1. Un horizonte para la paz en
Guatemala
Desafíos para asegurar la
gobernabilidad democrática
en el próximo quinquenio
Grupo Consultivo para Guatemala
Ciudad de Guatemala, 13 y 14 de Mayo de 2003
2. Los 9 Puntos del
Grupo Consultivo 2002
1. Aceleración del cumplimiento de los Acuerdos de Paz
2. Garantizar asignaciones presupuestarias adecuadas (Política Fiscal)
3. Situación fiscal (Política Fiscal)
4. Abrir un proceso de consulta sobre la Estrategia de Reducción de la
Pobreza-ERP
(Elaborar las veintidós – 22 – Estrategias de Reducción de la Pobreza
Departamentales – ERPD)
5. Aprobar una reforma integral del sector financiero
(Sostenibilidad de la estabilidad macroeconómica y fortalecimiento del sistema
financiero)
6. Acabar la impunidad, mejorar la seguridad ciudadana y garantizar los
derechos humanos
7. Reactivar el crecimiento económico
(Plan de Acción Económica al 14 de enero 2004)
8. Aumentar la transparencia
(Transparencia Global )
9. Promover el diálogo y la unidad nacional
(Gobernabilidad)
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3. Logros desde la
firma de la paz
• Retorno de refugiados
• Reinserción de desplazados internos
• Desmovilización de fuerzas insurgentes
• Desmovilización de algunos cuerpos de seguridad
estatales
• Un estado más democrático
• No hay exclusión política
• La violación de los derechos civiles y políticos ya no es
política de Estado
• Gradualmente los compromisos de paz inciden en las
instituciones, las políticas públicas y la cultura política
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4. Debilidades del
Proceso de Paz
• Ausencia de estrategia política de los
factores de poder
• Las negociaciones de paz no desmontaron
el aparato contrainsurgente
• Faltó realismo sobre su viabilidad
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5. Premisas para re-lanzar los
Acuerdos de Paz
• Traducirlos en beneficios inmediatos para
el pueblo
• Alentar una cultura política de tolerancia
en las elites
• Crear instituciones y mecanismos capaces
de procesar los compromisos
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6. Desafío principal
Programa de Nación
Reformas Modernizar el Estado Nuevo modelo de
constitucionales Profundizar la desarrollo
y legales democracia económico
Derechos pueblos Reforma institucional Régimen agrario
indígenas
Derechos humanos Reforma política Régimen financiero
Solución alternativa Acceso a medios Política comercial
de conflictos
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7. Condiciones para el cambio
• Fortalecimiento institucional en todos los
niveles
• Políticas fiscales y económicas modernas;
medios y capacidades para ejecutarlas
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8. Siete desafíos de la paz y la
gobernabilidad
1. Pueblos Indígenas
2. Derechos humanos, seguridad y justicia
3. Integralidad de los derechos humanos
4. Seguridad y justicia
5. Modernización del ejército
6. Desarrollo rural y desarrollo económico
7. Cultura de paz y reconciliación
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9. Primer Desafío
Sobre Pueblos Indígenas
• Vencer la inercia ideológica, institucional y
jurídica
• Reformas constitucionales para una
profunda renovación del Estado y de la
sociedad guatemalteca.
• Reconocer un Estado con cuatro pueblos
• Fortalecer instituciones estatales y sociales
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10. Segundo desafío
Derechos humanos,
seguridad y justicia
• Llenar el vacío institucional en temas
seguridad pública y justicia
• Dotarnos de estructuras idóneas para
luchar contra la impunidad
• La CICIACS, como estructura de
emergencia, apuntalando esos propósitos
Grupo Consultivo para Guatemala - 13 y 14 de Mayo de 2003 10
11. Tercer desafío
Integralidad de los derechos humanos
• Los derechos civiles/políticos se han socializado;
los derechos económicos, sociales y culturales,
se han privatizado.
• La violación de los derechos económicos,
sociales y culturales se ha convertido en práctica
de Estado.
• La disociación constituye una potencial crisis de
gobernabilidad que puede amenazar la paz y la
democracia en Guatemala.
• Forjar estrategias y estructuras capaces de dar
cumplimiento a las obligaciones sobre DESC.
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12. Cuarto desafío
Seguridad y justicia
• Recursos extraordinarios y un plan de
acción integral
• Revisar la reforma de la PNC
• Fortalecer el MP
• Incrementar la capacidad del OJ
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13. Quinto desafío
Modernización del Ejército
• Acabar de romper los moldes que han
determinado la estructura y regido las acciones
del Ejército, y proyectar una institución militar
moderna.
• Si no hay reforma constitucional, reformar la ley
constitutiva del Ejército
• Nuevo sistema de educación, inteligencia y
despliegue
• Separar tareas de defensa y seguridad pública
• Elevar la participación social a través de
programas de estudio y difusión
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14. Sexto desafío
Desarrollo rural y
desarrollo económico
• Definir el nuevo modelo económico
• Requisitos del nuevo modelo económico:
– Menor dependencia de las fluctuaciones del mercado
internacional
– Crecimiento económico con equidad
– Conservación del capital nacional en recursos naturales
• Un punto de partida es el PAE
• Municipios con alta pobreza requieren un plan especial
de inversiones
• Vencer la crónica escasez de recursos humanos en
tareas estratégicas del Estado, y lograr el pago de
impuestos
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15. Séptimo desafío
Cultura de paz
y reconciliación
• Superar el encierro de viejas estructuras e identidades del pasado que
dificultan el diálogo entre culturas, religiones y clases sociales
• Iniciar con la ejecución del Programa de Resarcimiento
• Reformas del Código Civil para facilitar la resolución no discriminatoria y
expedita de disputas y asuntos que no tienen carácter penal
• Reformas al Código Penal para despenalizar temas territoriales, civiles etc.
• Acceso de toda la población -pueblos indígenas, mujeres y grupos
vulnerables- al sistema de justicia y los mecanismos de resolución de
disputas
• Fortalecer las capacidades del sistema de justicia
• Reforzar sistema educativo primario y segundario con educación cívica
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16. El desafío de la transición
Tareas prioritarias hasta el
cambio de Gobierno
• Asegurar los acuerdos sustantivos
• Impulsar una agenda mínima hasta enero 2004 para
fortalecer la seguridad civil y la lucha contra la
impunidad; completar la definición de Política de
Defensa y clausura del EMP
• Ampliar y fortalecer a los actores de la paz
• Afianzar instituciones creadas en este periodo, inspiradas
en los Acuerdos: SAAS, SAE, SEPREM, SAA, Comisión
contra Racismo, Comisión contra la Corrupción y otras
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17. El desafío de la transición
Concertar una agenda estratégica
• Producir una coyuntura de viabilidad política en la
transición
• Debatir la reforma jurídica y política, y del régimen
agrario
• No perder, sino profundizar las reformas de este periodo
• Dejar de imaginar el futuro desde la derrota y la
invalidez social
Grupo Consultivo para Guatemala - 13 y 14 de Mayo de 2003 17
Notes de l'éditeur
Me voy a referir principalmente al primero de los nueve puntos prioritarios establecidos por el Grupo Consultivo anterior. Este punto enmarca la discusión sobre políticas de Estado en los próximos cinco años. Mi intención es ofrecer una racionalización del proceso de paz. Al mismo tiempo, quisiera proponer ciertas bases para un plan de acción de Estado a corto y mediano plazos.
Los Acuerdos de Paz facilitaron el retorno de decenas de miles de refugiados, la reinserción de otros tantos miles de desplazados internos, la desmovilización de las fuerzas insurgentes y algunos cuerpos armados del Estado. El Estado es más democrático desde la firma de los acuerdos de paz. Aunque falta un largo camino por recorrer en materia de justicia, pues sobreviven situaciones que recuerdan al pasado, las violaciones de los derechos civiles y políticos se originan en inercias y no en una política central del Estado. Hay cada día más legislación, programas, políticas e instituciones adheridas a los acuerdos de paz.
La principal debilidad del proceso de paz es la falta de una estrategia política sostenible. Las negociaciones de paz no desmontaron el aparato contrainsurgente, la tarea se delegó a los operadores de los Acuerdos. Lo que hoy vivimos como “crisis” de derechos humanos es la disputa sobre la impunidad del pasado, que muestra que esa impunidad es dura. Los Acuerdos de Paz se firmaron como una suerte de programa comprehensivo de lo que la sociedad y el Estado guatemaltecos debían ser. Pero su viabilidad no fue suficientemente evaluada. El desajuste entre las posibilidades reales de transformación y los objetivos de los Acuerdos de Paz, han obligado a sucesivas recalendarizaciones de los compromisos, lo cual deteriora al sistema democrático ante los ojos de los guatemaltecos y a Guatemala a los ojos del mundo.
No obstante esas debilidades, los Acuerdos constituyeron el punto de partida de un necesario y largo proceso de construcción de la paz. Una aceleración del cumplimiento de los Acuerdos, significa establecer premisas como las siguientes: Alcanzar homogeneidad en la conducción política del Estado y levantar consensos en la sociedad. Traducir a la vida cotidiana de la gente los beneficios de la paz. Alentar en las elites una cultura política propositiva y de tolerancia, y, como punto crucial, Forjar instituciones y mecanismos para procesar los propósitos de los Acuerdos .
El desafío principal es poner en marcha un programa de nación, que, según los acuerdos de paz, debería de articularse en tres componentes: Reformas Constitucionales y legales para: - Reconocer los derechos de los pueblos indígenas - Sancionar los delitos de especial gravedad - Garantizar la administración de justicia 2. Profundizar el proceso democrático a través de una reforma institucional que haga al Estado más eficiente, transparente y no discriminatorio, y una reforma política que permita mayor participación y control ciudadano. 3. Promover un nuevo modelo de desarrollo económico, removiendo obstáculos en el régimen agrario, financiero y comercial que generan privilegios e inequidad.
Hay por lo menos dos condiciones para poner en marcha este programa: Por un lado, eliminar el vacío institucional que da paso a la impunidad, el deterioro en los servicios sociales y económicos, y una gobernabilidad precaria en los departamentos y municipios Por otro, impulsar políticas fiscales y económicas modernas, para superar la limitada disponibilidad de inversión y ganar coherencia en las medidas de revitalización económica.
Aquí el desafío es vencer la inercia ideológica, institucional y jurídica, el conservadurismo de viejas estructuras, y lograr las reformas constitucionales que son imprescindibles para la profunda renovación del Estado y de la sociedad Para ello es imprescindible reconocer que somos un estado con cuatro pueblos. Por otro lado, deben fortalecerse las estructuras estatales y de la sociedad para ejecutar programas de desarrollo e inversión ecuánimes y no discriminatorios.
A pesar de los avances en derechos humanos, no han concluido las prácticas violatorias, secuelas de un pasado de arbitrariedades e impunidad que aún tenemos que vencer. El desafío será llenar el vacío institucional en temas de seguridad y justicia, dotando al país de estructuras idóneas. La CICIACS, como estructura de emergencia, puede ser una herramienta útil y oportuna para apuntalar estos propósitos.
Como sabemos, los derechos humanos son indivisibles. Sin embargo, los derechos civiles y políticos se han venido socializando en los últimos 18 años y su violación ya no es política central del Estado. En cambio los derechos económicos y sociales se han venido privatizando y su violación se ha convertido – en democracia y bajo los acuerdos de paz – en práctica de Estado. Aquí está el motor de una potencial crisis de gobernabilidad que puede amenazar la paz y la democracia. El desafío es dotar al país de estrategias y estructuras idóneas capaces de cumplir con nuestras obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
Necesitamos recursos extraordinarios para las ramas de seguridad y justicia, y un plan de acción integral, inspirado en los Acuerdos de Paz. Elementos para un plan de acción podrían ser: PNC: Sanear la Academia; reasignar recursos para asegurar la logística y tareas operativas; dotar de recursos a la Oficina de control interno; aplicar el nuevo régimen disciplinario. Ministerio Público: Reclutar y capacitar más fiscales; dotar de recursos al programa de protección a testigos; asegurar en el terreno la cobertura y coordinación con la PNC. Organismo Judicial: Incrementar su cobertura, especialmente de los juzgados de paz; impulsar un programa de protección de jueces; dotar al OJ de recursos humanos bilingües para asegurar el acceso a los pueblos indígenas.
El desafío es desprenderse completamente de los cánones que han determinado la estructura y regido las acciones del Ejército, y proyectar una institución militar adaptada a las exigencias de una nación que está ganando la paz y se inserta en un mundo globalizado. Mientras no haya reforma constitucional, tendríamos que promover la reforma de la Ley Constitutiva del ejército para incorporar la Política de Defensa y la Doctrina Militar, definidas en las actuales consultas con la sociedad civil. Ellas contienen el nuevo sistema de educación militar, de inteligencia y despliegue de fuerzas. La participación pro-activa de la sociedad en la construcción del Ejército moderno es indispensable, a fin de desmitificar el tema seguridad que a lo largo del conflicto armado se transformó en un gran tabú. Para elevar la participación de la sociedad es preciso lanzar programas de estudio, investigación y difusión, debates académicos y públicos en el marco de los pénsum universitarios.
El desafío de los próximos años será definir un nuevo modelo económico. El nuevo modelo económico debería: Ganar una inserción equilibrada en el mercado internacional Establecer un patrón de crecimiento económico con equidad, lo que implica mayor participación en la producción de los sectores excluidos. Una política de manejo ambiental agresiva. Un punto de partida es el Plan de Acción Económica del 2002, concebido en un marco de responsabilidad compartida entre el sector público y el privado Los municipios con alta incidencia de pobreza, requerirán un plan de inversión para crear un nuevo capital humano, lo que significa elevar la calidad y cobertura de educación y salud; asistencia técnica y financiera, y acceso al uso productivo de la tierra. El gobierno ha hecho esfuerzos considerables para elevar la carga tributaria y la inversión social; el gobierno futuro enfrentará el desafío de vencer la crónica escasez de recursos humanos especializados en la administración pública, y lograr el pago de los impuestos por parte de aquellos que tradicionalmente evaden con impunidad sus obligaciones fiscales.
El desafío es que la sociedad y el Estado superen su encierro en viejas estructuras e identidades heredadas del conflicto armado, que dificultan el diálogo entre las culturas, las religiones y las clases sociales. Para crear un marco adecuado podríamos empezar por: Superar toda clase de posturas partidarias, discriminatorias y sectarias en la ejecución plena del Programa Nacional de Resarcimiento. Reformas del Código Civil que permitan la resolución no discriminatoria y rápida de disputas de asuntos que no tienen carácter penal. Reformas al Código Penal para eliminar la penalización de asuntos comerciales, territoriales, civiles, etc. El acceso de la población, especialmente de los pueblos indígenas, las mujeres y los grupos vulnerables, al sistema de justicia y los mecanismos de resolución de disputas. El fortalecimiento de las capacidades del sistema de justicia. Reformar el sistema educativo primario y secundario con materias de educación cívica.
El desafío inmediato es asegurar la vigencia de los acuerdos de paz en una transición ordenada hacia el próximo gobierno. Eso requiere un esfuerzo de los actores de la paz para concertar una agenda estratégica y una nueva institucionalidad más amplia, descentralizada y representativa. La agenda básica está en las mesas de diálogo intersectorial. En lo que resta del 2003 nos hemos propuesto avanzar en: 1) Desplegar un esfuerzo extraordinario contra la impunidad actual en derechos humanos a través de la CICIACS, 2) Sentar las bases para un sistema de seguridad e inteligencia civil, estableciendo la escuela de oficiales de la policía y de la SAAS, la DICAI, el sistema nacional de inteligencia y el Consejo Asesor de Seguridad, 3) Impulsar las bases jurídicas de esas estructuras en las leyes de acceso a la información, clasificación y desclasificación de información reservada, la ley de la inteligencia civil y la ley de marco de inteligencia, 4) Concluir la definición de la Política de Defensa Nacional, 5) Completar el desmantelamiento del EMP, 6) Promover un presupuesto nacional reforzando los mecanismos de fiscalización y transparencia, y priorizando el gasto en seguridad civil y justicia, y en desarrollo rural, 7) Poner en marcha el Plan Piloto del Programa Nacional de Resarcimiento, 8) Apoyar en la aprobación de leyes clave como la del catastro, sobre niñez y juventud, y la reforma laboral para proteger a la población vulnerable, como los niños y las trabajadoras domésticas, 9) Institucionalizar las estructuras y redes capaces de procesar en el próximo periodo los acuerdos sustantivos pendientes a través de una ley del Congreso. Una tarea compartida con la sociedad es proteger a las nuevas instituciones diseñadas para dar soporte al cambio democrático, entre ellas la SAAS, SAE, DICAI, SEPREM, SAA, las instancias contra el racismo, de desarrollo indígena y las que se ocupan de la transparencia.
Las tareas de la paz en el próximo periodo estarán más íntimamente vinculadas a los problemas de la gobernabilidad democrática. El desafío de la gobernabilidad se expresará en la capacidad de los actores para producir una coyuntura de viabilidad política y baja intensidad conflictiva en las próximas elecciones; pero, sobre todo, ante la demanda sorda de reformas profundas en la estructura jurídica y política y el régimen agrario. El desafío del proceso de paz en el siguiente periodo consistirá en preservar la democracia renovándola y profundizar las reformas socioeconómicas de este periodo en un ambiente de paz social. Finalmente, un desafío profundo, como país, es dejar de imaginar el futuro desde la derrota y la invalidez social. Abandonar el refugio de nuestra propia verdad y dejar de mirar la verdad ajena con sospecha o como amenaza. Salir de la lógica de la victimización que no reduce a administrar la contingencia del día a día, con sus quejas y reclamos. Requerimos un lenguaje nuevo y un método para dar vida a la comunicación democrática necesaria para consolidad la paz.