Varias discográficas reclaman a Pablo Soto 13.000.000 € por haber desarrollado software que permite el intercambio de archivos en las redes P2P. Esto crearía inseguridad jurídica entre los desarrolladores de cualquier tipo de software susceptible de ser usado para el intercambio de archivos, incluyendo servidores y clientes de correo electrónico, navegadores, gestores de archivos, etc.