El documento debate propuestas de reforma constitucional relacionadas a la justicia penal y al Consejo de la Judicatura en Ecuador. Varios asambleístas expresan preocupaciones sobre propuestas que aumentarían el uso de la prisión preventiva o reducirían la independencia judicial, argumentando que estas van en contra de la Constitución y principios de derechos humanos. Expertos también opinan que las propuestas punitivas no resolverán problemas en el sistema de justicia.