CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR EL SAG EN EL CASO DE LA ELEFANTA RAMBA

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Contraloría General de la República
División de Coordinación e Información Jurídica
Dictamen 046334N11

Texto completo
N° 46.334 Fecha: 22VII2011
Se han dirigido a esta Contraloría General, el Honorable Senador don Fulvio
Rossi C., doña Florencia Trujillo A. y doña Alejandra Cassino M., solicitando
una investigación respecto de los procedimientos aplicados por el Servicio
Agrícola y Ganadero, SAG, en el decomiso y custodia de la elefanta asiática
denominada “Ramba”, como asimismo un pronunciamiento sobre la
procedencia de las resoluciones emitidas al respecto por ese Servicio.
Al respecto, cabe indicar en primer término, que las situaciones planteadas
fueron analizadas a la luz de diversos antecedentes que sobre la materia
fueron requeridos al SAG, y que además, para verificar la efectividad y
alcance de las fiscalizaciones efectuadas por ese servicio y tomar
conocimiento del real estado de la referida especie animal, se efectuaron dos
visitas a la parcela de descanso de propiedad del circo “Los Tachuelas”,
donde se encuentra la elefanta “Ramba”.
Pues bien, en relación con el examen practicado y manteniendo el orden
contenido en las presentaciones formuladas, corresponde informar lo siguiente
respecto de los puntos que se denuncian:
1. Comiso y custodia de la elefanta
Los recurrentes señalan que la elefanta “Ramba” fue decomisada en el año
1997 al ciudadano nacionalidad argentina, don Eduardo Val Scigliano, toda
vez que éste no acreditó su dominio y denuncian que el SAG no hizo el retiro
material del animal pese que tal obligación se desprende de la interpretación
armónica de las normas contenidas en la Ley de Caza.
En relación a lo señalado, cabe hacer presente que el artículo 35 de la ley N
°4.601, sobre Caza, cuyo texto fue sustituido por la ley N° 19.473
manteniendo su mismo número, dispone que “Caerán siempre en comiso los
animales, piezas, partes, productos o subproductos de los ejemplares cazados

o capturados en contravención a esta ley o a su reglamento.”
A su vez, el artículo 83 del decreto supremo N° 5, de 1998, del Ministerio de
Agricultura, que aprueba el Reglamento de la Ley de Caza, dispone que “Los
animales vivos que cayeren en comiso se entregarán al Servicio, para ser
destinados a centros de rescate o de rehabilitación, si estuvieren heridos, o
para ser liberados en áreas silvestres protegidas del Estado y otros ambientes
silvestres adecuados o destinados a centros de reproducción.”
Precisado lo anterior, cabe indicar que mediante Resolución Exenta N° 1.437,
de 18 de noviembre de 1997, de la Dirección Regional Metropolitana del SAG,
y luego de una denuncia efectuada por un inspector del servicio en causa
administrativa rol 325/97, se procedió a disponer el comiso de diversas
especies que se encontraban en el circo “Miami” de propiedad del denunciado,
puesto que dicha persona no acudió a las reiteradas citaciones que se le
efectuaron para acreditar la propiedad y el origen de las mismas, las que se
encontraban en cautiverio y exhibición, “en malas condiciones”.
Enseguida, se debe indicar que a través de la resolución exenta N° 1.509, de
2 de diciembre de 1997, se complementó el referido acto administrativo, con el
objeto de precisar las dos especies decomisadas, entre las cuales se incluyó
al elefante asiático hembra “Ramba”.
Al respecto, cabe observar que las referidas resoluciones no disponen el retiro
del animal ni consignan fundamento alguno para su mantención en las mismas
dependencias en que se encontraba al momento del comiso, como aconteció
en la especie. Asimismo, efectuadas las diligencias ante el Servicio Agrícola y
Ganadero, con el objeto de obtener tales fundamentos, no se obtuvo los
antecedentes que sustenten dicha falta de retiro, la que se aparta de lo
ordenado en el artículo 83 del mencionado reglamento.
2. Venta de la especie decomisada
En la presentación se expone que en el año 1998, don Eduardo Val Scigliano
vendió la especie decomisada a don Joaquín Maluenda Quezada, propietario
del circo “Los Tachuelas”, operación que a su juicio constituiría un acto ilícito,
cuestión que el SAG no habría tenido en consideración al tomar la decisión de
entregar la custodia de la elefanta a esta última persona.
Sobre la materia, se debe manifestar que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 30 de la citada ley N° 4.601, se sancionará con prisión en su grado

medio a máximo, con multa de tres a cincuenta unidades tributarias
mensuales y con el comiso de las armas o instrumentos de caza o captura a
quienes comercialicen indebidamente con especies de las señaladas en el
inciso segundo del artículo 22, esto es, especies o subespecies listadas en los
Apéndices I, II ó III de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres, CITES, aprobada
mediante decreto ley N° 873, de 1975, entre las cuales se encuentra la
especie elefante asiático de que se trata.
En dicho contexto, es preciso señalar que del análisis de los antecedentes
tenidos a la vista se advierte que con fecha 20 de enero de 1998 se efectuó la
compraventa de la referida especie por parte del señor Maluenda Quezada,
ante el Notario Público Eugenio Camus Meza, por un valor de US$ 30.000.
Al respecto, considerando que dicha compraventa se materializó 49 días
después que el comiso del paquidermo en cuestión, hubiere sido dispuesto
mediante la resolución exenta N° 1.509 precitada, cabe representar que dicho
comercio irregular no haya sido denunciado por el SAG a la autoridad judicial
competente, una vez que tomó conocimiento de tal operación comercial.
3. Custodia “temporal” de la elefanta
Los denunciantes exponen que el Servicio Agrícola y Ganadero no actuó con
apego a la Resolución 10.7 de la referida convención CITES, toda vez que el
año 2003, al decretarse el comiso de otras especies que se encontraban junto
a la elefanta, tampoco se efectuó el retiro de la misma, manteniéndola en
poder del señor Maluenda Quezada.
Al respecto, cabe manifestar previamente, que de acuerdo a lo indicado en las
directrices para la disposición de animales vivos confiscados contenidas en la
Resolución N° 10.7 adoptada en el año 1997, en la Décima reunión de la
Conferencia de Partes de CITES, “Cuando las autoridades estatales confiscan
animales vivos, éstas deben disponer de ellos en debida forma. En el marco
de lo estipulado por la ley, la decisión definitiva sobre la disposición de los
animales confiscados tendrá por objeto el logro de tres objetivos: 1) potenciar
al máximo la contribución a la conservación de los especímenes sin poner en
peligro en modo alguno la salud, el perfil etológico o el estado de conservación
de las poblaciones silvestres o en cautividad de la especie1; 2) desalentar la
continuación del comercio ilícito o irregular de la especie; 3) encontrar
soluciones decorosas, ya sea manteniéndolos en cautividad, reintegrándolos
en el medio silvestre o sacrificándolos mediante la eutanasia.”.

A su vez, en cuanto a la alternativa de la cautividad, la mencionada resolución
señala que “dependiendo de las circunstancias, los animales pueden ser
cedidos en donación o préstamo o vendidos. Pueden ser colocados en
zoológicos u otros establecimientos o puestos en manos de particulares. Por
último, pueden ser colocados en el país de origen, de exportación o de
confiscación o en un país que cuente con instalaciones adecuadas o
especializadas para la especie de que se trate.”. Agrega la mencionada
resolución, que “si se prefiere mantener a los animales en cautividad en lugar
de reintroducirlos en el medio silvestre o sacrificarlos, deben ser debidamente
tratados y cuidados durante su vida biológica.”.
En el precitado contexto, cabe consignar que en virtud del Acta de Denuncia y
Citación N° 7971, del año 2001, y mediante la resolución exenta N° 420, de 18
de junio de 2003, se dispuso el comiso de diversas especies que se
encontraban junto a la elefanta “Ramba” bajo la custodia de un trabajador
dependiente del circo de propiedad del señor Maluenda Quezada,
consignándose en el acta de denuncia que dicha especie animal no cuenta
con “certificado CITES” y disponiéndose en ese acto administrativo que en
relación a ese paquidermo debe estarse a lo resuelto en la precitada causa
administrativa rol 325/97.
Posteriormente, el señor Maluenda Quezada, interpuso ante el Director
Nacional del SAG el recurso de revisión contemplado en el artículo 16 de la
ley N° 18.755, que Establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero,
el cual fue rechazado mediante resolución exenta N° 380, de fecha 2 de
febrero de 2004, en la que se confirma la resolución recurrida.
No obstante lo resuelto, es necesario hacer notar que la mencionada
resolución, en su párrafo final, además establece expresamente que “en
aplicación de la Circular N° 294, de la Dirección Nacional, la entrega, en
calidad de custodia, de la totalidad de las especies señaladas en la Resolución
N°420 Exenta, incluido el espécimen de Elefante Asiático, de fecha 18 de junio
de 2003, de la Dirección Regional del Servicio de la Región Metropolitana, al
Señor Joaquín Maluenda Quezada, debiendo cumplir en un máximo de 90
días las condiciones que para el efecto establecerá el Departamento de
Recursos Naturales Renovables del Servicio.”.
En tal sentido se debe indicar que la referida Circular N° 294 fue emitida con
fecha 11 de julio de 2003, con el objeto de instruir a todas las Direcciones
Regionales del SAG acerca del destino de los animales decomisados,

consignando en su preámbulo que para ello “se ha basado en la legislación
vigente sobre la materia, Ley Orgánica del Servicio, la Convención CITES y la
conf 10.7 entre otras.”.
Precisado lo anterior, se debe señalar que el punto V.1. de la referida Circular,
detalla cada una de las situaciones que procede evaluar para efectos de
decidir el destino de dichos animales, contemplando como alternativas que
deben considerarse, sucesivamente, la devolución al país de origen, la
destinación a un centro de rehabilitación o de reproducción, el envío a
criaderos o centros de exhibición y, por último, en su punto 4) considera que
en caso de no ser factibles las opciones anteriores, “está la posibilidad de que
la especie decomisada sea destinada al tenedor denunciado, por lo que, la
aplicación de esta opción debe ser excepcional.”.
Sobre la materia cabe indicar que del análisis de la Resolución N° 10.7 de
CITES, se advierte que ella contempla diversas alternativas de mantención en
cautiverio de los animales, sin que se contemple expresamente la posibilidad
de que sea entregada al mismo sujeto infractor, como lo indica la mencionada
Circular, instrucción que por lo demás vulnera lo señalado en el artículo 83 del
precitado reglamento de la Ley de Caza, en cuanto a que los animales vivos
comisados deben ser destinados a centros de rescate o de rehabilitación, ser
liberados o destinados a centros de reproducción.
A su vez, del examen de la resolución exenta N° 380, de 2004, que entregó la
custodia del referido animal al señor Maluenda Quezada no se advierte
fundamento alguno para dicha medida, considerada por la referida Circular
como de excepción, lo cual vulnera el principio de racionalidad y las
exigencias que al efecto establecen los artículos 11 y 16 de la ley 19.880,
sobre Bases Generales de los Procedimientos Administrativos que Rigen lo
Actos de los órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, durante la presente investigación se requirió a las autoridades
competentes del SAG, para que indicaran las alternativas que fueron
evaluadas para la custodia de la elefanta y el fundamento de la decisión que
se adoptó, sin que se entregara antecedente alguno que sustentara tal
medida.
4. Falta de inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna
Silvestre, RNTFS.

Los denunciantes argumentan también que se entregó una especie animal a
un tenedor que no contaba con inscripción en el registro respectivo.
Sobre la materia, se debe mencionar que mediante resolución N° 1468 de 29
de noviembre de 2004, el SAG inscribió en el referido registro al señor
Maluenda Quezada, es decir, la inscripción se efectuó 9 meses después de
haber resuelto sobre la custodia de la elefanta, vulnerando con ello lo
dispuesto en los artículos 51 y siguientes del mencionado reglamento de la
Ley de Caza, que establecen que los centros de exhibición y criaderos deben
estar inscritos para su funcionamiento.
Consultado sobre la materia el actual Director del Departamento de Recursos
Naturales de la Dirección Regional Metropolitana, mediante correo electrónico
de 20 de julio de 2011, informó que la demora se debió “…a la gran
envergadura y nivel de inversión que se requirió para dar cumplimiento a las
exigencias establecidas en el reglamento de la Ley de Caza, por parte del
señor Maluenda, los que tomaron aproximadamente nueve meses para su
completa finalización a satisfacción del Servicio”, argumento que no desvirtúa
la existencia de la infracción, ni el incumplimiento normativo en que ha
incurrido el servicio.
5. Traslados de la especie sin certificación sanitaria
Durante la visita efectuada a la parcela de descanso donde se encuentra el
animal de que se trata, se tuvo a la vista la copia de los formularios otorgados
por las distintas Direcciones Regionales del SAG, con ocasión de las
inspecciones realizadas a los animales transportados en el circo en sus viajes
por diversas ciudades.
De su examen se advierte que hasta el año 2009, las actas de inspección del
SAG no dan cuenta de la evaluación de los parámetros que exigían los
artículos 60 y 63 del citado reglamento de la Ley de Caza, en los que se
contempla la existencia de un plan de manejo sanitario y se obliga a cumplir
con las disposiciones ambientales, municipales y de salud humana y animal
vigentes, toda vez que con motivo de tales inspecciones sólo se requería la
presentación del certificado de salud anual extendido por un médico
veterinario, al tiempo que se efectuaba una inspección ocular por parte de los
fiscalizadores del SAG.

No obstante lo observado, es útil mencionar que a partir del año 2010, se
incorporó un formato de pauta de evaluación a aplicar por parte del personal
del servicio, en el que sí se contemplan todas las exigencias establecidas en
la ley y en el reglamento para el funcionamiento de los criaderos y centros de
exhibición.
6. Informe de Salud emitido por el Zoológico Metropolitano y confirmación de
la custodia del ejemplar animal
Los recurrentes denuncian que después de catorce años de su comiso y
tenencia irregular, mediante Acta de Entrega de fecha 27 de septiembre de
2010, el SAG confirmó la custodia de Ramba por parte del mencionado circo,
sustentando su decisión en un Informe de Salud emitido por el Zoológico
Metropolitano en que se recomienda no efectuar cambios relacionados con la
custodia otorgada, el cual, a su juicio, contiene graves faltas de rigor científico.
En relación con lo planteado en este punto, cabe indicar que no corresponde a
esta Entidad de Control pronunciarse acerca de la validez científica del
precitado documento, toda vez que ello excede el ámbito de atribuciones
otorgadas por la ley a este Organismo de Fiscalización.
No obstante, es útil hacer presente que el referido Informe de Salud emitido
por el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago, con fecha 6
de septiembre de 2010, aparece firmado por el médico veterinario, Jefe de la
Sección Salud Animal del citado Zoológico, sin que se advierta la participación
de un experto en paquidermos y tampoco se aprecia la realización de
exámenes clínicos a su respecto, pues expresamente se da cuenta de que se
informan los resultados de una inspección visual.
Además, es menester hacer notar que en el citado documento se indica que
“…se sugiere que el ejemplar no sea trasladado a ningún otro tipo de
instalaciones, considerando que un traslado de larga duración para un
ejemplar de este tipo podría llegar a ser fatal, por lo que se recomienda su
mantención en el lugar sin realizar labores de exhibición, y con supervisión
médico veterinaria apropiada”.
Ahora bien, analizados los antecedentes tenidos a la vista, es posible
confirmar que el procedimiento expuesto por los recurrentes se formalizó
mediante la resolución exenta N° 5.713, de 27 de septiembre de 2010,

documento que sí analiza cada una de las condiciones para la entrega,
exigidas en el punto VI, de la mencionada Circular N° 294, de 2003, a
diferencia de lo observado en el presente oficio, en relación con la resolución
exenta N° 380 de 2004.
A mayor abundamiento, cabe manifestar que en el punto cuarto de la citada
resolución N° 5.713, se establece que “El Sr. Joaquín Gastón Maluenda
Quezada asume la mantención permanente del ejemplar antes citado, solo
con fines de mantención en la dirección que para estos efectos se encuentra
inscrito dicho criadero. En consecuencia no podrá ser utilizada dicho ejemplar
con fines de exhibición”.
7. Estado actual de la especie
De acuerdo con lo expuesto en el informe elaborado por el Dr. Mel
Richardson, consultor de animales salvajes en cautiverio, el 2 de mayo de
2011, se constituyó un equipo multidisciplinario conformado por funcionarios
del SAG, un etólogo, dos veterinarios de zoológico y un biólogo que trabaja
con elefantes africanos en el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de
Santiago, con el propósito de efectuar a Ramba, exámenes y observaciones
durante cuatro días, con el fin de determinar el real estado de salud de la
elefanta.
Respecto del resultado de su evaluación informa que las patas de Ramba
presentan signos de descuido y que de no recibir cuidados apropiados, éstas
podrían empeorar. Asimismo, manifiesta preocupación por las condiciones con
que cuenta para acostarse, en razón de su vejez, como igualmente que no se
instale la temperatura adecuada durante la noche, por lo tanto, recomienda
proporcionar de forma inmediata un montículo grande de tierra y calor
suplementario.
Por su parte, el informe elaborado por profesionales del Zoológico Nacional
del Parque Metropolitano de Santiago, en conjunto con la veterinaria
coordinadora de la Unidad de Etología Aplicada y Bienestar Animal, de la
Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor concluye que el
animal presenta buena condición corporal, pero recomienda construir
comederos en altura, acondicionar dormitorio con loza radiante y calefacción
central, habilitar una piscina o tiesto con barro y aplicar baños de vaselina,
entre otras medidas.

A su vez, en visita efectuada el día 18 de julio del año en curso, por personal
de este Organismo Fiscalizador a la parcela de descanso de donde se
encuentra la elefanta y autorizada por el personal que allí labora, se observó
que el lugar donde habita no había sido aseado, no se han proporcionado los
cuidados podales recomendados, no se ha implementado un montículo de
arena o tierra para que la elefanta pueda acostarse y, respecto del calor, no se
ha adoptado la medida sugerida por los expertos, toda vez que el recinto
mantiene el mismo sistema de calefacción. Asimismo, no se han construido
los comedores en altura, no se ha acondicionado la loza radiante en el
dormitorio y no se han habilitado las piscinas de barro.
Posteriormente, durante la tarde de ese mismo día y para confirmar la
situación mencionada en el párrafo precedente, se efectuó una visita de
fiscalización conjunta por personal del SAG y fiscalizadores de esta
Contraloría, oportunidad en que las respectivas dependencias se encontraron
aseadas, siendo útil mencionar, en todo caso, que en forma previa a esa
visita, personal del SAG anunció dicha fiscalización al señor Joaquín
Maluenda Quezada, mediante llamada telefónica, en presencia de los
funcionarios de esta Contraloría, cuestión que si bien no vulnera disposiciones
legales específicas, no se ajusta a las técnicas recomendables de auditoría.
En mérito de lo expuesto, es dable concluir que, en el caso en examen, el
Servicio Agrícola y Ganadero no ha dado cabal cumplimiento a la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora
Silvestres, a diversas disposiciones de la Ley y del Reglamento de Caza y de
la ley N° 18.755, Orgánica de ese Servicio, debiendo adoptar de inmediato,
todas las medidas necesarias a fin de regularizar las situaciones observadas,
sin perjuicio de ponderar la instrucción de un procedimiento disciplinario a fin
de determinar las responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de
los incumplimientos normativos ya referidos.
Por último, atendido que de los antecedentes examinados se aprecia que
eventualmente pudiera configurarse el delito de maltrato animal y
considerando, además, que la venta que se efectuó de dicha especie pudiera
configurar la hipótesis prevista en el precitado artículo 30 de la ley N° 4.601,
se remitirá copia de este oficio y sus antecedentes al Ministerio Público.
Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República

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