En relación a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 213 y 214 de la Ley de Movilidad, la Vicecoordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa, Laura Ballesteros, aseguró que de los derechos de reunión, manifestación y libre expresión deben convivir con el derecho a la movilidad, logrando así la garantía de cada uno de ellos para el capitalino.

1. México, D.F. a 24 de agosto de 2014
NI UN PASO ATRÁS EN TÉRMINOS DE GARANTÍA A LA MOVILIDAD
-RESPONDE BALLESTEROS A CDHDF-Citará
ALDF a mesa de trabajo por acción de
inconstitucionalidad en contra de la Ley de Movilidad.
“Tanto el derecho a la libre manifestación como el
derecho al libre tránsito y movilidad deben ser
garantizados”.
En relación a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
en contra de los artículos 213 y 214 de la Ley de Movilidad, la Vicecoordinadora del PAN en la
Asamblea Legislativa, Laura Ballesteros, aseguró que de los derechos de reunión,
manifestación y libre expresión deben convivir con el derecho a la movilidad, logrando así la
garantía de cada uno de ellos para el capitalino.
La legisladora local señaló que el Partido Acción Nacional buscará que la Comisión de
Gobierno en la ALDF reciba tanto al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, como a
la Presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, a fin de abrir la discusión y escuchar con atención
los argumentos señalados en contra de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
“Estaremos dando la bienvenida a los comentarios de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; es por eso que invitamos a los presidentes de ambas Comisiones a una mesa de
trabajo a efecto de que se abra la discusión; sin embargo, habría que reconocer que el
contenido de los artículos señalados en materia de libre manifestación estaban contemplados
tal cual en la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal desde 2002, y no es hasta ahora
que se impugnan, por lo que la SCJN tendrá que revisar la oportunidad en la presentación de
dicha acción de inconstitucionalidad, dado que el término para su imposición es únicamente de
30 días”, afirmó.

2. “Si bien, de manera general, la Ley de Movilidad se trata de una legislación nueva, de manera
particular los artículos 212 y 213 son Derecho vigente en la Ciudad desde hace 12 años, por lo
que exhortamos a la SCJN a que analice de fondo la procedencia de la inconstitucionalidad
planteada”, dijo.
Al señalar las dificultades que enfrentan miles de capitalinos para transitar por la Ciudad
cuando se registran marchas y manifestaciones, aseguró que tanto el derecho a la libre
manifestación como el derecho al libre tránsito y a la movilidad tienen la misma cabida, por lo
que se tendrá que trabajar para lograr la plena garantía de ambos y no sólo del primero como
ocurría antes de ser aprobada la Ley de Movilidad.
“Bajo ninguna circunstancia aceptaré que ningún derecho esté por encima de otro. El derecho a
la movilidad se tiene que garantizar en la Ciudad de México cuando existan marchas y
manifestaciones”, afirmó Ballesteros.
Captada en recorrido por la Delegación Miguel Hidalgo para la recolecta de firmas a favor de la
consulta popular sobre el salario mínimo promovida por el PAN, la legisladora señaló también
la importancia de avanzar en la Ciudad hacia un marco jurídico metropolitano donde no sólo
sea posible ampliar el derecho de movilidad hacia el Estado de México, sino a todos los
estados que conforman la Megalópolis.
Al respecto, urgió a la reactivación de la Cometravi a fin de que se promueva la creación de un
Plan Metropolitano que destine el 1% del presupuesto total de construcción del tren interurbano
México-Toluca para la realización de estudios específicos de impacto urbano, impacto
ambiental e impacto de movilidad de la obra.