El mapa latinoamericano está en pleno proceso de cambio. Nuevas territorialidades se reconfiguran afectando principalmente a comunidades indígenas, alrededor 671 pueblos según las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que van desde el río Bravo hasta la Patagonia. Este redimensionamiento político, social y económico del territorio esta ocurriendo acompañado de un sin fin de conflictos y turbulencias sociales en todo el continente.

1. América Latina y nuevas territorialidades
Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi. Red Latina sin Fronteras
El mapa latinoamericano está en pleno proceso de cambio. Nuevas
territorialidades se reconfiguran afectando principalmente a
comunidades indígenas, alrededor 671 pueblos según las estadísticas
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que van
desde el río Bravo hasta la Patagonia. Este redimensionamiento
político, social y económico del territorio esta ocurriendo acompañado
de un sin fin de conflictos y turbulencias sociales en todo el
continente.
En el año 2000 el Consejo Nacional de Inteligencia, organismo de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), previó
este escenario en un informe llamado Tendencias Globales 2015:
«Los movimientos indígenas en resistencia en Latinoamérica serán
uno de los principales desafíos para los gobiernos nacionales en los
próximos 15 años». De la misma forma afirmaba que «los
movimientos se incrementarían, facilitados por redes transnacionales
de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos
internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados».

2. A más de una década de este informe, los movimientos indígenas en
resistencia se han agudizado, como había sido previsto. Lo que no
proyectó dicho documento son los factores del porque aumentarían
estos movimientos.
El reordenamiento del territorio ha desdibujado las fronteras en
términos económicos y políticos con proyectos continentales como el
Proyecto Mesoamérica —antes llamado Plan Puebla Panamá— y la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA), ejecutados desde el año 2000, por mencionar
algunos. Entre otros objetivos, esta la construcción de redes de
transporte, telecomunicaciones, presas hidroeléctricas, parques
eólicos, y energía en general, así como Parques Nacionales, Áreas
Nacionales Protegidas, Patrimonio de la Humanidad, Áreas de
Conservación Transfronterizas, Parques Transnacionales —también
llamados Parques para la Paz—, Corredores Ecológicos o Biológicos y
las redes de Áreas Protegidas.
«Cuando pensamos en IIRSA estamos hablando de líneas de
comunicación, de canales de paso que van atravesar 20 mil
kilómetros, que es toda la Amazonia, es una línea de penetración a
territorios muy recónditos que no habían sido alcanzados, de donde
se va a extraer lo que aun no había sido extraído», afirma en
entrevista Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio
Latinoamericano de Geopolítica, al considerar al Proyecto
Mesoamérica y al IIRSA como parte de la misma estrategia de
reordenamiento del territorio.
De acuerdo con la investigadora, cuando vemos el diseño de los
proyectos, son estratégicos, incluso en la forma en como lo manejan
los gobiernos progresistas, quienes ofrecen la IIRSA como una
oportunidad para el desarrollo.

3. IIRSA lo que va hacer es disciplinar mas a los gobiernos locales,
porque está marcado por el mercado mundial, son 500 empresas
transnacionales que producen el 50% del PIB mundial. Cuando uno
ve el diseño de IIRSA y los proyectos de estas empresas, van juntos,
las rutas de comunicación son para la circulación de mercancías,
materias primas y energéticos.
Lo que vive América Latina es un nuevo colonialismo basado en la
apertura de nuevos caminos que posibiliten el extractivismo. «El
capital necesita reordenar el territorio —considerado este como una
construcción histórica social— para continuar con su reproducción,
tanto material como de relaciones de poder, de acumulación de
capital y de ganancias. Este ordenamiento es para tener acceso a
mayor escala a cierto tipo de materiales de la tierra», evalúa Ceceña.
El parque eólico propiedad de Gas Natural Fenosa, que utiliza el
nombre Biìo Hioxo Energía, continúa su avance en tierras comunales,
donde existen centros ceremoniales sagrados en Zaragoza Juchitán
de Oaxaca. Fotografía: Santiago Navarro
El parque eólico propiedad de Gas Natural Fenosa, que utiliza el
nombre Biìo Hioxo Energía, continúa su avance en tierras comunales,
donde existen centros ceremoniales sagrados en Zaragoza Juchitán
de Oaxaca. Fotografía: Santiago Navarro
Para Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra en
Oaxaca, México, la crisis que el sistema capitalista está viviendo, ha
llevando a las empresas a utilizar procedimientos precapitalistas de
despojo en la forma colonial. «Están buscando expandirse hacia
territorios que habían conservado estos pueblos», sostiene en
entrevista.

4. Esta expansión ha llevado a confrontar con los modos de vida que
existen en los territorios y esto ha provocado el levantamiento de los
pueblos. «Los indígenas están en el frente de batalla librando una
guerra que es para todos nosotros, porque es ahí donde el sistema
capitalista quiere relanzar una nueva forma de acumulación»,
asegura Esteva.
La respuesta de las comunidades indígenas en el continente
latinoamericano se ha reconfigurado por lo menos en dos vertientes,
una es por la vía institucional que ha seguido los parámetros
establecidos por los acuerdos internacionales como el 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) o las luchas locales por
el reconocimientos jurídico de sus formas de vida. La otra es la de los
movimientos que no quieren estar bajo la jurisdicción o
administración del Estado, como lo es el movimiento zapatista, en
México, quienes han construido sus propias formas de autogobierno.
Las demarcaciones cambian los mapas
En el tablero de la redefinición de la territorialidad en América Latina
también están los indígenas actuando en la reconfiguración del
espacio, justamente por el reconocimiento de sus territorios. Según el
profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de
Colorado, Joe Bryan, en las últimas dos décadas los estados de la
región transfirieron títulos a varias formas de la tenencia de la tierra,
colectivas de comunidades indígenas y tradicionales, sumando 2
millones de Km cuadrados, un espacio equivalente al territorio de
México.
«Desde hace mas de tres décadas que los movimientos indígenas
están emprendiendo esfuerzos en el sentido de garantizar sus
territorios, demanda inevitable frente al despojo permanente que
caracteriza el colonialismo actual. Estos esfuerzos están cambiando el

5. mapa da América Latina, por sus movilizaciones y reconocimiento de
los derechos territoriales», evalúa Bryan.
«Esta transformación refuerza una serie de cambios legales hacia el
reconocimiento de los derechos indígenas, no solo respondiendo a
instrumentos como el convenio 169 de la OIT y la declaraciones de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), como también una serie
de sentencias de reconocimiento al derecho colectivo», afirma el
profesor.
No se puede negar la relevancia de este conjunto de hechos, pues es
a partir de los movimientos indígenas que se ha reconfigurado una
cartografía propia de los pueblos indígenas en resistencia. «El
indígena fue convertido de una categoría de curiosidad folclórica a
una de sujeto político con su propio discurso de derechos. Fue por
ellos, por los movimientos que se han hecho esta cartografía, no solo
para la producción de sus propios mapas, sino también para la
transformación de su espacio social y político de la región», sostiene
el investigador.
Brasil, agosto de 2013, indígenas del municipio Pipipan Floresta,
Pernambuco Brasil. Cierre de una carretera federal, debido a la
demarcación forzada de sus tierras. Fotografía: Renata Bessi
Agosto de 2013, indígenas del municipio Pipipan Floresta,
Pernambuco Brasil. Cierre de una carretera federal, debido a la
demarcación forzada de sus tierras. Fotografía: Renata Bessi
Las demarcaciones no están garantizando derechos
Pero estos cambios en el mapa y desde un punto de vista jurídico no
significan necesariamente que el derecho indígena está siendo
respetado. Para el profesor, la demarcación de tierras indígenas no
está garantizando la permanencia de las comunidades en sus tierras

6. y tampoco está protegiendo estas comunidades contra la violación de
sus bienes comunes por parte del extractivismo.
Este llamado giro territorial a traído más bien cambios sobre todo en
relación al manejo de recursos, en la cartografía de lo político y
formación de mercados, como los de carbono. Para comprobar esto
es necesario revisar el contexto político y económico del surgimiento
de estas demarcaciones.
De acuerdo con el profesor, los procesos de demarcaciones surgieron
en Colombia: «No comenzó como un movimiento progresista, sino
como un proceso conservador iniciado por el Estado. Nació a partir de
una necesidad de resolver por medio de una negociación los
conflictos violentos, finalizando con su reconocimiento en la
constitución colombiana de 1990».
Desde entonces los territorios indígenas fueron identificados por el
Estado como un plano geopolítico de alta importancia para controlar
el territorio. «La evaluación sostenía que la falta de la presencia
estatal daba espacio a la guerrilla, la formación de fuerzas de
autodefensas y fuerzas paramilitares. Por eso el Estado tomó la
decisión de permitir la participación de una amplia gama de
movimientos indígenas, inclusive de movimientos armados, en una
asamblea constituyente», afirma.
«Si en Colombia impulsaron reformas en el sentido de que los
derechos territoriales de los pueblos indígenas fueran reconocidos,
también lograron garantizar la desmovilización de los grupos armados
indígenas y aumentar la presencia del Estado en estas mismas
zonas», evalúa Bryan. En contrapartida, «los títulos otorgados no
frenaron el despojo de 5 millones de personas, en su mayoría
indígenas, frente a la violencia de la guerrilla y los grupos
paramilitares».

7. Regularización de las tierras, nuevos mercados
Este modelo de reforma sirvió de inspiración para Nicaragua, que
también vivía un contexto de conflicto, inclusive armado, por tierras
indígenas. El proceso tuvo apoyo del Banco Mundial. «El banco hizo
esfuerzos para facilitar la elaboración de la ley de propiedades para
comunidades indígenas. Inclusive envió una comisión de Nicaragua a
Colombia para que aprendiesen como aplicar la reforma en su país. Y
con respaldo del banco la ley fue aprobada en el año 2002», sostiene
el profesor.
Dos años después de haber sido aprobada la ley, el Banco Mundial dio
apoyo para otra reforma aplicada en Honduras, que reconocía el
derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y
negras. De la misma forma apoyó las reformas en Bolivia, que dio pie
al reconocimiento de las tierras comunitarias de origen. Tiempo
después, a finales de la década de 1990 las reformas continuaron en
el resto Centroamérica.
«El banco tenía interés en regularizar los derechos de propiedad
colectiva a través de su demarcación, titulación y registro, como
condición básica para el funcionamiento de mercados. El
reconocimiento de los derechos colectivos son condicionados a la
lógica de las políticas neoliberal. Sobretodo coloca la propiedad como
estructura necesaria para el mercado», explica el profesor de la
Universidad de Colorado. Así, «para el mercado no importa si es
propiedad individual o colectiva, como la de los indígenas. Lo
importante es tener alguien con quien negociar».
Se pueden citar dos ejemplos de mercado que se están abriendo en
tierras indígenas: mercados de carbono y venta de servicios de
ecosistemas. El profesor cita un estudio de la Universidad de Arizona

8. sobre mercados de carbono en la Selva Lacandona, en Chiapas,
México, para ilustrar que la apertura de nuevas fronteras de mercado
en estas tierras no son tan lucrativas para las comunidades como lo
son para los dueños del capital. «Los mercados de carbono serian
imposibles sin los territorios indígenas. Eso no significa que sean
rentables para las comunidades».
Extractivismo
Por lo tanto los países están reconociendo los territorios indígenas,
reformando sus constituciones y hasta reconociendo, en algunos
casos, el carácter plurinacional. Pero bajo un costo, según Bryan:
«estos cambios vienen con el compromiso de cumplir con el objetivo
de un desarrollo nacional basado en el extractivismo».
Un ejemplo es Ecuador. «El país tuvo el movimiento indígena más
organizado y de mayor peso en América Latina a lo largo de la
década de 1990. Cuando Rafael Correa toma posesión, en 2009,
reconoció demandas históricas de los pueblos indígenas. Tituló
grandes extensiones de tierra de pueblos indígenas en tierras bajas
amazónicas del país». Pero luego después abrió una serie de
licitaciones para extracción de minerales en la misma zona, bajo la
argumentación de que los recursos del suelo aún pertenecen al
Estado. «Este tipo de discurso trata al territorio de forma vertical,
considerando a los indígenas como un obstáculo para el progreso
nacional».
La argumentación de Correa hirió el Convenio 169 de la OIT que,
entre otros puntos, sostiene que:
… esos pueblos [tienen el derecho] a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos. En caso de que
pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos
del subsuelo… los gobiernos deberán establecer o mantener

9. procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin
de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y
en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea
posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como
resultado de esas actividades.
Bolivia muestra tendencias semejantes, a pesar de contar con el
único presidente indígena de la región, Evo Morales. «Gas, minería,
madera son explotados dentro de territorios titulados sin que las
comunidades tengan la posibilidad de negarse. Es como una especie
de moneda. Como se ofrece el título, a las comunidades no se da el
derecho de decir no a la explotación», afirma Bryan.
El reconocimiento no es suficiente
Los criterios por los cuales son definidas las demarcaciones de tierras
también son un foco de críticas. «La lógica de este esquema es que
con sus mapas y títulos, los indígenas puedan crear y fortalecer
instituciones para administrar sus tierras. Pero como hacerlo dentro
de un contexto dominado por un Estado que responde a los intereses
del capital?», cuestiona el profesor. La propiedad o el territorio
demarcado acaba funcionando como una camisa de fuerza que
impone obstáculos en las relaciones sociales por medio de las cuales
se puede vivir en una comunidad. Impone un asilamiento, impide una
convivencia cotidiana entre diferentes etnias. «Es por la interacción
que se construye el territorio, no por el asilamiento. No se pude
perder la tendencia colonial de esta lógica», afirma.
Otro punto de reclamo en relación a la regularización de los
territorios indígenas dice respeto al hecho de que el Estado es el

10. árbitro de los derechos indígenas y, por lo tanto, las cuestiones
indígenas están sometidas y deben ser adecuadas a los estándares
jurídicos para ser reconocidos. «Los mapas hechos para los indígenas
son convencionales, con el fin de cercar un territorio bajo la
concepción del Estado, y no bajo la cosmovisión indígena. En lugar de
revolucionar la geografía, solamente se reforma, reduciendo los
reclamos de autonomía al derecho de ser propietario».
«La cuestión es que, en lugar de institucionalizar al indígena, falta
pensar en como crear espacios propicios a una cultura colectiva justa
y digna, es el motivo de hablar de una geopolítica indígena cuya
cartografía se debe realizar», sostiene el investigador.
Otras vías
En el territorio de los pueblos indígenas se está librando el destino del
sistema capitalista y es en estos mismo pueblos donde puede
construirse otra forma de vida diferente a la capitalista, como lo esta
haciendo el movimiento indígena del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), asegura Gustavo Esteva:
Lo que más hemos aprendido de las comunidades zapatistas es que la
resistencia no es simplemente aguantar, ni solo resistir a la
construcción de una presa, una mina… la resistencia sólo va ser
exitosa si al mismo tiempo construimos otra posibilidad de vida.
Tenemos que dar visibilidad a esas experiencias exitosas que
representan la alternativa, porque muchísima gente esta lista para
actuar.
Otro ejemplo de los pueblos que no se quieren alienar, son los
pueblos indígenas de Bolivia quienes consideran agotado el recurso al
reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas
constitucionalizados.

11. En junio del 2014 el colectivo Comuna al Pueblo Boliviano presento
una autopropuesta para formar autogobiernos inspirada por la
experiencia zapatista, que entre otros puntos plantean desconocer el
sistema electoral institucional, la anulación de los mandatos de
gobiernos, nacionales, departamentales, municipales; porque no
pueden convivir en los mismos territorios «juntas de buen gobierno»
y las formas heredadas institucionalizadas de los «malos gobiernos»,
el acceso libre a lo común. En consecuencia, de acuerdo con la
propuesta, quedan anuladas todas las concesiones territoriales y
geológicas, hidrocarburíferas y mineras.
Otra forma más de gobernar los territorio por los indígenas, muy
particular en América Latina, son los usos y costumbres de los
pueblos en el estado de Oaxaca, México. De los 570 municipios
existentes, 418 se rigen según sus usos y costumbres. Solamente
152 se rigen a través del sistema convencional de partidos políticos.
O sea, estas comunidades siguen practicando formas propias de
gobierno que han sido construidos a través de los siglos y rigiéndose
por sus sistemas normativos conocidos como «usos y costumbres»,
reconocido oficialmente en 1995 por el Congreso del Estado de
Oaxaca.
«México posee un contexto histórico muy diferente de los otros
países de la América Latina. Más que nada por la Revolución
Mexicana. Mientras que en el resto de los países de Latinoamérica
están titulando territorios o propiedades colectivas, en México están
buscando otras maneras de garantizar los usos y costumbres de las
comunidades indígenas», afirma el profesor de la Universidad de
Colorado.
Publicado originalmente en inglés en http://www.truthout.org
Publicado originalmente en inglés en http://www.truthout.org