1.
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. BIDART CAMPOS, Germán J. “Manual de la Constitución Reformada” , Editorial Ediar, Buenos Aires, 1996, t. 1 Cap. V.

2.
<ul><li>La supremacía de la constitución tiene dos sentidos. En un sentido fáctico, propio de la constitución material, significa que dicha constitución o derecho constitucional material es el fundamento y la base de todo el orden jurídico-político de un estado. </li></ul><ul><li>Pero el sentido con que el constitucionalismo utiliza la noción de supremacía constitucional es otro: apunta a la noción de que la constitución formal, revestida de superlegalidad, obliga a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella. Ello envuelve una formulación de deber-ser; todo el orden jurídico-político del estado debe ser congruente o compatible con la constitución formal. </li></ul>

3.
<ul><li>La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la constitución. </li></ul><ul><li>Cuando esa relación de coherencia se rompe, hay un vicio o defecto , que llamamos “inconstitucionalidad” o “anti-constitucionalidad”. </li></ul>

4.
<ul><li>El principio de supremacía se vincula con la teoría del poder constituyente, y con la tipología de la constitución escrita y rígida. </li></ul><ul><li>La constitución es establecida por un poder constituyente; el poder constituido o poder del estado no puede ni debe sublevarse contra la constitución que deriva de un poder constituyente, formalmente distinto y separado del poder constituido. </li></ul><ul><li>Si ese poder constituyente ha creado una constitución escrita y rígida, fijando para la reforma de la misma un procedimiento distinto al de las leyes ordinarias, ha sustraído a la constitución de las competencias y formas propias de los órganos del poder constituido. </li></ul><ul><li>Todo acto contrario a la constitución implica, de hecho, y por esa sola alteración, una “reforma” a la constitución, llevada indebidamente a cabo fuera del mecanismo que ella ha arbitrado para su enmienda. Si tales actos valieran, se frustraría el sentido del tipo constitucional escrito y rígido. </li></ul><ul><li>Por consiguiente, para salvar incólume a la constitución rígida, los actos que se le oponen deben reputarse privados de validez. </li></ul>

5.
Supremacía constitucional en Argentina. <ul><li>En el derecho constitucional argentino, hay que tomar en cuenta las innovaciones que desde el 24 de agosto de 1994 introdujo la reforma de la constitución. </li></ul><ul><li>El art. 75 inc. 22 sienta, como principio general, el de la supralegalidad de los tratados internacionales de toda clase: los tratados prevalecen sobre las leyes, con una sola excepción. </li></ul><ul><li>La modificación ha de verse así: </li></ul><ul><li>a) en concordancia con el viejo art. 27, los tratados están por debajo de la constitución, pero </li></ul><ul><li>b) por encima de las leyes, y de todo el resto del derecho interno. </li></ul><ul><li>La excepción viene dada para los tratados de derechos humanos, de la siguiente manera: </li></ul><ul><li>a) El mismo art. 75 inc. 22 inviste directamente de jerarquía constitucional a once instrumentos internacionales de derechos humanos que enumera taxativamente, pero además </li></ul><ul><li>b) prevé que mediante un procedimiento especial otros tratados de derechos humanos puedan alcanzar también jerarquía constitucional. </li></ul><ul><li>En los dos supuestos, tales tratados no entran a formar parte del texto de la constitución y quedan fuera de él, en el bloque de constitucionalidad federal, y comparten con la constitución su misma supremacía. O sea, no son infraconstitucionales como los otros. </li></ul><ul><li>En cuanto a los tratados de integración a organizaciones supraestatales, el art. 75 inc. 24 debe entenderse como remitiendo al principio general del inc. 22 que sólo confiere a los tratados prelación sobre las leyes. Este principio vuelve a enunciarse en el inc. 24 con referencia a las normas dictadas en consecuencia del tratado de integración (es decir, con relación al derecho comunitario emanado de los órganos de la comunidad supraestatal). </li></ul>