencia de los servicios de Salud
» La reforma administrativa

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A. LA ORGANIZACIÓN NACIONAL (1853-1930)
Después de la sanción de la Constitución de 1853, y más precisamente a partir de 1860, en la que Mitre,
triunfante en Pavón, comienza un proceso organización del Estado nacional, en detrimento del federalismo
anterior. Marcó el comienzo del proceso de unificación e institucionalización del Estado nacional argentino
bajo la dirección definitiva de Buenos Aires sobre el interior y el ideario liberal. El programa aplicado por los
presidentes Mitre, Sarmiento, y Avellaneda se caracterizó por organizar un modelo de Estado nacional fuerte,
reconocido como autoridad suprema y legal. Sus instrumentos fueron:
1. Un Estado Nación dotado de una fuerza militar unificada y distribuida territorialmente con el objetivo
de sofocar todo intento de volver al viejo orden federal.
2. Una organización de la administración pública central que incluyó el crecimiento del personal civil
como militar en el interior designado por el gobierno nacional y el instrumento de la intervención federal de
provincias por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que le permitió controlar a su favor la evolución de los
asuntos internos provinciales.
3. De financiamiento de las provincias, que estaban exhaustas por las guerras civiles, siempre que sus
elites adhirieran al nuevo orden.
4. Realización de obras y servicios financiadas por el Estado Nacional en las Provincias.
5. Educativos, que consistieron en nacionalizar la inmigración, la creación de valores, y el
adoctrinamiento en los ideales del liberalismo de fines de siglo XIX.
La generación del 80, bajo el lema “Paz y Administración”, emprendió la consolidación de las
instituciones del Estado y los grandes emprendimientos de transformación de la economía y la sociedad. La
paz aludía al fin de los levantamientos de caudillos y de las luchas con las provincias, condiciones
indispensables para lograr el progreso.
Como expresa el Dr. Pedro Andrieu: “La generación del 80 debió asumir como parte fundamental de su
rol en el proyecto al que ella misma dio vida la enorme tarea de crear un estado moderno, de concepción
profundamente liberal”.
Dentro de esta tendencia cabe destacar hacia fines de los 80 y a principios de 1900 la constitución de un
estado central fuerte, con una administración pública organizada, materializada en hechos tales como:
• La ley 1420 de educación. La ley 1420 dictada en 1884 estableció que la educación primaria fuera
gratuita, obligatoria y laica para los niños comprendidos entre 6 y 14 años.
• La creación del registro civil en 1884.
• La ley de Matrimonio Civil de 1888.
• La elaboración de distintos códigos: comercial sancionado en 1862, civil en 1871, penal y minero en
1886.
• La profesionalización de las fuerzas armadas (Riccieri).
• Servicios nacionales como el correo.
• Una amplia red ferroviaria, en parte estatal y en parte privada.
• La comunicación de todo el territorio nacional mediante el telégrafo.

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Posteriormente la crisis del 90 obliga aún más a fortalecer esta tendencia regulando la emisión de
moneda y la capacidad de contraer empréstitos.
Se expanden las inversiones extranjeras y la frontera agropecuaria, lo que fortalece las finanzas del
Estado nacional.
Con Pellegrini comienza un atisbo de proceso de industrialización que tiene un período de auge durante
la primera guerra mundial, pero luego decae volviéndose al modelo agroexportador que hace crisis en 1930.
El Presidente Yrigoyen, el 3 de junio de 1922, creó por decreto la Dirección General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) un hito también en esta etapa donde comienza a desarrollarse un rol del Estado
en otra área clave.
También debe mencionarse como un hito importante de esta etapa la Ley Sáenz Peña (1912) y el sufragio
universal (masculino) secreto y obligatorio controlado por las Fuerzas Armadas, para evitar el fraude que
termina por darle el triunfo al radicalismo por sobre la oligarquía conservadora fraudulenta del antiguo
régimen.
Un reflejo de este proceso se expresa en Pandolfi, quien señala que “entre 1913 y 1930 el gasto total
del sector público (Nación, provincias, municipios y seguridad social) fluctuó entre un mínimo de alrededor
del 8% del PBI y, a fines de la primera guerra mundial y al 15% del PBI hacia 1930. Del total de la población
entre los 6 y los 14 años, contaba con instrucción parcial o total el 54% en 1909 […] Los analfabetos por cada
100 habitantes de 14 años o mayores habían disminuido del 77,9% en 1869, al 53,5% en 1895 y al 35% en
1909”.
Pandolfi señala que “además de la provisión de bienes públicos el Estado tuvo a su disposición
importantes instrumentos para influir en la actividad económica. Por ejemplo, en 1915-1919 el Banco Nación
Argentina (fundado en 1891), representaba el 45% de los activos de los bancos comerciales del país; el Banco
Hipotecario Nacional (fundado en 1886) daba cuenta del 37% de los préstamos Hipotecarios del país: YPF
extrajo el 60% del petróleo crudo en 1925-1929; además operaba refinerías; el 20% de la actividad ferroviaria
estaba en manos del sector público.

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B. LA CRISIS DEL 30 Y SUS CONSECUENCIAS EN EL ROL DEL ESTADO Y LA MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1930-1945)
La crisis mundial desencadenada en 1929 tuvo su repercusión local en 1930.
El Estado desarrolló políticas keynesianas anticíclicas para paliar la crisis. El sector público incrementó el
gasto público a través de programas de inversión pública (construcción de caminos, escuelas, etc.)
procurando de esta manera sostener los niveles de actividad económica. Instrumentos de protección y
control sobre el comercio tuvieron un fuerte impacto acumulativo sobre el sector público. El sector público
creció, sus herramientas se multiplicaron, posicionándolo como actor principal de la actividad económica.
La prioridad del gobierno de turno fue independizar la economía argentina a los vaivenes de la economía
mundial. Diferenciando los precios relativos internos de los internacionales con el fin de amortiguar la caída
de la economía y asegurar niveles aceptables de empleo. Se acompañaron estas políticas, con la creación los
organismos regulatorios de las actividades productivas y de comercialización de productos (juntas
reguladoras). Controles de cambio, incremento de impuestos sobre la importación, creación del Banco
Central y el uso del presupuesto público para regular las actividades económicas.
Este primer intervencionismo de los años treinta estuvo dirigido a preservar los intereses de la oligarquía
agropecuaria, pero superada la crisis, los instrumentos siguieron vigentes.
En la década del treinta, frente a la complejización de las funciones y de la estructura del aparato estatal,
aparece por primera vez, al menos en forma explícita, la problemática de racionalización.
La “Comisión de Racionalización de la Administración Nacional” se trazó un ambicioso plan que no pudo
llevar a cabo por falta de apoyo político.
Sin embargo, del plan se pueden extraer una serie de conclusiones que hacen referencia a las
concepciones vigentes sobre las políticas administrativas para el sector público.
1. Se afirma la independencia de lo administrativo con lo político.
2. Se plantea una estrategia de cambios globales, aunque graduales.
3. Se enfatiza en los aspectos organizativos y de coordinación en la búsqueda de eficacia más bien que
en los de limitación de personal o de supresión de organismos o reparticiones.
4. Como método se propone la estandarización de los elementos físicos de trabajo la simplificación de
los mecanismos administrativos, la coordinación del trabajo y las técnicas presupuestarias.
5. En materia de personal se propone la Superintendencia de servicio civil, y la elaboración de un
Estatuto para el personal.
6. En lo administrativo la creación de la Superintendencia de Servicios Generales, la Coordinación y
Sistematización del trabajo administrativo.
7. En lo presupuestario la creación de la dirección del presupuesto.
8. Si se pasa revista a los informes producidos por la Comisión de Racionalización de la Administración
Nacional (1933/1935), se observa la disparidad de temas tratados, lo que evidencia en la práctica la carencia
o la imposibilidad de implementar un conjunto armónico de políticas y medidas.

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Muchos de los temas abordados volverán a aparecer una y otra vez cuando se aborden los problemas
administrativos. En la práctica, aunque la estrategia planteaba la necesidad de cambios globales, se analizan
los problemas generales mezclados con los específicos y se superponen los niveles macro y micro-
organizacional.
En síntesis:
La primera experiencia de la Comisión de Racionalización de la Administración Pública Nacional es
reveladora de lo que ocurrirá más adelante tanto por las circunstancias de su nacimiento (crisis económica,
necesidad de contener el gasto público, complejización de las funciones y la estructura del aparato estatal)
como por su concepción eficientista en sí misma al no vincular la “máquina administrativa” con las políticas
del Estado.
En lo que hace a la política de personal, también se demuestra que esta opera mucho más acorde con
la política económica que con la administrativa.
En general, no se aplica lo postulado por la Comisión de Racionalización y se reducen los salarios de los
agentes (Ley de presupuesto para 1933, manteniéndose hasta 1935).
El contexto general de desarrollo de las políticas públicas y del rol estatal es de autoritarismo y fraude.
La “Década Infame” se caracterizó por altos niveles de corrupción, el pensamiento autoritario, el fraude
electoral (para que no triunfara el radicalismo derrocado en 1930), la represión de los conflictos sociales y la
renovada dependencia del imperio británico con el pacto Roca-Runciman en el gobierno de Justo.
Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas en 1943, la acción del Estado en la economía se va
incrementando a la par de la Segunda Guerra Mundial. Se deben sustituir importaciones y se forjan nuevas
medidas que regulan las relaciones del trabajo con Perón como Vice-Presidente y Secretario de Trabajo y
Previsión.

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C. LA REVOLUCIÓN PERONISTA. EL ESTADO MODERNO (1945 -1955)
En el gobierno se debaten dos corrientes, una liberal y otra nacional y popular. Finalmente triunfa esta
última el 17 de octubre de 1945 con el rescate de Perón por parte del pueblo y su imposición luego en
elecciones libres.
Anteriormente, el Presidente Farell ya había promulgado por decreto una serie de medidas económicas
importantes; nacionalización del Banco Central, la garantía de la nación para los depósitos bancarios y la
reforma de la carta orgánica del Banco de la Nación, Hipotecario Nacional, y de Crédito Industrial.
Se crearon el Instituto Nacional de Reaseguros y el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del
Intercambio - Decreto-ley 15.350 del 28 de mayo de 1946). El Estado pasó a manejar la promoción del agro,
la industria, el crédito, los seguros y el comercio internacional, todas medidas sancionadas por Farrell, pero
inspiradas por Perón. Y lo más importante: la ocupación por parte de Perón del Departamento del Trabajo,
luego Secretaría, desde donde realizaría los preparativos sociales del cambio más importante en el siglo XX
en Argentina: Los derechos sociales y del trabajo.
Tras el 17 de octubre, se producen elecciones libres, donde triunfa el Gral. Juan Domingo Perón. En esta
etapa, en lo institucional, la constitución de 1949 estatuye los nuevos derechos sociales consagrados por el
peronismo (derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura, art. 37)
así como afianza el rol del Estado (art. 38, 39 y 40).
EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS ESTATALES
En 1945 se había inaugurado el primer horno siderúrgico en Zapla (Jujuy) y a instancia del General
Manuel Savio se creó la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), donde el Estado tenía el 80% de las
acciones. Se fundaron las empresas Fabricación Nacional de Envases Textiles, Fabricación Nacional de
Productos Químicos y las Industrias Mecánicas del Estado (IME). En Córdoba se abrió la fábrica de aviones;
en el segundo Plan, se abrió la fábrica de tractores (se desarrolló el Pampa) y otra de automotores donde se
fabricaron El Justicialista, en sus distintas versiones, el rastrojero y la moto Puma; Se instala la Industria Kaiser
Argentina y Mercedes Benz; Se construyeron vagones de ferrocarril y locomotoras.
Entre las empresas del Estado pueden mencionarse:
• La Dirección Nacional de Industria del Estado (DINIE), formada con las empresas de capital alemán
nacionalizadas.
• La Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas del Estado (DINFIA), con
empresas administradas por militares durante la guerra; a ella se incorporó SOMISA.
• La Empresa de Línea Marítimas Argentinas (ELMA), abastecida por una empresa constructora de
Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado (AFNE).
• La Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA), luego Aerolíneas Argentinas, creada en 1948.
• Ferrocarriles Argentinos, formados a partir de la nacionalización de los ferrocarriles franceses en 1946
y de los ingleses en 1947.
• La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), creada a partir de la Unión Telefónica,
perteneciente a la ITT norteamericana.

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• Gas del Estado, y
• Yacimientos Carboníferos Fiscales, que empezó a explotar el yacimiento de Río Turbio en Santa Cruz.
Las instituciones de la justicia social: Promoción de la sindicalización de los trabajadores, jubilación,
donde se crearon cajas jubilatorias por distintas ramas de actividad, sistema que hasta 1955 fue grandemente
superavitario por su relación entre activos y pasivos (luego de esa fecha se echaría mano a esos recursos
reiteradamente) vacaciones pagas, obra social, etc.
La repatriación de la deuda externa y los servicios de la deuda: por lo tanto aparecen como “cero” en
los años 1948,49 y 50.
La nacionalización de los transportes, las comunicaciones y las áreas del petróleo, acero y finanzas.
El Estado empresario aparece con una característica nueva: las empresas públicas se utilizan con fines
no comerciales. Se convierten en fuentes de empleo, se utilizan las tarifas públicas para otorgar subsidios al
sector privado, los precios y tarifas públicas fueron utilizados también como instrumentos antiinflacionarios.
Expresa Pandolfi, “El sector público expandió notablemente sus gastos en el periodo 1943-1955. El gasto
del sector público, incluyendo la inversión de las empresas públicas, creció casi un 40% en términos del PBI”.
El Estado asume un rol activo en materia de redistribuciones de ingresos y riquezas. La financiación de
viviendas se realizaba a través del Banco Hipotecario Nacional.
En esta etapa el estado asume una fuerte y amplia actividad regulatoria, en materia de comercio,
precios, cambio, tarifas etc.
En 1949, el período de expansión económica se agotó y comenzó una etapa de estancamiento:
diminuyeron las exportaciones, bajaron las reservas, hubo malas cosechas, el mercado de trabajo se
sobresaturó y disminuyó la demanda de mano de obra, la inflación se convirtió en un indicador preocupante.
Luego de recambios en su gabinete, Perón decide instrumentar políticas que promuevan el ahorro y la
inversión privada y extranjera, el congelamiento de precios y salarios.
El programa de estabilización tuvo éxito y al final de 1952 volvió a promover el crecimiento lanzando su
Segundo Plan Quinquenal.
El segundo difería del primero por sus definiciones consistentes en buscar obtener altos rendimientos
en el sector agropecuario, el área energética y las industrias pesadas y minera, acompañado por un
mejoramiento en la infraestructura.
EL PLANEAMIENTO
El gobierno Peronista introdujo el concepto de planeamiento en el Estado a través de los estudios del
consejo económico de posguerra y el Primer y Segundo Plan Quinquenal.
El Primer Plan Quinquenal: A principios del segundo semestre de 1946, la Secretaría Técnica de la
Presidencia comenzó a preparar un Plan de Gobierno para el período 1947 y 1951. El referido plan se anunció
en el mensaje presidencial del 19 de octubre de 1946 como “Proyecto de Ley”, cuyo art. 1 daba el “Plan de
Realizaciones e Inversiones” y desarrollaba proyectos de ley sobre: organización de los ministerios, derechos
electorales de la mujer, organización de la sanidad pública, reforma universitaria, organización del Servicio
Exterior de la Nación, fomento de la industria nacional, entre otros aspectos.
El plan definía las aéreas de intervención estatal, precisaba las políticas a implementar y diseñaba las
instituciones, y los instrumentos para llevarlas a cabo. Buscaba articular la actuación estatal, organizando el

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futuro y estableciendo un campo ampliado de intervención permitiendo pensar y homogeneizar al Estado
como un todo. Instituía e informaba todas las normas tanto a la sociedad como al Estado.
El Primer Plan Quinquenal resulto sumamente exitoso, se evidencio un marcado crecimiento del PBI y
de los indicadores sociales entre los años 1945 y 1948.
El Segundo Plan Quinquenal señalaba que: “El Estado auspicia la organización integral de la comunidad
nacional en sus sectores básicos, social, económico, político, según el sistema federal”. En el mensaje dado
por Perón en el Congreso Nacional cuando presentó el Segundo Plan Quinquenal señalaba que:
“Comenzamos por organizar el Gobierno. Hemos organizado también el Estado, que vivía en una
desorganización tan grande como el Gobierno, y la Constitución Justicialista y las leyes que la van
reglamentando, en el orden orgánico, van estableciendo una organización. Es mediante eso que se pudo
cumplir el principio fundamental de las realizaciones de gobierno, que se basan en una acción centralizada y
en una realización descentralizada”; y continuaba: “Es también mediante esa organización que ha sido
posible realizar la planificación ajustada de la tarea a cumplirse por el Gobierno, por el Estado y por el pueblo
argentinos organizados. Esa tarea de planificación es la que tenemos hoy el inmenso placer de ofrecer a los
compañeros legisladores”. Afirmaba también que a esa tarea de planificación, que es consecuencia de la
organización, habría de seguir también la racionalización, que es consecuencia de las dos anteriores.
Continuaba alegando que podía “asegurar a los señores legisladores que a esta organización y planificación
que presentamos a las Honorables Cámaras de Senadores y de Diputados ha de seguir, en el gobierno, tal
cual está planeada en el Segundo Plan Quinquenal, la natural racionalización, sin la cual las tareas de gobierno
se complican y llevan a una superabundante burocracia, siempre contraria a las realizaciones efectivas de
gobierno”.
El Plan comprendía cinco capítulos:
1. El primero es de Acción Social, que abarcaba la Organización del Pueblo, el Trabajo, la Previsión, la
educación, la Cultura, las Investigaciones Técnicas, la Salud Pública, la Vivienda y el Turismo.
2. El segundo capítulo se refería a la Acción Económica, que comprendía Acción Agraria, Acción Forestal,
Minería, Combustibles, Hidráulica, Energía Eléctrica, Régimen de Empresas e Industrias.
3. El tercer capítulo versaba sobre Comercio y Finanzas, que abarcaba el Comercio Exterior, el Comercio
Interno, Política Crediticia, Política Monetaria y Política Impositiva.
4. El cuarto capítulo era de los Servicios y Trabajos Públicos, que comprendía: Transportes, Vialidad,
Puertos, Comunicaciones, Obras y Servicios Sanitarios.
5. El quinto comprendía la Racionalización Administrativa, la Legislación General, las Inversiones del
Estado y los Planes Militares.
Acerca de la organización del planeamiento, Perón señalaba que sobre cada materia el organismo
nacional de planificación realizó, con el asesoramiento de los ministerios específicos en la materia, una
apreciación total y sumaria de la situación. Manifestaba, asimismo, que el Consejo Nacional de Planificación
estaba integrado por representantes directos de todos los gobiernos provinciales, de territorios, de los
ministerios y de la Municipalidad de la Capital Federal. La apreciación de la situación en cada materia, decía,
se concretó en una síntesis final de formulación simple, objetiva, estable y perfectible, que luego fue
sometida a las observaciones de cada ministerio, provincia o territorio, a los efectos de su coordinación y
acuerdo final.
En materia de políticas administrativas, se registran una multiplicidad de políticas administrativas
algunas implícitas y otras explícitas. Estas surgen de la concepción del rol del Estado en la sociedad, del

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crecimiento efectivamente operado y de una conceptualización volcada en los planes quinquenales que se
buscó operacionalizar a través del Ministerio de Asuntos Técnicos.
LA RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Las tecnologías administrativas en boga son todavía tradicionales por las variables que manejan.
Aunque, en su análisis hay de hecho una búsqueda de compatibilización con las políticas sustantivas y la
ideología del Estado, usando este último mecanismo como elemento movilizador.
La problemática administrativa aparece reflejada de forma más o menos explícita en diversos planos. La
cuestión se encuentra presente en los dos planes quinquenales, se produce un nuevo ordenamiento
constitucional y ministerial, se deben afrontar los problemas administrativos inherentes a la creación de
nuevas reparticiones y a la asunción por parte del Estado de servicios y actividades productivas.
A tal fin, se crearon unidades especializadas en el tratamiento de los asuntos administrativos.
Los múltiples aspectos abordados no responden a un plan orgánico, aun cuando haya una concepción
subyacente. Por otra parte ésta se caracteriza por una gran flexibilidad, pues se revén medidas y se van
modificando constantemente los instrumentos y los organismos (modificación de Ley de Ministerios, de los
organismos de planificación, etc.).
En el Segundo Plan Quinquenal se incluye un capítulo sobre la Racionalización Administrativa, cuyo
objeto es: “Facilitar la conducción general del país mediante la unidad de concepción del gobierno y la unidad
de acción del Estado”, las medidas aplicadas en la materia se orientan a obtener economías presupuestarias
(en especial en lo que hace a la política administrativa coyuntural aplicada a raíz de la crisis de 1952).
Como se vio en el período anterior, y se verá en los siguientes, las alternativas políticas y las restricciones
económicas son motoras y determinantes de las problemáticas administrativas coyunturales.
En este período, se ahondaron los siguientes tópicos:
1. Existió una efectiva preocupación por la problemática administrativa y un alto grado de
institucionalización de la misma, aunque con cierta dispersión de esfuerzo debido a la multiplicidad de
organismos vinculados a la temática. Se incorpora lo administrativo a la planificación global.
2. Se trabajó sobre la variable de personal sin un criterio de exclusión (salvo durante la crisis hubo
expansión del personal del Estado). Los dos Estatutos de este período programaron el reclutamiento desde
el cargo más bajo de la categoría correspondiente, asimilándose a una carrera burocrática weberiana y
aseguraban las oportunidades de movilidad. En este Estatuto las causas de despido obedecían a la
desaparición del organismo o de la función desempeñada, la antigüedad, la garantía de estabilidad y carrera,
el ingreso por concurso (o con título universitario) fueron las condiciones fijadas por él. En 1945 un decreto
había establecido que “sin restricción alguna los Ministerios o Secretarías de Estado tienen la posibilidad de
aplicar o proponer las medidas de orden para el mejor desenvolvimiento con respecto al personal de su
dependencia, pudiendo alcanzar hasta su cesantía por razones de mejor servicio”.
Se estableció un régimen de licencias para el personal civil del Estado con una importante cantidad de
días otorgados por asuntos personales o familiares, tratamiento de salud, maternidad, vacaciones, estudios,
etc.
En resumen, se instrumentaron políticas de capacitación en servicio y se promovió el Estatuto del
Personal Civil. Se reglamentó la carrera administrativa y se creó la Escuela Superior del Estado. Asimismo se
organizó el Servicio Civil de la Nación.
3. Se abordó el tema de la simplificación de procedimientos y estructuras administrativas.

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Se intentó racionalizar las duplicaciones existentes. Se crearon en 1953 por iniciativa del Consejo
Nacional de Racionalización unidades de análisis administrativo en cada departamento de Estado. Son los
Servicios de Racionalización y Auditoría Interna en cada Ministerio coordinados con el CNR. Aunque debían
asesorar al ministro respectivo en relación a las propuestas del Segundo Plan Quinquenal, tenían a la vez
tareas permanentes de racionalización y control.
4. Se crearon cuerpos específicos, como el de abogados del Estado y la jurisdicción contencioso -
administrativa.
5. Se refleja, por primera vez, una preocupación por que el aparato estatal sirviera a los objetivos de la
política de gobierno y se lo institucionaliza al más alto nivel del Estado (Ministerio - Secretaría de Asuntos
Técnicos).
6. Se procede en una dirección de centralización en la conducción y descentralización en la ejecución.
Se multiplican los ministerios, empresas, reparticiones como unidades decisorias. A la par se intentan crear
mecanismos de coordinación y control central. Se forman equipos interministeriales.
Si se analiza específicamente el desempeño del Consejo Nacional de Racionalización (Ministerio -
Secretaría de Asuntos Técnicos) se encuentra que sus preocupaciones dominantes fueron:
1. Los aspectos organizativos de la racionalización administrativa que abarcaron:
– La organización de los asuntos de personal.
– Los asuntos financieros.
– Los problemas de suministros y materiales.
2. La racionalización funcional que comprendió:
– La coordinación de las funciones asignadas o que se atribuyen a los ministerios.
– Las cuestiones de competencia entre dependencias del Poder Ejecutivo.
Como puede observarse se trata básicamente de una problemática micro-organizacional vinculada con
los aspectos jurídicos y de organización y métodos.
Aunque no se puede desechar la utilidad de las normas dictadas, la falta de una política administrativa
global hizo que empezara a crecer un cuerpo legal sin mucha coherencia.
Entonces, si bien lo administrativo se visualiza como problemático y se intentan crear los mecanismos
institucionales organizacionales y de políticas para su superación, el intento de ordenamiento se encontrará
con fuertes rigideces que limitará su puesta en marcha. En este sentido, los logros obtenidos son parciales y
en terrenos específicos, la recapitulación de la problemática administrativa en este período de expansión de
la actividad estatal nos puede llevar a una conclusión más general. Si bien, puede planificarse la intervención
del Estado en nuevas áreas, si en el diseño de esta política sustantiva no se contempla el consabido
crecimiento y adecuación técnica y organizacional del aparato administrativo, se producen situaciones que
comprometen el efectivo cumplimiento de los objetivos buscados mediante estas políticas. La racionalización
administrativa, cuando es posterior, siempre se presenta como mucho más difícil de ejecutar, dado que hay
que afectar intereses y costumbres establecidas.

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D. LA RESTAURACIÓN LIBERAL DE 1955
Tras un breve interregno de Lonardi, se derogan muchas instituciones y conquistas sociales de la etapa
anterior y se proscribe el peronismo (decreto-ley 4161). Se producen los fusilamientos de 1956, iniciándose
así la etapa de violencia de Estado en Argentina. Se interviene la CGT. El movimiento obrero (1957) se divide
entre las 62 organizaciones peronistas y los 32 gremios democráticos.
Se deroga la constitución de 1949 y se reimplanta por decreto la de 1853/60. Así, la Dictadura de
Aramburu y Rojas desmantela el Estado y sus instituciones. Deroga la nacionalización de los depósitos
bancarios, disuelve el IAPI, que manejaba el comercio exterior de granos, deroga la ley de precios máximos,
elimina las restricciones al giro de divisas al exterior, y produce una fuerte devaluación monetaria, se drenan
las reservas de oro a la mitad; Regresa el liberalismo económico. En el documento realizado por Prebisch,
“Plan de restablecimiento económico”, se proponía como objetivo principal para la administración pública
“afrontar la seria crisis de eficiencia de esta, reducir gastos y reparticiones”. Disminuir el área de acción
estatal en función de la concepción económica vigente. Se insiste en la necesidad de aligerar gradualmente
sus cuadros, eliminando los incompetentes, mejorando las remuneraciones y promoviendo al personal
idóneo.
En lo que hace a la organización administrativa, proponía revisar el ordenamiento ministerial,
reorganizar el mecanismo administrativo, descentralizar funciones, dar responsabilidad a los jefes y hacerles
participar en la selección y calificación de su personal. Devolver la autonomía a los bancos oficiales y demás
organismos especializados. En lo que hace a personal proponía eliminar el que careciera de idoneidad y
redistribuir el sobrante. Establecer el servicio civil con normas estrictas para los nombramientos,
calificaciones, ascensos y eliminaciones.
Una de las propuestas del Dr. Prebisch que cobró vigencia fue la promulgación de un nuevo Estatuto del
Personal Civil de la Administración Pública Nacional.
En esta etapa, el enfoque de lo administrativo estuvo orientado desde la perspectiva económica. Se
sostiene que: “El Estado es ineficiente de por sí, y deben transferirse la mayor cantidad posible de actividades
a la esfera privada.
La política administrativa concebida en este período recién comenzará a ejecutarse en el siguiente.

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E. EL DESARROLLISMO Y LA DEMOCRACIA RESTRINGIDA Y TUTELADA
El gobierno del Presidente Arturo Frondizi (1958-1962) reinicia un período de democracia restringida,
pues sigue proscripto por casi todo el período el peronismo, pese a las promesas en contrario, por presión y
tutelaje de las fuerzas armadas, de hecho sufrió varios golpes de estado y fue derrocado a raíz del triunfo de
la fórmula Framini - Anglada en las elecciones a gobernador de 1962 en la Provincia de Buenos Aires.
Durante esta etapa Fueron aprobadas la Ley de Amnistía, de los peronistas, la del Estatuto del Docente,
la Ley de Asociaciones Profesionales, buscando la normalización de los gremios y la CGT, que paulatinamente
fue recuperando el Peronismo. La de hidrocarburos, buscando el auto-abastecimiento petrolero y
convocando a la inversión extranjera, bajo supervisión de YPF, contrariamente a lo que había sostenido en
campaña y en su libro “Petróleo y Política (1954)”. La ley de enseñanza libre, sancionada en este período,
permitió el establecimiento de Universidades privadas, que en su mayoría serían católicas.
Su primer ministro de economía desarrollista fue Rogelio Frigerio, pero al año, por presión de las fuerzas
armadas, asumió el liberal Álvaro Alsogaray, produciendo un giro de rumbo en la gestión hacia la economía
social de mercado como este último la denominaba.
Pero, ya el 30 de diciembre del 58, Frondizi había anunciado su “Plan de Estabilidad y Desarrollo” que
consistía en la eliminación del dirigismo estatista en el mercado, suprimiendo el control de cambios y los
permisos de importación, el control de precios de venta de productos pecuarios y los subsidios al consumo.
Hubo un brote inflacionario en 1959 que luego tendió a estabilizarse.
En esta presidencia se firmó un convenio con una de las concesionarias de electricidad de Buenos Aires
y alrededores (Italo Argentina de Electricidad y CHADE, Compañía Hispano Argentina de Electricidad); más
tarde, ya derrocado Frondizi, se crearía SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) de propiedad
estatal.
La propuesta desarrollista otorgaba prioridad a la realización de obras de infraestructura, industria
pesada y autoabastecimiento de petróleo y energía que sirvieran de base al desarrollo industrial. En este
sentido, por ejemplo, en 1961 se inauguró el alto horno de la acería de San Nicolás.
Se mejoró el abastecimiento de hidrocarburos de Buenos Aires, mediante la extensión del gasoducto
Campo Durán - San Lorenzo.
En esta etapa, la producción de petróleo y gas natural aumentó 150%. Lográndose el
autoabastecimiento y saldos exportables.
Se incrementó la red vial en 10.000 Km, pero se comenzó un plan de racionalización ferroviaria (Plan
Larkin), que sería el inicio de la destrucción de la red, así como se suprimieron los trolebuses, y tranvías
reemplazándolos por colectivos que usaban derivados del petróleo.
La industria automotriz produjo, en 1961, 100.000 automóviles y camiones. En 1958 se fabricaron
10.000 tractores y tres años después 25.000. La producción industrial aumentó un 10% en éste período. Para
evitar los cíclicos cuellos de botella del sector externo, se comienza a subsidiar la inversión privada a través
de altos aranceles a la importación (en algunos casos alcanzaron el 300%) y de incentivos mediante de
desgravaciones impositivas apoyando tanto al capital industrial local como externo y fomentando su
radicación.
La inversión pública, por su parte, se orienta casi exclusivamente hacia la infraestructura económica,
con el objeto de posibilitar la absorción de economías externas por los proyectos industriales extranjeros y

13
nacionales; la inversión social pasa a un segundo plano, se deterioran las prestaciones sociales, y las clases
pasivas son también marginadas.
Se privatizan empresas públicas y se limita y obstaculiza el crecimiento de las existentes, con el objeto
de controlar el déficit público.
Se “racionaliza” la administración pública para disminuir el gasto corriente, incrementar la inversión
pública, y disminuir el déficit presupuestario. En el mes de diciembre de 1958, se presenta el Plan de
Racionalización Administrativa. Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: a) Reorganizar la estructura
orgánica y funcional de la administración nacional. b) Evitar el exceso de personal y posibilitar su adecuada
distribución. c) Capacitar al personal de la administración pública.
También, en materia de administración pública, en 1958 se crea el Instituto Superior de Administración
Pública (ISAP) con la misión de prestar asistencia técnica y realizar o promover cursos de especialización a fin
de mejorar la organización y funcionamiento de la administración del Estado así como el nivel de preparación
de sus agentes.
Asimismo, se crea el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (CEPRA), con el propósito
de fiscalizar el cumplimiento de dicho plan. Cabe destacar que la reforma fue concebida como un instrumento
para mejorar el servicio público y adecuar la administración al proceso de desarrollo económico y social del
país y no para disminuir el déficit presupuestario.
En enero de 1959 se establece una escala uniforme para los niveles jerárquicos de las unidades
pertenecientes a la administración: Dirección Nacional o General, Departamento, División, Sección y Oficina.
Por otra parte, se crean Comisiones de Organización y Métodos en la Presidencia de la Nación, Ministerios,
Secretarías de Estado, el Tribunal de Cuentas y empresas del Estado, mediante el decreto 10.976. Además,
en este año se dicta una ley de racionalización administrativa, que incluye el tema del personal, por razones
de economía o reordenamiento administrativo.
En julio de 1962, se disuelve el CEPRA y las tareas quedan a cargo de los ministerios y secretarías de
Estado, a los que se les atribuye competencia y responsabilidad. Asimismo, en este año se crea el Servicio
Central de Analistas de Medición del Trabajo, en el ámbito del ISAP, con la finalidad de estudiar las dotaciones
de los organismos estatales.
El plan de racionalización y austeridad del Dr. Frondizi se centró básicamente en los costos de operación
del aparato estatal.
Los objetivos globales del plan aparecen resumidos en tres puntos:
1. Drástica reducción de los gastos públicos a fin de reducir el déficit y el impulso inflacionario.
2. El perfeccionamiento de la organización administrativa y de los procedimientos a fin de lograr mayor
efectividad y eficiencia en los servicios.
3. El establecimiento de normas de austeridad gubernativa. Se adoptaron medidas tendientes a
restringir los gastos de administración del Estado y se trató de poner freno al incremento salarial.
En general, los instrumentos utilizados y las variables sobre las que se buscó incidir fueron las siguientes:
1) Reducción de gastos.
1.1) Reducción de personal. El plan logró cierto grado de cumplimiento de sus objetivos en esta materia,
aunque se pagó un alto costo en la pérdida de recursos humanos valiosos que resultaron difíciles de
reemplazar o que fueron sustituidos por otros a un costo mayor.

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Se operó a través de instrumentos e incentivos diversos (congelamiento de vacantes, pases, jubilación,
incentivos para pasar a la actividad privada, limitación de aumento de salarios, etc.).
1.2) Austeridad en el consumo de bienes y servicios (reducción de gastos prescindibles, automóviles,
viajes, viáticos, café, etc.).
1.3) Reducción de los gastos de capital y la limitación de inversiones.
1.4) Privatización de empresas públicas. Provincialización de servicios. Reorganización y supresión de
organismos.
2) Reordenamiento administrativo:
2.1) Creación de oficinas de OyM.
2.2) Sistema de comisiones y análisis de estructuras.
2.3) Cambios de ordenamientos funcionales y procedimientos. Normalización de funciones, tareas y
regímenes.
2.4) Confección de manuales.
2.5) Racionalización del uso de equipos y materiales.
2.6) Confección de digesto ordenado de leyes, decretos y reglamentos.
3) Capacitación del personal a través del Instituto Superior de la Administración Pública
(ISAP).
La diferencia con otros períodos estriba en el total apoyo político que obtuvieron los organismos
centrales de conducción de la racionalización administrativa (básicamente la CEPRA y el ISAP) por parte del
máximo nivel político (el Secretario Técnico de la Presidencia era el presidente del CEPRA).
La preocupación fundamental fue la reducción de gastos y no el cumplimiento de metas.
No se buscó articular una relación entre las políticas sustantivas y los instrumentos organizacionales y
administrativos. Las políticas administrativas tuvieron una sola finalidad: la reducción de costos operativos.
En síntesis, podría señalarse que en esta experiencia se llega al mayor nivel de profundidad en la
aplicación del concepto de racionalización administrativa basado en una urgencia de la coyuntura económica.
Se obtienen logros en los objetivos buscados de reducir el gasto del sector público. En este sentido se
instrumenta cabalmente la concepción que sobre el Estado comentáramos al examinar el período 1955-58.
También podría afirmarse que se llega al límite de lo que pueden dar las técnicas de Organización y
Métodos (OyM) y los enfoques formalistas y normativos de la racionalización.
Los éxitos se deben al fuerte apoyo político con que contó esta experiencia.

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F. LA ADMINISTRACIÓN RADICAL (1963-1966)
El gobierno del Presidente Arturo Illia (Unión Cívica Radical del Pueblo) surge luego del derrocamiento
de Arturo Frondizi (Unión Cívica Radical Intransigente) y el interregno cívico militar de José María Guido. Es
electo por el 25% de los sufragios con 20% de votos en blanco fruto de la proscripción del peronismo.
En su mensaje de asunción, Illia manifestó su propósito de tender al crecimiento económico y a una más
justa distribución de la riqueza a través de la programación económica. El ministro de economía Eugenio
Blanco dio a conocer los decretos del poder ejecutivo que declaraba nulos los contratos de explotación,
exploración y perforación suscriptos entre la YPF y trece empresas extranjeras durante el período de Frondizi,
lo que le restó inmediatamente el apoyo de la UCRI y de los grupos de poder económico vinculados con el
capital extranjero, enfrentamiento que se refuerza con la Ley Oñativia de medicamentos y que es una causa
directa del golpe de estado que lo derroca. La referida ley establecía preferencias para los laboratorios
farmacéuticos de capital argentino frente a los extranjeros y llevó a estos últimos a participar activamente
en el derrocamiento del gobierno.
El gobierno se enfrentó con organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
El proyecto económico de Illia estaba basado en la intervención del Estado en la regularización de la
economía. En febrero de 1964, el Congreso aprobó una ley que facultaba por un año el Poder Ejecutivo a fijar
precios mínimos y máximos y márgenes de ganancias. También creaba el Consejo Nacional de
Abastecimientos, en el que estaban representando el gobierno, los productores y la CGT.
El gobierno estableció un nuevo régimen cambiario que fijó límites y requisitos para las operaciones de
cambio. El Congreso sancionó el régimen de salario mínimo, vital y móvil. El país crecía en promedio al 7%,
pero, a medida que se agudizaban los conflictos sociales entre los sindicatos y el gobierno, que incluían la
ocupación de los establecimientos productivos y crecía la movilización de diferentes sectores de la sociedad
en todo el territorio del país, los empresarios, frente a la inestabilidad y los conflictos comenzaron a disminuir
sus inversiones para el mediano y largo plazo y buscaron obtener los mayores beneficios en el más corto
plazo. Esta decisión provocó un aumento de la desocupación en el sector industrial y un aumento del costo
de vida, factores que, a su vez, agudizaron todavía más los conflictos sociales y políticos. La fuerte alza de los
precios unida a la existencia de 750.000 desocupados y la liquidación de industrias llevaron a la CGT a adoptar
un plan de lucha que también fue desestabilizante.
En 1964, la CGT aprobó un “Plan de Lucha” que incluía la ocupación de los lugares de trabajo y los centros
de producción en el caso de que el gobierno no tomara las medidas económicas reclamadas por la central
obrera para solucionar los problemas más urgentes de los trabajadores.
Las elecciones de 1965, se polarizaron entre la Unión Popular (peronismo), que obtuvo 2.800.000 votos,
y la UCRP, con 2.700.000, los legisladores justicialistas refuerzan en el congreso los reclamos gremiales.
En materia de política exterior, el gobierno asume la posición de no intervención en la crisis dominicana,
lo que tensa la situación con los militares y con Estados Unidos que ya se encontraba complicada por la
nacionalización de los contratos petroleros y la ley de medicamentos.
La evolución del Producto Bruto Interno (PBI) durante ese período fue del -2,4% para el año 1963, del
10,3% para el año 1964 y del 9,1% para el año 1965. La evolución del Producto Bruto Industrial del -4,1% para
el año 1963, del 18,9% para el año 1964 y del 13,8% para el año 1965. La deuda externa disminuyó de 3.400
millones de dólares a 2.600 millones.
El salario real horario creció entre diciembre de 1963 y diciembre de 1964 un 9,6%. La desocupación
pasó de 8,8% en 1963 a 5,2% en 1966.

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Se logró incrementar el PBI en el orden del 8% entre 1964-1965, con el correspondiente efecto sobre el
empleo. Sin embargo no se pudo controlar el alza de los precios internos que pasaron la barrera del 30%
anual entre 1965 y 1966. El gobierno trató de reaccionar con controles de precios que fueron resistidos por
los empresarios.
Pese a que el país había crecido a las referidas tasas, y que a principios de 1965 se conocían datos que
indicaban niveles récord en las exportaciones de trigo y en la producción de láminas de acero de SOMISA, los
medios de comunicación comparaban al gobierno con una tortuga y se multiplicaban las huelgas y los
sabotajes y cobraron relevancia las conspiraciones militares con anuencia del sector vandorista del
sindicalismo para derrocar al gobierno.
En materia de gestión administrativa pública, se otorga un rol importante a la Secretaría del Consejo
Nacional de Desarrollo, CONADE, que elabora el “Plan Nacional de Desarrollo 1965/1969”, donde se retoma
la idea de un plan de desarrollo integral del país a mediano plazo, luego de los planes quinquenales del
Peronismo. Pero este no llegó a ser aprobado por el presidente Illia. La referida Secretaría se constituyó en
una escuela de planeamiento clásico de estilo cepalino e instauró sectoriales de planeamiento en cada uno
de los ministerios.
Entre otras cosas el plan establecía un mecanismo de planeamiento democrático, la integración
industrial en los sectores más dinámicos y básicos y aún no desarrollados, para superar el desnivel existente
entre la producción de bienes finales e intermedios, la diversificación de las exportaciones para atenuar las
variaciones de los mercados internacionales, y un plan de infraestructura que fue adoptado
espontáneamente por los municipios y las provincias durante muchos años. En consonancia con el
planeamiento, se buscó innovar en los mecanismos presupuestarios y contables, básicamente a través del
intento de establecer el presupuesto por programas como mecanismos racionalizador y de control de gestión
en el cumplimiento de las metas fijadas por las políticas y planes.
También se operó una centralización organizativa en las funciones vinculadas a las políticas
administrativas.
No se habla de reforma administrativa, dada la impopularidad que habían alcanzado en la
administración pública el CEPRA y el ISAP.
Se aumenta la dotación del personal del Estado (17,5 %) que había venido disminuyendo desde 1955.
La coyuntura económica favorable hace pasar a un segundo plano la problemática administrativa por lo
menos hasta 1965/66, donde se vuelven a adoptar ciertas medidas de reducción del gasto público.
Se reducen las funciones del ISAP, que pasa a depender de Hacienda, y se disuelve en febrero de 1970.
Se incorpora el Servicio OyM a la Oficina Nacional de Presupuesto.
En materia educativa, se pone en marcha el Plan Nacional de Alfabetización (1964) con el objetivo de
disminuir la tasa estimada en poco más del 10% de la población adulta. En junio de del año siguiente el
programa contaba con doce mil quinientos centros de alfabetización y su tarea alcanzaba a trescientos
cincuenta mil alumnos de dieciocho a ochenta y cinco años de edad.

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G. LA DICTADURA MILITAR AUTODENOMINADA “REVOLUCIÓN ARGENTINA”
El 28 de junio de 1966 un golpe militar encabezado por los comandantes en jefe de las tres fuerzas
derrocó al gobierno del presidente Illia. Una junta revolucionaria dio a conocer las “causas y objetivos de la
revolución argentina” y dispuso la disolución del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales y los
partidos políticos.
La revolución argentina tuvo tres etapas de distinto signo:
La primera, durante la presidencia del Gral. Onganía, se inicia un proceso de tipo neocorporativista,
antipolítico, con ministros de signo nacionalista en lo político y liberales en lo económico.
En lo político, se disuelven los partidos políticos. Se ocupan las universidades y se disuelven los centros
estudiantiles, expulsándose innumerables científicos y profesores, lo que significó un retroceso para la
ciencia argentina de la que no se recuperaría por décadas.
Muchos equipos completos de docentes e investigadores se van al exterior, y algunos se refugian en las
universidades privadas, principalmente en la UCA y el Salvador. Incidentes en Córdoba dejan primero herido
y más tarde hacen fallecer al estudiante Pampillón. Comienzan los movimientos estudiantiles de resistencia
en las universidades privadas. Hay una sentada en la calle Callao, frente a la Universidad del Salvador, del
que este autor fue protagonista como dirigente estudiantil, y se inicia un proceso de paulatina peronización
de los sectores estudiantiles que antes habían sido refractarios al movimiento nacional. El mismo fenómeno
ocurre con sectores de la acción católica y nacionalistas.
En esta época recrudecen los conflictos sociales: surge el cordobazo. En la acción conjunta de las dos
centrales sindicales, la vandorista (de azopardo) y la de los argentinos, de Ongaro, convocan un paro para el
30 de mayo y los combativos (Agustín Tosco-Atilio López y Elpidio Torres) lo adelantan al 29. La ocupación de
córdoba es reprimida por el ejército con 14 muertos y centenares de heridos. Un año después con la venida
de Rockefeller se produce un ataque coordinado a 14 supermercados Minimax, del que era dueño, por parte
de las FAR, grupo guevarista.
Aparecen grupos guerrilleros las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) en Tucumán (el Kadri) y los
Uturruncu y el Ejército Revolucionario del Pueblo, reflejando que la proscripción del Peronismo genera estos
movimientos con simpatía hacia el fenómeno cubano y la gesta del Che.
Es asesinado Vandor. Aparecen los Montoneros, el 29 de mayo del 70, quienes, a través de su comando
José Valle, secuestran y ajustician a Aramburu, bajo los cargos de los fusilamientos de 1955 y el secuestro del
cadáver de Eva Perón. La violencia nacida en el 55 se instala definitivamente en el país y la pacificación llegará
recién con el advenimiento de la democracia en 1983.
En lo económico, se fusionan el Ministerio de Economía y el de Trabajo, subordinando las relaciones
laborales a las variables económicas de ajuste. La libre importación genera una serie de quebrantos en las
Pymes, se fortalece el gran capital y en especial el monopólico extranjero. 32 empresas privadas son
absorbidas por extranjeras, de ellas 17 son de origen norteamericano. La banca internacional adquiere varios
bancos argentinos, y se liquidan las cajas de crédito barriales.
Se sabotea a fabricaciones militares, de donde se desplaza al Gral. Blanco.
Se realizan obras públicas de Chocón – Cerros Colorados y Salto Grande y se amplía la red caminera.
Por primera vez se imponen retenciones a las exportaciones agropecuarias para financiar al Estado y las
importaciones industriales, lo que lo malquista con el sector del campo.

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Se realiza un diagnóstico sobre la administración pública. Se habla de “moralizar y jerarquizar la función
pública”. Se señala que existe excesiva frondosidad y complejidad en las estructuras orgánicas, con funciones
superfluas o superpuestas lo que revierte en ineficiencia y alto costo operativo.
Se busca disminuir el aparato burocrático, para disponer de más fondos para inversión en obras.
El Estado debe cumplir sólo funciones específicas y dejar el resto a la actividad privada.
Se enuncian los siguientes objetivos:
1. Redimensionar las estructuras existentes buscando simplificarlas.
2. Reestructurar los organismos a los efectos de reducir el personal y colocar “funcionarios idóneos”,
“responsables”, “jerarquizando la función pública”.
3. Actualizar los medios operativos para lograr una mayor eficiencia.
4. Implementar los planes de desarrollo en especial en sus aspectos de evaluación y control.
El esfuerzo es globalista y gradualista.
La responsabilidad de la política de reforma administrativa quedó reservada al área de Presidencia de la
Nación en la Secretaría General. Allí se traslada la oficina coordinadora de OyM. que se encontraba en
Hacienda.
Los mecanismos presupuestarios y las técnicas de OyM. fueron las más utilizadas en esta etapa.
Mediante circulares se distribuyen instrucciones sobre la forma de elaborar nuevos organigramas, de
clasificar y eliminar funciones, fusionar organismos, reglamentaciones para simplificar trámites y
procedimientos, se revisan manuales, se racionalizan inmuebles y servicios de computación.
Se cayó en un excesivo formalismo. La aprobación de estructuras pasó a convertirse en un largo trámite
burocrático.
El afán uniformador y reglamentarista se convirtió en un fin en sí mismo, por lo que resultó sofocante y
disfuncional en la planificación de tareas y el cumplimiento de metas.
En cuanto al redimensionamiento organizacional se instrumentó a través de reformas de estructuras y
funciones, de un nuevo régimen de prescindibilidad, del control del empleo múltiple, de un régimen de
incompatibilidades y de buscar un cambio cualitativo en el nivel de funcionarios.
• Se centralizan las designaciones.
• Se trató de limitar los aumentos de salarios para la administración pública, siguiéndose un criterio
selectivo y jerarquizador.
En materia de capacitación, se trató de bajar los costos y evitar la proliferación de cursos y programas.
Se transfirieron programas a universidades y entidades particulares.
Los programas, llevados a cabo finalmente, se hicieron sin un relevamiento de necesidades y se descuidó
el nivel medio. No pudo evaluarse la seriedad y eficiencia de las entidades particulares. Además se decretó
la disolución del ISAP.
El gobierno del Gral. Levingston fue de signo un poco más nacional, más desarrollista. Pero como
contralor, quedó el General Lanusse en Ejército.

19
En el gabinete conviven ministros de posición nacional y desarrollista como Aldo Ferrer (obras públicas
primero y luego economía) liberales o conservadores como Manrique, o vinculados al capital foráneo, como
Anidjar y Folcini. Estas líneas se enfrentan y hay una clara disputa entre Levingston y Lanusse, que se agrava
con nuevos incidentes en Córdoba.
Levingston queda muy debilitado y asume Lanusse.
En materia de administración pública, raíz de las reformas derivadas de la ley 1969, los esfuerzos de la
División de Organización y Métodos de la Secretaría General se concentran en el cambio de los
procedimientos administrativos a nivel operacional en ciertos sectores de la administración pública. Para
ello, se intentan introducir técnicas menos rígidas y formales, que las tradicionalmente aplicadas, basadas en
estudios previos y en el tratamiento de situaciones particulares. Las políticas administrativas deberían haber
estado fijadas por la Comisión Interministerial. Se buscó así darle ingerencia a los órganos elaboradores de
políticas sustantivas.
En la etapa del Gral. Lanusse, el gobierno es de signo liberal en lo político y lo económico. Intenta a
perpetuarse mediante el Gran Acuerdo Nacional (GAN) y desafía a Perón a regresar. Nombra a Mor Roig, un
radical, en Interior, para pergeñar el proceso electoral y se inicia un diálogo con Perón.
En materia económica retrocede en muchas medidas tomadas por Ferrer y vuelve a favorecer los
intereses ganaderos.
En materia administrativa, se deja de lado todo intento de realizar una política administrativa coherente.
Se mantiene la centralización de la aprobación de estructuras en Presidencia.
En materia de designación de personal se produce una frondosa, cambiante y contradictoria legislación.
Finalmente se aprueba el Estatuto del Personal Civil de la Nación.
El 22 de febrero de 1973, el decreto 1428 aprueba un escalafón general que no llega a aplicarse por ser
derogado el 14 de junio del mismo año por decreto 255. Desde entonces es posible efectuar designaciones
y ascensos sin concurso y en cualquier categoría de las que integran la escala jerárquica. En este año se dicta
la ley 20.172 que establece un nuevo estatuto para el personal civil de la administración pública, pero luego
dicha ley es derogada.
Por último, y dentro del marco de decisiones inorgánicas que responden a necesidades de coyuntura se
crea el INAP, en la órbita de Presidencia de la Nación, con la intención de reavivar el antiguo ISAP, aunque
con funciones restringidas. Este organismo sólo funcionará después del cambio de gobierno.
De esta etapa, cabe señalar que se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo referido a la
reforma administrativa, donde se elabora un diagnóstico y cursos de acción que difieren e innovan respecto
de las concepciones que se habían manejado hasta entonces.
En síntesis, en este período pueden distinguirse dos etapas desde el punto de vista de las políticas
administrativas.
En la primera, el sector público es objeto de esfuerzos explícitos de modificación acorde con los fines de
las políticas económicas de estabilización, frente a la crisis cíclica de la economía argentina, tratándose de
reducir gastos improductivos.
La ejecución del “Plan de Reordenamiento y Transformación Racional de la Administración Pública” se
caracterizó por una tendencia formalista que procuró realizar los cambios a través de instrumentos
reglamentarios de aplicación general en el diseño de organigramas, dotación de personal, etc.

20
No se tienen en cuenta la peculiaridad de situaciones a que se aplican. El producto a veces fue una
multiplicación de normas que generó una mayor ineficiencia.
En la segunda etapa, a raíz de los conflictos sociales, se abandonan paulatinamente los esfuerzos
orgánicos en materia administrativa para dar lugar a medidas inarticuladas que reflejan respuestas a
necesidades del momento o presiones políticas.

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H) LA SEGUNDA ETAPA PERONISTA
Durante el gobierno de Cámpora (25 de mayo al 13 de julio de 1973), se nombró como Ministro de
Economía a José Ber Gelbard, presidente de la Confederación General Económica, que procuró establecer un
pacto social entre la CGT, el empresariado nacional y el Estado, lo que incluía un aumento de salarios y el
congelamiento de precios. Se retornó a los lineamientos económicos de los anteriores gobiernos de Perón,
con un rol activo del Estado, con políticas de defensa del interés nacional, y de distribución del ingreso a favor
de los trabajadores. Los crecientes conflictos y los hechos de Ezeiza hacen que Cámpora deba renunciar, hay
un interinato de Lastiri, que se llama a elecciones donde triunfa ampliamente el Gral. Perón.
En materia de administración pública, en agosto del año 1973, durante la presidencia de Héctor
Cámpora, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), creado mediante el decreto-ley 20173/73,
se transfiere de la Secretaría General de la Presidencia de la República a la jurisdicción del Ministerio de
Economía. En el mes de octubre se crea la Comisión Asesora de Organización Administrativa, dependiente
del Ministerio de Economía; cuyo propósito es asegurar un cuerpo normativo que coordine y supere las
dificultades vinculadas con la racionalización de las estructuras de los ministerios.
EL TERCER GOBIERNO DEL GRAL. PERÓN (1973-1974)
Perón asume su tercer mandato, con un buen diálogo entre los partidos políticos y el acuerdo Peron–
Balbín, pero en medio de grandes conflictos, tanto en el ámbito internacional como en el interno, y en el
seno del propio gobierno (López Rega, derecha; Gelbard, izquierda) y del movimiento peronista entre sus
alas (Derecha López Rega e izquierda Montoneros) y sectores (sindical y político) así como diversas
agrupaciones.
La guerrilla no cesa pese a haber ahora un gobierno democrático y popular. Se producen, entre otros los
asesinatos de Rucci, Secretario General de la CGT, y el del Padre Mujica.
La política económica retoma la senda de las nacionalizaciones y de la búsqueda de mejora en la
distribución del ingreso a favor del trabajo buscando el ideal del 50% para el trabajo, 50% para el capital. Se
promueve una política de búsqueda del pleno empleo.
Se nacionalizan algunos bancos extranjeros y los depósitos bancarios y se otorga a las juntas de carnes
y cereales el control del comercio exterior y se fijan precios máximos para artículos de primera necesidad, y
se implementa la ley de abastecimiento.
Se afronta la crisis del petróleo. Para reducir su consumo se reglamenta la circulación de chapas pares e
impares en días alternados. Se inicia Yaciretá, se plantea el gasoducto con Bolivia.
Se expande la frontera agropecuaria, introduciendo la soja transgénica. Se fortalece el desarrollo de la
industria nacional, algunas básicas como el aluminio y otras de punta como la electrónica.
El Presidente desarrolla un proyecto denominado “Modelo Nacional” que expondrá en la asamblea
legislativa del 1 de mayo de 1974.
Se desarrolla el Plan Trienal de gobierno, volviéndose así a la experiencia de los planes quinquenales. En
diciembre de 1973, Perón, refiriéndose al Plan Trienal, marca los puntos básicos de su proyecto:
1. La plena vigencia de la justicia social.
2. Una fuerte expansión de la actividad económica.
3. Una alta calidad de vida.

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4. La unidad nacional.
5. La democracia real.
6. La recuperación de la independencia económica.
7. La integración latinoamericana.
También en este gobierno se formula una postura de avanzada en la temática de la defensa del medio
ambiente.
Se crea la Corporación de Empresas Nacionales para conducir y planificar las empresas públicas. Las
empresas del Estado vuelven a adquirir un rol protagónico y es de destacar la experiencia de cogestión obrera
en los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) con Juan José Taccone, dirigente del Sindicato de
Luz y Fuerza.
Se propone introducir técnicas modernas de gestión. Se intenta montar un sistema de control de
gestión. Se crea la Corporación de Empresas Nacionales como órgano de programación y control de gestión
de las Empresas del Estado.
En febrero de 1974, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el decreto 574 crea el Consejo Nacional
para la Reconstrucción Administrativa (CONARA), que depende de la Presidencia de la Nación y tiene como
misión coordinar, propiciar y ejecutar todas las medidas tendientes a reorganizar la administración pública
sobre la base de las pautas del Plan Trienal.
Con María E. Martínez (Isabelita) (1974-1976), el gobierno se derechiza. Aumenta la influencia de López
Rega y las acciones de la Triple A, que comienzan su raid delictivo y represor con la muerte de Rodolfo Ortega
Peña y continúan con una larga lista, Troxler, Curuchet, López, Varas, Silvio Frondizi, etc.
El gobierno de Isabel adopta al inicio unas primeras medidas como la nacionalización de las bocas de
expendio de combustibles, la argentinización de Standart Electric; Siemens y la Cía. Argentina de Electricidad.
La crisis del petróleo produce un fuerte deterioro de los términos de intercambio, se encarecen las
importaciones de insumos, se reducen nuestras exportaciones, algunas a valor cero, como la carne, por
políticas del MCE. Se pierden reservas:
Renuncia Gómez Morales y asume Celestino Rodrigo como ministro de economía de la Nación. Devalúa
un 160% recayendo la crisis sobre los que menos tienen. La nafta incrementa su precio en un 180%.
En forma paralela al ajuste económico conocido como “Rodrigazo”, se fijan las pautas de un Programa
de Racionalización y Austeridad de la Administración Nacional, entre las cuales se encuentran:
a) Evitar la acumulación de cargos.
b) Organizar un servicio de transferencia y redistribución de personal.
c) Prohibición de prorrogar adscripciones y comisiones de personal del ámbito del Poder Ejecutivo.
En esta tercera etapa peronista, el Plan Trienal le asigna al Estado un rol importante como regulador de
la conducta de los agentes económicos y de la comunidad en su conjunto.
El nuevo rol otorgado al Estado introduce nuevas demandas y exigencias sobre su aparato
administrativo; como son las de llevar adelante la política de concertación, la de precios administrados, que
este no se encuentra preparado para hacer frente.

23
De hecho los organismos para la reforma administrativa se encuentran dispersos y sin el suficiente poder
político.
1. La Dirección de Políticas Administrativas depende de la Secretaría de Programación y Coordinación
Económica y tiene a su cargo la aprobación de estructuras, sin que haya variado sustancialmente su eficiencia
respecto de cuando se encontraba en Presidencia.
2. El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), de igual dependencia que la anterior, realizó
algunas funciones de capacitación e investigación poco relevantes, en una primera etapa, hasta que se
sumerge en una inoperancia total.
3. En la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, en una primera época, se intentó implantar un
sistema de control de gestión, siendo luego disuelto.
4. Por el lado de las empresas públicas, se creó la mencionada corporación que no llegó a convertirse en
un órgano de programación y control de gestión por el poder y la autonomía de las propias empresas,
limitándose a ser un ente administrativo.
Finalmente, como organismo de conducción del proceso de transformación de la administración, se crea
el CONARA (Consejo Nacional para la Reconstrucción Administrativa) también de breve existencia y poca
efectividad.
Se observa, entonces, que los organismos creados en esta primera etapa tienen un grado alto de
dispersión y escasa repercusión.
Luego, los conflictos suscitados hacen que nuevamente se vuelva a dejar de lado toda preocupación por
las políticas administrativas.

24
I) EL PROCESO. LA DICTADURA GENOCIDA (1976-1983)
El golpe se había estado preparando y apenas efectuado, el 24 de marzo de 1976, asume Videla y el
Estado se organiza como un gran aparato represor y genocida. Inmediatamente, grupos de tareas comienzan
el secuestro y asesinato de personas que se extendió por años y que según la CONADEP ascendió a 30 mil
personas entre el 76 y el 82. El esclarecimiento se debió a la heroica lucha de las Madres de Plaza de Mayo.
Tampoco se salvaron de esta salvaje represión miembros de la Iglesia como Mons. Angelelli o la
comunidad palotina o las monjas francesas, secuestradas por Astiz, para mencionar sólo algunos ejemplos.
Hubo autoridades eclesiásticas que apoyaron este proceso, como Bonamin, Aramburu, Medina, entre otros;
otras fueron condescendientes y pasivas, pero otras denunciaron este proceso, como por ejemplo, De
Nevares, Hesayne, Novak.
Cierra la actividad política, y disuelve casi 50 agrupaciones político-sindicales, sociales y universitarias.
Interviene la Confederación General del Trabajo, la Confederación General Económica y las 62
Organizaciones, interviene muchos sindicatos, pero suspendiendo también los fueros sindicales a los
dirigentes y el derecho de huelga.
Mientras las FF.AA. instauran el terrorismo de Estado, Martínez de Hoz ajusta la política económica hacia
los intereses del sistema financiero y en particular hacia su grupo de amigos. Liquida 25 entidades financieras
de grupos antagónicos a las finanzas tradicionales. Muchos empresarios son secuestrados o amenazados
para hacerse de sus empresas y bancos, o transferir sus negocios a grupos tradicionales, como por ejemplo,
la quiebra de Sasetru, a favor de Bunge y Born.
La famosa tablita fomenta el ingreso de capitales especulativos. Se cierran industrias y aumenta el
desempleo y baja notoriamente a la mitad la distribución del ingreso de 38,8 % en 1976 a 17,9 % en 1978.
Recibe apoyo financiero del FMI y de Rockefeller. De este último también recibe reiteradas manifestaciones
de apoyo político cuando arrecian las críticas contra él en el seno de las FF.AA.
Martínez de Hoz expresa claramente su programa en su discurso del 5 de diciembre de 1979 en bolsa
de comercio, donde enumera las libertades de cambios, comercio, precios, importaciones, exportaciones,
tasas de interés, arrendamientos urbanos y rurales. Afirma su reforma financiera, quita de subsidios a
combustibles y tarifas, suprime el proteccionismo y deja el salario al libre juego de la oferta y la demanda,
destruyendo las negociaciones colectivas.
En el mes de julio de 1976, se crea la Comisión Permanente de Racionalización Administrativa (COPRA),
integrada por represen tantes de varios ministerios y presidida por el Subsecretario de Asuntos
Administrativos de la Presidencia de la Nación. Esta Comisión realiza estudios de aproximación al tema en
cuestión y define a la reforma administrativa como un proceso permanente y sistemático de mejoramiento
administra tivo que, teniendo en cuenta la situación existente, trata de perfeccionar las organizaciones
estatales.
A fines de 1976, los representantes de los gobiernos provinciales y del Instituto Nacional de la
Administración Pública acuerdan crear el Sistema Nacional de Capacitación (SNC) definido como una
instancia organizativa que tienda a la utilización óptima de los recursos humanos y materiales, con
independencia de la jurisdicción y pertenencia, para la formación por desarrollo de los funcionarios de la
administración pública.
Por iniciativa de la COPRA, en 1977 se efectúa el Censo General de Estructuras Orgánicas y el Censo del
Personal Civil de la Administración Pública Nacional, con la intención de actualizar permanen temente sus
datos.

25
El 26 de agosto de 1977 se crea el Sistema Nacional de la Reforma Administrativa (SNRA) mediante la
sanción de la ley 21.630; cuyo objetivo general es el de “obtener, mediante una reforma integral, una
administración pública eficiente y dinámica, adecuada permanentemente a las necesidades del Estado”. Este
sistema se estructura mediante una unidad central, unidades sectoriales y sub-unidades.
Por el decreto 3981, del 29 de diciembre de 1977, se organiza la Subsecretaría de la Función Pública,
bajo la dependencia directa de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, y se constituye en la
Unidad Central de Reforma Administrativa. Las direcciones generales de políticas administrativas,
organización y sistemas, servicio civil y del registro automático de datos integran dicha Subsecretaría. Por
otra parte, la Unidad Central participa en la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector público.
A su vez en cada ministerio del Poder Ejecutivo Nacional se constituye una unidad sectorial que depende
directamente de cada ministro y mantiene una relación técnico-funcional con la Unidad Central. Estas
unidades sectoriales se dividen en tres áreas básicas: organización y sistemas, recursos humanos y
capacitación.
El Instituto Nacional de la Administración Pública tiene asignada dos actividades específicas en este
período:
a) Mejorar el nivel de los agentes y funcionarios públicos y lograr que se conviertan en agentes activos
del cambio a introducir.
b) Efectuar un diagnóstico permanente que permita un mejor conocimiento de la administración
pública, a través del empleo de métodos científicos de investigación social.
A través del decreto 1396 del 12 de junio de 1979 se crea el Sistema Automático de Información de la
Función Pública (SAIFP), con el propósito de que el Poder Ejecutivo Nacional disponga, para la toma de
decisiones, de información completa y oportuna en materia de recursos humanos y estructuras orgánicas de
la Administración Pública Nacional.
La ley 22.140, del 18 de enero de 1980, constituye el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, con
el cual se persigue establecer los derechos y deberes del agente público, así como los mecanismos
fundamentales de la administración del personal del Estado. Su artículo 16 fija que la estabilidad es el
derecho del personal permanente a conservar el empleo y el nivel escalafonario alcanzado, así como también
la permanencia en la zona en que desempeñe sus funciones, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan; por otra parte, esta ley establece las condiciones para adquirir este derecho. El decreto 1797, del
1 de septiembre del mismo año, que reglamenta la ley mencionada anteriormente, puntualiza que la
estabilidad no es extensiva a la función que desempeña el agente.
En marzo de 1981, asume la presidencia de Viola, sin grandes diferencias con el primero, pero con cierta
apertura al diálogo con las agrupaciones políticas que ya se habían manifestado en marzo del 80, reclamando
el retorno a la democracia en plazo cierto y sin proscripciones ni condicionamientos. Son estas fuerzas
multipartidarias: el Partido Justicialista, el Intransigente, Conservador Popular y Demócrata Cristiano. Se
suma a esto la lucha incesante de las madres y la reaparición de los gremios combativos.
El ministro de economía Sigaut intenta superar la tablita anterior, eliminar el cepo y el peso
sobrevaluado. Pero la especulación continúa y los créditos indexados se tornan impagables para muchos
deudores.
Mediante el decreto 1063 del año 1981, se crea la Comisión de Estudio sobre los Organismos del Área
Descentralizada de la Administración Pública Nacional, encargada de formular propuestas tendientes a su

26
supresión, privatización, transferencia a provincias o municipios, centralización o mantenimiento del estado
actual, de acuerdo con los estudios que realice.
Durante este período se avanza en materia de estructuración de un sistema de formación de recursos
humanos y capacitación en el sector público; se desarrollan estudios por parte del INAP, se crea un sistema
informativo permanente, se establece el régimen jurídico básico de la función pública y se crean organismos
que institucionalizan el proceso de reforma administrativa, y la preocupación por la función pública.
Los militares le critican a Viola su tibia apertura, lo obligan a declararse enfermo y lo sucede Galtieri.
El 11 de diciembre de 1981 Galtieri designa a Roberto Alemann en economía, es un retorno a los
enfoques de Martínez de Hoz.
El apoyo de la marina a Galtieri para su asunción es condicionado por Massera a la recuperación de
Malvinas. La recuperación se inicia el 2 de abril. Es de destacar la solidaridad latinoamericana en la guerra.
La derrota en manos de la OTAN y el apoyo logístico de EE.UU. termina con el gobierno de Galtieri. El informe
Rattenbach da cuenta de los gravísimos errores estratégicos, tácticos y organizativos de las FF.AA.
Bignone asume como presidente el 1 de julio de 1982, su ministro de economía es Dagnino Pastore,
parte del sistema financiero y Director de FIEL. Luego de dos meses es reemplazado por Wehbe, afín a los
monopolios externos, y aparece Cavallo presidiendo el banco central, desde donde estatizaría 15 mil millones
de deuda externa privada, favoreciendo al gran capital vernáculo y externo. Crece la inflación y la deuda
externa.
En 1982, las Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones populares realizan la marcha por la vida
con más de 10 mil asistentes.
La multipartidaria exige elecciones libres, limpias y sin proscripciones.

27
J) EL REGRESO A LA DEMOCRACIA. GOBIERNO DEL PRESIDENTE ALFONSÍN (1983-1989)
El 30 de octubre de 1983 triunfa el Dr. Raúl Alfonsín, recuperándose nuevamente la democracia perdida.
Se juzgan las juntas militares y se crea la CONADEP (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de
Personas). La preside el escritor Ernesto Sábato y la integran, entre otras personalidades el Obispo Jaime De
Nevares. Se procesan las Juntas y se las condena en diciembre del 85. Pero luego, en el 87, ante las presiones
castrenses, a los grados inferiores se les otorga el beneficio del “punto final que debía cumplirse en enero y
febrero del 87, no pudiendo abrirse nuevos procesos posteriormente. Las citaciones a carapintadas produjo
un levantamiento en Pascua. Alfonsín obtiene todo el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas y se logra
superar momentáneamente el conflicto con la ley de obediencia debida.
Su primer ministro de economía, Bernardo Grinspun, es una expresión de las Pymes. Se enfrenta a los
sectores financieros y finalmente es desplazado. Asume Juan V. Sourrouille. Se acuerda con los bancos, el
FMI y la Reserva Federal. Se inician ajustes, especialmente en busca de detener la inflación. Lanza el Plan
Primavera. El gasto público era superior a los ingresos, en especial por los servicios de la deuda externa, la
promoción industrial, la caja PAN y otros planes sociales. A Sourrouille lo reemplazan Juan Carlos Pugliese
primero y Jesús Rodríguez luego, sin lograr encauzar el rumbo.
En 1988 se dispara el proceso inflacionario convirtiéndose en hiperinflación en 1989.
En el 87 triunfa nuevamente el peronismo, con Cafiero, en la Provincia de Buenos Aires.
En materia de empresas del Estado se inicia un intento privatizador de la mano de Terragno,
comenzando por Aerolíneas Argentinas, pero sin resultados concretos.
En materia de gestión pública, en diciembre de 1983 la Subsecretaría de la Función Pública, creada en
1977, se eleva a la jerarquía de Secretaría.
A través del decreto 3687, del 23 de noviembre de 1984, el gobierno del presidente Raúl Alfonsín crea
el Cuerpo de Administradores Gubernamentales, el cual se refiere a la selección, formación y carrera de los
funcionarios de más alto nivel. Para ello se inspiran en el modelo francés. Está orientado a lograr cambios en
tales aspectos con la finalidad de incrementar la eficiencia, la actitud de servicio y el compromiso de los altos
funcionarios con la forma republicana y democrática de gobierno.
Dicho Cuerpo se constituye con aquellos que aprueben un curso de 30 meses dictado por el INAP. Sus
integrantes están destinados a cumplir funciones de conducción, asesoramiento superior o de coordinación
en organismos centralizados y descentralizados de la administración pública. Con todo ello se persigue
profesionalizar la función pública.
El empleo público en Argentina crece un 7% entre 1983 y 1985. El gobierno aborda el crecimiento del
empleo público sobre la base de una política de estabilización sin prescindibilidades y el Poder Ejecutivo crea
un punto de inflexión en la tendencia creciente del empleo público, en el período septiembre-octubre de
1985, al decretar el congelamiento de vacantes; sin embargo, los esfuerzos del gobierno comienzan a
traducirse en una progresiva reducción del empleo.
En cuanto a la situación salarial se distinguen dos dimensiones:
a) La dispersión salarial existente entre los funcionarios de las distintas áreas de la Administración
Pública Nacional (más de 150 escalafones distribuidos entre 250 organismos).
b) El retraso salarial respecto de la actividad privada que dificulta la retención del personal altamente
calificado y la atracción de nuevos recursos con ese nivel de formación.

28
En noviembre de 1986 se toman medidas para definir la estrategia salarial para el sector público, a través
de los decretos 2192 y 2193. Se intenta homogeneizar los salarios de los trabajadores estatales y mejorar los
ingresos de aquellos que se encuentran más rezagados. Se reduce la dotación de personal a través de cuatro
mecanismos; la supresión de cargos vacantes, la recomposición salarial neta, el retiro voluntario y la
unificación de horarios.
El decreto 333/1985 desarrolla la normativa homogénea para el diligenciamiento de actos
administrativos en la administración pública nacional, pero en un marco de gestión pública tradicional. No
hay mención a resultados, eficiencia o eficacia.
Mediante el decreto 410 del 19 de marzo de 1987 se crea la Comisión de Reforma Administrativa en la
que participan los grandes decisores conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de
crear un ámbito donde los principales responsables discutan las políticas a ejecutar y se comprometan en la
consecución de los resultados buscados con la implementación de un programa de reforma administrativa
diseñado, propuesto y dirigido por la comisión citada. El artículo 13 deroga el decreto 3981 del 29 de
diciembre de 1977.
En 1987 se abandona el plan de confeccionar un escalafón único para toda la administración pública y
se le reemplaza por la realización de escalafones diferenciados con capacidad de adaptación a la especificidad
organizativa de las distintas unidades y en coherencia con el núcleo tecnológico de los productos principales.
El 30 de diciembre de 1987, el decreto 2098 aprueba el Estatuto y el Escalafón para el Cuerpo de
Administradores Gubemamentales, con la finalidad de asegurar la estabilidad en el empleo y el desarrollo de
una carrera administrativa acorde con la importancia de las funciones a cumplir por el Cuerpo señalado.
El decreto 954 del 3 de agosto de 1988 crea el Comité Político de Reforma Administrativa que tiene a su
cargo el seguimiento y profundización del programa de reforma administrativa; dicho comité se encuentra
bajo la jurisdicción de la Presidencia de la Nación. El artículo 8 deroga el decreto 410 del 19 de marzo de
1987.
Dos son las grandes preocupaciones durante este período:
a) la formación de un cuerpo de administradores gubernamentales y,
b) la problemática salarial de sector.
El debate sobre la descentralización y las privatizaciones transita otro andarivel distinto del de la
Secretaría de la Función Pública, se instala en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el Ministro
Terragno. Se comienza con privatizaciones periféricas o subcontratación de ciertos aspectos secundarios de
un servicio o empresa pública, como por ejemplo en la DN de registros de la propiedad automotor. También
en esta etapa se re privatizaron empresas como SIAM, Opalinas Hurlingham, Sol Jet y se intentó una
privatización parcial (40%) de Aerolíneas Argentinas, y de ENTEL, y se desregulan parcialmente servicios
públicos para buscar que privados ingresen a competir con el Estado en la prestación de los mismos, todo
esto sin mucho éxito.
El fracaso del Plan Austral lleva a decretar varias emergencias económicas, entre ellas la del sistema
previsional.
En 1988 se acordó un pacto federal entre la Nación y las provincias por el cual el Estado Nacional
incrementaba su participación en la coparticipación de impuestos (coparticipables) a casi el 50% y se
beneficiaba a las provincias menos desarrolladas y más pobladas en detrimento de otras como la Provincia
de Buenos Aires.

29
K. LAS REFORMAS DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PRESIDENTE MENEM
Menem asume en plena crisis hiperinflacionaria. Se hace asesorar por empresarios y designa a miembros
de Bunge y Born al frente de economía. El primero, Roig, muere a los pocos días de un infarto y el segundo
fracasa antes de fin de año. Menem nombra a su contador Erman González, quien hace un plan de ajuste y
logra la primera estabilización. Cavallo ya está en Relaciones Exteriores preparándose para asumir el
Ministerio de Economía, cosa que logra en enero de 1991, cuando lanza la convertibilidad.
LA PRIMERA REFORMA DEL ESTADO DEL PRESIDENTE MENEM
En consonancia con el consenso de Washington4 y las políticas desregulatorias de Reagan y Thatcher,
bajo el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, en medio de la situación de hiperinflación y crisis que
había obligado al Presidente Raúl Alfonsín a renunciar antes de la finalización de su mandato, el Poder
Ejecutivo envió en 1989 al Congreso de la Nación las llamadas leyes de Emergencia Económica y la de Reforma
del Estado, que constituyeron las bases para las políticas de organización del Estado y las políticas
económicas.
Sus objetivos fueron: a) desregular la economía, b) privatizar las empresas estatales, c) reformar la
administración pública y d) transferir servicios públicos sociales en especial de salud y educación a las
provincias, esto último realizado muchas veces sin la correlativa transferencia de partidas presupuestarias,
lo que agravaría el déficit de las jurisdicciones provinciales.
LA LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley –sancionado el 1 de septiembre de 1989 bajo el
nombre de Ley de Emergencia Económica (ley 23.697)– cuyo eje central respondía a la necesidad de superar
la crisis fiscal del Estado.
La primera medida autorizada por esta ley se refiere al “ejercicio del poder de policía de emergencia del
Estado” (art. 1), para llevar a cabo las siguientes medidas:
• Suspensión de subsidios y subvenciones: Se incluyeron los beneficios que se hacían efectivos mediante
la asignación de dinero; transmisión de bienes y/o uso de bienes; remisión o diferimiento de deudas;
reducción o eximición del precio de las tarifas de servicios públicos; otorgamiento de beneficios especiales
en cualquier servicio público; eximición, reducción, desgravación o diferimiento de impuestos, tasas y
contribuciones.
• Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Posteriormente se aprobó
su reforma, que establece la independencia del funcionamiento del Banco y la designación de sus autoridades
mediante la aprobación del Senado de la Nación. El Banco Central debe preservar el valor de la moneda según
lo establece la Ley de Convertibilidad de la Moneda. No puede financiar a la Nación ni a las provincias y regula
el funcionamiento de la masa monetaria y del sistema financiero.
• Suspensión de los regímenes de promoción industrial: Se estableció la suspensión en un 50% y por el
plazo de 180 días (prorrogado posteriormente) de beneficios promocionales geográficos y sectoriales.
• Modificación a la Ley de Inversiones Extranjeras: Se derogaron aquellas normas de la ley 21.382 del
año 1980 “por las que se requiere aprobación previa del Poder Ejecutivo Nacional o de la autoridad de
aplicación para las inversiones de capitales extranjeros en el país”. Propicia, además, la garantía de igualdad
de tratamiento para el capital nacional y extranjero que se invierta con destino a actividades productivas.

30
• Suspensión del régimen de “Compre Nacional”: Se suspendieron los regímenes establecidos por el
decreto 5340/63 y la ley 18.875 y toda otra norma que establezca un tratamiento preferencial sobre los
bienes fabricados por la industria nacional.
• Desafección de fondos con destino específico: A partir de la vigencia de esta ley se desafecta la
recaudación total de los fondos con destino específico previsto en las leyes 15.336, 17.597, 19.287, 20.073 y
decreto 22.389/45, creador del Fondo Nacional de la Energía. Respecto de los recursos del Fondo Nacional
de la Energía, Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, Fondo Chocón-Cerros Colorados, y Fondo Nacional de
Grandes Obras Eléctricas se establece que el 50 % sea girado a Rentas Generales y el resto contribuya a la
constitución de un Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior.
• Modificación en la liquidación de las regalías petroleras y gasíferas: Para las liquidaciones sucesivas a
la vigencia de esta ley, el valor “boca de pozo” (...) “no podrá exceder al del precio del petróleo internacional
que le sirve de referencia (...) ni ser inferior al 80 % de dicho precio”. Para la determinación del precio de
referencia del gas natural, se utilizará el 70 % del valor que resulte de equiparar, a equivalencia calórica, el
determinado para el petróleo.
• Régimen de compensación de créditos y deudas de particulares con el Estado Nacional y cancelación
de sus saldos netos: El Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer regímenes generales o especiales para
“determinar, verificar y conciliar el monto de las acreencias y deudas de particulares con el Estado nacional
en su conjunto”.
• Régimen de compensación de créditos y deudas del sector público: el Poder Ejecutivo se reserva las
facultades para la compensación de deudas y créditos del Tesoro Nacional al 30 de junio de 1989.
• Normas de tratamiento de la Deuda Pública Interna. Se determinó el alcance de la voluminosa deuda
interna en materia del sistema previsional, la deuda con los proveedores y contratistas del Estado, del sistema
de Reaseguros del INDER, de las deudas por juicios laborales de organismos y empresas estatales, de deudas
cruzadas entre las provincias entre y con el Estado nacional.
• Modificaciones sobre la ley de procedimientos impositivos y de Reforma Fiscal. Se realizaron
numerosas modificaciones a las leyes fiscales. Se eliminó una numerosa serie de impuestos y se centró el
sistema en la recaudación del IVA y del impuesto a las Ganancias, entre los más importantes.
Venta de inmuebles innecesarios para la gestión estatal. El Ministerio de Economía tiene a su cargo la
venta o transferencia de los inmuebles que los distintos organismos públicos y empresas del Estado declaran
prescindibles para su gestión. La mayor parte proviene de las empresas privatizadas o concesionadas. Se han
transferido inmuebles a organismos nacionales, provincias y municipios. Esta política aún continúa en marcha
y se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda.
En materia de procedimientos administrativos, el decreto 1883, de 1991, innova respecto del de Alfonsín
(333/1985) comenzando a desvincular el proceso del paradigma burocrático tradicional y señalando que “los
trámites administrativos deben efectuarse con celeridad, economía, sencillez y eficacia”, y más adelante que
los retrasos afectan los derechos de los ciudadanos y el sistema de garantías de la constitución. Entre otros
aspectos, dispone la creación de la Secretaría General, como cabeza y administradora de los trámites
administrativos en cada jurisdicción. El establecimiento del concepto de responsabilidad primaria en
unidades que encabezan un acto administrativo, un sistema radial para el trámite de las actuaciones
administrativas y fijación de plazos, y busca terminar con el sistema abusivo de pases de las actuaciones, sin
contenido, sustancia o agregado de valor, que lo único que buscaban era demorar el trámite o eludir la
responsabilidad sobre el mismo. El cumplimiento de este decreto fue dispar en distintas áreas de gobierno.

31
En unos casos se lo ignoró, y en otros se crearon secretarías generales, pero de un carácter más político que
las funciones que preveía el mencionado decreto.
LA LEY DE REFORMA DEL ESTADO
El objetivo central planteado en los fundamentos de la ley es la reestructuración global del aparato
estatal, priorizando la configuración de un Estado que garantice las funciones esenciales indelegables
(Justicia, Seguridad Interna, Defensa Exterior, Relaciones Exteriores y Administración) y que atienda en
concurrencia con el sector privado “la seguridad social, la educación y la salud”.
También se afirma que “la presencia del Estado en cada tipo de actividad deberá justificarse
adecuadamente según el principio de la subsidiariedad”.
En cuanto a la Reforma Administrativa se propugna el desarrollo de una gestión pública moderna y
eficiente, fundada en la reducción y simplificación de normas y procedimientos y la incorporación de nuevas
tecnologías de gestión administrativa.
Se postula, además, la necesidad de incrementar la eficiencia en las áreas responsables de la
recaudación fiscal y la administración del gasto y la remoción de un conjunto de regulaciones que restringen
la competencia y el desarrollo de los mercados, así como la capacidad del propio Estado para generar ingresos
genuinos de manera eficiente.
Uno de los objetivos básicos del gobierno fue la reestructuración y reconversión de empresas “a fin de
que las iniciativas privadas puedan absorber todas aquellas actividades que ellas puedan efectuar, en el
campo de los servicios públicos y actividades comerciales e industriales”.
En este sentido, la Ley de Reforma del Estado se constituyó en el marco de referencia normativo básico
instrumentado por el gobierno donde –fundamentalmente– quedan postuladas las modalidades y
condiciones de acceso del sector privado para la compra y/o concesión de activos estatales.
En el Capítulo II, titulado De las privatizaciones y participación del capital privado, quedan establecidos
los procedimientos para la privatización total o parcial de empresas, sociedades, establecimientos o
haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado nacional, incluyendo las
empresas emisoras de radiodifusión y canales de televisión.
Como primer paso, el Poder Ejecutivo Nacional debe declarar “sujeta a privatización” a estas entidades
“debiendo en todos los casos ser aprobada por ley del Congreso”. También se consigna que el Poder Ejecutivo
Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, “la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas
monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aun cuando derivaren de normas legales, cuyo
mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación
del respectivo servicio”.
Las empresas podrán someterse a su “privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de
servicios”, o bien podrá ofrecerse al sector privado prestaciones u obras cuya gestión actual se encuentre a
cargo del Estado, sin descartarse, además, “la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o
haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional”.
Como alternativas de procedimientos para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta ley, el Poder
Ejecutivo podrá (art. 15):
1. Transferir la titularidad, ejercicio de derechos societarios o administración de las empresas,
sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas “sujetas a privatización”.
2. Constituir sociedades y/o reformar los estatutos societarios.

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