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NUEVO CONTRATO SOCIAL EN ARAS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Por Iván Allonca
Abogado
La seguridad ciudadana no es un asunto fácil de tratar y en especial sino se tienen claros
sus objetivos, situación que vemos reflejada en la sociedad panameña. Hoy por hoy,
enfrentar los problemas que encierra, a nuestro criterio, requiere de un nuevo “contrato
social” dentro del moderno Estado Social y Democrático de Derecho. No hablo de
adoptar otro eslogan para promover un nuevo plan de seguridad, porque la criminalidad
criolla ya nos tiene sin manos, familiares, amigos, vecinos, barrios, veredas, aceras y
calles, a pesar de los programas “mano dura” y “mano amiga” ejecutados por los dos
últimos gobiernos y cuidado con el que está por iniciar, que terminamos perdiendo las
pocas “calles seguras” que aún quedan por ahí.
El nuevo “contrato social” al cual nos referimos requerirá de nuestra parte, redefinir una
nueva sociedad dada la evidente quiebra de aquella clásica diluida en el tiempo por no
saber resistir los embates de la actual, que pondera los valores morales y éticos
tradicionales de manera distinta y hasta dispuesta está de trastocar las estructuras básicas
de la sociedad tradicional, adoptando otros ajenos a la espiritualidad como esencia natural
del ser humano de tal manera, que la materialidad va malogrando la sociedad actual y
hace de cada uno de sus miembros presa fácil de la criminalidad, claro está, tras el
fracaso de todos aquellos cuyas ciencias preocupa la humanidad como fenómeno objeto
de estudio.
Resulta interesante preguntarnos los penalistas y criminólogos frente aquella realidad,
será que la solución al fenómeno de la criminalidad la tiene por ejemplo, la sociología,
sicología o siquiatría forjando mejores sujetos y sanando a quienes en medio de esta
vorágine social conforman la sociedad panameña; acaso la economía procurando una
mejor distribución de las riquezas y calidad de vida; la Ciencia Política ofreciendo nuevas
corrientes ideológicas con mejores formas de gobierno que sirvan para dirigir la vida
política del Estado o bien, la Teología que a cambio de la creencia en un ser superior y un
buen comportamiento, nos ofrece pasar a una mejor vida.
La pregunta es justa además, porque los penalistas actualmente debatimos el fundamento
filosófico de nuestra ciencia bien, entre servir como un mecanismo de control social o
como instrumento represivo para proteger determinados bienes jurídicos o para
restablecer la vigencia de la norma penal cada vez que es quebrantada sencillamente. Es
también oportuna, porque el Derecho Penal pareciera encontrarse en un encrucijada entre
la prevención y represión del delito, y la Criminología que a pesar de conocer las posibles
causas de la criminalidad y contar con un diagnostico, carece de un sistema propio para
enfrentarla y contrarrestarla al tiempo que los gobiernos rehúsan escuchar a sus expertos
y continúan buscando la solución de la criminalidad, respondiendo con una “hipertrofia o
hemorragia legislativa” tipificando conductas y aumentando penas.
Será que toca permitir a los sociólogos, sicólogos y siquiatras que sanen primero a
quienes sueñan con un “mundo gótico y se promueven como una “subcultura de contra
cultura”, segundo a los que la vida cotidiana sólo un trauma ha significado y por último,
la de aquellos cuyos crímenes responden a una patología, parte de una lucha ideológica o
modo de vida. Asegurarles a los economistas un mercado globalizado y libre de barreras
artificiales o legales donde no aparezcan empresas transnacionales con intenciones de
apoderarse de las riquezas de los países aumentando los cinturones de pobreza y
marginalidad. Garantizarles a politólogos que no surja una clase política que del poder
político se valga, para gobernar en medio de la miseria de nuestros pueblos y relegando a
un segundo plano, cuantas veces le plazca y le parezca, los derechos humanos de los
conciudadanos. O bien por último, cuidar que los religiosos nos guíen por los senderos
del bien sin aprovecharse de la ignorancia y debilidad espiritual de los pueblos.
Mientras tanto, considero que ya es tiempo de aceptar un nuevo compromiso y comenzar
a trabajar en una verdadera política criminal ajustada a la realidad advertida, eso sí, tan
efectiva y democrática que sin violar los derechos humanos permita ponderarlos en su
justa dimensión y en función de la obligación que demandamos del moderno Estado
Social y Democrático de Derecho de arrostar la criminalidad. La verdad es que se trata de
un problema que nos embarga a todos y su solución nos debe preocupar por igual; y
como vemos no compete al Derecho Penal exclusivamente; comencemos por reconstruir
la familia como núcleo de la sociedad, reforcemos con educación los valores morales y
éticos que aunque incólumes reiteramos, ahora son ponderados de manera muy “sui
generis”; procuremos a nuestros semejantes una mejor calidad de vida convirtiendo los
cinturones de pobreza y marginalidad en campos para el cultivo de alimentos, la cultura y
el deporte.
Entiéndase bien que no propongo como en otros países sí, legislar por un “Derecho Penal
del Enemigo” destinado a una parte de la sociedad cuyos miembros no respetan en lo
absoluto al resto de sus semejantes, sino estimar y valorar los derechos y garantías
fundamentales de acuerdo a esta nueva realidad. Sencillamente porque proliferan quienes
sin estar dispuesto a respetarlos claman por su amparo, tras cada crimen cometido en
perjuicio de las víctimas que “somos más pero no locos” y además, no tenemos porque
seguir padeciendo las consecuencias de un Estado gobernado por una clase política
incapaz de cumplir con el sagrado mandato social de proteger nuestra vida, honra y
bienes, a pesar que a nuestras costas vive enquistado en el poder siempre.
Visto en perspectiva el problema de la criminalidad conexa al crimen organizado, tráfico
de drogas ilícitas y el lavado de dinero, considero que el moderno Estado Social y
Democrático de Derecho se juega su existencia. Por tanto, vale tener presente y sin
descuidarnos para no vernos, muy pronto, en el mismo espejo de nuestros hermanos
colombianos, mejicanos y centroamericanos.

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  • 1. NUEVO CONTRATO SOCIAL EN ARAS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Por Iván Allonca Abogado La seguridad ciudadana no es un asunto fácil de tratar y en especial sino se tienen claros sus objetivos, situación que vemos reflejada en la sociedad panameña. Hoy por hoy, enfrentar los problemas que encierra, a nuestro criterio, requiere de un nuevo “contrato social” dentro del moderno Estado Social y Democrático de Derecho. No hablo de adoptar otro eslogan para promover un nuevo plan de seguridad, porque la criminalidad criolla ya nos tiene sin manos, familiares, amigos, vecinos, barrios, veredas, aceras y calles, a pesar de los programas “mano dura” y “mano amiga” ejecutados por los dos últimos gobiernos y cuidado con el que está por iniciar, que terminamos perdiendo las pocas “calles seguras” que aún quedan por ahí. El nuevo “contrato social” al cual nos referimos requerirá de nuestra parte, redefinir una nueva sociedad dada la evidente quiebra de aquella clásica diluida en el tiempo por no saber resistir los embates de la actual, que pondera los valores morales y éticos tradicionales de manera distinta y hasta dispuesta está de trastocar las estructuras básicas de la sociedad tradicional, adoptando otros ajenos a la espiritualidad como esencia natural del ser humano de tal manera, que la materialidad va malogrando la sociedad actual y hace de cada uno de sus miembros presa fácil de la criminalidad, claro está, tras el fracaso de todos aquellos cuyas ciencias preocupa la humanidad como fenómeno objeto de estudio. Resulta interesante preguntarnos los penalistas y criminólogos frente aquella realidad, será que la solución al fenómeno de la criminalidad la tiene por ejemplo, la sociología, sicología o siquiatría forjando mejores sujetos y sanando a quienes en medio de esta vorágine social conforman la sociedad panameña; acaso la economía procurando una mejor distribución de las riquezas y calidad de vida; la Ciencia Política ofreciendo nuevas corrientes ideológicas con mejores formas de gobierno que sirvan para dirigir la vida política del Estado o bien, la Teología que a cambio de la creencia en un ser superior y un buen comportamiento, nos ofrece pasar a una mejor vida. La pregunta es justa además, porque los penalistas actualmente debatimos el fundamento filosófico de nuestra ciencia bien, entre servir como un mecanismo de control social o como instrumento represivo para proteger determinados bienes jurídicos o para restablecer la vigencia de la norma penal cada vez que es quebrantada sencillamente. Es también oportuna, porque el Derecho Penal pareciera encontrarse en un encrucijada entre la prevención y represión del delito, y la Criminología que a pesar de conocer las posibles causas de la criminalidad y contar con un diagnostico, carece de un sistema propio para enfrentarla y contrarrestarla al tiempo que los gobiernos rehúsan escuchar a sus expertos y continúan buscando la solución de la criminalidad, respondiendo con una “hipertrofia o hemorragia legislativa” tipificando conductas y aumentando penas.
  • 2. Será que toca permitir a los sociólogos, sicólogos y siquiatras que sanen primero a quienes sueñan con un “mundo gótico y se promueven como una “subcultura de contra cultura”, segundo a los que la vida cotidiana sólo un trauma ha significado y por último, la de aquellos cuyos crímenes responden a una patología, parte de una lucha ideológica o modo de vida. Asegurarles a los economistas un mercado globalizado y libre de barreras artificiales o legales donde no aparezcan empresas transnacionales con intenciones de apoderarse de las riquezas de los países aumentando los cinturones de pobreza y marginalidad. Garantizarles a politólogos que no surja una clase política que del poder político se valga, para gobernar en medio de la miseria de nuestros pueblos y relegando a un segundo plano, cuantas veces le plazca y le parezca, los derechos humanos de los conciudadanos. O bien por último, cuidar que los religiosos nos guíen por los senderos del bien sin aprovecharse de la ignorancia y debilidad espiritual de los pueblos. Mientras tanto, considero que ya es tiempo de aceptar un nuevo compromiso y comenzar a trabajar en una verdadera política criminal ajustada a la realidad advertida, eso sí, tan efectiva y democrática que sin violar los derechos humanos permita ponderarlos en su justa dimensión y en función de la obligación que demandamos del moderno Estado Social y Democrático de Derecho de arrostar la criminalidad. La verdad es que se trata de un problema que nos embarga a todos y su solución nos debe preocupar por igual; y como vemos no compete al Derecho Penal exclusivamente; comencemos por reconstruir la familia como núcleo de la sociedad, reforcemos con educación los valores morales y éticos que aunque incólumes reiteramos, ahora son ponderados de manera muy “sui generis”; procuremos a nuestros semejantes una mejor calidad de vida convirtiendo los cinturones de pobreza y marginalidad en campos para el cultivo de alimentos, la cultura y el deporte. Entiéndase bien que no propongo como en otros países sí, legislar por un “Derecho Penal del Enemigo” destinado a una parte de la sociedad cuyos miembros no respetan en lo absoluto al resto de sus semejantes, sino estimar y valorar los derechos y garantías fundamentales de acuerdo a esta nueva realidad. Sencillamente porque proliferan quienes sin estar dispuesto a respetarlos claman por su amparo, tras cada crimen cometido en perjuicio de las víctimas que “somos más pero no locos” y además, no tenemos porque seguir padeciendo las consecuencias de un Estado gobernado por una clase política incapaz de cumplir con el sagrado mandato social de proteger nuestra vida, honra y bienes, a pesar que a nuestras costas vive enquistado en el poder siempre. Visto en perspectiva el problema de la criminalidad conexa al crimen organizado, tráfico de drogas ilícitas y el lavado de dinero, considero que el moderno Estado Social y Democrático de Derecho se juega su existencia. Por tanto, vale tener presente y sin descuidarnos para no vernos, muy pronto, en el mismo espejo de nuestros hermanos colombianos, mejicanos y centroamericanos.