Art. 01-06 Ignacio de León - Consultor. La semana pasada fue divulgado el Informe Anual de Competitividad del INCAE Business School, donde se informa que El Salvador actualmente ocupa el cuarto lugar en competitividad en Latinoamérica, y el primero en Centroamérica. Esta buena noticia reafirma los reportes emanados de Economic Freedom Index, del Heritage Foundation, y otros, donde se comprueba la creciente consolidación de las instituciones económicas del país.

1. La tarea pendiente1
Ignacio De Leon
La semana pasada fue divulgado el Informe Anual de Competitividad del INCAE Business School,
donde se informa que El Salvador actualmente ocupa el cuarto lugar en competitividad en
Latinoamérica, y el primero en Centroamérica. Esta buena noticia reafirma los reportes emanados
de Economic Freedom Index, del Heritage Foundation, y otros, donde se comprueba la creciente
consolidación de las instituciones económicas del país.
Sin embargo hay una tarea pendiente: la instrumentación de una política de competencia. Esta
política tiene por objeto abrir los espacios de mercado para propiciar el desarrollo de las
capacidades empresariales, que frecuentemente no se emplean a fondo debido a la existencia de
barreras legales y otros obstáculos al ingreso de empresas en el mercado impuestos por sectores
renuentes a competir. Frecuentemente, la actividad gremial se orienta hacia la consolidación de
barreras y condiciones en el ejercicio de la profesión respectiva, o del comercio de bienes, que
limitan la actividad innovadora de empresarios que desean explorar nuevas formas de satisfacer
los consumidores en el mercado.
Por ello, la capacitación técnica y la fortaleza institucional de la autoridad de competencia son
indispensables. Esto supone, en primer lugar, que ella desarrolle una orientación muy clara de su
propia actuación, para lo cual la autoridad de competencia debe adecuarse su comprensión de los
mercados a la realidad de los sectores industriales y comerciales que comprenden el mercado
salvadoreño. A diferencia de la orientación dada en los Estados Unidos o la Unión Europea a la
política antimonopolios, donde es normal esperar la presencia de muchos más participantes en
cada sector, en El Salvador el reducido número de empresas por sector industrial es a menudo
consecuencia de la reducida escala del mercado; no de restricciones anticompetitivas.
La política de competencia debe evitar condenar per se posiciones de dominio que resulten de
estos mercados, inevitablemente concentrados. Igualmente, la autoridad de competencia debe
calibrar si las conductas de asociación entre empresarios encubren una intención monopolística, o
por el contrario son el producto de las necesidades de dotar a los mercados de una
1 Componente adicional a los Términos de Referencia Contrato N°09/BID-ATN/SF-9321-ES/2005

2. institucionalidad necesaria para resolver problemas de riesgo e incertidumbre, que no son pocos
en nuestra realidad económica. Por ejemplo, muchas veces las empresas prefieren integrarse
verticalmente con sus proveedores y clientes, que celebrar contratos de suministro o distribución,
dada la incierta ejecución de éstos en los tribunales. Otras veces, empresas competidoras
encuentran útil asociarse para generar “externalidades positivas de redes”, como es el caso del
Valle del Silicón, en California, donde la cercanía de diversas empresas de software apalanca la
transmisión de información útil sobre el desarrollo de productos que potencia innovaciones entre
todos; no un cartel restrictivo de la oferta.
Por estas razones, en El Salvador, la política de competencia debe cuidar no dejarse llevar por el
conteo de empresas en un mercado o la alineación de comportamientos para deducir la existencia
de restricciones anticompetitivas, sino evaluar, en qué medida los competidores potenciales se
ven impedidos de ingresar al mercado por leyes emanadas del Estado, y decisiones gremiales con
el mismo efecto.
Este enfoque se ajusta a nuestra realidad institucional, pues en América Latina, dada la tradición
mercantilista que ha caracterizado nuestras políticas económicas, donde la cercanía al gobierno
es percibida como factor de riqueza, el Estado ha sido el principal responsable de restringir la
competencia a través de eso que los economistas llaman educadamente “la repartición de rentas”.
Por ello, la autoridad de competencia debe volver su mirada hacia leyes y reglamentos que
obstaculizan la competencia en el mercado. Ahora bien, revertir esa tradición institucional no es
sencillo. Se requiere un gran peso político, amén de una capacidad inusual de persuasión hacia
los sectores económicos favorecidos por el status quo, quienes no siempre aceptan de buen grado
un cambio de las reglas de un juego económico en el que se sienten cómodos.