Introducción del libro La gran estafa de las preferentes

2. 17
INTRODUCCIÓN
Este no es un libro contra la banca. La economía de este país, atascada por
una crisis sin fin, precisa más que nunca una banca eficiente, una banca
al servicio de los ciudadanos y de las empresas, con supervisores e institu-
ciones públicas que protejan sus derechos.
Este es un libro contra las malas prácticas bancarias, contra los abusos,
los engaños y la desigualdad en la información que reciben los clientes,
que han permitido atropellos como el vivido por un millón de personas
(856.388 de los principales bancos) que colocaron sus ahorros en un pro-
ducto financiero desconocido llamado "participaciones preferentes". En
la mayoría de casos, los ahorradores fueron engañados al ocultárseles los
riesgos del producto, lo cual les causó graves pérdidas económicas y, en
bastantes casos, daños irreparables para su salud.
Mi propósito inicial era centrar el trabajo en indagar en las causas y con-
secuencias que generaron este gran fraude. Sin embargo, la investigación
de estas malas prácticas ha constituido un laboratorio excepcional para
comprender la profundidad de los efectos de la crisis financiera, econó-
mica y social sobre los ciudadanos más vulnerables. Es la mirada de los
más perjudicados la que he elegido como punto de observación. De algu-
na manera, este libro quisiera ser la crónica de los perdedores de la crisis.
El trabajo deja al descubierto las estrechas vinculaciones entre los abu-
sos soportados por los clientes bancarios y las contradicciones del actual
sistema financiero. Es un modelo caracterizado por las distorsiones pro-
vocadas por la existencia de los paraísos fiscales, la debilidad del poder
de los gobiernos ante los gigantescos conglomerados bancarios y la in-
eficiencia de la regulación para proteger a los ahorradores. Además, en
España hay el agravante de que la legislación se ha incumplido de manera
sistemática.
En el recorrido por esta crisis han aparecido numerosas sorpresas que
han puesto de relieve lo poco que hemos sabido y sabemos de los bancos
y de sus connivencias con el poder político. La primera gran novedad, por
ejemplo, fue comprobar la relevancia que ha supuesto el que las preferen-
tes nacieran en un paraíso fiscal. Esta circunstancia permaneció oculta
durante muchísimos años para la mayor parte de la gente. Las primeras
operaciones de participaciones preferentes se remontan a hace casi veinte
años (1998), y se realizaron a través de las Islas Caimán, uno de los princi-
pales paraísos fiscales del mundo. Casi nadie había oído hablar de prefe-
rentes y mucho menos entendía su significado. Normal. Las participacio-
nes preferentes no fueron legalizadas en este país hasta 2003. No obstante,

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entre 1998 y 2003, en pleno reinado del Partido Popular, se emitieron en
España 18.693 millones de euros en este producto, gracias a las oportunas
autorizaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía.
En 2001, el fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo puso al
descubierto este colosal fraude, que pudo alcanzar hasta los 6.000 millo-
nes de euros durante los seis años que funcionó la operativa en las Islas
Caimán. Pero la solución adoptada por el Gobierno en 2003, respaldada
por el Congreso de los Diputados, fue una bendición para la banca: legali-
zación de las participaciones preferentes y amnistía fiscal para los bancos
y cajas de ahorros que se habían beneficiado con su comercialización.
Con la llegada de la crisis, iniciada en 2007 y agravada en 2008, los ban-
cos y, sobre todo, las cajas precisaron más capital para taponar sus cre-
cientes pérdidas. En esta coyuntura, la actuación del Banco de España
fue determinante para que las entidades financieras acudieran a colocar
masivamente las participaciones preferentes entre sus clientes para capi-
talizarse. Esta decisión resultó ser abiertamente contradictoria con la que
el supervisor había mantenido en 2002, cuando advirtió de los peligros de
comercializar las preferentes entre la llamada clientela minorista por su
menor preparación para comprender los riesgos.
Lo cierto es que los bancos y las cajas colocaron más de 14.000 millo-
nes de euros en participaciones preferentes entre su clientela más con-
fiada sólo entre octubre de 2008 y septiembre de 2009. Esta colocación
a los pequeños ahorradores tuvo el agravante de que se realizó después
que los inversores institucionales hubieran abandonado ese mercado, co-
nocedores del elevado riesgo de estos productos. Para las autoridades, la
prioridad fue asegurar la solvencia de bancos y cajas. Por ello, adaptaron
la regulación para que las preferentes sirvieran para reforzar su recapita-
lización. El resultado fue que los tenedores de preferentes fueron los pri-
meros que apechugaron con las pérdidas. Fueron los primeros en rescatar
a bancos y cajas cuando en 2011 vieron que no podían disponer de sus
ahorros que después fueron convertidos forzosamente en acciones, tras
sufrir fuertes pérdidas.
Uno de los puntos centrales de esta historia ha sido poner al descubierto
que las duras quitas aplicadas a los ahorradores españoles carecían del
soporte de la legislación europea vigente en el momento en que se apli-
caron. Se trataba además de unos recortes masivos a ahorradores en unas
cuantías que no han tenido parangón en Europa.
El Gobierno justificó siempre las quitas como una exigencia de la legis-
lación comunitaria. La secuencia de los hechos demuestra que sucedió
todo lo contrario. Los sacrificios aplicados en España sirvieron de refe-
rencia para elaborar posteriormente la legislación europea sobre esta ma-
teria. Es decir, a los ahorradores españoles se les aplicaron quitas sin el
respaldo legal europeo que las autorizara de forma específica. España fue

4. INTRODUCCIÓN
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en 2012 el conejillo de Indias de la normativa que en los años sucesivos se
aprobaría en Europa; primero, una comunicación de la Comisión Euro-
pea en julio de 2013 y después, en mayo de 2014, una directiva aprobada
por el Consejo y el Parlamento de la UE que, además, en los aspectos rela-
tivos a la contribución de los inversores al saneamiento bancario, no entró
en vigor hasta enero de 2016.
Es cierto que el Eurogrupo, la institución con menos legitimidad demo-
crática de la Unión Europea, controlado por Alemania, exigió con extrema
dureza a España aplicar un sacrificio sin precedentes a los tenedores de
preferentes y subordinadas. Pero estas exigencias carecían de base legal.
El Gobierno español pudo haberse resistido mucho más, pero cedió y pac-
tó con el Eurogrupo un acuerdo que quedó reflejado en el Memorando de
Entendimiento (MoU) de julio de 2012. El MoU fue la base para infligir las
pérdidas que se aplicaron a los ahorradores atrapados en estos productos,
que en algunos casos alcanzaron el 70%. El Gobierno se negó a que este
memorando fuera discutido en el Parlamento español, a diferencia de lo
ocurrido en Alemania, Holanda y Finlandia.
La dureza de los recortes contravenía, además, las recomendaciones de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que había propuesto que sólo se aplicaran “pequeños recortes”. La propia
Comisión Europea reconoció en 2016 que a este país se le aplicó “un régi-
men jurídico que todavía no había entrado en vigor” y que en relación con
los sacrificios de los afectados “España había ido más allá de la práctica
común hasta aquel momento”.
Por otra parte, la contribución forzosa de los tenedores de preferentes y
subordinadas en la capitalización de las entidades financieras fue decisiva
para que el Gobierno pudiera reducir la cuantía de la petición del rescate
desde 60.000 a 41.300 millones de euros. El Ejecutivo de Mariano Rajoy
se resistió desde un principio a pedir el rescate para los bancos españoles
por una cuestión de imagen política. El propio presidente había negado
incluso que el rescate se fuera a producir en algún momento. El Eurogru-
po había ofrecido inicialmente hasta 100.000 millones de euros pensando
sobre todo en facilitar toda la financiación necesaria a las entidades espa-
ñolas para que pudieran devolver completamente los créditos otorgados,
principalmente, por los bancos alemanes y franceses.
La aceptación por el Gobierno de unas quitas tan elevadas tampoco fue
neutral. El Ejecutivo y los directivos bancarios quizá expresaron mucho
pesar por la medida, pero todo el dinero que perdieron los preferentis-
tas no lo tuvieron que devolver las cajas a los afectados. A las entidades
les preocupaba bastante menos el desgaste en imagen. Por otra parte, es
difícil de justificar que mientras que la banca extranjera recuperó toda su
inversión, los pequeños ahorradores sufrieron unas pérdidas tremendas.
España siguió un camino completamente distinto al de Estados Unidos,
Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania y Francia. En estos países, cuan-

5. LAGRANESTAFADELASPREFERENTES
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do estalló la crisis los gobiernos decidieron rápidamente emplear todo el
dinero público que fuera necesario para salvar a sus bancos sin castigar a
los ahorradores.
En nuestro país la decisión de cargar sobre las espaldas de los ahorrado-
res fue especialmente grave porque en 2013 cuando se concretaron las me-
didas que impusieron las quitas ya se sabía que los preferentistas habían
sido personas engañadas. Las autoridades conocían que las preferentes se
colocaron en muchos casos a ancianos, personas sin conocimientos no ya
financieros, sino que en muchos casos carecían de la educación más básica.
Los atrapados fueron la generación de los años del trabajo duro de la pos-
guerra, que lograron pequeños ahorros con grandes sacrificios. Estas fue-
ron las víctimas sobre cuyas espaldas se cargó el primer rescate a la banca.
En este sentido fue especialmente censurable la negativa del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a diferenciar entre inverso-
res institucionales y ahorradores cuando acordó aplicar las quitas a los te-
nedores de estos productos. Hay que decirlo con claridad: las autoridades
sabían muy bien las irregularidades en la comercialización de preferentes,
como lo revelan los documentos oficiales.
La desinformación de los clientes bancarios se sitúa en el punto neurál-
gico de este conflicto. Existe un desequilibrio desproporcionado entre la
información que manejan los bancos y la que reciben los ciudadanos. Es
lo que los estudiosos llaman “asimetría de la información”. Es la enorme
desigualdad existente entre los conocimientos que manejan los poderes
financieros y los usuarios de los servicios bancarios. Esta desigualdad ha
permitido múltiples abusos como han sido las cláusulas suelo, los swaps o
permutas financieras, los intereses de demora desmedidos y los especial-
mente graves desahucios domiciliarios. La letra pequeña de los contratos
ha sido un instrumento que ha jugado siempre en contra de los ciudada-
nos corrientes.
Hay múltiples muestras de los efectos de esta asimetría en la informa-
ción. Por ejemplo, cuando los bancos tuvieron conocimiento de que baja-
rían los tipos de interés corrieron a poner cláusulas suelo en las hipotecas
para protegerse de este fenómeno, que conocían por informes oficiales,
pero que eran completamente desconocidos por los ciudadanos.
Por el contenido del fraude, el número de afectados y, sobre todo, por
la vulnerabilidad de los mismos, la estafa de las participaciones preferen-
tes ha sido la más grave y perjudicial que se ha producido en este país.
Cientos de miles de familias se han visto afectadas con mayor o menor
intensidad. Muchas han pasado por un verdadero calvario hasta poder
recuperar sus ahorros después de varios años de movilizaciones, protes-
tas y demandas judiciales. Varias decenas de miles de perjudicados han
perdido irremediablemente una parte significativa de sus ahorros y otros
tantos están todavía pendientes de las sentencias judiciales en el ámbito
civil que continuarán dictándose durante 2017 y 2018.

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A esta desigualdad en la información ha contribuido en buena parte
la falta de diligencia de las autoridades, que no advirtieron con todos
los medios a su alcance sobre los posibles riesgos de estos productos.
Cuando en otoño de 2011, por ejemplo, se cerró el mercado de las pre-
ferentes y los ahorradores no pudieron recuperar su dinero, las autori-
dades mantuvieron un silencio inexcusable. Los afectados tuvieron que
descubrir que sus ahorros habían quedado bloqueados por su propia
experiencia o por los avisos de otros afectados y de las asociaciones de
consumidores.
Lo ocurrido con esta crisis no ha sido un fenómeno neutral. La indefen-
sión de los clientes se da después de los años de la burbuja crediticia. En-
tre 1996 y 2010, bancos y cajas cosecharon la friolera de 169.281 millones
de euros de beneficios. Con el estallido de la crisis, las entidades financie-
ras, sobre todo las cajas, recibieron 94.755 millones de euros en ayudas di-
rectas de capital. Bancos y cajas percibieron, por otra parte, financiación
privilegiada del Banco Central Europeo (BCE) a menos del 1%, que en el
caso de los españoles llegó a alcanzar los 378.000 millones de euros, ade-
más de un trato fiscal excepcionalmente favorable. En medio de un zarzal
de relaciones financieras internacionales complejísimas, los tenedores de
participaciones preferentes y otros productos similares se vieron forzados
a recapitalizar a la banca con sus preferentes y subordinadas aportando
casi 15.000 millones de euros.
Las malas prácticas bancarias no han sido un fenómeno exclusivo de
España, pero ha existido una diferencia muy notable con relación a otros
países. Mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo,
los desmanes han sido severamente castigados por los supervisores con
multas ejemplares, en este país las sanciones han sido ínfimas. Los diez
principales bancos estadounidenses y europeos han recibido multas que
en conjunto superaron los 150.000 millones de dólares, entre 2009 y 2015.
En España, en 2014 y 2015, las sanciones totales impuestas por la CNMV
fueron inferiores a 23 millones de euros para el conjunto de la banca en
cada uno de estos años, a pesar de que las infracciones cometidas fueron
calificadas de “muy graves”. Se trata de un castigo ridículo si se tiene en
cuenta que el volumen total de participaciones preferentes y obligaciones
subordinadas comercializadas entre pequeños ahorradores hasta 2013
ascendió a 42.582 millones de euros.
La realidad es que los bancos españoles, especialmente los más gran-
des, gozan de un poder extraordinario que les ha permitido siempre mi-
rar por encima del hombro a los supervisores. Hay muchas pruebas de
ello. En 2015, los bancos sólo rectificaron en un 40% de los casos en que el
Banco de España se pronunció a favor de los clientes que habían presen-
tado quejas al supervisor. En el caso de la CNMV, en 2014, las entidades
financieras sólo rectificaron en un 7% de los casos en que el supervisor
dio la razón a los reclamantes. No es de extrañar, por lo tanto, que la banca

7. LAGRANESTAFADELASPREFERENTES
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española sea la peor valorada del mundo por sus clientes a excepción de
Irlanda.
Uno de los aspectos más lamentables para los ahorradores españoles
ha sido el desdén de los bancos a la legislación europea, diseñada expre-
samente para proteger a los inversores. Esta normativa, aprobada en 2004
y vigente en España desde 2007, ha sido infringida sistemáticamente por
las entidades financieras. En febrero de 2012, el Grupo de Izquierda Plural
presentó una proposición no de ley en la que exigía que los bancos cum-
pliesen las leyes vigentes. Parece que había que insistir en que las leyes se
hacían también para la banca.
Esta historia tiene un aspecto especialmente sangrante cuando se con-
sidera que fueron precisamente las cajas de ahorros las que cometieron
las mayores tropelías. Excepto dos contadas excepciones, Caixa de On-
tinyent y Caixa de Pollensa, las cajas de principios del siglo XXI ya no te-
nían nada que ver con el origen y la trayectoria social de estas institucio-
nes centenarias.
La dirección de determinadas cajas fue tomada por unos ejecutivos
cuya prioridad fue la obtención de beneficios. Para ello emprendieron las
inversiones más temerarias, especialmente en el sector inmobiliario, con
operaciones altamente especulativas basadas en la adquisición de suelo.
La paradoja es que las cajas, que habían tenido unas raíces más sociales
por su origen fundacional, se convirtieron en las instituciones más opa-
cas, con un poder cada vez más absoluto en manos de unas cúpulas di-
rectivas que ni siquiera estaban sometidas al contrapoder de una junta de
accionistas. Las asambleas de las cajas, controladas absolutamente por la
dirección, eran reuniones a las que los medios de comunicación tenían
prohibido el acceso.
Las transformaciones experimentadas por Caja Madrid, la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM), Caixa Catalunya, Caixa Laietana y las cajas
gallegas, sólo por citar los casos más significativos, fueron muy represen-
tativas. Caja Madrid, bajo la presidencia de Miguel Blesa, desarrolló una
gestión especialmente agresiva al realizar la operación más elevada que
le permitió captar 3.000 millones de euros en participaciones preferentes
en 2009 para recapitalizarse. Todo esto se producía cuando los directivos
ya sabían que la entidad estaba sufriendo un grave deterioro económico.
Muchos de sus clientes, además, volvieron a ser engañados dos años más
tarde con la salida a Bolsa de Bankia, que resultó más ruinosa aún. En to-
tal, hubo más de medio millón de perjudicados.
Las malas prácticas están muy bien documentadas. Existen abundantes
circulares, correos internos, argumentarios de estas entidades que refle-
jan la feroz presión a la que sometieron a los empleados para colocar las
preferentes a sus confiados clientes. Los bancos y las cajas tenían que re-
cabar capital a cualquier precio, y para ello les valían las preferentes. Se
trataba de cubrir las pérdidas de sus insensatas inversiones y el estrafala-

8. INTRODUCCIÓN
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rio tren de vida de sus ejecutivos, con sus elevados sueldos y pensiones.
La celebración de los consejos de administración en lugares tan exóticos
como India, Shanghai o Ibiza en el caso de la CAM o en Dubai en el de
Laietana son bien ilustrativas de un mundo que no tenía nada que ver con
una caja nacida para “combatir la miseria pública y fomentar la previsión”.
Entre la diversidad de malas prácticas efectuadas por varias entidades
sobresale la manipulación del precio de las preferentes. Aunque estos
productos financieros dejaron de emitirse prácticamente en 2009, los
bancos y las cajas los continuaron comercializando en los años siguientes
a través de un mercado interno, con lo cual mantenían la liquidez inme-
diata que habían prometido. El problema es que seguían vendiendo estos
productos al 100% de su valor nominal cuando su precio real era muy in-
ferior. En ocasiones, sólo representaba el 25% de su valor real. El engaño
se convirtió en estafa en bastantes casos.
Esta crónica dedica una parte relevante a mostrar como las masivas pro-
testas de los afectados fueron fundamentales para recuperar los ahorros.
Cuando en otoño de 2011 se produjo el bloqueo de las preferentes (corra-
lito), la noticia se propagó poco a poco por todo el país y a principios de
2012 estalló una oleada de manifestaciones y encierros en ayuntamientos
que en algunos casos se prolongaron durante seis meses.
De manera totalmente improvisada surgieron líderes accidentales que
organizaron a los afectados y multiplicaron sus acciones. Las protestas de
los afectados por preferentes, junto a las realizadas por las Plataformas
de Afectados por la Hipoteca (PAH), han constituido un nuevo tipo de
movilizaciones que no se registraban en este país desde hacía años. Estas
acciones sintonizaban fuertemente con las nuevas sensibilidades políti-
cas nacidas a raíz del 15M.
La extensión de estas protestas forzó a los gobiernos de Galicia y Cata-
lunya y al Ejecutivo de Madrid a buscar algún tipo de solución para reba-
jar la explosiva tensión social. La respuesta fue establecer un sistema de
arbitraje para facilitar la devolución del dinero a los casos más sangrantes.
Aunque el arbitraje estuvo manejado y realizado a gusto de los bancos, a
través de los consultores que habían contratado, permitió a casi 300.000
afectados recuperar su dinero.
Por otra parte, una de las consecuencias más notables de estas movili-
zaciones fue que visibilizaron el tipo de víctimas atrapadas y propiciaron
una gran concienciación de jueces y magistrados. La presencia de ancia-
nos, enfermos de Alzheimer, analfabetos y personas vulnerables en los tri-
bunales significó en bastantes casos un gran revulsivo para determinados
fiscales y jueces. Las reticencias históricas de los jueces a condenar a la
banca cambiaron progresivamente ante la gravedad de los abusos descu-
biertos. Primero fueron los juzgados de Primera Instancia, después las au-
diencias provinciales y finalmente el Tribunal Supremo los que adoptaron
una nueva posición ante los hechos.

9. LAGRANESTAFADELASPREFERENTES
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En el campo civil, los jueces han acabado poniéndose de parte de las
víctimas de manera muy mayoritaria, obligando a las entidades financie-
ras a compensar a los afectados. Bankia, por ejemplo, ha tenido que de-
dicar ya más de 4.000 millones de euros a satisfacer las demandas de pre-
ferentistas y accionistas. Por la salida a Bolsa de esta entidad se llegaron a
presentar más 103.994 demandas y reclamaciones extrajudiciales. Se han
dictado decenas de miles de sentencias a favor de los clientes. Nunca ha-
bía ocurrido una cosa parecida en este país.
Dos sentencias del Tribunal Supremo obligando a Bankia a de-
volver el dinero a los casi 350.000 inversores descolocó a analistas,
expertos y al propio Gobierno. A principios de 2015, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, había anunciado que el importe máximo
que tendría que asumir Bankia por las reclamaciones judiciales se-
ría de 600 millones. Tras las sentencias del Alto Tribunal, la entidad
optó por reintegrar el dinero directamente a los afectados. En mayo
de 2016 ya había devuelto más de 1.200 millones de euros y continua-
ban las devoluciones.
Esta historia ha puesto de relieve que muchas de las irregularidades tie-
nen todas características de delitos, según se desprende de las querellas
admitidas a trámite por los jueces. Desde junio de 2012, se han presen-
tado varias querellas criminales contra los responsables de las entida-
des financieras y en ocasiones contra los supervisores, que en este últi-
mo caso no han sido admitidas. Destacan las querellas formuladas por
UPyD y 15MpaRato. Los delitos de las acusaciones son bien significativos
de la gravedad de los hechos: estafa, estafa de inversores, falsificación de
cuentas, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio
de las cosas, entre otros. El asunto principal está en manos del juez Fer-
nando Andreu, de la Audiencia Nacional, que ha realizado una investiga-
ción asombrosa. Con independencia del resultado final, las indagaciones
ordenadas por este magistrado han proporcionado ya documentos clave
que han sido determinantes en las sentencias favorables a los afectados
en los procesos civiles.
Entre estas pruebas destacan los extensos informes elaborados por los
inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez, que
han proporcionado elementos decisivos para comprender las malas prác-
ticas en el funcionamiento de Caja Madrid y Bankia. Los informes tienen
especial valor por haberse producido en un clima de fuertes presiones,
incluidas las de su propia institución.
Al cierre de este trabajo, el procedimiento penal sigue abierto. Muchos
perjudicados se sentirán muy defraudados si la única compensación es
la recuperación de sus ahorros tras varios años de litigio. Los afectados
exigen un castigo a los responsables de las entidades financieras que les
engañaron. La angustia de las víctimas ha sido reconocida en varias sen-
tencias que han condenado a los bancos por daños morales. Muchas per-

10. INTRODUCCIÓN
25
sonas han enfermado y algunos han perdido la vida a consecuencia de los
sufrimientos padecidos.
Esta historia aún no ha terminado. Muchos afectados siguen expresan-
do sus protestas por lo ocurrido. Esta crisis ha elevado considerablemente
la conciencia de los derechos de los usuarios en asuntos económicos bási-
cos como son los ahorros. Los ciudadanos están cada día más atentos a las
decisiones de los políticos, las autoridades y los tribunales. Este es quizá
uno de los pocos aspectos positivos de esta tremenda historia.