El viceministro de Educación Superior discute la autonomía universitaria como un principio constitucional que requiere un ejercicio responsable. La inspección y vigilancia deben cumplir eficientemente su función de garantizar la calidad educativa, proteger al sector, y garantizar los derechos y el debido proceso. Las modificaciones propuestas incluyen un procedimiento reglado por etapas, medidas correctivas anticipadas, y circunstancias atenuantes y agravantes para racionalizar las sanciones.