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EL PROCESO DE HABEAS CORPUS
Arsenio Oré Guardia.
Abogado
El hábeas corpus puede ser entendido como derecho fundamental y como proceso.
Dentro del primer concepto se hace referencia al derecho que tienen las personas para
recurrir a un juez o tribunal competente para que sin demora se pronuncie sobre la
legalidad de su detención y ordene su libertad si la detención fuera ilegal. Dentro del
segundo al procedimiento establecido, de carácter sumario –sin demora, dice el artículo
7 inciso 6) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, mediante el cual el
juez competente tutela el derecho que protege el habeas corpus.
Las propuestas del Código Procesal Constitucional Ley Nº 28237 (publicado el 31 de
mayo de 2004) respecto a este instituto jurídico tuitivo de la libertad personal, son las
siguientes:
I. AMBITO DE TUTELA DEL HABEAS CORPUS
Bajo la esfera de protección del habeas corpus se encuentran todos aquellos derechos
que, de modo enunciativo, han sido establecidos en el artículo 25º del Código Procesal
Constitucional. En este aspecto repite en esencia el listado de derechos que previó la
Ley Nº 23506, excluyendo, sin embargo, de su ámbito de protección el derecho de las
personas a guardar reserva sobre sus convicciones políticas, religiosas, filosóficas o de
cualquier otra índole, el derecho a la libertad de conciencia y de creencia, y el derecho
de no ser secuestrado.
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Frente a esta aparente reducción del elenco de derechos constitucionales que protege el
habeas corpus, el Código Procesal Constitucional acoge otros nuevos de singular
importancia, como el derecho a la integridad personal (Art. 25.1) que implica que nadie
puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales
que le impidan conservar su estabilidad psicológica o emocional, además, este derecho
está integrado por la prohibición de torturas y otros tratos crueles inhumanos o
degradantes.
Asimismo, debe destacarse que el derecho a la inviolabilidad de domicilio pasa a
formar parte del ámbito de tutela del habeas corpus (Art. 25, in fine), lo que resulta
razonable atendiendo a la ampliación que ha merecido en la jurisprudencia comparada
el concepto de domicilio o, de modo más exacto, el replanteamiento de la forma
típica de entender los supuestos en los que se produce una lesión a este derecho. En
esta perspectiva el derecho a la inviolabilidad de domicilio se convierte en un
“derecho a la libertad en el domicilio” que protege a la persona en dicho ámbito
contra cualquier injerencia exterior que impide o dificulte su libertad de movimientos.
Si bien el objeto de protección de este derecho estaba vinculado a la propiedad en la
época del constitucionalismo primigenio, en la actualidad el domicilio hace referencia
a todo lugar en que se despliega la vida privada, independientemente del título
dominical.
De la órbita de protección del habeas corpus, resulta asimismo importante remarcar la
“cláusula de no autoincriminación” (Art. 25.2), que fue reconocida expresamente en
la Constitución Política de 1979, en su artículo 2º, inciso 20, numeral “k”, no así en la
Constitución de 1993, y funciona contra quien es objeto de una imputación penal de
carácter judicial, o bien si la atribución delictiva se produce en sede policial, Ministerio
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Público, o en una instancia congresal o administrativa. Asimismo, por esta garantía
normativa de no autoincriminación nadie está obligado a reconocer culpabilidad
contra su cónyuge, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad1.
Constituye otra acertada innovación en la esfera de protección del habeas corpus, el
derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la
materia (Art. 25.8), lo cual se condice con lo establecido en la Ley de Servicio Militar,
N.° 27178, del 29 de septiembre de 1999, y su Reglamento, el Decreto Supremo N.º
004-DE-SG, del 17 de marzo de 2000, que proscriben el reclutamiento forzoso como
procedimiento de captación de personal para ser incorporado al servicio en el activo,
el cual es voluntario para todos los varones y mujeres seleccionados. En
consecuencia, cualquier acto por el cual se pretenda incorporar a la persona en edad
militar al servicio en el activo, con prescindencia de su expresa y libre manifestación
de efectuarlo en esos términos, constituye una forma de detención y, por lo tanto,
susceptible de ser reparada a través del proceso constitucional del hábeas corpus2.
Una ampliación de la tutela de los derechos de la libertad, lo constituye también, el
derecho a no ser privado del documento nacional de identidad (Art.25º.10), porque al
igual que el pasaporte son documentos fundamentales para gozar en los más amplios
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Respecto a esta cláusula de no incriminación el Tribunal Constitucional ha sostenido de modo uniforme en los
casos 719-03-HC/TC ( Renán Alegre De La Cruz), y 376-03-HC/TC Laura Bozzo, que “...todo procesado goza del
derecho fundamental a la no autoincriminación, una de cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto
silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso, en el correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de
desvanecer la inocencia presunta...” . Asimismo, en el Exp. N.º 1567-2002-HC/TC, de Alejandro Rodríguez Medrano,
el Supremo Intérprete de la Constitución sostuvo “que todo procesado está en la obligación de colaborar con la
justicia cada vez que dicha colaboración sea requerida, en la medida en que ello no importe una afectación del
derecho constitucional a la no autoincriminación.”
2 Esta posición ha sido expresada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias Nº 030-01-HC/TC (Christian
Velásquez Balboa), y 212-01-HC/TC (Jorge Olivera Arcalla).
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términos a transitar libremente, ya sea a ingresar o salir del país y a movilizarse por la
región y el resto del mundo.
II. MODALIDADES DE HABEAS CORPUS
El Código Procesal Constitucional presenta una variada gama del instituto del habeas
corpus según las situaciones y circunstancias en que se producen la afectación a la
libertad fundamental afectada, pudiendo detectarse las siguientes clases de habeas
corpus:
a) Habeas corpus innovativo (Art. 1º, pf. 2do.). Resulta procedente en
los casos que pese a haber cesado o haberse convertido en irreparable
la violación de la libertad personal, es necesario la intervención de la
autoridad jurisdiccional a fin de que tales situaciones no se repitan en
el futuro contra la persona del accionante. El juez constitucional
atendiendo al agravio producido declarará fundada la demanda
precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el demandado
no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la
interposición de la demanda.
b) Habeas corpus preventivo (Art. 2º). Que podrá ser utilizado en los
casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad,
existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con
vulneración de la Constitución o la ley de la materia. Al respecto, es
requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la
privación de la libertad se encuentren en proceso de ejecución; por
ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta.
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c) Habeas corpus excepcional (Art. 23º). Nuestra Constitución, regula
los Estados de Excepción en el artículo 137º, y el artículo 200º, parte
final establece que el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de
amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de
excepción a que se refiere el artículo 137º. Es innegable así, la
procedencia del habeas corpus en los Estados de excepción, que
denominamos de excepción por las condiciones reinantes en que se
dicta, por lo que bien vale el nombre seleccionado. Debe anotarse, que
la tramitación correcta de este habeas corpus debe hacerse a la luz de
los principios de razonabilidad y proporcionalidad que se utilizan para
determinar la validez de los actos que restringen derechos en los
Estados de Excepción. La aplicación de la razonabilidad, si
tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto
restrictivo del derecho no tienen relación directa con las causas o
motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción, o si
la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido
suspendidos. La aplicación del principio de proporcionalidad, si
tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho
resulta manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la
conducta del agraviado o a la situación del hecho sumariamente
evaluada por el Juez.
d) Habeas corpus reparador (Art. 25º.7). Constituye la modalidad
clásica, opera ante la detención o prisión en contravención a la
Constitución y las leyes, vale decir, sin cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 2º, inciso 24, literal “f” de la Constitución y
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de normas del Código Procesal Penal. Es decir, opera frente a la
privación de la libertad arbitraria o ilegal de la libertad física, por
orden policial, mandato judicial civil o del fuero militar, o decisión de
un particular, buscando reponer las cosas al estado anterior de la
violación.
e) Habeas corpus restringido (art. 25º.13). Se emplea con el objeto de
concluir molestias o restricciones a la libertad física o de locomoción
que, en los hechos no configuran una detención, pero sí limita, en
menor grado, la libertad del sujeto.
f) Habeas corpus traslativo (art. 25º.14). Opera en los casos de los
procesados, en que las autoridades judiciales o penitenciarias
indebidamente pudieran estar prolongando su detención en un
proceso judicial, o de los reos que ya han cumplido su condena pero
siguen en cárcel. Acontece por ejemplo, en los casos en que existe
exceso de detención al continuar el procesado detenido más allá del
plazo fijado por la ley, o si el condenado no obstante haber cumplido
su condena continúa en prisión. Es decir, el derecho a la excarcelación
de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada por el
Juez.
g) Habeas corpus instructivo (Art, 25º.16) El derecho a no ser objeto
de una desaparición forzada, permite la postulación de lo que
doctrinariamente se ha definido como Habeas Corpus Instructivo, en
el cual el Juez Constitucional a partir de sus indagaciones sobre el
paradero del detenido-desaparecido, busca identificar a los
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responsables de la violación constitucional, para su posterior proceso y
sanción penal en la vía ordinaria. La desaparición forzada es quizás el
crimen más execrable, porque en su seno incluye numerosas
violaciones de los derechos más fundamentales del ser humano.
Supone una originaria detención ilegal carente de mandato judicial ni
situación de flagrancia, torturas o tratos inhumanos o degradantes y
físicos y mentales, violación a la libertad de movimientos, violación al
derecho a un juicio justo y las garantías del debido proceso, ejecución
extrajudicial y violación al derecho a la verdad y justicia para la víctima
y sus allegados
Según la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de
Personas (adoptada en Belem do Pará, el 9 de junio de 1994), y de la
que el Perú es país signatario, con fecha de ratificación 13 de febrero
de 2002, define a la desaparición forzada de personas, como la
privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su
forma, cometida por agentes del estado o por personas o grupos de
personas que actúen con la autorización o aquiescencia del Estado,
seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad o informar sobre el paradero de la persona, con
lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías
procesales pertinentes.
La práctica de la desaparición forzada de personas atenta contra
diversos derechos fundamentales, además de violar la libertad
locomotora: i) Impide interponer los recursos legales que permitan
proteger los derechos conculcados, impidiendo acudir a un tribunal a
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fin de que decida sobre la legalidad de la detención. Ii) Implica actos de
tortura, generalmente tratos inhumanos y degradantes, afectando el
derecho a la integridad personal. iii) Lesiona el derecho a la vida,
porque esta práctica criminosa supone, con frecuencia, la ejecución
extrajudicial de los detenidos y el posterior ocultamiento de sus
cadáveres, generando impunidad3.
El trámite a seguir por el Juez, cuando se trate de una desaparición
forzada, está previsto en el artículo 32º del Código Procesal
Constitucional, que prevé: 1) Si la autoridad, funcionario, o persona
demandada no proporcionan elementos de juicio satisfactorios sobre
su paradero o destino, el juez podrá a dotar todas las medidas
necesarias que conduzcan a su hallazgo, pudiendo incluso comisionar a
jueces del distrito judicial donde se presuma que la persona pueda estar
detenida para que las practiquen. 2) Asimismo, el Juez dará aviso de la
demanda de habeas corpus al Ministerio Público para que realice las
investigaciones correspondientes. 3) Si la agresión se imputa a un
miembro de la Policía nacional o de las fuerzas armadas, el juez
solicitará, además, a la autoridad superior del presunto agresor de la
zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que informe dentro del
plazo de veinticuatro horas si es cierta o no la vulneración de la
libertad y proporcione el nombre de la autoridad que la hubiere
ordenado o ejecutado.
3 Así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2488-02-HC/TC, de Genaro Villegas
Namuche.
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h) Habeas corpus correctivo (Art. 25º.17). Protege el derecho del
detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de
razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones
en que se cumple el mandato de detención o la pena, procurando
preventiva o reparadoramente, impedir tratos o traslados indebidos a
personas detenidas legalmente. Se otorga para lograr que sin suspender
la medida de restricción a la libertad, ésta se cumpla conforme a su
regulación constitucional, convencional o legal, facultando por ejemplo
el traslado de un lugar de detención a otro, para evitar o hacer cesar
los maltratos o condiciones indignas contra un detenido o reo en
cárcel.
Así procede, ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la
integridad física y psicológica, o el derecho a la salud de los reclusos o
personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción
internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados (tal
es el caso de las personas internados en centros de rehabilitación y de
menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente es idóneo en los
casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza al
trato digno o se produzcan tratos inhumanos o degradantes. Es
también admisible la presentación de esta modalidad en los casos: De
arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos. De
ilegitimidad de traslado de un recluso de un establecimiento
penitenciario a otro. La determinación penitenciaria de cohabitación en
un mismo ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados4
4 En efecto, en el caso Alejandro Rodríguez Medrano (Exp. Nº 726-2002-HC/TC), el Tribunal Constitucional
señaló que “mediante este medio procesal puede efectuarse el control constitucional en las que se desarrolla la
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III. ASPECTOS PROCESALES DEL HABEAS CORPUS
El Código Procesal Constitucional ha diseñado un modelo de habeas corpus en el
que se refleja todos los principios y condiciones que la dogmática imprime a este
proceso, veamos:
El Código de forma expresa (Art. 26º) permite la actio populis, es decir, concede
legitimación a cualquier particular para que sea éste el que pueda iniciar este proceso
constitucional, lo que se hace debido a la especial naturaleza del derecho que se
pretende tutelar mediante el habeas corpus: la libertad individual; pues de exigir la
legitimidad ordinaria para obrar en dicho proceso, se estaría restringiendo la
oportunidad de obtener tutela jurisdiccional efectiva a dicho derecho constitucional.
Lo regulado explica la naturaleza de la acción, pues existen casos de privación de
libertad en donde la persona perjudicada se encuentra imposibilitada de poder
ejercer tal derecho. Asimismo, se establece un procedimiento exento de
formalidades y costos; por lo tanto, no se requiere poder, firma de letrado, papel
sellado, y ningún tipo de pago, otorgándosele al accionante toda clase de facilidades
eliminando los formalismos que suelen exigir las leyes para otros tipos de proceso.
En este sentido, el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar las exigencias de
las formalidades previstas en el Código Procesal Constitucional al logro de los fines
de los procesos constitucionales (Art. III del Título Preliminar).
La acción de habeas corpus puede ser ejercida por escrito o verbalmente, en forma
directa o por correo, a través de los medios electrónicos de comunicación u otro
idóneo (fax, correo electrónico, por ejemplo). Cuando se trata de demanda verbal,
restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que éste se haya decretado
judicialmente”.
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se levanta acta ante el Juez o Secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una
sucinta relación de los hechos (Art. 27º).
En cuanto a las reglas de la competencia, el artículo 28 es claro al referirse que “la
demanda de hábeas corpus se interpondrá ante cualquier Juez Penal, sin observar
turnos”, además, se entiende que no necesariamente el juez competente es aquel en
donde se encuentra el detenido o del lugar en donde se haya ejecutado la medida o
el del lugar en donde se haya dictado .
Conforme a su naturaleza y los derechos que tutela, se establece un proceso
sumarísimo, con plazos muy cortos para la tramitación y resolución de la acción.
Este trámite de carácter sumarísimo se realiza en casos de detenciones arbitrarias o
en los supuestos de afectación a la integridad personal. Pero, ¿cuándo será arbitraria
una detención? Se dará este presupuesto cuando ha sido practicada sin orden del
juez, también cuando, no obstante tener este requisito, la misma no es por escrito;
igualmente lo será si no está debidamente fundamentada, o no obstante estarlo, los
fundamentos sean inaplicables para el caso concreto. Asimismo, también lo será
cuando el juez que ordena la medida no sea el competente. Policialmente será
arbitraria una detención cuando ésta se lleve a cabo sin el requisito de la flagrancia
delictiva que la Constitución exige. También será arbitraria una detención cuando se
supera las 24 horas o los 15 días naturales señalados excepcionalmente por la
Constitución. O en los casos en que la detención, en principio, fue legal y que
posteriormente se volvió arbitraria.
Por otro lado, esta investigación sumarísima también se da en los supuestos de
afectación a la integridad personal ¿Qué quiere decir integridad personal?
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¿Constituye un sinónimo a la llamada salud individual? Consideramos que son dos
conceptos distintos, por un lado, la salud es entendida como aquel estado de
bienestar físico y psíquico que permite a la persona actuar en sociedad y que puede
experimentar una persona aún cuando se vea afectada en su integridad ¿cómo así?
Al operarnos el médico afecta nuestra integridad, pues no sólo realiza cortes, sino
que en algunos casos extrae algunos elementos de nuestro cuerpo (ej. Un riñon), sin
embargo ello trae como consecuencia un mejoramiento de nuestra salud. Por tanto,
integridad y salud son dos términos diferentes, si bien en muchos casos el afectar la
integridad conlleva en resquebrajar la salud, sin embargo, no siempre ocurre así.
En estos supuestos, el juez puede constituirse en el lugar de la detención y de
comprobarse la detención arbitraria ordenará su libertad. Estamos ante el caso
típico de hábeas corpus reparador. No será necesario se notifique al responsable de
la agresión para que se cumpla la resolución judicial que ordena la libertad del
injustamente detenido.
Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de una vulneración a la integridad
personal, el juez conocedor de la causa citará a quien presuntamente ha violado el
derecho, para que explique la razón que ha tenido para adoptar la medida. Una vez
escuchada a la persona que practicó la medida el juez resolverá de plano en el
término de un día natural, bajo responsabilidad. La resolución que emita el juez
podrá ser notificada personalmente al agraviado, así se encuentre privado de su
libertad, también puede notificarse al agraviado (o quien interpuso la demanda) o su
abogado, si lo hubiere.
El artículo 33 del Código Procesal Constitucional establece normas especiales de
procedimiento. En primer lugar, se menciona que no cabe recusación salvo por el
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afectado o quién actúe en su nombre. En segundo lugar, no caben excusas de los
jueces ni de los secretarios. En tercer lugar, esta sumariedad implica también, la
habilitación permanente ex lege de días y de horas, para la realización de las
actuaciones procesales. En cuarto lugar, no interviene el Ministerio Público. En
quinto lugar, se pueden presentar documentos cuyo mérito apreciará el juez en
cualquier estado del proceso. En sexto lugar, el juez o la Sala designará un defensor
de oficio al demandante, si lo pidiera ( consideramos que en caso que al perjudicado
las circunstancias no le permitan conocer ejercer el derecho que la ley le concede en
este caso, el juez podrá nombrarle de oficio un abogado defensor en virtud del art.
121 del Código de Procedimientos Penales) y, por último, las actuaciones procesales
son improrrogables, lo que marca una nota distintiva de otros procesos
constitucionales, dándole celeridad al trámite imbuido de la necesidad de restablecer
el derecho conculcado.
Como consecuencia de esta sumariedad, los jueces están obligados a tramitar con
preferencia los procesos constitucionales (Art. 13º), especialmente el habeas corpus;
asimismo, no cabe recusaciones (salvo por el afectado o de quien actúe en su
nombre), ni excusas del Juez o Secretario.
Todo lo dicho hasta el momento tiene como consecuencia el hecho de que se
acentúe el requisito del favor processum, es decir, aquel principio procesal conforme al
cual el juez, en caso de duda entre continuar o no con el proceso hasta su decisión
final sobre el fondo del asunto, debe preferir darle trámite y continuar con él (Art.
III del Título Preliminar), ello en consideración a la especial relevancia que tiene el
conflicto que se plantea dentro de este proceso constitucional, en el que está en
juego uno de los valores supremos del Estado Constitucional, como es la libertad.
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IV. ALCANCES DE LA SENTENCIA DE HABEAS CORPUS
La resolución que declara fundada la demanda de habeas corpus dispondrá diversas
medidas, en atención a lo siguiente:
a) Si se trata de un habeas corpus reparador, debe proceder la puesta en
libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho.
b) Si se trata de un habeas corpus correctivo, debe disponerse que
continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables al caso, pero si el juez lo considerase
necesario, ordenará cambiar las condiciones de la detención, sea en el
mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas
distintas de las que hasta entonces la ejercían.
c) Si se trata de un habeas corpus traslativo, la persona privada de la
libertad debe ser puesta inmediatamente a disposición del Juez
competente, si la agresión se produjo por haber trascurrido el plazo
legalmente establecido para su detención.
d) Si se trata de un habeas corpus innovativo, se ordenará que cese el
agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que
el acto vuelva a repetirse.
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