19 regulación

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19 regulación

  1. 1. 19 Regulación social de lo público, lo privado y lo comunitarioLos poderes estatales neoliberales han abandonado las funciones de orientación, promoción yregulación con visión social de la actividad económica. Del Estado interventor transitamosabruptamente al predominio de la "mano invisible del mercado", como metáfora de las relacionesentre grandes empresarios. Ahora son las grandes corporaciones, empresas monopólicas nacionales y extranjeras y losorganismos multinacionales quienes rigen libremente la economía en función de sus propiosintereses; a su servicio trabaja discrecionalmente el sector público y su presupuesto, sin reglas clarasni transparentes, sin participación ciudadana ni retribución de beneficios a la sociedad o a los sectoressociales locales directamente involucrados. Dos décadas de fundamentalismo privatizador y desnacionalizador han entregado al sectorprivado los recursos naturales y desmantelado a las empresas estratégicas y prioritarias de propiedadde la nación, que permitían que el Estado cumpliera la función de rectoría económica y promocióndel desarrollo. Hoy se pretende continuar este proceso, con la reforma privatizante del sectorenergético: el petróleo y la electricidad. Los poderes del Estado democrático, como institución de la sociedad, tienen la obligación y laresponsabilidad de intervenir en las relaciones económicas y sociales entre los sectores y actoresdiferenciados, en función de los intereses colectivos, función que debe comenzar por establecer unaregulación socialmente concertada que tienda a superar las desigualdades, la inequidad y laexclusión, privilegiando los intereses de los sectores mayoritarios, los más vulnerados socialmente. La construcción de un patrón alternativo de desarrollo con equidad distributiva y justiciasocial exige la regulación pública equitativa de las relaciones mercantiles, laborales, salariales,ambientales y territoriales entre el capital privado, en particular el gran capital nacional y tras-nacional, y los trabajadores, los consumidores y los sectores mayoritarios de la sociedad, establecidaspor consenso social institucionalizado en la constitución y las leyes, la planeación democrática, elsistema fiscal federal y local, las políticas gubernamentales y la gestión pública cotidiana.
  2. 2. Esta regulación democrática debe aplicarse en forma transparente mediante los poderes delEstado y sus instituciones, y debe ser vigilada a través de los órganos legislativos y la contraloríaciudadana. Debemos avanzar hacia una gestión estatal responsable y eficiente de los recursos naturalespropiedad de la nación, la infraestructura y los servicios públicos estratégicos para el desarrollo socialy el crecimiento económico sostenido, los cuales deben permanecer bajo control del sector público.Los casos donde el uso de estos bienes públicos sea otorgado en concesión a las empresas debensignificar el retomo de parte de los beneficios a la sociedad mediante impuestos sobre las rentas delsuelo y las ecológicas, de valorización por obras públicas y sobre la plusvalía generadacolectivamente; tarifas de servicios públicos cobradas a las empresas privadas y los sectores de altosingresos que recuperen el precio de producción --costo y ganancia media-- y cubran el subsidio que elEstado otorgue a los sectores empobrecidos; y transferencias especiales de fondos para el desarrolloa las regiones y municipios que aportan los recursos naturales esenciales. Para promover y llevar a cabo los grandes proyectos de desarrollo se deben formarsociedades de economía mixta --pública, privada y social-- con distribución equitativa de beneficiosy/o contratos o acuerdos de desarrollo -regional, metropolitano, municipal, urbano-, con reglas clarasy públicamente conocidas, sometidos a contraloría ciudadana, que especifiquen la retribuciónempresarial a la sociedad en general y a los sectores sociales locales directamente involucrados, conparte de los beneficios obtenidos. En el marco de la soberanía nacional, los poderes del Estado están obligados a proteger ypromover, mediante la ley y la gestión, los ámbitos estratégicos y las empresas e institucionesinternas, sobre todo las autogestivas, micro, pequeñas y medianas (AMPyMES) frente a los países,sectores, empresas e instituciones económicas externas. Este debe ser un supuesto toral de todanegociación de libre comercio internacional. Debemos también garantizar la igualdad de posibilidades y de acceso a los recursos y lastecnologías a las empresas orientadas al mercado interno y a las diferentes jerarquías y niveles de laactividad empresarial y autogestionaria interna,, sobre todo las AMPyMES, frente a los monopolios.Los sistemas de crédito y de asistencia técnica que la banca de desarrollo brinda, así como el sistemade compras estatales deberán dar prioridad a las AMPyMES y a su articulación en cadenasproductivas y de proveeduría. El combate a las prácticas monopólicas de cualquier tipo y origen esuna condición de la libre competencia.

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