2. Se concibe la educación como un servicio
público, en el marco del Buen Vivir.
Este servicio público que es la educación puede ser ofrecido a través de instituciones públicas,
fiscomisionales y particulares (Art. 345 de la Constitución), con lo cual se garantiza la libertad
de enseñanza (determinada también en el Art. 29 de la Constitución), y se consagra la existencia
de la educación particular (confesional o laica), así como de la educación fiscomisional, siempre
que cumplan con ciertas condiciones que responden al carácter público del servicio educativo,
entre las que se destaca en el mismo artículo 345 el que en todos los centros educativos se
deben ofrecer “sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del
sistema de inclusión y equidad social”.
3. Se prohíbe la paralización de las actividades
del servicio educativo.
El artículo 326 de la Constitución de la República, en
su numeral 15, prohíbe expresamente la paralización de algunos servicios públicos que
se consideran esenciales, entre los que se incluye la educación. Por su parte, la LOEI en
su artículo 132, literal “p”, prohíbe taxativamente a los representantes legales de los es-
tudiantes, así como a los docentes y a los directivos de los establecimientos educativos
“promover o provocar la paralización del servicio educativo”. En la disposición general
4. Se garantiza la gratuidad, universalidad y
laicidad de la educación pública.
Como es sabido, en los años anteriores a 2007, los estudiantes cuyas familias no podían cubrir el
costo de la matrícula, los uniformes escolares o los libros de texto durante la jornada escolar
quedaban de facto excluidos del sistema educativo. El nuevo marco legal permitió al Gobierno
Nacional recuperar la gratuidad de la educación pública mediante la eliminación de la matrícula
y la entrega de recursos para eliminar barreras de acceso a la educación. Los principios de
gratuidad y universalidad de la educación pública están consignados en los artículos 28 y 348 de
la Constitución, así como en el artículo 2, literal “gg”, de la LOEI.
5. Se vela por los derechos de los estudiantes en
establecimientos particulares
y fiscomisionales.
el artículo 135 del Reglamento determina que “los establecimientos educativos particulares y
fiscomisionales tienen la obligación de contar con medidas a fin de garantizar que, en caso de
fallecimiento de sus representantes legales, los estudiantes puedan continuar sus estudios en la
institución”. Para garantizar el cumplimiento de estos derechos, el marco legal actual le otorga
al Ministerio de Educación la capacidad de imponer sanciones a promotores, directivos y
docentes de instituciones educativas particulares y fiscomisionales: el artículo 135 de la LOEI
determina que “las instituciones educativas particulares cuyos representantes legales y/o
directivos incurrieren en las prohibiciones señaladas en el artículo 132 de la presente Ley,
6. Se promueve una participación activa de la
comunidad educativa y de las
familias en los procesos educativos.
La creación de órganos ciudadanos de gobierno escolar, así como la adopción de códigos de
convivencia democráticos en todos los establecimientos educativos públicos, basados en los
modelos propuestos por el Ministerio de Educación, es una manera de conseguir que la
comunidad participe ordenada y activamente en los procesos educativos. En concordancia con
todo esto, el artículo 33 e la LOEI dispone que toda institución educativa pública “establecerá
un espacio de participación social para su comunidad educativa denominado gobierno escolar”,
al que le corresponderá “realizar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa y la
rendición social de cuentas”.
7. Se garantizan los recursos económicos
destinados al sector educativo.
Además, el artículo 286 de la Constitución establece que los servicios de educación que ofrece
el Estado (junto con los que corresponden a salud y justicia) estarán garantizados con recursos
fiscales permanentes. Esto significa que los legisladores del futuro tendrán que actuar con
mucha responsabilidad, pues todo egreso del llamado gasto corriente (sueldos, estímulos,
compensaciones, etc.) deberá estar debidamente financiado en la ley respectiva, ya sea
mediante un impuesto directo, o mediante la participación en algún ingreso permanente del
Estado.
8. Se asegura la escolarización de estudiantes
en situaciones de vulnerabilidad.
El nuevo marco legal define, por primera vez, mecanismos claros y universales para que los
estudiantes que estén en situación de vulnerabilidad reciban un trato preferencial en todo el
país para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Los derechos de las personas con
necesidades educativas especiales están garantizados desde la Constitución, que en su artículo
347, numeral 2, dispone que “los centros educativos serán espacios de detección temprana de
requerimientos especiales”, y en su artículo 348, segundo inciso, establece que el Estado
financiará la educación especial.
9. Se restablece la rectoría del Estado sobre el
sistema educativo nacional.
La normativa educativa vigente determina que el Estado, a través de la autoridad competente
(en este caso, el Ministerio de Educación) detenta la rectoría del sistema nacional de educación,
y formulará la política nacional de educación. De esta manera, se superan años de confusión y
ambigüedad en la asignación de responsabilidades dentro del proceso educativo, con el
consecuente descuido que sufrió el sistema nacional de educación.
10. Se organiza un nuevo modelo de gestión educativa para acercar la atención
a los ciudadanos y lograr servicios educativos completos y pertinentes en cada
circuito educativo.
Bajo el marco legal anterior, la mayoría de los procesos estaban concentrados en la planta
central del Ministerio de Educación, lo cual hacía muy difícil dar respuestas oportunas a las
necesidades locales en todo el país. En el nuevo marco legal, se define que la Autoridad
Educativa Nacional está conformada por cuatro niveles de gestión: uno de carácter central y
tres de gestión desconcentrada, que corresponden a los niveles zonal, distrital y circuital (Art.
25 de la LOEI).
11. Se estimula la participación ciudadana en los procesos de toma
de decisión de la
gestión educativa, así como en los de seguimiento y rendición
de cuentas.
Si bien el nuevo marco legal consolida la función rectora del Estado sobre el sistema educativo
nacional, también promueve la participación ciudadana en la gestión educativa, de conformidad
con el artículo 85 de la Constitución, que dispone que “en la formulación, ejecución, evaluación y
control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”, y con el artículo 100 de la Constitución, que
establece la participación de la sociedad“en todos los niveles de gobierno”, para “elaborar
planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía”, para
“mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo”, para “fortalecer la
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control
social”, y para “promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación”.
12. Se fortalece la educación intercultural bilingüe para asegurar un
servicio educativo
con pertinencia cultural y lingüística para las nacionalidades y
pueblos indígenas.
Evidentemente, en el nuevo marco legal se mantiene y se sigue respetando el derecho de todas
las personas a “aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (Art. 29 de la Constitución), así
como los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas a fortalecer el sistema de
educación intercultural bilingüe (Art. 57 de la Constitución). Este derecho se relaciona con lo
estipulado en el numeral 9 del artículo 347 de la Constitución, que dispone “garantizar el
sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de
educación la de la nacionalidad respectiva y el español como idioma de relación intercultural,
bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades”.
13. Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad
educativa, para
lograr que las propias escuelas y los propios actores del sistema se
conviertan en
los principales agentes del cambio.
- A la planta central del Ministerio de Educación le corresponde la responsabilidad de
instituir estándares de calidad educativa, que son descripciones de los logros esperados
de los actores e instituciones del sistema educativo;
- Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa le corresponde evaluar, sobre la base de
dichos estándares, los aprendizajes de los estudiantes y el desempeño de los
profesionales de la educación;
- A los establecimientos educativos les corresponde autoevaluarse y crear planes de
mejora para alcanzar los estándares de calidad educativa;
- A los asesores educativos les corresponde orientar la gestión institucional de cada
establecimiento educativo hacia el cumplimiento de dichos estándares;
- Finalmente, los auditores educativos les corresponde realizar una evaluación externa
acerca de la calidad y los niveles de logro alcanzados —en relación con los estándares de
calidad educativa— por las instituciones educativas.
14. Se busca superar el racismo, la discriminación y la exclusión,
mediante la
transversalización de la interculturalidad en todo el sistema
educativo.
La Constitución dispone en su artículo 343 que “el sistema nacional de educación integrará una
visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. Por su parte, en la LOEI y
su Reglamento se propone una estrategia integral a través del enfoque de la interculturalidad, y
se prescribe que la interculturalidad se incluya como eje transversal en los estándares e
indicadores de calidad educativa, en el currículo nacional obligatorio, en los textos escolares
oficiales y en los procesos de evaluación educativa.
15. Se introducen importantes cambios en
algunas prácticas escolares tradicionales.
El Reglamento General a la LOEI introduce cambios tales como establecer la honestidad
académica como requisito fundamental del trabajo escolar, reconceptualizar la
evaluación como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, y plantear un
nuevo enfoque para la disciplina estudiantil:
16. Se permite a todos los estudiantes acceder a las mismas
oportunidades
educativas mediante el Bachillerato General Unificado.
La LOEI y su Reglamento establecen un nuevo programa de Bachillerato General Unificado, en
el que todos los estudiantes cursan el “tronco común”, que es un grupo de asignaturas centrales
dirigidas a que adquieran ciertos aprendizajes esenciales comunes, correspondientes a su
formación general. Complementariamente, y en función de sus intereses, los estudiantes tienen
la posibilidad de seleccionar entre dos opciones:
- El Bachillerato en Ciencias, que oferta el tronco común de asignaturas obligatorias (con
aproximadamente el 85,7% del total de las horas de clase en los tres cursos del
Bachillerato), un 14,3% que corresponde a una carga horaria de asignaturas optativas.
- El Bachillerato Técnico, que oferta el tronco común de asignaturas obligatorias (con
aproximadamente el 64% del total de las horas de clase), y un 36% que correspon de a una
los módulos de formación técnica.
17. Se fortalece el sistema nacional de evaluación educativa con
la creación
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
En cumplimiento de este mandato, la LOEI en su artículo 67 crea el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa, como una instancia independiente del Ministerio de Educación, “con
autonomía administrativa, financiera y técnica”. Finalmente, el Reglamento a la Ley —en los
artículos que van del 14 al 22— estipula las competencias relacionadas a la evaluación
específicas del Ministerio y del Instituto, y establece los mecanismos que permitirán que ambas
instituciones se interrelacionan de manera productiva.
18. Se replantea la carrera docente pública para
que el maestro se desarrolle como
profesional de la educación.
El nuevo marco legal establece que los docentes públicos, como profesionales de la educación,
deben desarrollar estrategias para ayudar a todos sus estudiantes a lograr los aprendizajes
esperados, y por lo tanto, como parte de su jornada laboral, deben cumplir con actividades tales
como diseñar materiales pedagógicos, conducir investigaciones relacionadas a su labor, atender
a los representantes legales de los estudiantes y realizar actividades de refuerzo y apoyo
educativo para estudiantes que lo necesiten, por mencionar algunas.
19. Se apunta a la excelencia en los docentes con un escalafón
auténticamente
meritocrático que asegura una remuneración justa y digna.
El nuevo marco legal cambia completamente esta situación, con los siguientes logros principales:
• Mejora sustancialmente los sueldos docentes, pues la LOEI determina un incremento notable del salario de los
maestros, que en algunos casos supera el cien por ciento;
• Consigna una aportación justa a la seguridad social, sobre la totalidad de su ingreso;
• Permite a los docentes optar por diferentes rutas profesionales alternativas, tales como la de director o rector
de establecimientos educativos, la de asesor educativo, la de auditor educativo y la de docente-mentor, y
• Establece un escalafón simplificado que ya no privilegia la antigüedad, sino factores tales como la formación
académica de los docentes, sus estudios de actualización, su experiencia y sobre todo su desempeño profesional
(demostrado en evaluaciones y en otras evidencias), y establece distinciones y ascensos correlacionados a sus
propios méritos. Así, el artículo 349 de la Constitución institucionaliza un sistema de evaluación del desempeño
docente y lo vincula a la política
20. Se garantiza la selección de los mejores docentes con
concursos de méritos
y oposición rigurosos y transparentes.
La Constitución cambia radicalmente este modelo al disponer, en su artículo 228, que tanto el
ingreso al servicio público como el ascenso y la promoción dentro de la carrera pública se
deberán hacer siempre mediante concurso de méritos y oposición. En consonancia con esta
disposición constitucional, la LOEI establece que solamente podrán ingresar a la carrera
educativa pública quienes hayan sido ganadores de un concurso de méritos y oposición (Art.
97). El Reglamento confirma esto en su artículo 261: “Para ingresos, promociones y traslados en
la carrera educativa pública, los aspirantes deben ganar el respectivo concurso de méritos y
oposición”, y en los artículos siguientes define cuáles serán las características y las exigencias
mínimas de dichos concursos.
21. Se crea la Universidad Nacional de Educación (UNAE), para
contribuir a la
formación inicial de docentes y otros profesionales de la
educación.
La formación inicial de docentes y otros profesionales educativos en el Ecuador ha tenido
dificultades, y esa puede ser una de las causas de las carencias del Sistema Educativo Nacional.
La Constitución de la República procura resolver este problema y, en su disposición transitoria
vigésima, establece que el Gobierno Nacional creará una institución educativa superior, dirigida
por el Ministerio de Educación, “con el objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de
cargos directivos, administrativos y de apoyo en el sistema nacional de educación”. Esta
disposición constitucional se refleja en el artículo 76 de la LOEI, que le da nombre a esta
institución educativa superior —Universidad Nacional de Educación— y especifica que su
objetivo “es fomentar el ejercicio de la docencia, de cargos directivos y administrativos y de
apoyo en el Sistema Nacional de Educación”, y que a ella se articulará académicamente los
institutos superiores pedagógicos.
