El documento resume las opiniones de varios expertos sobre el Régimen Especial de Balears (REB) y la nueva financiación. Mientras algunos expertos son escépticos sobre la efectividad del REB, la mayoría están de acuerdo en que debe servir para compensar los costes de insularidad de empresas y ciudadanos. También critican el actual sistema de financiación y proponen alternativas como aplicar el principio de ordinalidad y dar más autonomía tributaria a las regiones.

1. Del 16 al 22 de noviembre de 2018
La presidenta del Govern, Fran-
cina Armengol, tras la reunión
del pasado miércoles con Pedro
Sánchez, anunció que el Régi-
men Especial de Balears (REB)
entrará en vigor a partir de 2019
y se aprobará de forma inme-
diata, si es preciso mediante un
decreto ley. Las negociaciones
sobre el REB se ralentizaron con
la llegada de Pedro Sánchez al
gobierno, pese a que estaban
muy avanzadas con el Ministe-
rio de Hacienda de Cristóbal
Montoro con el gobierno de Ma-
riano Rajoy. Ahora, el acuerdo
debe ser inminente para que
entre en vigor a principios de
2019.
Otro pilar fundamental para la
economía de Balears es la finan-
ciación. La renovación del siste-
ma de financiación quedó para-
lizada por completo con el go-
bierno de Sánchez, que poco
después de llegar a la Moncloa
anunció que su negociación
quedaría pendiente para la pró-
xima legislatura.
Movilidad, empresas e inver-
siones son los tres ejes sobre los
que se sustenta el REB. En con-
creto, se prevén desgravaciones
fiscales para empresas que quie-
ran invertir en las Islas, se ase-
gurará el descuento del 75% en
transporte aéreo y marítimo en
vuelos nacionales y se situará a
Balears en la media de las inver-
siones territorializadas. Para es-
to último se creará el Factor de
Insularidad, una medida que,
según asegura Armengol, “es un
elemento corrector que se nego-
ciará cada año de forma bilate-
ral y que luego se sumará a los
Presupuestos”. En la compare-
cencia posterior a la reunión, la
presidenta evitó cuantificar la
partida económica que se está
negociando. Según el Partido
Popular, la inversión del REB
pactada con Monroro era de
380 millones anuales.
ESCEPTICISMO. Los expertos
se muestran incrédulos ante las
consecuencias de la aplicación
del REB: “No soy muy entusias-
ta. Puede ser un incentivo para
perpetuar el modelo actual, sin
cambio ni diversificación”, se-
ñala el analista sociolaboral Ra-
fael Borrás. También cree que
la aplicación de medidas simila-
res como el Régimen Económi-
co y Fiscal (REF) en Canarias no
han dado buenos resultados:
“Ha generado una mayor espe-
cialización turística, altas cifras
de paro, más desigualdades y al-
tas tasas de fracaso y abandono
escolar”, subraya Borrás. No
obstante, el economista José
Antonio Avellaneda sí se
muestra partidario de adaptar
el REF o, en su defecto, “que se
analice la situación de las islas
del Mediterráneo y se establez-
ca algo similar. Todo lo demás
sería aceptar migajas”, indica.
Según Pau Monserrat, econo-
mista y profesor de la Universi-
tat de les Illes Balears (UIB), el
problema del REB es su ambi-
güedad: “La premisa negociado-
ra debería haber sido una cuan-
tificación al euro de las medidas
que se querían conseguir”, ase-
vera. Esta falta de claridad “da
excusas a los que tienen que
concederlo para negarse, y a los
que lo negocian a no ser juzga-
dos en base al éxito del dinero
conseguido”, agrega Monserrat.
Por su parte, el economista
Luis García Langa lamenta
que este modelo sea más bien
un arma política que una medi-
da para los ciudadanos, aunque
“es de justicia tener algunos
puntos favorables que puedan
traer mano de obra específica y
cualificada”, matiza. No obstan-
te, se mantiene incrédulo ante
su efectividad: “Hay muchos
puntos que no hay que tocar ya
que, realmente, Balears es un
lugar donde la relación ingre-
sos-gastos no es elevada a pesar
de la insularidad”, sentencia
García Langa. Además, Pep Ig-
nasi Aguiló, profesor titular de
Economía Aplicada de la UIB y
exvicepresidente económico del
Govern, piensa que “el REB de-
be suponer más dinero en ma-
Lanuevafinanciación
yelREB,elmanáque
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Ocho expertos coinciden en señalar que el Régimen Especial de Balears debe
servir para compensar el coste de la insularidad a empresas y ciudadanos
Rafael Borrás
Analista sociolaboral
José Antonio Avellaneda
Economista
Pau Monserrat
Economista y profesor en la UIB
Luis García Langa
Economista

2. Del 16 al 22 de noviembre de 2018
nos de los ciudadanos y no para
el Govern. El único REB favora-
ble es el que reduzca tributos”.
MEDIDAS. Los puntos que no
deben faltar en el REB, según
Antoni Costa, profesor de Eco-
nomía Aplicada de la UIB, son
“un régimen fiscal propio que
elimine las reticencias de las
empresas a localizarse en Ba-
lears, un fondo de insularidad
que permita afrontar las mayo-
res inversiones de carácter pú-
blico y compensaciones econó-
micas para situar a ciudadanos
y empresas de las Islas en igual-
dad con el resto de España y Eu-
ropa”, remarca el economista.
Por su parte, Antoni Riera,
director técnico de la Fundació
Impulsa Balears y catedrático
de Economía Aplicada en la
UIB, considera que las políticas
de este régimen “deberían
orientarse al aumento de valor
y no a la disminución de costes,
incluidos los fiscales. No produ-
cir más y con menos coste, sino
mejor y con mayor valor”. Por
su parte, Llorenç Pou, director
general d’Ocupació i Economía
del Govern, añade que, entre
otras medidas, se deberían
“conseguir incentivos fiscales
para favorecer la inversión de
empresas y disponer de recur-
sos públicos para compensar
los costes de insularidad”.
FINANCIACIÓN. Pedro Sán-
chez, tras su llegada al Gobier-
no, anunció que el sistema de fi-
nanciación estatal no se modifi-
caría, respetando así el sistema
impuesto en 2009. Los econo-
mistas son críticos con el actual
sistema y abogan por aplicar el
principio de ordinalidad, lo que
significa que la solidaridad in-
terterritorial no modifique el
ranking de financiación per cá-
pita: “El sistema vigente genera
desigualdades para Balears in-
justificables, y su origen reside
en la garantía de statu quo que
hace que ninguna comunidad
pueda recibir menos dinero del
que se percibía en el modelo an-
terior. Esto es lo que se debería
eliminar, aunque ello suponga
que haya regiones perdedoras
con el nuevo sistema”, dice An-
toni Riera. Llorenç Pou coinci-
de: “Partiendo de la mejora de
la última reforma, la introduc-
ción de la ordinalidad supon-
dría una ruptura del statu quo
actual y de la manera de dise-
ñar el sistema”.
Las ventajas a nivel de compe-
tividad estatal serían mayores:
“La ordinalidad crea incentivos
a las regiones ricas para esfor-
zarse, ya que el gasto en sus te-
rritorios será mayor”, explica
José Antonio Avellaneda. El eco-
nomista, sin embargo, no ve via-
ble su aplicación: “Algunas re-
giones no están de acuerdo, por
lo que dudo que se avance en
esa propuesta para no enfadar a
sus votantes. Estaría a favor de
un ‘cupo vasco’ para todos, con
una cobertura de servicios míni-
mos en todo el Estado”, añade.
Pau Monserrat se muestra más
pesimista: “Respetar el princi-
pio de ordinalidad debería ser
una de las medidas de moderni-
zación de nuestro sistema fiscal,
pero cada comunidad tira por
sus intereses y no hay una ver-
dadera visión de país. Quienes
mejor negocian o más poder
político tienen, se aprovechan
de las de menor capacidad, tal y
como está pasando en Balears”.
SOLUCIONES. A la ordinalidad
se añaden otras propuestas de
cambio: “Se debe incrementar
la capacidad decisoria y recau-
datoria del Govern. Sin una so-
beranía política real de Balears,
el expolio fiscal seguirá presen-
te”, ratifica Rafael Borrás. A fin
de eliminar la complejidad que
hay, en su opinión, en el siste-
ma actual, Luis García Langa
asegura que “se debería tam-
bién incidir en una homogenei-
dad fiscal en impuestos autonó-
micos o en estatales con tarifa
autonómica como el IRPF”.
Las características que debería
tener un modelo de financia-
ción estatal serían, al parecer de
Antoni Costa, “una mayor auto-
nomía tributaria y corresponsa-
bilidad fiscal, además de un sis-
tema de nivelación parcial que
garantice que todas las comuni-
dades autónomas estén en dis-
posición de prestar unos servi-
cios públicos esenciales de nive-
les similares y garantice que el
resto de prestaciones las pague
cada comunidad con sus pro-
pios recursos”, detalla el exper-
to. Estas medidas acabarían con
las negligencias actuales: “Lo
peor del actual sistema es que
permite responsabilizar de la
mala gestión a Madrid”, remar-
ca Pep Ignasi Aguiló. “Que la re-
caudación esté centralizada y el
gasto descentralizado lleva a di-
luir responsabilidades. Si el Go-
vern quiere gastar más, que se
lo pida a los baleares”, concluye
Aguiló.
Pep Ignasi Aguiló
Profesor de Economía Aplicada en la UIB
Antoni Costa
Profesor de Economía Aplicada en la UIB
Antoni Riera
Director técnico de Fundació Impulsa Balears
Llorenç Pou
Director d’Ocupació i Economia del Govern