Durante los últimos 30 años, América Latina venía disfrutando de un ininterrumpido período de estabilidad democrática que se había dado en llamar la “Tercera Ola Democratizadora”. Este largo período apenas había sido empañado por aislados intentos de revertir el orden democrático constitucional que normalmente habían fracasado en su intento. Pese a lo anterior, las fuertes desigualdades sociales imperantes en la Región despertaban dudas sobre qué tan solidos e irreversibles eran los avances democratizadores logrados durante este período en América Latina. El exitoso Golpe de Estado perpetrado en Honduras durante el año 2009 es una elocuente respuesta a la pregunta anterior y constituye un pésimo precedente para las Democracias Latinoamericanas. La crisis política, que por lo demás y de manera paradójica parte de las propias estructuras del Estado, no supone la ruptura del sistema vigente, caracterizado como uno de los más injustos y desiguales del Continente, sino su aparente consolidación. Sin embargo, la crisis lleva en su seno la semilla de la ruptura. Será cuestión de tiempo saber si ésta se produce y cuáles serán sus protagonistas, tiempos y acciones. El presente ensayo intenta responder al menos a cuatro pregunta básicas: ¿Cómo se explica lo sucedido en Honduras?, ¿cómo se han llegado a alcanzado tan altos niveles de polarización y de violencia?, ¿se repite la historia del Golpismo Latinoamericano, o estamos ante un fenómeno nuevo?, ¿cuáles son los elementos que afloraron en el Golpe y en qué condiciones se podrían reproducir en otros países del Continente?.

1. E L G O L P E D E E S TA D O E N H O N D U R A S :
REFLEXIONES ENTORNO A LA ESTABILIDAD
DEMOCRATICA EN AMÉRICA LATINA.
Francisco Jose Tomás Moratalla.
I-INTRODUCCION.
Durante los últimos 30 años, América Latina venía disfrutando de un ininterrumpido
período de estabilidad democrática que se había dado en llamar la “Tercera Ola
Democratizadora”. Este largo período apenas había sido empañado por aislados intentos de
revertir el orden democrático constitucional que normalmente habían fracasado en su
intento. Pese a lo anterior, las fuertes desigualdades sociales imperantes en la Región
despertaban dudas sobre qué tan solidos e irreversibles eran los avances democratizadores
logrados durante este período en América Latina. El exitoso Golpe de Estado perpetrado en
Honduras durante el año 2009 es una elocuente respuesta a la pregunta anterior y constituye
un pésimo precedente para las Democracias Latinoamericanas.
La crisis política, que por lo demás y de manera paradójica parte de las propias estructuras
del Estado, no supone la ruptura del sistema vigente, caracterizado como uno de los más
injustos y desiguales del Continente, sino su aparente consolidación. Sin embargo, la crisis
lleva en su seno la semilla de la ruptura. Será cuestión de tiempo saber si ésta se produce y
cuáles serán sus protagonistas, tiempos y acciones.
El presente ensayo intenta responder al menos a cuatro pregunta básicas: ¿Cómo se explica
lo sucedido en Honduras?, ¿cómo se han llegado a alcanzado tan altos niveles de
polarización y de violencia?, ¿se repite la historia del Golpismo Latinoamericano, o
estamos ante un fenómeno nuevo?, ¿cuáles son los elementos que afloraron en el Golpe y
en qué condiciones se podrían reproducir en otros países del Continente?.
II- LOS HECHOS DEL GOLPE CIVICO-MILITAR.
El Domingo 28 de Junio del 2009, un grupo de militares detenía en su residencia al
Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales y después de trasladarlo a la Fuerza
Aérea Hondureña, lo embarcaba, contra su voluntad, en un avión militar que lo enviaba a
Costa Rica. Se iniciaba así un Golpe de Estado civico-militar que desencadenaba la peor
crisis de la Transición Democrática Hondureña desde que fuera iniciada en el año 1982.

2. El detonante o móvil principal del Golpe de Estado se sitúa entorno a la convocatoria a una
encuesta de opinión que debía realizarse ese mismo día y que se promovía desde Casa
Presidencial. En la encuesta se pretendía preguntar a la ciudadanía si consideraba pertinente
que se instalara una “cuarta urna” en las elecciones generales a celebrarse en Noviembre de
ese mismo año, para votar sobre la puesta en marcha de una Asamblea Nacional
Constituyente a desarrollarse en el año 2010 con el objeto de elaborar una nueva
Constitución de la República.
En los días previos a la acción golpista se había producido la confrontación creciente de los
tres poderes del Estado entorno a la idea de la “Cuarta Urna”. Los intentos Presidenciales
por realizar la consulta habían chocado con la oposición tanto del Poder Legislativo como
del Poder Judicial. Uno de los aspectos más llamativos del enfrentamiento entre los Poderes
se había generado entorno a la negativa del ejercito a custodiar el desarrollo de la encuesta
de opinión, lo que había motivado la decisión del Presidente Zelaya de destituir al Jefe del
Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una
orden directa del Comandante en Jefe de las fuerzas armadas. La tensión era máxima y
presagiaba una acción de fuerza por parte del ejercito. El jueves 25 de junio el Presidente
del Congreso pedía a la Cámara la inhabilitación del Presidente de la República, que
finalmente no se producía en esa misma semana pues estaba pendiente de la resolución de
una Comisión de Dictamen creada al efecto. El argumento para la inhabilitación se
encontraba en el texto de la Constitución de Honduras del año 1982 que en su artículos
“irreformables” o “petreos” considera como delito de traición a la patria cualquier intento
de reforma constitucional.
Evidentemente la iniciativa Presidencial de la “cuarta urna” enfrentaba la abierta oposición
de la clase política y económica que “recordaba constantemente que en el pasado
autoritario esa propuesta llevaba implícita un Golpe de Estado y, derivado de ello, el
empeño continuista del Presidente de la República” (Salomón, 2009: 2).
El resto de los acontecimientos posteriores al 28 de Junio son de sobra conocidos y no es
necesarios profundizar en ellos pero a modo de rápido resumen los más destacados son: la
conformación de un gobierno de facto, la inmediata y sostenida resistencia popular y la
permanente represión y censura de toda oposición interna por parte de las autoridades de
facto, la unánime condena internacional, los intentos de Zelaya y la comunidad
internacional por restablecer el orden constitucional, el regreso del Presidente Zelaya a
Honduras y su refugio en la Embajada de Brasil, el Acuerdo de Tegucigalpa y su
rompimiento, así como la celebración de las controvertidas elecciones Hondureñas del
Noviembre del 2009.

3. III- LAS CAUSAS DEL GOLPE DE ESTADO.
Siguiendo la argumentación de diversos autores tales como, Salomón, Gallardo, y Torres,
las causas generadoras de la crisis que actualmente vive la Nación Hondureña son
complejas y múltiples. Quizá la clasificación más adecuada a dicha complejidad la propone
Torres al establecer dos grandes grupos causales: el estructural, con una transición
democrática incompleta y fallida cuyos efectos sociales son agravados por la aplicación de
las recetas neoliberales del Consenso de Washington, y el coyuntural, que gira entorno a la
propia figura del presidente Zelaya, la convocatoria a la consulta popular de la “Cuarta
Urna” y la influencia “chavista” (Torres 2009).
CAUSAS ESTRUCTURALES.
Desde la perspectiva estructural nos encontramos con lo que podríamos calificar como la
“agenda perdida” de la transición democrática hondureña (Torres 2009: 2). Se esperaba que
dicha transición llevara adelante con éxito una serie de cambios concentrados en cuatro
grandes ámbitos: el aspecto jurídico, pasando de un régimen de facto a uno de derecho, el
político, consolidando un régimen de alternabilidad en el gobierno y de imperio de los
derechos civiles ciudadanos, el aspecto económico, pasando de una economía cerrada a una
abierta y por último el aspecto social, transformando Honduras desde una sociedad
autoritaria y represiva a otra democrática que redujera significativamente la pobreza y la
desigualdad social (Torres 2009: 5).
Lo cierto es que al igual que sucede en otros países de América Latina el saldo actual del
proceso de transición democrática es más bien pobre. Aunque se produjo el cambio del
régimen militar al civil, se establecieron elecciones periódicas, se abrió el mercado a la
competencia internacional y se produjo la alternancia en el gobierno, quedaron pendientes
los grandes problemas que en los últimos años evidenciaban el agotamiento e incluso
retroceso del proceso de transición. De entre los problemas más importantes se deben
destacar los siguientes: la falta de un sistema de justicia independiente, la necesidad de
lograr la apertura interna de la economía con la eliminación de las prácticas monopólicas y
oligopólicas, el combate efectivo a la pobreza, la reducción de las desigualdades sociales y
el combate real a la corrupción fuertemente enraizada en el Sistema Bipartidista Hondureño
que se fundamenta en la construcción de un Estado patrimonial y clientelista (Torres 2009:
7).
Es importante destacar aquí que el Bipartidismo Hondureño es uno de los más logevos de
América Latina. Dos partidos, el liberal y nacional que son a fin de cuentas un único
partido, de carácter conservador, que responde a los intereses de una pocas familias y
grupos de poder y que según los datos del Tribunal Supremo Electoral ha llegado a copar
más del 95% de las papeletas electorales durante los últimos años.

4. La aplicación irrestricta de las medidas económicas neoliberales del Consenso de
Washigton con la consabida reforma del mercado, el ajuste fiscal y la reducción del papel
protector del estado, acentuaron la concentración de la riqueza e incrementaron la
desigualdad. Honduras no escapó a la paradoja que experimentaron otros países de América
Latina en los que la conquista democrática se desarrolló en el marco de la creciente pobreza
y desigualdad social, lo que finalmente supone un gran riesgo para la continuidad y
vigencia de las propias conquistas democráticas alcanzadas. Algunos analistas esperaban
que este fuera el caldo de cultivo idóneo para el surgimiento de un “outsider” político, que
consiguiera superar el tradicional bipartidismo, pero la sorpresa en Honduras fue que nos
encontramos con un “insider” que surge de en el seno del Partido Liberal.
En el caso Hondureño el saldo de todo este período es dramático. Honduras es el tercer país
mas pobre del Continente Americano, con el 68,9 % de su población caracterizada como
pobre y el 45,6 viviendo en condiciones de indigencia (CEPAL, 2009: 54). Además
Honduras es de los países más desiguales de la Región, con el 10% de los hogares
percibiendo el 36,9% de los ingresos y el 40% de los más pobre sólo el 10,1% de los
ingresos totales (CEPAL, 2009: 56). Durante el período del 2002 al 2007 fue uno de los
pocos países del área, junto con Guatemala y República Dominicana, donde la desigualdad
aumentó (CEPAL 2009: 14).
La difícil situación social contrasta con los alarmantes niveles de corrupción. Honduras
ocupa el puesto numero 130 del Indice de Percepción de la Corrupción sólo superado por
Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití en América Latina (Transparencia Internacional
2009: 3). “Se estima que entre 1982 y el 2006 las pérdidas de fondos públicos por la vía de
la corrupción suman más de 700 mil millones de lempiras (tomando como promedio 10%
del Presupuesto Nacional de cada año)”. (Torres 2009, 7).
No debe extrañarnos entonces el paulatino desencanto de la población hondureña en
relación a la democracia y la política. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral de
Honduras, para las elecciones del año 2005 los niveles de participación no superaron el
56% del padrón electoral y en las elecciones recientemente celebradas apenas se alcanzó el
50% del mismo. Estas cifras contrastan con el histórico 84% de participación logrado en las
primeras elecciones democráticas celebradas en Honduras al comienzo de la transición.
Con ello se confirma el rechazo creciente a la política tradicional, aunque el mismo todavía
no se ha traducido en la aparición de opciones políticas alternativas.
CAUSAS COYUNTURALES.
Cuando el 27 de enero del 2006 el presidente Manuel Zelaya asumía la presidencia luego
de ganar inesperadamente las elecciones generales con tan sólo el 23% de los votos válidos
a su favor, nadie imaginaba que su mandato pudiera terminar en un Golpe de Estado. Su
figura encarnaba, por momentos, una de las tradiciones más enraizadas en la historia

5. política nacional, la del caudillismo populista. Su gestión gubernamental se había
caracterizado por su protagonismo personal por encima de lo institucional y lo legal, la falta
de un programa coherente de gobierno, la ineficacia e ineficiencia gubernamental, el
carácter “errático” de sus decisiones y las denuncias de corrupción.
Sin embargo el presidente Zelaya también había logrado plantear elementos novedosos en
el ejercicio del poder. Los más importantes a nivel nacional fueron la adopción de mayores
controles en la licitación de medicamentos, la reducción de los precios del combustible a
través de la licitación internacional del petróleo y la entrada en PETROCARIBE, el
aumento significativo del salario mínimo y el lanzamiento de la Red Solidaria (merienda
escolar, matrícula gratis, paquete básico de salud, bono tecnológico, bono y becas
estudiantiles), que comprometió importantes fondos nacionales en favor de los sectores
sociales más desfavorecidos. Al mismo tiempo y debido a la imposibilidad de satisfacer las
demandas sociales de un cambio estructural, Zelaya propuso la idea de “refundar
Honduras” mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, misma que
debería ser aprobada mediante la instalación de una “Cuarta Urna”, junto a las urnas para la
elección presidencial, de diputados y alcaldes, en las elecciones generales que debían
llevarse a cabo en Noviembre del 2009. La Nueva Constitución se presentaba por parte del
ejecutivo como la solución a todos los problemas nacionales, pero contaba con la oposición
de los sectores más conservadores de Honduras.
A nivel internacional la política del presidente Zelaya fue la del progresivo acercamiento a
Venezuela y a los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), que culminó con el ingreso de Honduras en la Alianza en Agosto del
2008. Honduras aspiraba a convertirse en el socio estratégico más importante de la política
exterior venezolana en Centroamérica. La relación bilateral Honduras-Venezuela no se
basaba en una política de Estado sino en una relación personal entre el presidente Chavez y
Zelaya. Para mantener esta política internacional Manuel Zelaya no contaba con el apoyo
de su propio partido y previsiblemente el partido de la oposición que se pensaba iba a ganar
las elecciones, a lo sumo aseguraría la vigencia del acuerdo con PETROCARIBE, pero no
el del ALBA. (puesto que los grupos de poder más conservadores apoyaban
PETROCARIBE pero no así el ALBA). Entonces la única posibilidad de dar continuidad a
la relación pasaba por algún tipo de cambio estructural en Honduras que permitiera incluso
pensar en la reelección presidencial expresamente prohibida en la vigente Constitución
Hondureña del 1982. Es por ello que el Presidente se había lanzado a una carrera contra
reloj en la que apenas tenía los últimos diez meses de su mandato para lograr que la idea de
la Asamblea Nacional Constituyente fuera una realidad. Carente de base social y política
propia, Zelaya sólo tenía la posibilidad de acercarse a dos de los actores visibles más
importantes de Honduras, las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales, históricamente
antagónicos. Lo anterior implicaba la posibilidad de que se pretendiera resolver los
problemas estructurales de la Democracia Hondureña por una vía autoritaria. En este
sentido, como bien anticipaba Manuel Torres en Diciembre del 2008 “La opción

6. venezolana en Honduras se arriesgaba a no tener consecuencias revolucionarias sino
reaccionarias en éste país” (Casa de América 2008)
En términos generales la gestión del Presidente Zelaya era desaprobada por sus propios
compañeros del Partido Liberal, así como por la clase político-empresarial bipartidista. Las
razones del Golpe no deben buscarse en el perjuicio concreto que el Gobierno de Zelaya le
hubiera podido causar a los llamados “poderes fácticos”. Zelaya había tenido muy poco
margen para impulsar verdaderas transformaciones en el “status quo” hondureño. En
realidad el Golpe actuó, si se quiere, como “medida preventiva” ante los hipotéticos
cambios, en perjuicio de las clase dominante hondureña, que pudieran gestarse por el
acercamiento del Presidente Zelaya al movimiento popular hondureño, los Países del Alba
y el Presidente Hugo Chávez. En este sentido como bien afirma Torres, “el sistema político
bipartidista, manipulado desde despachos empresariales, no admite fisuras, por pequeñas
que sean en un Estado de características corporativas, patrimonialistas, clientelares,
centralizadas y autoritarias. En ese contexto, Zelaya es una figura clave en tanto encarna al
Presidente-víctima y lo seguirá siendo mientras la acción de los usurpadores persista, pero
la tendencia es que las consecuencias de lo ocurrido superen o rebasen su
protagonismo” (Torres 2009: 3).
IV- ¿SE REPITE LA HISTORIA LATINOAMERICANA?
El “caso hondureño”, recuerda a los tradicionales expedientes golpistas del pasado reciente
en América Latina. Como nos recuerda Gallardo, “el esquema es sencillo: un gobierno
latinoamericano constitucional, pero que se considera hostil a la acumulación global y a sus
monopolios (con sus diversos enclaves locales) y que quizás alienta alguna forma de
movilización y organización de los sectores populares, es liquidado mediante la acción
concertada de los poderes militar, político-económico, clerical y mediático” (Gallardo,
2009:1). En esencia podríamos decir que el histórico Golpismo Latinoamericano pareciera
repetirse, aunque sin embargo con algunos elementos novedosos en los acontecimientos
registrados en Honduras. De entre los elementos novedosos habría que destacar, siguiendo
lo planteado por Gallardo, al menos los siguientes: El régimen posterior al Golpe no es
encabezado por militares y se justifica como una supuesta “sucesión constitucional”,
además se produce la explícita concertación de actores e instituciones locales e
internacionales en favor de la acción de fuerza, así como el abierto protagonismo
empresarial y político y la descarada manipulación mediática; también es novedosa la
unánime condena internacional al Golpe y las muestras de solidaridad de la mayor parte de
los gobiernos latinoamericanos, canalizada a través de la OEA y las diversas instancias de
integración regional (UNASUR, ALBA, SICA, Grupo de Río, etc) (Gallardo, 2009:2). Así
mismo hay que destacar como novedad, al menos en el ámbito Hondureño, la vigorosa
resistencia al Golpe, protagonizada por diferentes sectores de la sociedad civil.

7. A los efectos de este ensayo nos detendremos en tres de estos aspectos novedosos: la
alianza de distintos actores nacionales en favor del Golpe, la reacción de la resistencia
hondureña y el papel de los medios nacionales e internacionales en su pretensión de actuar
como nuevos actores políticos.
LA ALIANZA DE ACTORES EN FAVOR DEL GOLPE.
Quizá uno de los aspectos más novedosos del Golpe de Estado en Honduras lo constituya el
carácter civil e institucional, o estatal, del mismo. Aunque el ejercito es el ejecutor y
garante del nuevo status quo “post-golpista”, lo cierto es que no supone la conformación de
una “Junta Militar de Gobierno” al estilo de las que fueron tristemente célebres en la
reciente historia de golpes militares en América Latina. Como hemos analizado en las
causas generadoras del Golpe, la situación en Honduras requería de una medida de fuerza,
de carácter “quirúrgico” que “extirpara” el mal de raíz antes de que éste llegara incluso a
producirse, de modo que el “status quo” volviera a ser el previo al del anuncio de las
“veleidades progresistas” del Presidente. Al menos esa parece que fue la interpretación de
la alianza de actores a favor del Golpe. lo que explicaría que el protagonismo militar sea
menor al acostumbrado en otros golpes de estado en América Latina.
Por sus características, entonces, el Golpe confirma el aglutinamiento de los sectores
conservadores hondureños en un solo bloque y la puesta a disposición de todos sus
recursos, económicos, institucionales, mediáticos y represivos, en respaldo a la medida de
fuerza. Pero ¿quiénes son estos sectores y que intereses defienden?. Siguiendo lo planteado
por Salomón, se pueden identificar al menos tres tipos de sectores e intereses: los político
partidarios e institucionales, los económicos y los mediáticos (Salomón 2009: 2).
En relación al sector político, que en última instancia responde a los intereses del sector
económico, la característica principal es la complicada “maraña” de intereses y relaciones
de dependencia que lo caracterizan. En el nivel político partidario hay que destacar la
alianza entre los partidarios del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, los
militantes del partido Nacional y los diputados de los partidos minoritarios: Pinu y
Democracia Cristiana (Salomón 2009: 2). Por uno u otro motivo, todos ellos estaban
interesados en el fracaso de la propuesta reformista de Zelaya, no sólo por lo que pudieran
perder, sino fundamentalmente por lo que pudieran ganar.
En el caso de Micheletti y sus apoyos en el partido liberal, la principal causa en favor del
Golpe era precisamente la posibilidad de acceder al poder ejecutivo aunque fuera por
reducido tiempo. Probablemente también había un factor de “venganza personal” en la
actitud de Micheletti, que debido a la falta de apoyo del Presidente Zelaya, no había podido
asegurar su triunfo en las primarias del Partido Liberal a la candidatura de este partido para
las elecciones Presidenciales de Noviembre del 2009.

8. En relación a los militantes y diputados del Partido Nacional, éstos veían las aspiraciones
reformistas y continuistas de Zelaya como una amenaza al hipotético triunfo del candidato
nacionalista, Porfirio Lobo, en las elecciones de Noviembre. Quizá también el mismo
calculo político se aplicó en el caso de Melvin Santos, candidato liberal a la Presidencia. Al
mismo tiempo los diputados nacionalistas también estaban interesados en debilitar al
Partido Liberal y por ende a su candidato a la Presidencia, alentando el enfrentamiento
interno entre Micheletti y Zelaya.
En cuanto a los partidos minoritarios, el Pinu y la Democracia Cristiana, aparte del cálculo
electoral en su favor por el hipotético debilitamiento del Partido Liberal, también hubo
consideraciones de tipo personal, como la posibilidad de acceder a cargos o contratos
durante el mandato del gobierno de facto.
En el nivel político-institucional el factor principal a favor del Golpe fue el gran peso que
tienen las relaciones de dependencia personal y partidaria en la toma de decisiones por
parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la
Procuraduría General de la República, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
y el Tribunal Supremo Electoral.
Como bien señala Leticia Salomón en el caso de la Corte Suprema de Justicia, de cuyos
miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido
Nacional, “todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos
y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia
directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional” (Salomón 2009: 2). Lo mismo
sucede con el Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, del Partido Liberal, y el
Fiscal General Adjunto, del Partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el
Congreso y en el que Micheletti, como Presidente del Congreso, jugó un papel
determinante a la hora de seleccionar los candidatos. La situación en la Procuraduría
General de la República y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es muy
similar a lo ya mencionado, pues ambos cargos son elegidos por el Congreso Nacional y
tienen una fuerte dependencia del Partido Liberal y la Presidencia del Congreso. Por último
el caso del Tribunal Supremo Electoral se trata quizá del organismo nacional en el que la
influencia de lo partidos es mayor por lo que tampoco aquí se podía esperar algún tipo de
sorpresa en relación al apoyo irrestricto al Golpe.
En relación al sector empresarial, que también está fuertemente involucrado en la política,
las medidas adoptadas por el Presidente Zelaya no parecen constituir causa suficiente para
el apoyo al Golpe. No cabe duda de que existía malestar entre los empresarios del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales
(ANDI), por la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo. En
todo caso parece claro que el apoyo empresarial al Golpe no se basó tanto en el perjuicio
real y presente a sus intereses, como en la amenaza del perjuicio futuro que podía
representar el acercamiento del Gobierno de Zelaya a la ideología “Chavista”.

9. En cuanto a los intereses mediáticos, éstos son al mismo tiempo empresariales y políticos
puesto que los principales dueños de medios de comunicación se dedican directa o
indirectamente a la política y poseen además otras muchas empresas. De entre ellos
destacan especialmente Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de los canales de
televisión 3, 5 y 7, de una importante cadena radial a nivel nacional; Carlos Flores, del
Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna y Jorge
Canahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa. (Salomón
2009: 2). En el caso de Canahuatti la oposición al Gobierno de Zelaya tiene también un
fuerte componente económico ya que éste quedó excluido de los contratos gubernamentales
en el ámbito farmacéutico.
Todos estos sectores e intereses fuertemente vinculados y favorecidos por el sistema
bipartidista, tienen en común su carácter conservador, neoliberal, católico, nacionalista y
anticomunista, como quedó claramente reflejado en las manifestaciones en apoyo al Golpe
de Estado. Ese mismo carácter se evidencia en las organizaciones creadas para apoyar a
Micheletti. Destaca el “Movimiento Cívico Honduras Es Nuestra”, que aboga por la
recuperación de los “valores” de siempre: Dios, Patria, Libertad y Mercado (Torres 2009:
17).
El MOVIMIENTO DE RESISTENCIA POPULAR.
Ante los golpes de Estado en América Latina, ha sido una constante histórica “la resistencia
de los sectores populares, mejor o peor organizados, y su neutralización o
derrota” (Gallardo 2009: 2). En el caso de Honduras también se produce la resistencia, su
progresiva neutralización y derrota final, lo que evidentemente no constituye novedad
alguna. Sin embargo para el contexto hondureño, caracterizado por la debilidad y escasa
articulación de sus movimientos sociales, la conformación de un amplio frente de
resistencia popular ante el Golpe constituye en si misma toda una novedad. Habría que
remontarse a la “Huelga del 54” para encontrar un movimiento popular de resistencia de
similares dimensiones. En la línea de lo que afirma el analista Manuel Torres, “el elemento
más representativo, dinámico y sorprendente en esta crisis ha sido el surgimiento de una
oposición beligerante y plural al golpe de Estado, aún bajo condiciones extremas de
represión” (Torres 2009: 3). Las constantes marchas, movilizaciones, tomas de
instalaciones y carreteras, los actos culturales, campañas, conferencias, documentales y la
organización de una buena parte de la sociedad hondureña entorno a un “Frente Nacional
de Resistencia Contra el Golpe de Estado” nos hablan bien a las claras del vigor del
movimiento social y popular de resistencia.
La pluralidad del Frente de Resistencia es notable pues se integra, principalmente, por los
estratos medios y bajos de la sociedad hondureña. Lo conforman campesinos, movimientos
ambientalistas, indígenas, afro-descendientes, artistas, obreros, micro pequeños y medianos
empresarios, feministas, pobladores urbano- marginales organizaciones estudiantiles,

10. maestros, iglesias populares grupos de derechos humanos, y fuerzas políticas progresistas
como el partido Unificación Democratica (UD) que fue el único partido político con
representación en el Congreso que se opuso abiertamente al Golpe.
El Frente de Resistencia ha enarbolado la necesidad de la Asamblea Nacional Constituyente
para lo que considera como la necesaria refundación nacional. También ha anunciado su
voluntad de constituirse en una fuerza política que pueda competir en las próximas
elecciones. La pregunta clave es saber en qué medida podrá mantenerse y constituirse en
una alternativa política real más allá de la alianza coyuntural anti golpe gestada entorno al
derrocamiento del Presidente Zelaya. Para responder a esta pregunta primero habría que
saber hasta que punto la crisis generada por el Golpe de Estado pudiera minar las
aparentemente firmes bases del Sistema de Partidos Hondureño, construido sobre la
alternancia del bipartidismo Nacional y Liberal. Sin duda la transformación de la propia
figura de Manuel Zelaya de un político tradicional a una suerte de “outsider” dentro del
propio Partido Liberal, nos hablan bien a las claras del deterioro que viven los partidos
tradicionales Hondureños. Una muestra clara de este deterioro se había presentado en las
elecciones internas de los dos partidos mayoritarios para escoger su candidato a la
Presidencia de la Republica celebradas en Noviembre del 2008. Como señalaba el analista
Manuel Torres en relación a dichas elecciones internas “De acuerdo con los resultados
oficiales, incluyendo votos validos, nulos y en blanco, los partidos Nacional (751,719) y
Liberal (724,360) sumaron 1,476,079 votantes, lo que representa 33,6% de los 4,382,261
electores registrados por el Censo Nacional Electoral, con un porcentaje bruto de
abstención de 66,4%, el más alto de su tipo desde el retorno al orden constitucional en 1982
(…) . Bajo esas circunstancias: es correcto seguirlos considerando “mayoritarios” o es una
camisa que les queda grande” (Torres 2008: 1)
En Honduras, al igual que en buena parte de América Latina, los partidos mayoritarios
enfrenta una crisis profunda que presenta elementos de carácter externo e interno. En
relación a los elementos de carácter externo la complicada situación económica y social que
experimentó la Región Latinoamericana como consecuencia de la "crisis del fin de siglo",
agravada por la aplicación de un modelo de reforma neoliberal de "talla única" que tuvo,
como sabemos, nefastas consecuencias en términos de reducción de la pobreza y de
tradicional brecha de desigualdad social latinoamericana, afectó la capacidad de los
partidos políticos como "mediadores de las expectativas ciudadanas de bienestar y
progreso" (Mariani, 2008:9). Además "las persistentes prácticas clientelares de los partidos,
la falta de respeto a las reglas de buena parte de las dirigencias, la incapacidad para
articular políticas de base amplia en torno a problemas nuevos y viejos, pero complejos, la
falta de renovación de los liderazgos, etc"(Mariani, 2008: 9). Relacionado con su
funcionamiento interno y comprometiendo la capacidad de respuesta de los partidos
políticos frente a las coyunturas externas, tenemos también un conjunto de retos de futuro,
como bien señala Alcantara (2004: 46) que tienen que ver con la transparencia de la
financiación de la política, la mejora de la democracia interna, la profesionalización de la
política y la relación entre el partido, el grupo parlamentario y, en su caso, el partido en el

11. gobierno. Todos ellos son asuntos muy relacionados entre si y ciertamente presentes en la
realidad de los partidos mayoritarios de Honduras. Todo lo anterior está conectado con la
percepción de corrupción e ineficacia que tiene el ciudadano común en relación a los
partidos y su progresivo desinterés con respecto a la política. En Honduras “Un reciente
estudio realizado para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por la firma
encuestadora Bores y Asociados reveló que apenas 6,4% de la muestra expresó “mucho
interés en la política y más del 50% señaló que “casi nunca o rara vez abordar
conversaciones realcionadas con la política” (Torres 2008: 2).
No sería descabellado pensar que los acontecimientos suscitados en el Golpe de Estado y la
conformación de una vigorosa resistencia nacional pudieran precipitar el fin de los partidos
mayoritarios en Honduras del mismo modo que ocurrió en otros bipartidismos de larga data
en América Latina. Todavía es pronto para poder valorar el grado de deterioro acumulado
por el Sistema de Partidos Hondureño tras la crisis generada por el Golpe, pero sin duda,
como afirma Roberts, al analizar la “La Descomposición del Sistema de Partidos en
Venezuela”, “Los esfuerzos por comprender el surgimiento de estos nuevos fenómenos
populistas (¿Zelaya?) deben entonces comenzar con una interpretación de la
deslegitimación y del colapso de las instituciones establecidas” (Robert 2001: 184). En el
caso de Honduras parece claro que el Golpe de Estado es también consecuencia de la
deslegitimación de las instituciones establecidas y presagia el futuro colapso de las mismas.
En relación al futuro político del Frente de Resistencia contra el Golpe, será clave ver que
sucede tras la etapa de movilización. Como ha ocurrido en otros casos de resistencia
popular, el fin de las movilizaciones puede suponer el desánimo, el desencanto y la
disolución del Frente al no lograrse los objetivos trazados. Este pudiera ser el caso en
Honduras por lo que habrá que estar pendiente de la evolución de los acontecimientos para
responder a la pregunta de si basta con alianzas temporales o que haya victorias simbólicas
en la lucha por la democracia social hondureña o se requieren conquistas institucionales y
vinculantes concretas para una participación ciudadana sostenida y creciente (Torres 2009:
4).
EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN LA JUSTIFICACION DEL GOLPE.
Mención aparte merece el papel jugado por los medios en la justificación del Golpe.
Tradicionalmente los medios de comunicación han sido, en el escenario democrático, un
último recurso de los ciudadanos contra los abusos de poder; de este modo se los llegó a
calificar como “el cuarto poder”, que prevenía y denunciaba los abusos de los tres poderes
tradicionales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial (Ramonet, 2003). Tan importante fue y
es el trabajo de los medios en señalar las fallas del sistema democrático que la libertad de
prensa alcanzó una condición “quasi-sagrada” e incuestionable que acabó consolidando el
mito de que la libertad de los medios de comunicación es siempre garantía de la libertad
colectiva de expresión, base de la democracia.

12. Con los fenómenos de la globalización y mundialización, asistimos a la concentración de
los medios de comunicación tradicionales en grandes “grupos mediáticos” que integran
tareas, un tiempo autónomas, como son las de la cultura de masas, la comunicación y la
información (Ramonet, 2003). Estos grandes grupos tienden a confundir su propia libertad
de expresión con el derecho de los ciudadanos a recibir una información rigurosa y veraz,
en la que la difusión consciente de informaciones falsas o difamaciones, sea severamente
sancionada. Pareciera como si los medios ya no se conformaran con ser un “cuarto poder”,
sino que cada vez más, buscan ser un “poder efectivo” que incida en el desarrollo de los
acontecimientos políticos en escala nacional e internacional. En América Latina se
observan numerosos ejemplos de esta nueva realidad, especialmente cuando los procesos de
cambio politico que se viven en la Región, derivan en Golpes de Estado como el ocurrido
en Honduras. La Crisis Hondureña muestra de manera “descarnada” el abandono del papel
“imparcial” de los medios informativos en apoyo a la justificación del golpismo. En
Honduras los medios abren la posibilidad de legitimar la ruptura del orden constitucional
con argumentos “pseudo-legales”, entorno al concepto del "Golpe Constitucional",
generando un peligroso precedente que pudiera hacer retroceder los logros alcanzado con la
“Tercera Ola Democrátizadora” en América Latina.
En el caso Hondureño, el “modus-operandi” de los medios de comunicación en favor del
golpismo, se traduce en cuatro tipos de actuación bien diferenciados:
1- Eufemismos conceptuales en las líneas editoriales de los grandes medios, especialmente
CNN, tales como: “Presidente” o “Presidente Interino”, para referirse a Micheletti, "Ex
Presidente" o “Presidente "Destituido para hacer mención al Presidente Zelaya. También el
uso de los términos "Sucesión Forzada", "Sucesión Constitucional" o "Crisis en Honduras"
en lugar de "Golpe de Estado", incluso la utilización del concepto "Gobierno de Honduras",
o "Gobierno Interino", en lugar de "Gobierno de Facto".
2- El desigual espacio otorgado, en algunos medios, a una y otra parte en el conflicto,
dándole por ejemplo mayor protagonismo a quienes cometieron el Golpe que a las
autoridades légitimamente elegidas; o atribuyéndoles la misma importancia, en términos de
tiempo en pantalla, a las manifestaciones a "favor de la paz" (que en muchos medios se
interpretaron como a favor del Gobierno de Facto) que a las que contrarias al Golpe (que en
muchos medios se presentaron como de “seguidores” de Zelaya), siendo las segundas
mucho más numerosas y sobretodo mucho más constantes que las primeras.
3- Invisibilizando momentos de máxima tensión, como por ejemplo el intento de aterrizaje
del presidente Zelaya en Tegucilgalpa, en el que la mayoría de los medios nacionales se
dedicó a transmitir otras informaciones, por ejemplo deportivas; así como el posterior uso
indiscriminado de las “cadenas nacionales” para impedir que los pocos medios
independientes que sí transmitían los hechos, pudieran seguir haciéndolo.

13. 4- El espacio cedido por los medios nacionales e internacionales a analistas que,
claramente, hacían “apología del golpismo” presentando argumentos que en muchos casos
no estaban suficientemente contrastados y justificados. Buenos ejemplos de lo anterior lo
constituyen algunos de los analistas de CNN en Español. También podemos encontrar un
ejemplo paradigmático en el artículo de la “Safe Democracy Foundation” titulado
“Honduras: ¿Por la senda constitucional?” donde se sostiene la tesis de que “El “Golpe” no
es un golpe de Estado como se ha dicho, técnicamente hablando, ya que no tenía la
intención de aupar al poder a los militares y que, además, estaba dotado de una cierta
legitimidad democrática...”. En este ártículo, como en muchas otras reflexiones que se
publicaron en los medios de prensa escrita, se intentó justificar el Golpe en base a los
antecedentes previos, argumentando que el Presidente Zelaya estaba actuando al margen de
la Ley, pero sin presentar qué artículos de la Constitución violaba, ni explicar las razones
por las que “no hay duda” de que Zelaya buscaba perpetuarse en el poder.
Como demuestra lo acontecido en Honduras, falta desde los medios de comunicación, un
análisis más serio, profundo y autocrítico sobre el papel que éstos juegan como
“exacervantes” de las tensiones sociales que son la base de las crisis democráticas que se
dan en los países latinoamericanos. Lo anterior nos lleva a pensar en la grave actitud de
muchos medios al legitimar y alentar la ruptura del orden constitucional, quizá movidos por
la misma percepción que lleva a buena parte de los ciudadanos Latinoamericanos a preferir
un Gobierno no democrático, si éste pudiera resolver sus problemas económicos; tésis que,
por cierto, nos demuestra la vigencia de uno de los errores comunes entorno a la
democracia en América Latina, el “mito en torno a la prioridad de las “urgencias”
económicas de la población sobre las otras libertades” (Gómez Buendía, et al, 2008b: 2)
Precisamente esta inaceptable actuación de los medios en la apología y justificación, abierta
o “solapada”, del golpismo, es la que abona el terreno para que diversos países de la región
se planteen la necesidad de regular de manera más estricta la libertad de prensa. Se trata de
polémicas propuestas como las que se presentaron durante el año 2009 en Argentina,
Venezuela y en menor medida en Ecuador. El peligro indudable que se corre con estos
intentos regulatorios es que un “mal acabe siendo reemplazado por otro mucho mayor”,
como podría ocurrir por la aplicación de una “censura” abierta o encubierta por parte de los
Gobiernos que promueven los nuevos marcos legales. En este sentido se hace necesario
mejorar la auditoría social de los medios con iniciativas como los Observatorios Nacionales
o Internacionales de Medios, que le brinde un arma efectiva e independiente a los
ciudadanos para oponerse al creciente poder de los medios de comunicaciones nacionales e
internacionales y su vocación de incidir en la vida política.

14. V- LA CRISIS HONDUREÑA Y SUS IMPLICACIONES EN
TÉRMINOS DEMOCRÁTICOS.
EL Golpe de Estado perpetrado en Honduras constituye un claro precedente de las
implicaciones negativas que un acto de esta naturaleza tiene para la vigencia de la
democracia en el nivel nacional. Al mismo se presenta como un pésimo ejemplo que
pudiera ser tomado como modelo para futuros golpes de estado en la Región; por ello
aunque parezcan obvias, es importante analizar cuáles son las implicaciones en términos
democráticos del Golpe para evitar que estos lamentables sucesos puedan reproducirse en
otros países de América Latina.
LA VIGENCIA DE LOS RASGOS BASICOS DE LA DEMOCRACIA EN HONDURAS
Siguiendo lo planteado por Gómez Buendía diremos que en un país moderno existe
democracia si en el ámbito político se presentan cinco grandes rasgos: “pluralismo,
competencia, elecciones, principio de mayoría y constitucionalismo” (Gómez Buendía, et al
2008a: 5). La situación generada entorno a la ruptura del orden constitucional en Honduras,
tiene evidentes implicaciones negativas para la democracia hondureña pues afecta de
manera directa o indirecta los mencionados rasgos básicos. El análisis de dichas
implicaciones no sólo debe centrarse en el hecho específico del Golpe de Estado, que es
lógicamente el que genera mayores consecuencias negativas para la democracia, sino
también en algunas de las acciones presidenciales previas al 28 de Junio.
En primer lugar destaca de manera evidente la violación al principio del “Pluralismo”. El
pluralismo, entendido como diversidad, presenta, según Gomez Buendía, cuatro
dimensiones principales: la posibilidad de diferentes concepciones acerca de lo bueno,
distintos intereses e ideologías políticas y distintas asociaciones u organizaciones de
ciudadanos. A los efectos de este trabajo nos interesa especialmente la referida a las
"Distintas ideologías políticas (o sea proyectos o modelos de sociedad susceptibles de ser
construidos mediante el uso del poder público)" (Gómez Buendía,et al, 2008a: 5). En
esencia, con el Golpe de Estado se frena el incipiente intento del gobierno de Zelaya por
construir un modelo de sociedad más incluyente. Las medidas de fuerza son justificadas
con argumentos que podrían calificarse como “pseudo-legales” para evitar, de este modo,
que ni siquiera la posibilidad de discutir dicho modelo pudiera ser planteada vía consulta
popular. Aunque con posterioridad al Golpe no se ilegalizan partidos, ni asociaciones u
organizaciones, se evidencia que cualquier intento de revertir el actual “estatus quo”
favorable a las clases dominantes, enfrentará la amenaza de una nueva medida de fuerza.
Para que exista verdadera “competencia” es necesario que los distintos intereses e
ideologías políticas tengan probabilidad efectiva de acceder al poder del Estado. Para
Gómez Buendía, la competencia implica reglas de juego equitativas y aceptadas por todos,
dispersión del poder y posibilidad de rotación en el mismo (Gómez Buendía,et al, 2008: 5).

15. El uso ilegítimo de la fuerza por parte de los golpista rompe con la esencia del juego
democrático, que es el respeto a las reglas previamente establecidas y la utilización del
diálogo como principal mecanismo para resolver las diferencias políticas. Lo anterior pone
en evidencia el carácter monolítico del poder en Honduras. Bien es verdad que también la
actuación del Presidente Zelaya quebró algunas reglas del juego, principalmente en el
ámbito Constitucional. La supuesta voluntad de continuar en el poder por parte del
Presidente Zelaya, también debe tenerse en cuenta en términos de amenaza a la vigencia
futura del principio de competencia, como vemos en algunos otros países de América
Latina, pero en ningún caso justificaba el Golpe de Estado.
En relación a las elecciones, éstas son el principal mecanismo de competencia entre los
distintos intereses e ideologías políticas que puedan manifestarse en el seno de una
sociedad. Siguiendo a Gómez Buendía, para que las elecciones sean garantía de pluralismo
y legitimidad democrática, deben ser universales, limpias, frecuentes y empleadas para
proveer distintos cargos decisivos (Gómez Buendía,et al 2008a: 5). En el caso de Honduras
el tema de las elecciones es particularmente relevante y novedoso, por cuanto las mismas se
presentan como solución a la situación generada por el Golpe. Si bien es cierto que la
celebración de elecciones fueron la forma común de transitar de un régimen autoritario a
uno democrático en la mayoría de los países de América Latina en las décadas pasadas, la
situación en Honduras presenta un rasgo diferencial importante. Siguiendo la línea de
pensamiento planteada por Gallardo, las elecciones del pasado mes de Noviembre tienen un
vicio de fondo que les resta legitimidad y es el hecho de que no vinieron precedidas por la
derrota o aislamiento político de los golpistas, como si sucedió en las transiciones a la
democracia en Latinoamérica, sino todo lo contrario (Gallardo 2009, 3).
En lo acontecido en Honduras, también se ha visto especialmente afectado el rasgo de la
“Mayoría”, pues finalmente queda en evidencia que un reducido grupo de individuos de
alto poder económico y político antepone sus intereses a los de la mayoría de los
Hondureños que eligieron al Presidente Zelaya. Lógicamente el principio de la mayoría
entraña también ciertos riesgos como el de que ésta acabe teniendo poderes absolutos,
como ocurre, por ejemplo, cuando se toman decisiones a través de procedimientos no
establecidos previamente en una ley. Una de las principales críticas a la consulta popular
sobre la “Cuarta Urna” era la de quienes argumentaban que dicha consulta se realizaba por
un canal distinto, la encuesta de opinión, al establecido en la ley hondureña, el plebiscito o
el referendum.
Por último se ve también afectado el el rasgo “Constitucionalista”, entendido como la
sujeción de las autoridades a un orden jurídico que garantiza, en opinión de Gómez
Buendía, tres elementos básicos: el respeto de los derechos civiles y políticos, la división y
separación de poderes del Estado y la vigencia del principio de inclusividad (ninguna
persona está por encima de la ley) y el principio de legalidad (toda interacción entre Estado
y ciudadano deber estar reglamentada por una norma jurídica y haber sido producida según
lo estipulado en una norma superior y previa), (Gómez Buendía,et al, 2008a: 5). Con el

16. Golpe se producen claras violaciones a las garantías constitucionales relativas a los
derechos civiles y políticos de los hondureños. Se violenta también el principio de
separación de poderes, dado que los poderes legislativo y judicial asumieron atribuciones
que eran competencia del poder ejecutivo. Finalmente, aunque el Golpe se intenta justificar
por la supuesta violación de Presidente Zelaya a la Constitución Hondureña, el
procedimiento seguido para depurar sus "responsabilidades legales" no se ajustó a ningún
mecanismo estipulado en una norma superior y previa. El Presidente fue deportado del país,
como es bien conocido, a “punta de pistola” y en ropa de dormir, sin haber sido juzgado por
los delitos que se le imputaban y sin la posibilidad de defensa que le otorgaba la
Constitutución. En todo caso también la actuación del Presidente Zelaya afectó el rasgo
“Constitucionalista” al menos en dos aspectos: en primer lugar, no respeto la esencia de las
decisiones vinculantes de los otros poderes del estado con respecto al contenido de la
consulta, expresamente prohibido por la Constitución, aunque dicha prohibición
Constitucional fuera en contra toda lógica. En segundo lugar actuó sin considerar que
también para la Presidencia de la República rige el principio de inclusividad, quizá movido
por el deseo de llevar adelante la consulta ante la proximidad del final de su mandato.
MITOS O ERRORES COMUNES SOBRE LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA
El Golpe de Estado en Honduras pone de manifiesto el fuerte arraigo que tienen algunos
mitos o errores comunes entorno a la democracia en América Latina. Se trata de
percepciones erróneas sobre lo que es correcto en democracia que acaban teniendo una
incidencia muy negativa en la calidad de los regímenes democráticos latinoamericanos. En
el caso de Honduras se perciben sin duda muy presentes algunos de estos errores comunes
que tuvieron una incidencia trancendental en el desarrollo del Golpe de Estado.
En primer lugar es necesario destacar que los intentos del gobierno de Manuel Zelaya por
realizar una consulta popular, que se presentaba como la solución milagrosa a los
problemas de Honduras, tiene su fundamento último en "el mito de que la democracia
representativa puede ser reemplazada por la democracia participativa". "En este contexto,
muchos de los defensores de proyectos de izquierda y líderes de movimientos sociales
siguen viendo la democracia representativa como una forma imperfecta, reducida y
engañosa, en tanto se le acusa de ser una democracia mínima, procedimental y formal que
no garantiza la igualdad social" (Gómez Buendía, Hernando; et al, 2008b: 5). Sin embargo
la reacción desproporcionada de los sectores más conservadores del espectro político y
social hondureño nos sitúan ante una lectura negativa del mito, pues para dichos sectores
pareciera imponerse la idea de que los mecanismos de consulta popular propios de la
democracia participativa son incompatibles, al menos en lo relativo a sus intereses
colectivos, con la democracia representativa.
La genesis del problema hondureño nos acerca también al "mito de que las constituciones
son un obstáculo para la democracia" (Gómez Buendía, Hernando; et al, 2008b: 6), en el

17. sentido de "diversos movimientos populares y ciudadanos ven la constitución como un
dispositivo contramayoritario, como una camisa de fuerza que impide el gobierno de la
mayoría. Restringe el derecho ilimitado e ilimitable que tiene cada generación de remover
las instituciones bajo las cuales vive. Perciben a las constituciones como mecanismos que
preservan el statu quo y defienden los intereses de las minorías en el poder" (Gómez
Buendía, Hernando; et al, 2008b: 7) y sin duda algo de razón hay en este argumento cuando
se aplica a Honduras, puesto que una Constitución que guarda en su seno "artículos
pétreos" es decir irreformables, oculta alguna suerte de "trampa" constitucional a gusto de
una minoría en el poder. Sin embargo, en mi opinión, se ha puesto demasiada esperanza en
los procesos constituyentes en América Latina, esperanza que no siempre se corresponde
con los resultados en términos de mejora de la vida democrática en aquellos países que
disponen de nuevas constituciones. En todo caso, la situación actual de Honduras, con una
fuerte polarización social, hacen pensar, ahora sí con mayor fundamento, en la necesidad de
refundar la Nación Hondureña sobre la base de un nuevo pacto constitucional.
Sin duda lo que sucede en Honduras nos sitúa, también, no ante un problema de falta de
instituciones y mecanismos democráticos, sino ante la falta de cultura democrática,
especialmente en el nivel de liderazgo que nos conecta con "El mito de que es posible la
Democracia sin ciudadanía y el mito de que brincándose las reglas se puede
gobernar" (Gómez Buendía, Hernando; et al, 2008b: 7). El primero de los mitos habría que
atribuírselo a las élites golpistas, que se han acostumbrado a gobernar sin contar con la
ciudadanía y precisamente por ello se “asustan” cuando se propone la consulta popular. El
segundo se lo podríamos atribuir en parte a Zelaya, pero en mayor medida a las élites que
han convertido todo el sistema democrático Hondureño en papel mojado, no sólo a raíz el
Golpe, sino mucho antes del mismo, con las manifiestas violaciones a la Constitución y a
las leyes siempre y cuando las mismas avalaran algún interés personal de los poderosos o
de los grupos económicos en que se estos se han organizado. Sin duda estos constituyen
ejemplos claros de la informalidad manifiesta con que opera todo el sistema en Honduras,
en el que, en palabras populares, "la justicia, como la serpiente, sólo muerde a los que
andan descalzos".
VI- CONCLUSIONES.
Con anterioridad al Golpe de Estado en Honduras todas las democracias de la Región
Latinoamericana cumplían, al menos formalmente, con la principales características básicas
de un régimen democrático, a saber: el derecho al voto, elecciones periódicas, libertades de
prensa, asociación, pluralidad política, etc. Bien es verdad que, en algunos países persistían
y se agravaban las dudas sobre la calidad de la vigencia de las características básicas que
identifican a una democracia moderna, pero éstas no eran, en mi opinión, tan graves como
para poder decir de manera categórica que la democracia se encontraba en peligro
inminente de desaparecer. El saldo positivo en términos de estabilidad democrática
alcanzado por la Región con lo que se había dado en llamar la “Tercera Ola

18. Democratizadora” llamaba a un moderado optimismo sobre el futuro de la Democracia en
América Latina. Pese a lo anterior era lícito preguntarse si los logros alcanzados
significaban la definitiva consolidación democrática de la Región Latinoamericana.
Entorno a esta pregunta se había desarrollado un interesante debate que merece la pena
revisar aquí a la luz de lo acontecido en Honduras.
Siguiendo lo planteado por Mariani, la pregunta entorno a la consolidación democrática en
América Latina se ha abordado, usualmente, al menos desde tres perspectivas diferentes: La
primera sostiene "que en realidad la democracia ha durado en la región como un régimen
político que es inofensivo para los intereses dominantes, que no amenaza los privilegios de
clase, ni contradice la economía de mercado"(Mariani. 2008:11). En este sentido la
democracia se mantiene vigente en tanto en cuanto no representa una amenaza de
verdaderos cambios políticos y sociales; o lo que es lo mismo, desde el momento en que los
intereses dominantes se sienten en peligro, la democracia se ve amenazada. Honduras se
ajusta muy bien a esta tesis, pues en realidad como se ha expuesto en este ensayo la clase
dominante Hondureña veía en el proceso de cambio abierto por el Gobierno de Mel Zelaya
una amenaza futura, en mi opinión más hipotética que real, al “status quo” que les
beneficia.
Por otro lado una segunda perspectiva afirma que "a pesar de los avances experimentados
en las tres últimas décadas, persisten tensiones fundamentales que mantienen latente la
dinámica de expansión y contracción que ha caracterizado a todas las democracias de la
región a lo largo de su historia"(Mariani. 2008: 11). Lo anterior se reflejaría en la constante
tensión entre los avances en términos políticos y la persistencia de la pobreza y la alta
desigualdad social. Lo sucedido en Honduras también se ajusta a esta tesis pues el modelo
de Estado clientelista que ha operado en Honduras desde la restauración democrática de los
años 80s, lejos de lograr cierta redistribución de la riqueza entre las clases populares, ha
sido la causa de la extraordinaria perversión y distorsión del Espacio Democratico
Hondureño. Los deseos de cambio de la Sociedad Hondureña no han sido satisfechos y por
lo tanto están en la raíz del problema que derivó en una nueva version, aunque con
importantes matices, del clásico tipo histórico de "ruptura en la continuidad democrática:
Un golpe militar de derecha que a base de represión extirpaba la “amenaza
comunista” (Gomez Buendía, 2008: 8); sólo que esta vez sustituyendo dicha amenaza por el
supuesto peligro "chavista".
El problema de fondo de lo acontecido en Honduras habría que situarlo entorno a lo
planteado por el mismo autor, cuando afirma que, históricamente, "la estabilidad, calidad y
amplitud del régimen democrático dependío sobre todo del manejo de la “cuestión
social” (Gomez Buendía 2008: 7). A la luz de la tesis anterior no cabe duda que la brecha
social existente tanto en América Latina como en Honduras, tercer país más pobre de la
Región, es enorme y constituye un buen punto de partida para entender las tensiones
sociales que han derivado en el Golpe de Estado.

19. En este sentido quizá la actitud del gobierno del Presidente Zelaya respondió bien a la
metáfora de las “fugas” propuesta por Cavarozzi y Casullo (2002), en el que el “patrón
predominante” para resolver los “dilemas y cuellos de botella a los que se enfrentan las
sociedades estado-centricas” opera “a través del abandono de la formula vigente y su
reemplazo por una radicalmente diferente”, como parecía ser la intención de Zelaya al
agotarse todos los intentos por introducir reformas en el actual estado de cosas en
Honduras. Sin duda, estas “fugas”, en un país pobre como Honduras encuentran su razón
de ser en la “superación del umbral de desigualdad social que es capaz de tolerar un
sistema” y que están en la base de “las decepciones colectivas” que acaban destruyendo la
“legitimidad del sistema” (En Cheresky, Pousadela, 2001: 53), muy especialmente cuando
los intereses de los poderosos toman una reacción desproporcionada como en este Golpe de
Estado.
Una tercera tesis afirman que los avances logrados no están consolidados y que como
resultado existe la "convivencia de regimenes con diverso grado de democraticidad" que
deben interpretarse a la luz de las realidades nacionales que los alientan. Mientras hay
democracias de alto nivel de institucionalización, como pudiera ser el caso de Uruguay y
Costa Rica, otras parecieran experimentar retrocesos en términos democráticos como
Venezuela y Colombia y otras avanzan de manera significativa, como Chile o Brasil,
después de pasados autoritarios (Mariani, 2008: 11). Sin duda esta tesis también aplica en el
caso Hondureño que se caracteriza por un bajo grado de institucionalización. Es decir, el
problema en Honduras no fueron la falta de instituciones y mecanismos democráticos para
solucionar el conflicto, sino la falta de la necesaria cultura democrática, especialmente en el
nivel de liderazgo de la Sociedad Hondureña, como para emplear dichos mecanismos e
instituciones de manera correcta.
En Honduras, la combinación del populismo presidencialista de Zelaya, enfrentado al
sistema de representación proporcional encabezado por el Presidente del Congreso, actuó
nuevamente como la peor de las combinaciones posibles en términos de estabilidad
política. Sin embargo como ya hemos visto a lo largo de este ensayo, el principal problema
del Golpe en Honduras no residió tanto en la configuración de las instituciones como en los
procesos sociopolíticos en que éstas se vieron envueltas. Dicho de otra manera “las
instituciones no pueden concebirse simplemente como un marco fijo que condiciona la
acción política; también pueden ser vistas como el producto de procesos
sociopolíticos” (Robert 2001: 197).
En definitiva el exitoso Golpe de Estado en Honduras nos indica claramente que la
democracia todavía no se ha consolidado en América Latina. La actual situación de
Honduras abre un peligroso precedente ante el que parece lógico plantearse si no estaremos
entrando en una nueva contracción democrática que ponga fin a los logros alcanzado en
América Latina con la "tercera ola de la democratización”. Sin duda todavía es pronto para
extraer conclusiones definitivas al respecto, pero como queda demostrado en el caso de
Honduras, parece claro que “la posibilidad de que la refundación del orden democrático, en

20. los países del área, se agote en la pura restructuración del régimen politico”, sin que ésta
venga acompañada de la necesaria reducción de la pobreza y la desigualdad social, seguirá
constituyendo el núcleo generador de las tensiones que acechen al futuro democrático de
América Latina (Boron 2003).
Como bien afirma ese mismo autor “no se puede comprender el significado que tiene la
recuperación de la democracia si no se la concibe como un proyecto inescindible que
reposa sobre dos exigencias: por una parte, un conjunto de reglas “ciertas” del juego que
permita institucionalizar –y provisoriamente resolver los antagonismos sociales y llegar a
resultados “inciertos”, es decir, no siempre ni necesariamente favorables a los intereses de
las clases dominantes; por la otra, la democracia también contiene una definición de la
“buena sociedad” que (…) se articula en torno a dos ejes, la igualdad concreta de los
productores y la libertad efectiva de los ciudadanos, de los cuales se derivan no sólo la
imagen de una “utopía positiva” sino también una propuesta de reforma social que suprima
las flagrantes injusticias del capitalismo y oriente a los agentes sociales de la
transformación en los traicioneros laberintos de la coyuntura” (Boron: 2003). Honduras se
presenta nuevamente como un ejemplo paradigmatico del incumplimiento de las reglas del
juego que ordenan el sistema democrático y del fracaso de las expectativas de “buena
sociedad” que llevaba aparejada la transición democrática.
En definitiva, una democracia en la que se cumplan y respeten las “reglas del juego
democrático”, aunque en algunos casos esto pueda llevar a situaciones que perjudiquen los
intereses de las clases dominantes, por ejemplo los hechos de fondo que motivaron el Golpe
de Estado en Honduras, o los planes de reforma radical de algunos gobiernos progresistas
de América Latina; y que al mismo tiempo genere soluciones que tiendan a resolver los
problemas de desigualda social que son el principal rasgo característico de las sociedades
latinoamericanas. Caso contrario, como bien señala Atilio Borón en sus conclusiones, se
podría producir la "trágica paradoja que las víctimas del ajuste capitalista de hoy fuesen
impulsadas –por su desesperación y desilusión– a reinstalar en el poder, esta vez
democráticamente, a sus verdugos de ayer" (Boron 2003: 37).
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