1. Problemática Pública Colombiana
Poder del Estado y Poder Público
En Colombia
La Apropiación Privada del Estado
Mario Alejandro Lemus
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA
ESAP-Regional Norte de Santander-Arauca
2011

2. Introducción
El enfoque académico apostado en las teorías sobre la política y la conducción de un país,
resultan de gran importancia para la enseñanza superior en los elementos que son
expresados en la problemática pública en nuestro país, para la comprensión global de la
coyuntura dada por fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales que en gran
medida, resultan de las practicas o las formas de gobierno aplicado en un espacio, tiempo y
territorio determinados, fortaleciendo el papel que debemos tomar y la posición profesional
para abordar en la práctica cada uno de aquellos fenómenos y darles según sea apropiado
un tratamiento racional, de consenso, entrando en la lógica de la organización y en la
socialización de posibles soluciones a eventos sistemáticos o bien espontáneos que se dan a
la par que se planifican programas que eviten la formación de nuevas dificultades.
El estudio de la problemática pública colombiana, específicamente en lo que tiene que ver
con el poder del Estado y el Poder público , nos lleva necesariamente, a la comprensión
conceptual que debemos tener acerca de lo que se plantea como “Poder”, “Estado” y
“Publico” y cuáles son sus formas vigentes para darle un giro semántico y un análisis
practico en hechos de incidencia nacional, que por ende nos demuestran como el Poder no
solo es propio del Estado, y que no siempre lo Publico es sinónimo de Estatal.
El trabajo que contiene reseñado algunos artículos de prensa Nacional resaltamos la
anterior afirmación, añadiendo una breve historia sobre el problema de fondo, el nacimiento
de una ley y como ésta ha servido para que el Poder estatal, que en la lógica debiera ser un
poder público, deje de serlo para darle paso a los intereses particulares o privados.
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3. LA APROPIACIÓN PRIVADA DEL ESTADO
Seguridad Social
La ley 100 de 1993.
En los años anteriores a esta ley, la prestación del servicio de salud, estaba a cargo
principalmente del Estado, esto, según apreciaciones de los proponentes de la nueva ley,
daba las condiciones para que no se diera eficientemente y creaba condiciones para la
corrupción, mala prestación de servicio, así como argumentos fiscales y de sostenibilidad,
además por la obligación prestacional que tenía a cargo el Estado.
Analizando el texto, La Ley 100 de 1993 aparece como una respuesta a los artículos 48 y
49 de la Constitución Política, los cuales obligaban a una reforma con las Siguientes
características:
 La atención en salud y el saneamiento ambiental concebidos como servicios público
y por lo tanto un deber del Estado.
 La Seguridad Social como servicio público y como mecanismo para garantizar el
acceso al servicio de salud.
 La Seguridad Social como derecho irrenunciable
 La eficiencia, la universalidad y la solidaridad, como principios rectores del
sistema.
 La participación de los particulares en la gestión de los servicios.
 La ampliación progresiva de la cobertura de la Seguridad Social.
 La garantía a todas las personas del acceso a los servicios de promoción, protección
y recuperación de la salud.
 El deber del Estado de regular el sistema (establecer políticas, organizar, dirigir y
reglamentar la prestación de servicios de salud y de saneamiento ambiental y ejercer
vigilancia y control)
 La organización descentralizada del sistema, definiendo competencias a la nación,
las entidades territoriales y los particulares a los que se le delegue la prestación del
servicio público, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
 La obligatoriedad y gratuidad de las atenciones básicas mínimas en salud y
saneamiento ambiental.
Como vemos, en términos generales, la ley 100 pretendía un cambio estructural en la
prestación del servicio de salud, los riesgos profesionales, sistemas de pensiones, proponía
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 3

4. entonces la inclusión de nuevos agentes (privados) y planteaba varios principios rectores,
entre ellos la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la equidad.
Así, pues, esta ley crea dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, en donde los
primeros se les prestaba el servicio de acuerdo a su capacidad de pago, pero que igualmente
su aporte serviría para la financiación de la salud los más pobres.
Esta ley fue presentada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en calidad de senador de la
República, siendo Presidente Cesar Gaviria Trujillo, en el Año de 1993, reconocidos
neoliberales quienes a su cargo tenían la tarea esencial de impulsar en nuestro país un
modelo económico guiado por la teoría de mercados y la lógica de la privatización estatal,
hacer del Estado de Bienestar, un Estado Mínimo.
Asi pues, la ley 100, trajo un nuevo modelo, una nueva forma de prestación de salud, se
aumento el presupuesto destinado y se amplió la cobertura, reduciendo de manera
significativa la calidad en el servicio1.
La financiación de la salud, estaba a cargo del Estado, y se financiaba a través de los
ingresos corrientes de la Nación, y luego con recursos de situado fiscal, este subsidio se
hacía llegar directamente a la oferta (hodpitales), estos recursos, administrados por las
juntas seccionales de salud, entregaban al ejecutivo departamental, indicadores o cifras para
que de acuerdo a los estudios realizados, se asignaran los recursos necesarios para el
funcionamiento de los hospitales o empresas sociales del Estado.
El cambio se fundamento entonces, en subsidiar la demanda, o sea a los ciudadanos, para
esto se crearon las aseguradoras, empresas quienes debían administrar esos recursos y
contratar con hospitales u otros institutos prestadores de salud, estas aseguradoras, ARS y
EPS, son en la práctica, intermediarios entre la relación Médico-Paciente, que se daba en
los años anteriores a la Ley.
Se creía entonces, que darles paso a agentes privados, provocaría un incremento en la
calidad del servicio, ya que mientras existiera competitividad en las empresas, estas
apostarían a entregar cada vez un mejor servicio para atraer cada vez mas afiliados.
Pero no sucedió así, a pesar de que se ha incrementado el presupuesto en salud, la cobertura
que se creía universal, tiende a mostrar solo una afiliación o una carnetización, cifras dadas
en 1998 muestran un 60% de afiliados, (24.960.524 de colombianos) entre el régimen
contributivo y el subsidiado, para 2004 la cifra era de 26 millones, dejando a casi
18millones sin aseguramiento2.
Los problemas graves que tiene el servicio de salud, son un problema de profundas
consecuencias estructurales, podemos decir entonces que se debe a una mala utilización de
los recursos3, o en la caracterización que nos ha correspondido, la intermediación en la
salud como un negocio4.
1
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4619183
2
http://deslinde.org.co/IMG/pdf/La_Ley_100_el_fracaso_estatal_en_la_salud_publica.pdf
3
http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/problema-mal-manejo-han-dado-dineros-
salud/134860.aspx
4
http://www.elespectador.com/articulo-239999-salud-manos-de-gremios
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 4

5. La Salud como un Negocio
Según lo investigado, el Sistema General de Seguridad social en Salud, ha tenido avances
positivos en la implementación de la ley 100, según el director de Fedesarrollo en un
artículo de 2008, se había logrado reducción de enfermedades infantiles, aumentó la
cobertura de vacunación y se mejoró su estado de salud al nacer. También hubo impactos
positivos sobre el uso de servicios esenciales, como las citas de prevención y los controles
pre y post-natales5.
A la par con esto, en todas las ciudades del pais, llegan ante la superintendencia de salud,
miles de reclamos por mala prestación del servicio, acceso limitado a los medicamentos,
privación del servicio y problemas de corrupción.
Según, Enrique Peñaloza Quintero, director del Grupo de Política y Economía de la Salud,
de la Javeriana la plata con la que se financia el sistema de salud, es suficiente para atender
a los colombianos, el presupuesto era en 2002 el 7.6 % del PIB y entre 1998 y 2002 era de
8,5 del PIB, cifras nada despreciables6, de acuerdo con esto, queda por encontrar el punto
clave de la crisis financiera por la que atraviesa la salud, y más específicamente los
hospitales públicos y las empresas sociales del estado.
En recientes artículos de opinión y de noticias, se han venido denunciando como las
empresas promotoras de salud, y las ARS, han venido siendo punta de lanza para uno de los
mayores desfalcos a los recursos públicos de la nación.
Mientras que a los hospitales se les adeudan millonarias sumas, las EPS crecen
económicamente a cifras evidentes, “Saludcoop había registrado utilidades netas por un
poco más de 24 mil millones de pesos en 2008, lo que significó una variación del 12,2 por
ciento respecto a 2007.”7, esto denota una clara intención lucrativa de dichas empresas,
desplazando de cierta forma un derecho fundamental para darle paso la rentabilidad.
El prodigioso crecimiento de Saludcoop, y de sus similares, ha ocurrido en los mismos años
en los que se evidenció la crisis del sector salud8.
Y en esa lógica, parece estar cada Gobierno en Colombia, a pesar de las constantes
denuncias, en las que se destaca el Senador Robledo y el Periodista Daniel Coronel, de los
estudios por parte de universidades como la U. Nacional. la Javeriana, la Escuela de
Medicina Universidad Industrial de Santander, la Academia de Medicina, y varios actores
sociales y políticos, para, no solo reformar, si no cambiar el sistema por uno más incluyente
y que garantice la salud como derecho fundamental.
5
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-los-15-anos-de-ley-100
6
http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/problema-mal-manejo-han-dado-dineros-
salud/134860.aspx
7
http://www.semana.com/noticias-especiales/100-empresas-grandes-colombia-900-siguientes/137958.aspx
8
http://www.semana.com/noticias-opinion/donde-esta-bolita/134332.aspx
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 5

6. Al fin parece darse un golpe al despilfarro y al saqueo de los recursos de la Salud de los
colombianos, en los últimos días, se intervino Saludcoop, en un hecho que debe marcar un
inicio positivo en el desmantelamiento de lo que consideramos injusto y perverso, situación
vista como consecuencia de las medidas neoliberales en salud, que ha puesto en riesgo a
todos los hospitales de la red pública, pero convirtiendo en un gran negocio el
aseguramiento en salud.9
.
La Academia ha insistido sobre la diferencia entre “cliente” y “paciente”. Cliente es la
fuente de ingreso para el intermediario. El objetivo del intermediario es el lucro, y éste será
mayor en la medida que no gaste en servicios. El lucro aumenta cuando no se presta el
servicio que ya ha sido pagado, lo cual es frecuente en el régimen subsidiado, donde el
cliente generalmente es una persona poco informada sobre sus derechos y, con frecuencia,
geográfica o socialmente aislada. Tal persona no demanda servicios. También ocurre, por
supuesto, en el régimen contributivo, pero en menor escala.10
Los recursos destinados a salud, han quedado en manos de los intermediarios, (EPS) estos a
su vez, prestan su servicio bajo la lógica de la rentabilidad y la sostenibilidad financiera,
entregando el famoso POS, en muchos de los casos, es cobrado pero no entregado al
Cliente o paciente, cuando se trata de tratamientos o servicios ambulatorios, se contrata con
IPS privadas, alejando del “mercado” a los hospitales públicos, abonando la destrucción de
estos.
Reformas recientes
El pasado 19 de enero, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1438 “Por medio
de la cual reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones”. En su artículo 2 dice que se orientará a preservar la sostenibilidad financiera
del Sistema y en el 3 sobre los principios rectores, en el 3.13 establece que su sostenibilidad
no podrá afectar el gasto fiscal. Es decir se ratifica que los recursos económicos están por
encima del derecho fundamental de la salud, lo que deja a la población en manos del
aseguramiento privado y les consolida a las EPS el negocio. Lo demás en la reforma son
regulaciones secundarias y procedimentales.
Por lo anterior la Academia de Medicina, las Sociedades Científicas, Assosalud, la
Federación Médica, el colegio Médico y Asmedas enviaron comunicación al presidente
Santos expresándole que no asistieron al acto de Sanción de la Ley por considerar que “no
refleja las soluciones de fondo a los graves problemas que tiene el sector salud” y el doctor
Gustavo Malagón, presidente de la Academia dijo a los medios de comunicación que “la
ley privilegia la sostenibilidad financiera, fracciona el derecho a la salud y no mejora sus
indicadores”.
9
http://www.moir.org.co/Reforma-a-la-salud-consolida-el.html
10
http://www.encolombia.com/medicina/academedicina/proacad.htm
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 6

7. HECHOS RECIENTES
Artículos De Prensa
EPS podrán seguir contratando con sus
clínicas y hospitales
El representante a la Cámara Simón Gaviria lamentó la anulación en la reforma a la salud
del artículo que eliminaba la integración vertical de las EPS, es decir, la facultad que éstas
tienen para contratar hasta un 30 por ciento con clínicas y hospitales de su propiedad.
El artículo, propuesto por Gaviria, fue polémico y pese a la clara oposición del Ministro de
la Protección Social, se aprobó en la última plenaria de Senado y Cámara. Sin embargo, la
tarde de este viernes, en las comisiones de conciliación el artículo fue eliminado.
“Es una equivocación. Los defensores dicen que la integración vertical es útil en el sistema
porque ayuda a moderar el gasto y pueden imponer disciplina en el mercado. Pero el
problema es que esa moderación del gasto se hace a través de restringir el acceso al sistema
de salud”, aseguró a Semana.com el representante Simón Gaviria.
En la práctica –agregó Gaviria– los pacientes lo padecen, por ejemplo, cuando hay demoras
para obtener una cita con un profesional. “El esquema de compensación de las EPS está en
sus afiliados y sus gastos se definen si la persona se enferma. Como las EPS controlan sus
IPS (clínicas y hospitales), tienen el incentivo perverso de negar y racionar el servicio:
entre más nieguen, más ganan”.
Otra de las teorías que tiene el congresista para defender su propuesta y lamentar su
eliminación de la reforma a la salud es la desventaja que tienen los hospitales públicos y
privados frente a las EPS a través de la integración vertical.
“Compiten con desventaja. Las EPS construyen hospitales con la certeza de tener una
demanda garantizada”, dijo Gaviria.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas
privadas (Achc), respalda la tesis del representante, aunque resalta que el haberse aprobado
en las plenarias es un avance. “Es un campanazo de alerta para las entidades aseguradoras”.
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, no estuvo de acuerdo con la
propuesta y durante el debate del artículo argumentó que de aprobarlo, 30 mil personas
quedarían sin empleo y se afectaría la calidad.
Para el director de Achc, los argumentos no son de fondo. “¿Cuántos hospitales y clínicas
de las EPS están acreditados? ¿Cuántos están en los ranking? ¿Cuántos han ganado premios
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8. internacionales? Si cuenta uno entre 300 no cuenta más”, cuestionó Giraldo.
Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas
de Medicina Integral), que representa a las EPS, manifestó en su momento que lo
importante es que a la gente se les garanticen los servicios y el acceso con calidad.
“No hay un estudio serio que evidencia que los centros de atención que pertenecen a las
EPS no cumplan con estos principios”, dijo.
SUPERINTENDENCIA VS. EPS
Tras la investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió contra 15
Empresas Promotoras de Salud Empresas (EPS) y la Asociación Colombiana de Empresas
de Medicina Integral, Acemi, el Superintendente de este organismo del Estado, Gustavo
Valbuena, habló al respecto en La W
Valbuena explicó que el motivo para realizar la investigación preliminar es que el
superintendente delegado que lleva el caso, encontró que varias EPS estaban realizando
prácticas que restringen la libre competencia, las cuales están basadas en acuerdos entre las
Empresas Promotoras de Salud para limitar la prestación de los servicios y manipular la
información que deben compartir con el sistema de salud colombiano. Escuche por qué la
SIC decidió abrir investigación preliminar a varias EPS.
El Superintendente precisó que la norma concreta que prevé cuáles son las prácticas
restrictivas de la competencia en el sector salud está consignada en el decreto1663 de 1994,
en el que se establece que los actores del sistema de salud deben compartir la información
no reservada de servicios con los usuarios y administradores del sistema.
Agregó que el Superintendente delegado consideró a partir de pruebas que las EPS estarían
modificando dicha información, y que por esta razón se incorpora este cargo en la
investigación. Escuche qué sustenta la información que deben presentar las EPS.
Por último, Valbuena explicó que la concertación de las EPS con relación a la información
que deben transmitirle al sistema de salud sobre su número de usuarios, puede afectar la
fijación del precio Unidad de Pago por Capitación. Escuche la explicación del
Superintendente.
En esta misma emisora, el director de Acemi, Juan Manuel Díaz Granados dijo que las
afirmaciones del Superintendente delegado carecen de sustento. Añadió que las EPS están
prestando los servicios previstos en el ordenamiento legal y que los precios de salud son
controlados por el Estado, porque las cotizaciones están organizadas por la Ley. Escuche la
defensa del director de Acemi
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9. Respecto al manejo de información de las EPS y Acemi, dijo que no han ocultado ninguna
información y que los acuerdos realizados entre empresas no están orientados a restringir el
mercado. Enfatizó que presentarán todas sus pruebas y argumentos para aclarar la situación.
Escuche al director de Acemi hablar sobre la información que deben enviar.
INVESTIGAN A 15 EPS POR RESTRINGIR
LIBRE COMPETENCIA
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les abrió investigación a 15 Empresas
Promotoras de Salud (EPS) y a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina
Integral, Acemi, que las agremia. (Vea la lista completa de las EPS investigadas al final del
artículo)
Las razones son básicamente tres: por posibles acuerdos que hicieron esas empresas y la
Asociación para negar servicios de salud, limitar la información suministrada al gobierno y
fijar los precios de sus servicios. Eso, para la Superintendencia, impide la libre
competencia.
Lo primero que hay que entender es cómo obtienen dinero las EPS. La primera fuente de
ingresos proviene de la afiliación de los usuarios. Las cuotas que pagan cada mes se van en
gran parte a la EPS respectiva. Además, por cada afiliado que tenga una EPS, el sistema de
salud colombiano les reconoce una Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este es un
dinero adicional que el gobierno les gira, cuando el pago por la persona no cubre el costo
mínimo de cubrirle su Plan Obligatorio de Salud (POS).
La tercera fuente de ingreso son los giros que le hace el gobierno a la EPS cuando éstas
asumen servicios que no están incluidos en el POS.
En el sistema de salud colombiano, los precios están regulados. Pero eso no quiere decir
que no obedezcan a las reglas de oferta y demanda que rigen los precios normalmente en el
mercado.
¿Por qué? Según explica la SIC en la resolución 10958, que ordenó la investigación, los
entes reguladores, en este caso el gobierno, definen los precios con base en diferentes
variables del mercado suministrada por las EPS.
Cada una de estas empresas deben reportar información sobre la cantidad de usuarios que
tiene, los servicios que les brinda y lo que le cuesta brindar esos servicios. No sobra
explicar que cada reporte debe ser diferente a los demás, único y secreto para sus
competidores.
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10. Con base en esa información, el gobierno define la UPC y los conceptos por los cuales las
EPS pueden hacer cobros por servicios prestados que no se incluyen en el POS. “Bajo este
entendido, la competencia en el mercado de servicios de aseguramiento define, aun cuando
sea de manera indirecta, el comportamiento de los precios del servicio”, explica la
resolución.
Como esas decisiones se toman con base en la información que reportan las EPS, la
sospecha es que estas hayan podido ponerse de acuerdo para presentar sus reportes con
información unificada.
La manera como se recopila toda la información es por medio de Acemi. Pruebas
encontradas por la SIC dan cuenta de que “Acemi solicita a las EPS que envíen el listado de
procedimientos, actividades, medicamentos o insumos no POS que por efecto de frecuencia
de uso, costo e impacto en la UPC puedan ser susceptibles de ser incluidos en el POS”.
Hasta ahí no habría ningún problema. La interpretación que podría hacerse es que, como
gremio, las EPS están detectando los tratamientos que con más frecuencia necesitan los
colombianos para incluirlos en el POS.
Pero lo que encontró irregular la SIC es que Acemi recopila la información y se la
distribuye a las EPS asociadas. En un correo electrónico enviado por la directora médica de
Acemi a las empresas, dice: “Les estoy enviando en el archivo adjunto el costeo realizado
con los datos enviados por ustedes de cuánto puede costar la inclusión de los elementos de
la referencia”. Y adjunta un cuadro con los costos de los tratamientos recopilados de las
EPS.
“Al observar el contenido de las comunicaciones cruzadas entre las EPS y Acemi, se
encontró que corresponde a información privada, que en circunstancias normales de
mercado, no debería estar disponible para la consulta de los competidores”, comenta la SIC
en su documento.
Si la información de cada EPS debería ser privada, como dice la SIC, ¿para qué la
comparten?
Lo que la Superintentendencia va a investigar es si lo hicieron para llegar a consensos sobre
la información que cada una reportará al gobierno para que autorice o niegue servicios de
salud y para que defina precios de los tratamientos con base en datos presentados después
de un consenso entre las EPS.
Así, por acuerdo, esta lista adjunta en la resolución de la SIC consta cómo las EPS
posiblemente acordaron no cubrir ciertos servicios. En la última comuna de ese cuadro,
titulada ‘Consenso’, aparecen las letras ‘N’, de no, y ‘S’, de sí, para definir si cubren o no
los procedimientos mencionados, según las deducciones de la Superintendencia. Para evitar
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 10

11. la inclusión de los procedimientos en el POS, deben acomodar la información que se le
presentam al gobierno.
A ese respecto, la Secretaria General Jurídica de Colmédica, Gloria Eugenia Toro, le dijo a
la SIC que durante los Comités Jurídicos de Acemi “se comparten las visiones individuales
de los responsables jurídicos de las diferentes EPS que asisten, llegándose en ocasiones a
un consenso entre ellos”.
Según la resolución, esos consensos “respecto a la cobertura o contenidos del POS equivale
a una restricción de las cantidades producidas y vendidas en un mercado de bienes”.
Como el mercado de servicios de salud es un mercado como cualquiera, eso generaría “un
efecto equiparable a aquel que generaría un incremento concertado del precio de un bien” y
restringe la libre competencia, según el documento de la SIC.
La idea de compartir la información lleva, posiblemente, a presentar versiones unificadas
para evitar que ninguna EPS, por su cuenta propia, pida que un procedimiento cualquiera
sea cubierto por la UPC, pues si el gobierno la incluye allí, deja de pagarla como un gasto
adicional, que representa más ingresos para las EPS. Con esto, posiblemente, están guiando
la decisión del gobierno de cómo regular lo que debe cubrir la UPC.
Esta resolución es apenas una base para iniciar una investigación formal. Aún no hay un
fallo y las EPS tienen la oportunidad de defenderse.
Al conocer esta decisión de la SIC, Acemi emitió un comunicado de tres puntos en el que
dice que apenas están examinando la resolución y que todavía tienen plazo para responder y
dar todas las explicaciones del caso. Aclaran, además, que su gestión es en beneficio de la
población colombiana y los intereses de las EPS, con el estricto cumplimiento de la ley.
Empresas investigadas:
1. Colmédica EPS
2. Coomeva, Entidad Promotora de Salud S.A.
3. Entidad Promotora de Salud, Famisanar Ltda Cafam – Colsubsidio
4. Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado S.A
Salud Total S.A.
5. Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A EPS SOS S.A.
6. Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. Susalud Suramericana Medicina
Prepagada
7. Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo - Saludcoop
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12. 8. Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A.
9. Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A – Cafesalud EPS S.A.
10. Entidad Promotora de Salud Sánitas S.A EPS Sántias S.A.
11. Entidad Cooperativa Solidaria de Salud - Ecoopsos
12. Compensar EPS Entidad Promotora de Salud
13. Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
14. Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle del Cauca
15. Humana Vivir S.A EPS. Entidad Promotora de Salud y Administradora del Régimen
Subsidiado
ARS: LA CONEXIÓN PARA
Lo único que faltaba: al tétrico panorama de corrupción que tiene en grave estado al sector
de la salud hay que sumarle ahora que los dineros destinados a proteger la de los 12
millones de colombianos más pobres fueron a parar a las arcas de los violentos y
terminaron siendo utilizados para comprar armas, alimentar el narcotráfico y encender aún
más la guerra. Parece inverosímil, pero fue lo que descubrió la operación Dignidad X , una
acción conjunta de la Dijín y la Fiscalía que destapó, luego de una investigación de varios
meses, el saqueo de los recursos del régimen subsidiado de salud en La Guajira.
El escandaloso caso de Riohacha, por el que hoy están tras las rejas el alcalde Wílder
Antonio Ríos Rojas, varios funcionarios de su administración, dos asesores externos y dos
representantes de la Asociación de Indígenas del Cauca (AIC), puso al descubierto una
siniestra mafia de la que hacen parte políticos locales, funcionarios corruptos y grupos
paramilitares. Su objetivo: robar parte de los recursos destinados a la salud de los más
pobres. Con el insólito ingrediente, además, de que una entidad que debería estar
atendiendo a los indígenas de un departamento termine operando fraudulentamente en el
otro extremo del país.
Una repugnante realidad afecta desde su nacimiento, hace 10 años, a las Administradoras
del Régimen Subsidiado (ARS), encargadas de atender a la población más desprotegida.
Muchas de estas entidades han sido presa de la corrupción y algunas ya habían sido
sindicadas de actuar en complicidad con grupos al margen de la ley para desviar sus
recursos hacia ellos y hacia los bolsillos de funcionarios y particulares. Pero el tamaño de
esta olla podrida excede hasta los cálculos más pesimistas. El caso de La Guajira parece ser
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13. apenas la punta del iceberg de un fenómeno que se extiende a varias regiones del país y que
en algunas de ellas está alcanzando el carácter de un problema de seguridad nacional.
Según cálculos de la Superintendencia Nacional de Salud, en los dos últimos años una
trinca de funcionarios locales corruptos, grupos armados al margen de la ley ( paras y
guerrilla) y particulares se ha robado cerca de un billón de pesos que debían ser destinados
a la salud de los más pobres. La mafia está tan organizada que incluso ha llegado a hacer
cumbres en lujosos hoteles de Barranquilla para acordar los montos que se les deben girar a
los paramilitares y definir los nombres de las ARS autorizadas para trabajar en sus zonas de
influencia. Una de estas reuniones, a la que asistieron funcionarios de tres departamentos,
fue grabada por las autoridades. La misma trinca maneja una red de droguerías que nutre a
las ARS y figura a nombre de un familiar del jefe para que lleva el alias 39 .
Según el Ministro de Protección Social, los dineros del régimen subsidiado también han
sido utilizados para elegir alcaldes. Además, ya están identificados dos congresistas que
poseen ARS a través de testaferros y que han logrado hacerse a jugosos contratos con
mandatarios locales. A esto se agregan otras prácticas irregulares o delictivas para desviar
los dineros de aquellas entidades, como la duplicación de afiliaciones o el registro de
personas fallecidas, por las cuales la Contraloría General de la República estima que se han
perdido más de 325.000 millones de pesos.
La magnitud y gravedad de este fenómeno llevó al presidente Alvaro Uribe a convocar,
hace dos meses, a los ministros de Defensa y Protección Social, Jorge Alberto Uribe y
Diego Palacio; al entonces vicefiscal Andrés Ramírez; a la directora de la oficina
anticorrupción de la Presidencia, Margarita Zuleta, y a los altos mandos militares y
policiales, para buscar la forma de enfrentarlo. Entonces se reveló que 24 de las 50 ARS
existentes estaban involucradas en el problema y que el hombre que orquestaba este
negocio ilegal era Rodrigo Tovar Pupo, Jorge Cuarenta , segundo al mando del bloque
Norte de las Auc, después de Salvatore Mancusso. Es el mismo que regresó a la mesa de
diálogo en Santa Fe de Ralito tras ser expulsado de la misma por el secuestro del ex
congresista Jorge Gnecco.
Poco después de aquella reunión, el presidente Uribe anunció que las ARS serían
reemplazadas por las cajas de compensación familiar y Caprecom. Bien sea con esta
fórmula o con cualquiera otra, lo cierto es que se requiere una urgente y profunda reforma
del sistema del régimen subsidiado para poner fin, de una vez por todas, a la criminal
sangría de los recursos de la salud de los más desvalidos. El Congreso debe abordar con
extrema urgencia el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que busca que todo el
dinero de dicho régimen se maneje a través del Fondo Territorial Colombia para la Salud
(Focos). La idea es que el Fondo contrate directamente a las ARS y les gire el dinero. De
este modo, los alcaldes no volverían a tocar un solo peso de la salud y se limitarían a
supervisar la correcta ejecución de los contratos.
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 13

14. Claro que estas medidas tendrán que estar acompañadas de una efectiva política de
seguridad que ponga al sistema a salvo de las presiones de los grupos armados y los
políticos corruptos. Y, al mismo tiempo, de una constante e implacable acción judicial, no
sólo para castigar a los culpables sino para buscar la recuperación de los dineros robados.
No menos imperioso, finalmente, es que el Gobierno nacional plantee este tema en la mesa
de negociación con los paras , si no lo ha hecho ya. De lo contrario, en qué estamos? Qué
futuro pueden tener las conversaciones con unas agrupaciones armadas ilegales que siguen
delinquiendo de esta manera? Cómo dialogar con las Auc cuando el jefe del Bloque Norte
está involucrado hasta los tuétanos en esta inaudita expoliación de los dineros de la salud?
Preguntas, hasta ahora, sin respuesta.
REFORMA A LA SALUD: CONSOLIDA EL
NEGOCIO DE LAS ASEGURADORAS
José Arlex Arias Arias, La Verdad, Cartagena, enero 24 de 2011
El 11 de febrero de 2008 escribí para este diario una columna que denominé “La Salud un
sistema de negociados” en la cual hice un análisis de los principios rectores de la Ley
100/93, basados en la intermediación financiera, privatización y obtención de la máxima
ganancia, sobre los cuales se estableció el marco jurídico para la constitución del Sistema
General de Salud y Seguridad Social.
Entonces comenté “con la nueva regulación crean las Empresas Promotoras de Salud –EPS-
convertidas en intermediarias financieras para el manejo de los recursos, sobre la premisa
de la máxima ganancia. Utilidad que obtienen mediante: una mano de obra barata,
despidiendo trabajadores para luego subcontratar con cooperativas y bolsas de empleo;
eliminando competencia de hospitales públicos…”
El Grupo de Salud del Centro de Estudio del Trabajo, Cedetrabajo, en su revista Deslinde
No.47 de diciembre de 2010 publica datos que debían causar por lo menos asombro: el
gasto total en salud pasó de $3.26 billones, de ellos 15% eran recursos públicos en 1993, a
$39 billones en 2009 con una reducción al 10% de los públicos. Esto indica que pese al
crecimiento hay un descenso real del 33% de la inversión pública, es decir, cada día está
más consolidado el negocio privado o como llaman el aseguramiento.
Los datos de Cedetrabajo muestran que el régimen Contributivo mantiene un cubrimiento
del 40%, mientras el Subsidiado se aproxima al 30% dejando un 30% sin protección, que es
la franja para la cual faltan recursos, lo que pretendió solucionar la nueva reforma a la
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 14

15. salud; agregamos que entre 1999 y 2008 cerca de un millón de tutelas han obligado al
reconocimiento de tratamientos, procedimientos y medicinas no contemplados en el POS.
Durante la vigencia de la Ley 100, las EPS han crecido 176 veces en su patrimonio
estimado en 2009 en $767 billones con una utilidad neta de $495 billones. Sólo en 2009
“vendieron servicios” por $44 billones con ganancias de medio billón de pesos. Después de
la banca comercial, el de la salud es el segundo negocio más lucrativo que se desarrolla en
Colombia.
Para el 2008 la Supersalud tenía reportados 987 hospitales públicos, de los cuales 85%,
unos 841, reportaron déficit que sumaban más de un billón de pesos, producto de que las
EPS no les cancelaban a tiempo y hacían preferentemente la contratación con las IPS
privadas, sólo un 58% recaudan esos hospitales públicos. La solución fue impulsar las
reestructuraciones que implicaron entregar hospitales en concesión y liquidar a los
trabajadores, algunos de los cuales fueron contratados con intermediarios laborales.
Esta orgía contra la salud deja consecuencias: millares de víctimas inocentes del “paseo de
la muerte”, asesinadas por este sistema debido a su carencia de recursos económicos; se han
agudizado y reaparecido enfermedades crónicas, muertes maternas, dengue hemorrágico y
clásico, tuberculosis, lepra, malaria, además de la diabetes, hipertensión y la obesidad que
aumentan los factores de riesgo.
El pasado 19 de enero, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1438 “Por medio
de la cual reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones”. En su artículo 2 dice que se orientará a preservar la sostenibilidad financiera
del Sistema y en el 3 sobre los principios rectores, en el 3.13 establece que su sostenibilidad
no podrá afectar el gasto fiscal. Es decir se ratifica que los recursos económicos están por
encima del derecho fundamental de la salud, lo que deja a la población en manos del
aseguramiento privado y les consolida a las EPS el negocio. Lo demás en la reforma son
regulaciones secundarias y procedimentales.
Por lo anterior la Academia de Medicina, las Sociedades Científicas, Assosalud, la
Federación Médica, el colegio Médico y Asmedas enviaron comunicación al presidente
Santos expresándole que no asistieron al acto de Sanción de la Ley por considerar que “no
refleja las soluciones de fondo a los graves problemas que tiene el sector salud” y el doctor
Gustavo Malagón, presidente de la Academia dijo a los medios de comunicación que “la
ley privilegia la sostenibilidad financiera, fracciona el derecho a la salud y no mejora sus
indicadores”.
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 15

16. CURARSE EN SALUD
La seguridad social se convertirá en uno de los grandes negocios de las aseguradoras en
Colombia.
Lunes 12 marzo 2001
Durante los últimos cuatro años la industria aseguradora colombiana ha vivido momentos
críticos. Y no solamente porque la economía nacional, el aumento del número de siniestros
o la guerra de precios entre las compañías del sector así lo propiciaran. También a nivel
mundial se sintió un duro remezón, especialmente en los mercados europeos y
norteamericano. ¿Las causas? Según los expertos, hay dos grandes factores que ayudan a
explicar este fenómeno: uno, el hecho de que se produjera una sobrecapacidad en el
mercado de las reaseguradoras (es decir, aquellas firmas que respaldan a las compañías
aseguradoras) que llevó a una caída en los precios de las primas y dejó grandes ventajas
para los clientes pero grandes pérdidas para las compañías; y dos, el incremento de la
siniestralidad a nivel mundial, reflejada en grandes desastres naturales como los terremotos
en Asia, las tormentas tropicales en el Caribe, accidentes aéreos, etc., cuyo cubrimiento
dejó en saldo rojo las finanzas de las reaseguradoras.
Este descalabro también produjo un impacto negativo en los mercados de Asia y América
Latina, donde los efectos de la crisis también se sintieron. Del caso colombiano vale decir
que en el último año las pérdidas de la industria aseguradora llegaron a 120.000 millones de
pesos y que varias compañías tuvieron que ser vendidas o fusionarse con tal de no
desaparecer. Sus esfuerzos por mantenerse en el mercado coincidieron con la liberalización
del sector y con la globalización de la industria aseguradora a nivel mundial. Fue así como
se produjo la compra de Colseguros por parte de Allianz-AGF, la adquisición de una parte
de Colmena y Latinoamericana por parte de Liberty y la alianza de compañías como
Mapfre y Suramericana, entre otros negocios importantes.
Gracias a la expedición de nuevos marcos regulatorios, como la Ley 45 de 1990, la Ley 35
de 1993, (más conocida como la Ley marco del sector asegurador) y la reforma a la
seguridad social que trajo la Ley 100 de 1993 las compañías aseguradoras colombianas
comenzaron a buscar nuevos negocios aparte de los tradicionales, que venían enfocados en
los seguros de daños y personas. Es el caso de la seguridad social, que ha permitido la
proyección de nuevos negocios en frentes como las rentas vitalicias, los riesgos
profesionales y los planes alternativos de salud. Paralelamente, el estancamiento de los
grandes mercados internacionales les ha abierto las puertas del mercado nacional de
seguros a nuevos jugadores. La inversión extranjera comenzó a verse con la entrada al país
de firmas como Liberty, Mapfre y Chubb, que oficializaron su permanencia en Colombia.
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 16

17. “La apertura de los mercados es una tendencia que se ha venido dando en toda Suramérica.
Esto propició un mercado más competitivo que trajo amplios beneficios a los clientes, pero
también hay que decir que la competencia no se centró solamente en la mejor calidad del
servicio o en la solidez de los reaseguros sino también en una guerra de precios. Lo
importante era mantener un alto volumen de negocios sin más argumento que los precios
bajos, pero llegó el momento en que las primas fueron insuficientes para cubrir las pérdidas
y responder eficazmente frente a los siniestros”, afirma Max Thiermann, presidente de
Colseguros. Fue en medio de ese escenario de competencia agresiva entre las compañías
que el Estado colombiano fijó los índices de solvencia para las aseguradoras y comenzó a
regular, vigilar y controlar más decididamente el comportamiento de las mismas con el
ánimo de darle solidez y transparencia al negocio.
En cuanto a la llegada de las grandes firmas del sector asegurador mundial vale decir que
desde comienzos de los 90 le apostaron en serio al potencial de negocios que se abría en
Colombia. “Nosotros tenemos una tradición de más de 117 años a nivel mundial y llegamos
a comienzos de la década pasada, en plena época del narcoterrorismo. Aún así, creemos que
aquí hay un gran mercado y tenemos una gran confianza en el país”, sostiene Manuel
Francisco Obregón, vicepresidente de suscripción de Chubb de Colombia, considerada una
de las 15 aseguradoras más importantes del mundo.
Otra de las grandes compañías que sigue ganando terreno en el mercado asegurador
colombiano es Liberty, que también ha realizado inversiones cuantiosas. “En 1997
compramos una parte de Seguros Skandia y luego decidimos adquirir portafolios de otras
compañías. En diciembre de 1999 compramos una parte de Latinoamericana y en enero de
este año hicimos lo propio con Seguros Generales de Colmena. Para el año pasado Liberty
tenía ya una participación del 6 por ciento en el mercado y a diciembre de 2000 nuestras
ventas llegaron a los 174.000 millones de pesos”, dijo a SEMANA Mauricio García,
presidente de Liberty en Colombia.
La llegada de estos grandes capitales ha tenido tres consecuencias importantes: en primer
lugar, exige a todas las compañías mejorar sus productos y alcanzar estándares
internacionales en términos de cobertura y atención de siniestros, lo que a la postre se verá
reflejado en la calidad de servicio que recibe el cliente. La segunda es que estas mismas
compañías deben hacer grandes inversiones en tecnología, capacitación de recurso humano
y estrategias de mercadeo para mantenerse con vida en un mercado cada vez más
competido. Y la tercera es que, gracias a esta dinámica del mercado asegurador, los
colombianos empezarán a ganar confianza en sus compañías e invertirán más en diferentes
tipos de seguros.
Teniendo en cuenta las características de este nuevo escenario en la industria aseguradora
cabe preguntarse, ¿qué va a pasar con las compañías del Estado que tuvieron el monopolio
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 17

18. de los seguros hasta finales de los 80? Para Alvaro Escallón, presidente de La Previsora,
empresa aseguradora del Estado, “además de tener que competir frente al sector privado
tenemos que seguir cumpliendo una labor social como entidad del sector público y
herramienta del Estado para cubrir riesgos que otras compañías no cumplen, como es el
caso del terrorismo y la póliza de grupo vida del Ejército y la Policía. Si bien el 70 por
ciento de nuestros clientes siguen siendo estatales y es en ese sector donde está nuestra
fortaleza porque conocemos todos sus riesgos, queremos incrementar nuestra participación
en el portafolio de nuestros clientes privados”. A pesar de arrojar pérdidas como
consecuencia de los actos de terrorismo, piratería y otros siniestros derivados del conflicto
armado que azota al país, esta compañía obtuvo ingresos entre 240.000 y 245.000 millones
de pesos en 2000, un 13 ó 14 por ciento más que en 1999.
Las Perspectivas
Según William Fadul, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos
(Fasecolda), el mayor interés de la industria aseguradora se concentrará en la seguridad
social. “Las reformas introducidas en 1993 generaron grandes oportunidades en negocios
como rentas vitalicias, seguros tradicionales para los fondos de pensiones, riesgos
profesionales, salud y otros productos que se van a derivar de allí en un futuro, como los
planes alternativos. Es en estos campos donde esperamos un incremento importante”. Un
estudio realizado por Fasecolda muestra que mientras en 1995 el sector de la seguridad
social ocupaba un 2,5 por ciento del total de la industria aseguradora, ese porcentaje puede
llegar al 24 por ciento en 2005 y al 38 por ciento en el año 2010 (ver gráfica). Esto quiere
decir que será el sector de mayor crecimiento pues los seguros en daños, como los de
automóviles o los de personas, en los que se incluyen los seguros de vida, tienden a
decrecer al cabo de los próximos 10 años.
Finalmente vale decir que gracias a la proyección del sector de la seguridad social las
primas emitidas en precios constantes del año 2000 crecerán —según Fasecolda— casi tres
veces entre los años 2000 a 2010, al pasar de 3,9 billones a 11,1 billones de pesos
respectivamente. “Según estas estimaciones, habrá una entrada importante de inversionistas
extranjeros y el sector comenzará a generar las reservas técnicas suficientes para fomentar
el ahorro, un aspecto fundamental para la economía colombiana”, concluye Fadul.
El reto para la industria aseguradora es enorme, pues entrará a competir de lleno por el
mercado de usuarios de las EPS tradicionales y las entidades públicas como el ISS, que no
atraviesan su mejor momento. Habrá que ver en qué condiciones se lanzan a la conquista de
nuevos clientes, pues además de realizar grandes inversiones en tecnología, capacitación de
recurso humano y mercadeo de nuevos productos tendrán que mostrar altos niveles de
eficiencia en un terreno abonado por la inconformidad de miles de colombianos de todas las
condiciones.
[Mario Alejandro Lemus : La Apropiación Privada del Estado] Página 18