Riesgo en las bambas y otros proyectos en el corredor minero Peru

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RIESGO EN LAS BAMBAS Y OTROS PROYECTOS EN EL CORREDOR MINERO
* Por Luis E. Ore Ibarra, Abogado Mediador Consultor Internacional en Negociaciones y Procesos
de Consenso, Ex Presidente 2010-2011 de la Sección Internacional de la Association for Conflict
Resolution, Vicepresidente 2011-2012 del Comité de Inversiones y Desarrollo Internacional de la
American Bar Association y Director Fundador de ORASI Consulting Group.
Cada nuevo gobierno democrático en el Perú enfrenta el dilema de los conflictos sociales
en el contexto del desarrollo económico y la protección ambiental hacia el desarrollo
sostenible del País. El nuevo gobierno definirá acciones que generarán consecuencias
diversas, se pueden tener relaciones antagónicas o de colaboración, relaciones
distributivas de valor o relaciones integradoras de valor. El nuevo gobierno debe ser
estratégicos con la implementación de políticas y procesos con miras de largo plazo para
poder integrar intereses diversos, generar valor, ganancias para todos y construir
relaciones de confianza, en lugar de utilizar enfoques puramente legalistas de corto plazo
y de satisfacción inmediata que condicionan paradigmas distributivos y generan relaciones
de control y cumplimiento en lugar de relaciones de cooperación y compromiso.
Peligro inminente: Piedras, clavos y palos en el corredor
El corredor minero es una extensa zona geográfica que integra varias regiones (Cusco,
Apurímac, Arequipa) en donde se ubican grandes proyectos mineros. Algunos importantes
proyectos en el corredor son: Antapaccay (US$ 1,400 millones) en la provincia cusqueña
de Espinar; Constancia (US$ 1,700 millones) en Chumbivilcas; Las Bambas (US$ 10,000
millones) en la provincia de Tambobamba y Tía María (US$ 1,400 millones), y culmina en
el puerto de Matarani, Arequipa.
Desde enero de 2016, el Montonoero ha estado alertando del peligro inminente en el
corredor minero y la estrategia de algunos grupos y sectores para detener la minería en el
sur del Perú. Más allá de individualizar personas o movimientos, lo cierto es que
actualmente (junio 2016) se sigue organizando y haciendo un trabajo de base para ejercer
el poder y la fuerza, y cuestionar proyectos de inversión en el corredor minero.
No se puede negar la existencia de personas que se oponen a proyectos de inversión
minera, tampoco podemos negar que no se ha hecho suficiente trabajo para entender el
propósito o lo que motiva esta oposición, puede ser que se busque la utilización de
mejores prácticas en las actividades mineras o practicas más limpias para explotación de
recursos naturales, puede ser que se busque una reivindicación histórica o proteger el
sentido de identidad de determinados grupos, puede ser que se busque el
establecimiento de un sistema de gobierno fundamentalista, o puede ser que se busque la
satisfacción de necesidades básicas de la población o que cada poblador este

significativamente mejor de lo que estaba antes de la llegada de un proyecto de inversión,
o puede ser el uso de una táctica de parecer radical para maximizar beneficios en
negociaciones suma cero (puramente distributivas) o puede ser que se busque satisfacer
el sentido de autonomía sin la imposición de decisiones que no consideran
preocupaciones locales. Estas y muchas otras pueden ser las motivaciones,
preocupaciones, intereses, necesidades, y aspiraciones por las que personas, grupos o
movimientos cuestionan o manifiestan oponerse a proyectos mineros y proyectos de
inversión.
Algunos informan que movimientos y grupos de izquierda como el Frente Amplio, Tierra y
Libertad, Sutep, Movadef, entre otros están trabajando arduamente para generar
condiciones de rechazo a proyectos mineros en el corredor minero referido. Parece estar
en proceso un reacomodamiento de fuerzas políticas para tener un mayor protagonismo y
control en ciertas instituciones, desde la revocatoria de alcaldes en el cusco y espinar, la
búsqueda de la gobernación regional por parte una ex candidata presidencial, el regreso
de alcaldes pasados a Espinar, la creación de nuevos frentes de defensa, el uso de
asesores en mesas de desarrollo que han detenido otros proyectos, e incluso dentro de la
misma administración del gobierno actual, pareciera que se pretende minar el camino al
próximo gobierno con normas “con truco” que pretenderían limitar las posibilidad de la
implementación de proyectos de inversión.
Un ejemplo de normas que generan riesgos es el Decreto Supremo No.005-2016-PCM, del
21 de Enero del 2016, que declara que el Distrito de Chalhuahuacho es una zona con una
importante historia y sede de culturas ancestrales, con tradiciones, costumbres y formas
de vida muy propias; esta declaración pareciera reconocer de manera implícita la
existencia de pueblos indígenas u originarios en la zona del proyecto las Bambas, por lo las
comunidades de los demás distritos de la provincia de Cotabambas podrían cuestionar
que no han sido incluidos como herederos de culturas ancestrales y exigir la realización de
un proceso de consulta previa o demandar la nulidad del proyecto las Bambas por
vulneración de su derecho a la consulta previa.
Otro ejemplo de una norma que puede generar riesgos es la reciente modificación de la
finalidad del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas
conformado por la Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM del 14 de noviembre del
2015, para realizar el “seguimiento de las acciones de desarrollo en la Provincia de
Cotabambas; la coordinación intersectorial para el cumplimiento de dichas acciones; y,
otras que sean determinadas por los integrantes del Grupo de Trabajo”. Es así que
mediante Resolución Ministerial Nº 128-2016-PCM del 14 de junio 2016 se modifica la
finalidad del grupo de trabajo consignándose que la finalidad es “realizar el seguimiento a
las acciones en favor del desarrollo de la provincia de Cotabambas que contemplen una

adecuada gestión en la protección de los derechos fundamentales de sus pobladores;
asimismo, efectuar el seguimiento participativo y las acciones necesarias para una
adecuada gestión ambiental en torno al proyecto minero Las Bambas”. Alguno podría
cuestionar que esta norma estaría limitando el seguimiento a las acciones que únicamente
contemplen una adecuada gestión en la protección de los derechos fundamentales de sus
pobladores, y que ya no se consigna la coordinación intersectorial para el cumplimiento de
acciones, limitándose así también el desempeño y efectividad del Grupo de Trabajo para
el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas. Además, alguno podría alegar que efectuar el
seguimiento participativo, si bien puede dar mayor legitimidad a acciones y decisiones
informadas, también puede complejizar la labor de seguimiento del grupo de trabajo,
dificultando su realización toda vez que gestionar procesos participativo implica contar
cierta capacidad especial que la administración generalmente no cuenta, y con esto
dificultar el rol del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia, esta complejidad
podría entonces entorpecer relaciones locales y autolimitar las labores del grupo de
trabajo.
Las acciones de intervención de asesores en mesas de desarrollo con un enfoque suma
cero, ganador-perdedor o con un paradigma del todo-o-nada pueden también generar
riesgos para la viabilidad de proyectos de inversión. Una posición atrincherada e
intransigente dura durante la etapa de negociación o deliberación en la mesa de
desarrollo con un enfoque maximalista de suma-cero (donde la ganancia de uno es la
pérdida del otro) puede resultar en ganancias de corto plazo en detrimento de ganancias
de largo plazo y puede dañar relaciones en lugar de construir de relaciones de confianza y
colaboración que beneficien a todos. Por ejemplo, un asesor puede pretender modificar el
área de influencia directa definida y aprobada en un Estudio de Impacto Ambiental a
través de declaraciones unilaterales o compromisos producto de una negociación
posicional durante la interacción en una mesa de desarrollo y con esto generar una nueva
obligación que modifique condiciones previas o afecte intereses propios o de terceros. Si
la interacción en la mesa de desarrollo se ve como una negociación puramente
distributiva donde el objetivo es reclamar y demandar valor, seguramente se perderá la
oportunidad de generar valor y riqueza con beneficios para todos. Si las partes se dieran
cuenta que más allá de diferencias culturales o marcos ideológicos pueden colaborar para
explorar intereses, generar valor y definir la distribución de valor de acuerdo a criterios
objetivos de legitimidad más allá de voluntad de uno u otro con un sentido de justicia,
podrían hacer tangible la generación de riqueza con beneficios para todos. Quizás la
última interacción del mes de junio del 2016 en la mesa de diálogo sobre el proyecto
Constancia entre la empresa Hubday y las autoridades y dirigentes del distrito de Velille y
las declaraciones de ampliar la zona de influencia directa del proyecto pueden ser un
ejemplo de este enfoque maximalista que busca resultados de corto plazo pero que puede

afectar resultados y relaciones de confianza de largo plazo con beneficios para multiples
actores.
En el país hay una multiplicidad de intereses y siempre existirán diferencias, el problema
es cómo se gestionan estas diferencias. En términos generales, los conflictos y diferencias
se gestionan de tres maneras: 1) Ejercicio del Poder: Usar el poder para forzar o
coaccionar a alguien para actuar; 2) Adjudicación de Derechos: Recurrir a un tercero para
que decida quien tiene la razón. Establecer proceso y procedimientos que determinen
quien tiene legalmente el derecho y quien no; y, 3) Reconciliación o integración de
Intereses: Tratar de satisfacer necesidades, preocupaciones, y temores de los
involucrados.
Es importante indicar que la mayoría de los sistemas utilizados para resolver diferencias y
controversias vinculadas a proyecto de inversión en el sector extractivo están diseñados
para adjudicar derechos y no para reconciliar ni integrar intereses. Los sistemas basados
en el ejercicio del Poder o sistemas basados en la adjudicación de Derechos son menos
eficientes para producir resultados sostenibles porque los resultados pueden cambiar una
vez que el balance de poder cambie, por ejemplo, con cambios en el poder político por
elecciones o por decisiones de los tribunales. Los enfoques basados en el ejercicio del
Poder y basados en la adjudicación de Derecho por lo general destruyen las relaciones
entre las partes creando ganadores y perdedores, generando desconfianza y hostilidad.
Los proyectos de inversión minera requieren implementación de largo plazo y dependen
del apoyo de una amplia gama de actores interesados para asegurar su sostenibilidad en
el tiempo, más allá de los funcionarios y elegidos. Estas son decisiones que son más
apropiadas para procesos que reconcilian e integran intereses diversos. Está claro que el
ejercicio del poder y la adjudicación de derechos no pueden resolver problemas complejos
y generar soluciones en que todos se sientan ganadores, esto solo puede ocurrir a través
de la integración y reconciliación de intereses.
A todo este análisis debemos añadir la importancia de tender puentes entre las fuerzas
políticas representativas en los poderes del estado para construir consensos que generen
beneficios para todos los peruanos. Nuestros gobernantes tienen la posibilidad de verse
como enemigos durante los próximos 5 años y utilizar todos los mecanismos legales y de
gobierno a su disposición para limitar las acciones de uno y otro, o pueden verse como
potenciales aliados estratégicos - autónomos, independientes y diferentes - pero que
pueden trabajar juntos en función de intereses comunes reconociéndose como parte
activa y gestores del desarrollo sostenible anhelado por los peruanos.
El Estado y el sector privado deben ser proactivos y asumir el liderazgo. Por una parte, los
líderes políticos a nivel nacional deben decidir trabajar juntos para prevenir la escalada de

la violencia y trabajar estratégicamente más allá de la adjudicación de derechos y el
ejercicio del poder hacia un trabajo conjunto por la integración y reconciliación de
intereses para dar solución a los problemas más complejos del país. Por su parte, el sector
privado debe de ser aún más estratégico, constructivo y creativo para accionar e
implementar procesos de negociación, consenso e involucramiento multiactor que
puedan lograr la implementación de los proyectos de inversión que evidencien que
actores locales pueden estar significativamente mejor de lo que estaban antes de la
llegada de la inversión y obviamente estar mejor que siendo víctimas y testigos de batallas
posicionales y actos de violencia y destrucción.
Si la situación actual en el Corredor Minero no se aborda de manera inteligente y
constructiva, ni desde el Estado ni desde el sector privado, me preocupa que seamos
testigos de más violencia y más conflictos sociales que cuestionaran la gobernabilidad del
País.
* Luis E. Ore Ibarra es abogado, mediador y consultor en Negociaciones, Relaciones Estratégicas
y Procesos de Consenso, senior partner con el Consensus Building Institute (USA) y director
ejecutivo de ORASI Consulting Group Inc. (USA), empresa especializada en consultoría y
capacitación en negociaciones, construcción de consenso, gestión de relaciones y prevención de
conflicto. Luis Oré colabora con organizaciones para tomar decisiones conjuntas, negociar
soluciones y facilitar la construcción de consensos. Especialista en facilitar la comprensión de
asuntos interculturales, resolver diferencias y desarrollar capacidades de negociación y consenso.
Facilita alianzas estratégicas, cambios organizacionales, diseño de sistemas de solución de
controversias, negociaciones y mediación internacionales, y procesos de dialogo. Tiene másteres
en gestión de conflictos y en comunicación organizacional e intercultural, abogado por la
Universidad de Lima (Perú) y amplia formación en negociación y gestión de los conflictos por CMI
International Group, Western Kentucky University, Lipscomb University y el Programa de
Negociación de Harvard Law School. Luis puede ser contactado vía correo electrónico
lore@ulima.edu.pe

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