¿Dónde está el rey? ¿A qué espera para actuar ante el secuestro del Poder Judicial?
La enésima negociación frustrada para renovar el Poder Judicial ha servido al menos para algo: para desnudar al Partido Popular y a su supuesto líder, Alberto Núñez Feijóo. Lo ocurrido en estas pocas semanas en las que parecía que, ya por fin, el PP iba a cumplir con la Constitución, ha dejado en evidencia todas las mentiras de un intolerable abuso antidemocrático: del deterioro institucional que provoca la derecha cada vez que pierde las elecciones y se atrinchera en el Poder Judicial.
Basta con recordar algunos datos básicos de cómo hemos llegado hasta aquí. Hace casi una década que el Parlamento nombró al actual Consejo General del Poder Judicial. Fue en 2013, en la lejana mayoría absoluta de Rajoy.
En aquel momento, la distancia entre la izquierda y la derecha en el Parlamento no podía ser mayor. Eran los años de los recortes, del rescate a la banca, de los desahucios, de los Papeles de Bárcenas, del “Luis, sé fuerte” y de los sobresueldos de M. Rajoy. Y a pesar de todo eso, el PSOE cumplió con la Constitución sin condiciones ni retrasos. Acordó la renovación del Consejo General del Poder Judicial en tiempo y forma, en un pacto donde los partidos solo negociaron sobre lo que tenían que negociar: quiénes serían los vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en función de las mayorías parlamentarias. Y nada más.
Lo que es normal cuando pierde las elecciones la izquierda se convierte en extraordinario cuando es la derecha quien debe dejar de mandar. Hace ya casi cuatro años que caducó el mandato del CGPJ. Y desde entonces el PP se ha atrincherado en la cúpula de la Justicia, como hacen siempre que son derrotados en las urnas.
¿Se imaginan qué pasaría si Pedro Sánchez perdiera las elecciones y se negara a abandonar La Moncloa durante cuatro años? Pues en la práctica es igual, aunque aquí no hablemos del Poder Ejecutivo sino del Poder Judicial. El PP está ocupando la cúpula de la Justicia en contra del mandato democrático, en contra de la soberanía popular.
Las excusas cambiantes con las que el PP ha intentado justificar este flagrante incumplimiento de la Constitución han ido apareciendo y desapareciendo. Porque ninguna de ellas fue nunca la verdadera razón para no renovar el Poder Judicial.
En 2018, el PP acordó la renovación. Y después incumplió ese pacto, tras el revuelo que se montó por el ataque de sinceridad de uno de sus senadores, Ignacio Cosidó, jactándose de cómo uno de los suyos, Manuel Marchena, iba a controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo “por detrás”. Casado se asustó por la presión de la extrema derecha: dentro y fuera de su partido. Igual que ha hecho esta semana Feijóo.
En 2019 el PP no quiso negociar, porque había varias elecciones. Y, al parecer, es mucho pedir que un partido se presente a las urnas y al mismo tiempo cumpla con la Constitución.