Este documento presenta una introducción al derecho de género y la perspectiva de género en la judicatura. Explica conceptos clave como sexo, género, identidad e orientación de género. Resalta la importancia de interpretar las leyes desde una perspectiva de respeto a la dignidad de todas las personas. También resume los principales instrumentos internacionales y leyes nacionales relacionadas con la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluyendo la Constitución Política de Colombia, la CEDAW,
2. El logro de la equidad de género, no es
directamente proporcional al caudal
normativo que un Estado vaya poniedo en
vigencia, más bien tiene que ver con la
actitud de quien interpreta, al punto que se
vuelva un hábito de pensamiento el respeto
por la dignidad de la persona.
3. PERSPECTIVA DE GENERO
Permite
• Visibilizar las relaciones asimétricas de poder entre hombres y
mujeres; y superarlas mediante el logro de la igualdad material.
• Reconocer la dignidd humada y los derechos de las mujeres
• Conocer el amplio marco jurídico de protección de los derechos
humanos tanto a nivel nacional como internacional.
• Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.
4. ENFOQUE DIFERENCIAL
Método de análisis que toma en cuenta y visibiliza las
diversidades e inequidades existentes en una realidad,
contra grupos de la sociedad que son minoritarios o
considerados diferentes por la mayoría o por algún
grupo hegemónico. con el propósito de brindar una
adecuada atención y protección de sus derechos. (Una
guía para la acción)
5. QUÉ ES?
• SEXO” es una categoría biológica, determinista y rígida
(se nace), alude a los aspectos físicos, biológicos y
anatómicos que distinguen lo que es un macho de una
hembra.
• “GENERO” es una categoría sociocultural construida
socialmente (se aprende), nos remite a las características
que, social y culturalmente se atribuyen a hombres y
mujeres, a partir de sus diferencias biológicas, así que
puede ser sujeto a cambios
6. • IDENTIDAD DE GENERO: Construcciones a
través de las cuales nos identificamos como hombres
o mujeres. (transgeneristas: travestis, transexuales y
transformistas).
• ORIENTACION SEXUAL. Gusto por otro sujeto
sea femenino o masculino. Es un proceso personal,
cambiante y relativo a todas las etapas del ciclo vital.
(Personas homosexuales, heterosexuales o bisexuales)
7. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
(i) 1º : Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de
la dignidad humana.
(ii) 2º fines esenciales del Estado … “las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”.
(iii) 5º dispone que el Estado “reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona”.
(v) 22 consagra el derecho a la paz.
(vi) 43 dispone inequívocamente que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades”, y que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”,
obligando al Estado a prestar especial protección a la maternidad y a las
mujeres cabeza de familia.
8. ARTÍCULO 13 CP.
IGUALDAD FORMAL
• “Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades”
CLAUSULA DE NO DISCRIMINACIÓN.
• “sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
legua, religión, opinión política o filosófica.”
IGUALDAD MATERIAL.
• “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”
9. BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD
• Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación
en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por
Colombia. (Art. 93)
11. CEDAW
• Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación en la Mujer. ONU 1979 (Ley 51 de 1981)
• Considerada como una declaración internacional de los
derechos de las mujeres.
• ( 2°) Establecer la protección jurídica de los derechos de las
mujeres sobre una base de igualdad con los hombres y
garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o
competentes y de otras instituciones públicas, la protección
efectiva de las mujeres contra todo acto de discriminación.
12. “Convención de Belem do Pará”
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, aprobada mediante la Ley
248 de 1995, establece:
ARTÍCULO 7o. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
y en llevar a cabo lo siguiente:
f) Establecer procedimientos legales y eficaces para la mujer que haya
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos;
Artículo 8. (c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la
administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la
aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo este la aplicación,
sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
13. PLATAFORMA DE BEIJING 95
• Garantizar que en toda política y programa quede
reflejada la perspectiva de género.
• Instar a todos los sectores de las sociedad, a
comprometerse y contribuir plenamente, en
cooperación con los Gobiernos, a la aplicación de
esta Plataforma para la Acción.
14. ACCIONES AFIRMATIVAS
• Las llamadas acciones positivas o afirmativas, (políticas
estatales o privadas), buscan remover las causas o aliviar
las consecuencias que la discriminación ha provocado en
determinadas poblaciones humanas.
• Medidas de impacto preventivo = evitar la reproducción
de nuevas formas discriminatorias. Generar igualdad para
las personas históricamente discriminadas.
16. LEY 1257 DE 2008
• "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones",
• Ciudadanía empoderada. No más favores
• No es una ley más = Cambio cultural. Compromiso
social.
17. OBJETO
La adopción de normas que
permitan garantizar para
todas las mujeres una vida
libre de violencia, tanto en
el ámbito público como en
el privado,
el ejercicio de los derechos
reconocidos en el
ordenamiento jurídico
interno e internacional,
el acceso a los
procedimientos
administrativos y judiciales
para su protección
y atención y la adopción de
las políticas públicas
necesarias para su
realización.
18. PRINCIPIOS
1. Igualdad real y efectiva.
2. Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son
Derechos Humanos.
3. Principio de Corresponsabilidad.
4. Integralidad.
5. Autonomía.
6. Coordinación.
7. No Discriminación.
8. Atención Diferenciada..
19. Derechos de las Mujeres
Además de otros derechos reconocidos en la ley o en
tratados y convenios internacionales debidamente
ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida
digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a
la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos
crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva,
a no ser sometidas a forma alguna de discriminación,
a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la
personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva
y a la seguridad personal.
20. VIOLENCIA
Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u
omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial por su
condición de mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en
el privado.
22. DERECHOS DE LAS
VICTIMAS DE VIOLENCIA
a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la
calidad.
b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter
gratuito
Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente
al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría
pública.
c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con
los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas
concordantes;
d) Dar su consentimiento informado para los exámenes medico-legales en los casos de
violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las
posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de
salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de
violencia.
23. e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con
la salud sexual y reproductiva;
f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica,
legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus
descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o
custodia;
g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense
especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el
ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas.
h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus
hijos e hijas;
i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a
los hechos constitutivos de violencia;
j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en
esta ley.
k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en
cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos
administrativos, judiciales o de otro tipo. (Decreto 4796 de 2011)
24. DECRETO 4798 DE 2011
(E)
No estereotipos. Manuales de Convivencia.
El Ministerio de Educación Nacional, las Entidades Territoriales y las
instituciones educativas en el ámbito de sus competencias deberán:
• Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación,
prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres.
• Generar ambientes educativos libres de violencias y discriminación.
• Los proyectos pedagógicos considerarán las particularidades de cada
institución educativa y de su contexto, de acuerdo con su Proyecto
Educativo Institucional e involucrarán a la comunidad educativa en la
reflexión y transformación de los estereotipos y prejuicios asociados al
género para la erradicación de la violencia contra la mujer.
25. DECRETO 4799 DE 2011
(J)
• Miedos de la víctima para denunciar.
• Reglamentar las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de
2008, en relación con las competencias de las Comisarías
de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados
Civiles y los Jueces de Control de Garantías, de manera
que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a
los mecanismos y recursos que establece la Ley para
su protección, como instrumento para erradicar
todas las formas de violencia contra ellas.
26. En caso de que la víctima desconozca sus derechos, cualquiera de las
autoridades oficiará a los organismos competentes para que suministren
la información necesaria en un plazo máximo de tres días hábiles.
Cuando la autoridad competente ordene la medida de protección
consagrada, podrá remitir a la víctima a cualquier entidad pública
competente que se considere adecuada para proteger la vida, dignidad e
integridad de la mujer y la de su grupo familiar.
Las autoridades competentes están obligadas a informar a las mujeres
víctimas el derecho que tienen a no ser confrontadas con el agresor. Este
derecho incluye el derecho a manifestar su intención de no conciliar. De
igual manera, incluye el derecho a participar o no, en cualquier
procedimiento o diligencia administrativa, civil o penal, ante cualquiera de
las autoridades competentes, en las cuales esté presente el agresor
27. DECRETO 4796 DE 2011
(S)
Define las acciones necesarias para detectar, prevenir y
atender integralmente a través de los servicios que
garantiza el S G S S en S, a las mujeres víctimas de
violencia e implementar mecanismos para hacer
efectivo el derecho a la salud.
28. El Observatorio sobre salud. Actualizar protocolos.
Informar a un sistema general. Medidas de atención.
Hogares de paso. Recursos – EPS. Subsidios a víctimas.
La financiación de las medidas de atención se hará con
recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía -
FOSYGA, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
1792 de 2012.
Las entidades responsables de reportar información
referente a violencia de género en el marco de la ley,
deberán remitirla al SISPRO (Secreto profesional).
29. DECRETO 2734 DE 2012
• Por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres
victimas de violencia
• Establece los criterios, condiciones y procedimiento para el
otorgamiento de las medidas de atención definidas en el artículo
19 de la Ley 1257 de 2008, los cuales serán de obligatorio
cumplimiento por parte de los diferentes actores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud -SGSSS y las autoridades
competentes para ordenarlas en el marco de las
responsabilidades que les fueron asignadas mediante la Ley 1257
de 2008 y sus decretos reglamentarios 4796 y 4799 de 2011 Y
las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
30. DECRETO 4463 de 2011
(L)
Autonomía económica. Programa de equidad laboral con
enfoque de G. Estrategias de reconocimiento al W de la
mujer (Empresas. sello de equidad laboral).
• Definir las acciones necesarias para promover el
reconocimiento social y económico del trabajo de las
mujeres, implementar mecanismos para hacer efectivo el
derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de
erradicación de todo acto de discriminación y violencia
contra las mujeres en el ámbito laboral.
31. • Difundir y sensibilizar a empleadores y trabajadores
el conocimiento de las leyes, los convenios, normas y
estándares nacionales e internacionales que protegen
a la mujer en materia laboral.
• Adoptar medidas para que los empleadores
garanticen la confidencialidad de la identidad de las
mujeres víctimas de violencia vinculadas a sus
empresas.
• Impedir la revictimización de las mujeres y la
utilización de la problemática de violencia y
discriminación en su contra.
32. DECRETO 2733 DE 2012
• Reglamenta la exención tributaria a empresarios que
vinculen a mujeres víctimas de la violencia en aspectos
como los beneficios de salud, alojamiento y transporte. No
empresas temporales (C de W).
• Establece los requisitos necesarios para hacer efectiva la
deducción de impuestos definida en la Ley 1257 de 2008, la cual
aplica a los contribuyentes obligados a presentar declaración de
impuestos y complementarios que, en su condición de
empleadores, ocupen a trabajadoras mujeres víctimas de
violencia comprobada y procede por un término de máximo
tres años a partir de la fecha en que se inicia la relación laboral.
33. • Las autoridades administrativas o judiciales otorgarán
la medida de atención teniendo en cuenta dos
criterios: 1) El resumen de la atención médica donde
se especifique la afectación en la salud física o mental
de la mujer relacionada con el evento de violencia, y
el tratamiento médico y/o psicológico requerido; y, 2)
La valoración de la situación especial de riesgo en
que se encuentre la mujer víctima, de acuerdo con la
valoración hecha por la Policía Nacional.
34. LEY 1542 DE 2012
Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento
Penal.
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto garantizar la protección y
diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la
mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e
inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal.
Artículo 2°. Suprímanse del numeral 2, del artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de
Procedimiento Penal, modificado por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011, las expresiones:
violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); e inasistencia alimentaria (C. P. artículo 223).
En consecuencia, la pena privativa de la libertad por la comisión del delito de violencia
intrafamiliar será la vigente de cuatro (4) a ocho (8) años con los aumentos previstos en el
artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, Código
Penal.
35. FORMACIÓN EN PERSPECTIVA
DE GENERO
• Conocer las leyes que rigen los derechos de las mujeres es importante, necesario y
sustancial, pero, es de igual importancia exigir que las personas que imparten justicia
como: magistrados, magistradas, jueces o juezas tengan una formación con
perspectiva de género , para que las decisiones judiciales entren a valorar e identificar
los roles, estereotipos, mitos, prejuicios sociales, costumbres y manifestaciones del
entorno, así mismo revelaciones del sexismo en la situación que se analiza y las
relaciones de poder, en todas las etapas procesales; todo ello para evitar la vulneración
de los derechos fundamentales de la mujer.
• No basta que la decisión sea oportuna y de fondo también se requiera que tenga una
mirada integral, que garantice la eficacia o vigencia del derecho a la igualdad, la no
discriminación de la mujer y la abolición de la violencia de género.
• De la misma forma es necesario que sea eficaz conocer que hay unas normas o
Instrumentos Internacionales que reafirman los derechos humanos, que generen
mecanismos para reducir la desigualdad histórica de las mujeres. Por
consiguiente Colombia adquirió compromiso con estos
instrumentos Internacionales a partir del momento que los suscribe y pasan a ser
parte de la constitucionalidad (Articulo 93 C.P).
36. LEY 1719 DE 2014
• ARTÍCULO 13. DERECHOS Y GARANTÍAS PARA LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL.
1. Que se preserve en todo momento la intimidad y privacidad manteniendo la
confidencialidad de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de
trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta
protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años.
2. Que se les extienda copia de la denuncia, del reconocimiento médico legal y de
cualquier otro documento de interés para la víctima.
3. No ser discriminadas en razón de su pasado ni de su comportamiento u orientación
sexual, ni por ninguna otra causa respetando el principio de igualdad y no
discriminación, en cualquier ámbito o momento de la atención, especialmente por los
operadores de justicia y los intervinientes en el proceso judicial.
37. 4. Ser atendida por personas formadas en Derechos Humanos, y enfoque
diferencial. Todas las instituciones involucradas en la atención a víctimas de
violencia sexual harán esfuerzos presupuestales, pedagógicos y
administrativos para el cumplimiento de esta obligación.
5. El derecho a no ser confrontadas con el agresor, a no ser sometidas a pruebas
repetitivas y a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la
práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión
innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad.
6. Ser atendidas en lugares accesibles, que garanticen la privacidad, salubridad,
seguridad y comodidad.
7. Ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación, directa o
sobre sus familias o personas bajo su custodia. (…)
38. SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO
PARÁGRAFO 1o. Los funcionarios públicos que en el desarrollo del proceso penal o cualquier
otro tipo de actuación jurisdiccional o administrativa incumplan sus obligaciones respecto de la
garantía de los derechos de las víctimas de violencia sexual, responderán ante los Tribunales y
Juzgados competentes, y ante las autoridades disciplinarias por dichas conductas.
El Ministerio Público vigilará el cumplimiento de los derechos de las víctimas de violencia sexual de
manera prioritaria. Las investigaciones sobre presuntas faltas disciplinarias se adelantarán a través
del procedimiento verbal establecido en el Capítulo 1 del Título XI del Código Disciplinario Único.
PARÁGRAFO 2o. En el término de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Comisarías de Familia, la Policía Nacional, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y demás
autoridades involucradas en los procesos de atención integral y acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual, tendrán que presentar un informe detallado al Comité de Seguimiento sobre las
medidas implementadas para la adecuación y fortalecimiento institucional que garanticen los
derechos y garantías consagradas en este artículo.
39. LEY 1761 DE 2015 -
FEMINICIDIO
Ley Rosa Elvira Cely
Artículo 11. Las autoridades jurisdiccionales y administrativas con
competencias en la prevención, investigación, judicialización,
sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las
mujeres, deberán acreditar formación universitaria a nivel de
posgrados en género, derechos humanos y/o derecho
internacional humanitario, como requisito de acceso a un cargo de
carrera o de libre nombramiento y remoción.
40. AUTO 009 DE 2015
Ordena a las entidades del sector justicia, entre ellas al
Consejo Superior de la Judicatura a que diseñe e implemente
un programa de formación para los funcionarios judiciales
que tienen a su cargo procesos relacionados con violencia
sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento
forzado, con la finalidad de capacitarlos en temas como: los
estándares internacionales de debida diligencia, los
derechos fundamentales de las mujeres y la
jurisprudencia constitucional aplicable en la materia.
41. AUTO 092 DE 2008
La Corte señaló que la violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano victimiza
de manera diferencial y agudizada a las mujeres, por diversas razones:
(I) Por su condición de género, las mujeres están expuestas a riesgos particulares y
vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado, que explican en su conjunto el
impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres].
(II) Como víctimas sobrevivientes de actos violentos que se ven forzadas a asumir roles
familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres deben sobrellevar
cargas materiales y psicológicas de naturaleza extrema y abrupta, que no afectan de igual
manera a los hombres. (….)”
La Corte constató en esa oportunidad, “que ambas series de factores causantes del impacto diferencial y
agudizado del conflicto armado sobre las mujeres, se derivan a su turno de la persistencia y prevalencia de
patrones sociales estructurales que fomentan la discriminación, exclusión y marginalización que de por sí
experimentan las mujeres colombianas en sus vidas diarias, con los alarmantes niveles de violencia y
subordinación que le son consustanciales tanto en espacios públicos como en privados, y que les ubica en una
posición de desventaja en el punto de partida para afrontar el impacto del conflicto armado en sus vidas”
42. T 967/14
• Son los operadores judiciales del país quienes deben
velar por su cumplimiento. Sin embargo, como quedó
evidenciado, una de las mayores limitaciones que las
mujeres encuentran para denunciar la violencia, en
especial la doméstica y la psicológica, es la tolerancia
social a estos fenómenos, que implica a su vez la ineficacia
de estos procesos y las dificultades probatorias a las que se
enfrenta la administración de justicia frente a estos casos.
43. DE INTERÉS
SENTENCIA C-371 DE 2000
T-025 de 2004
Sentencia SU 070-2013
La Corte Penal Internacional, Las Reglas de
Procedimiento y Prueba, Regla 70: Principios en
casos de violencia sexual.
44. FINALMENTE…
Sobre el rol activo que corresponde asumir a
funcionari@s de la jurisdicción…..
La realidad de lo cotidiano dista mucho
de lo que prometen las leyes.
45. La introducción de la perspectiva de género como una
política pública, está legitimada en instrumentos
nacionales e internacionales, que exige su implementación
por los Estados democráticos
Cumbres judiciales de Iberoamérica, impulsan la
introducción de la perspectiva de género en los diferentes
ámbitos de la administración de justicia. (100 Reglas de
Brasilia)
46. • Mediante Acuerdo 9743 de 2012, se establecen
ámbitos de aplicación, líneas de acción, estrategias,
actividades, competencias, indicadores, mecanismos
de seguimiento y evaluación, reglas de auditoría, para
la introducción de la perspectiva de género y del
cumplimiento de los objetivos de la política de
igualdad y no discriminación con enfoque
diferencial y de género.
47. • En muchas decisiones judiciales se advierten
estereotipos discriminatorios sobre la
naturaleza y roles de las mujeres y los
hombres, que evidencian un sesgo de género,
proscrito por la Conferencia de Beijing de
1995.
48. • Alda Facio señala que: “…la teoría de género, tan
desarrollada ya en nuestro tiempo, nos ha enseñado que no se
puede comprender ningún fenómeno social si no se lo analiza
desde la perspectiva de género y que ésta generalmente implica
reconceptualizar aquello que se está analizando. Es así que
para hablar del acceso, o mejor dicho, del no acceso de las
mujeres a la justicia jurisdiccional desde una perspectiva de
género, tendríamos que reconceptualizar tanto lo que
entendemos por "acceso a la administración de justicia" como lo
que entendemos por "justicia jurisdiccional".
Notas del editor
La ley 1257 de 2008, en el orden interno constituye una herramientas valiosa para el acceso a la justicia de las mujeres. Su aplicación en las decisiones judiciales ha sido un proceso lento y con mucha crítica hacia la administración de justicia.
