Este documento resume un reportaje sobre el caso de María Teresa Rivera, una mujer salvadoreña condenada a 40 años de prisión por aborto agravado. Explora los factores sociales que contribuyeron a su situación, como su condición de pobreza y el hecho de que no tuvo acceso a atención médica adecuada. También analiza las perspectivas encontradas en El Salvador sobre la despenalización del aborto y los desafíos que enfrenta el país en materia de salud reproductiva y derechos de las mujeres.

1. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE PERIODISMO
REPORTAJE
FACTORES QUE INTERVIENEN A LA PRÁCTICA DEL ABORTO Y EL IMPACTO QUE CAUSA EN LA
INTEGRIDAD FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL DE LA MUJER.
ASIGNATURA:
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN I
CATEDRÁTICO:
Mcs. CECILIA GLORIBEL CABRERA MARTÍNEZ
ELABORADO POR:
ALVARADO RAMOS, CLAUDIA ELIZABETH
AGUILAR GRANADEÑO, YESENIA GABRIELA
GARCÍA LIÉVANO, LUIS ERNESTO
NUÑEZ RAMÍREZ, DIANA XIOMARA
MARROQUÍN MARTÍNEZ, JULIO ALBERTO
SILVA CANDRAY, BENJAMÍN ERNESTO
GRUPO TEÓRICO: 02
GRUPO DE TRABAJO: 03
CIUDAD UNIVERSITARIA, LUNES 30 DE MAYO DE 2016

2. 1
El aborto: polarización de dichos y hechos
María Teresa Rivera de 29 años de edad, es madre soltera y como muchas mujeres en El
Salvador, trabajaba con esmero como costurera en una maquila. Junto a su suegra, “Isabel”
son el sostén económico del grupo familiar. María Teresa Rivera e Isabel tienen la
responsabilidad de garantizarle un buen futuro a su único hijo de 9 años.
La vida familiar de los Rivera transcurría con la difícil normalidad del día a día. Durante una
madrugada de noviembre del año 2011, los sueños y luchas familiares se interrumpieron.
María Teresa sintió la necesidad de ir al baño, momentos después, tuvo un fuerte sangramiento
vaginal y se desmayó, “Isabel” en el silencio de la madrugada, escuchó ruidos y se levantó a
ver lo que sucedía; para su sorpresa, encontró a María Teresa casi inconsciente en el suelo.
Inmediatamente la suegra de Rivera, asustada, llamó a la Cruz Roja, quienes la trasladaron al
Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Según un
informe de Amnistía Internacional, Rivera había sufrido una complicación obstétrica y
desconocía su estado de embarazo.
Teresa narró que en el hospital, un miembro del personal médico la denunció a la policía por
“indicios de haber abortado”, por lo que fue detenida y esposada en la cama del hospital y
acusada por la Policía Nacional Civil (PNC), de homicidio agravado. Al ser dada de alta fue
trasladada a las celdas de una delegación policial donde, según Rivera fue víctima de insultos
por parte de los agentes policiales, quienes también le suspendieron los medicamentos
prescritos en el hospital Primero de Mayo.
En julio de 2012 tras el proceso judicial que la acusó de homicidio agravado, Rivera es
condenada a 40 años de prisión.
Dicha condena que emana de la legislación salvadoreña, ha representado un tema de
controversia en la sociedad, pues según el Procurador General para la Defensa de los Derechos
Humanos, David Morales, la Ley actual que condena toda forma de aborto, debe cambiarse y
contemplar algún tipo de excepciones. El titular de los Derechos Humanos se manifestó en
2015 y emitió una resolución en la que aseguraba que a María Teresa no le garantizaron los

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derechos a la igualdad y a la no discriminación; además expuso que no se respetó el debido
proceso judicial.
Dicha postura también es respaldada por organizaciones feministas, entre ellas una de las más
férreas: Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético Y
Eugenésico.
Para la vocera feminista, Sara García, “estamos en un contexto idóneo para empezar el dialogo
de manera formal, seria, serena, desde una perspectiva de derechos humanos”, pero pese al
optimismo de García, el tema continúa sin agendarse en el Órgano Legislativo.
De acuerdo al libro Al Borde de la Muerte, elaborado por Amnistía Internacional y el editorial
del periódico digital El Faro “El aborto: un derecho de clase”, la criminalización del aborto no
se limita a lo jurídico, más bien es un fenómeno social que afecta la mayor parte del tiempo a
mujeres de escasos recursos, y es ese factor el que según estos autores, debe considerarse para
iniciar una discusión en torno a la problemática.
Consecuentemente, son muchos los autores que sostienen la necesidad de abordar las
diferentes ópticas que valoren los tipos de aborto. Según el artículo de opinión del Diario La
Página: El aborto una acción irresponsable, “una sociedad democrática evolutiva tiene que
abordar este tema dando satisfacción a las necesidades de las mujeres en su entorno social”.
Según organizaciones que avalan el aborto, vale la pena profundizar las condiciones de un país
cuyo sistema judicial condenó a María Teresa Rivera, pues “las leyes deben ser congruentes a
las condiciones de la sociedad en que se imponen”.
El aborto en el cuerpo de mujeres pobres
Rivera no gozaba de comodidades en su vida, pues coma Madre soltera responsable de un niño
que padecía asma bronquial, según explica el portal web de la organización Las 17, “debía
estirar su presupuesto para cubrir la diversidad de necesidades que implican la crianza de un
hijo”.
Del mismo modo, el informe Familias Separadas-Abrazos Rotos, en el año 2011 el salario
mínimo por hora de la industria de la maquila textil y confección era de 0,781 dólares

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estadounidenses. Ese año, María Teresa vivía con sus suegros y su hijo. Junto a su suegra,
“Isabel”, juntaba dinero para llegar a fin de mes y cubrir las necesidades del grupo familiar.
La historia narra que durante los fines de semana del año 2011, María Teresa utilizaba un poco
de su ajustado presupuesto para salir y compartir tiempo con su hijo, paseando por el parque o
visitando el Zoológico Nacional.
María Teresa Rivera creció sin sus padres, y lamenta que también su hijo esté en las mismas
condiciones “Yo tenía que estar pendiente de él [refiriéndose a su hijo], ya que era madre
soltera. Tenía que trabajar para mi hijo, pues desde el momento en que nació, nació muy
enfermo… Tenía que estar pendiente de sus estudios, pues al llegar del trabajo siempre nos
poníamos a estudiar o a repasar la clase que él veía en su colegio. Para mí era un privilegio
muy grande hacer eso con mi hijo, pues yo nunca tuve una madre que me apoyara”.
Si bien la condición económica no es una justificación para el aborto provocado, tal como lo
explica José María Tojeira, sacerdote Jesuita y exrector de la Universidad Centroamericana,
José Simeón Cañas, también reconoce que el Estado no debe limitarse a la penalidad o la
libertad en su legislación; según el sacerdote, si en la Constitución se promulga proteger la
vida, el Estado debe ofrecer apoyo a las mujeres que por motivos de pobreza, se les dificulta
continuar un embarazo.
De acuerdo a Wendy Castillo, miembro de la Asociación de Mujeres Diversas Empoderarte El
Salvador, la mayoría de mujeres procesadas “son humildes, no saben leer, ni escribir”.
Esta afirmación es respaldada por la investigación que publicó en 2012 la Agrupación
Ciudadana para la Despenalización del Aborto, “Del Hospital a la Cárcel”, donde revela que a
partir del estudio de 129 mujeres procesadas, se determinó que todas provenían de una alta
vulnerabilidad social.
No obstante, no se puede generalizar las condiciones sociales de estas mujeres como una
realidad absoluta, pero según datos que recoge el libro: “Al Borde de la Muerte, de Amnistía
Internacional”, la desigualdad de la mujer persiste en El Salvador. De acuerdo a la
publicación, el nivel educativo de las mujeres y niñas es inferior, además existe un mayor
índice de abandono en la escuela secundaria y la tasa de analfabetismo femenino duplica la
masculina.

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Según una encuesta del gobierno realizada en 2011, revela que el 41 por ciento de los hogares
del país están en la pobreza, cifra que aumenta al 50 por ciento en las zonas rurales, donde
vive el 30 por ciento de la población total de El Salvador. La investigación señala que las tasas
de pobreza de las mujeres en todas las categorías, son superiores a las de los hombres.
Para el censo de población y vivienda realizado en 2007 por la Dirección General de
Estadística y Censos (DIGESTYC), 67.000 adolescentes de entre 12 y 19 años ya habían
formado un hogar, de los que 48.000 ya tenían al menos un hijo.
Esta realidad, según escribe Laura Aguirre en el editorial del periódico digital El Faro, hace
que la criminalización del aborto forme parte de los indicadores de desigualdad social, pues
para ella, la mujer que va a la cárcel es la que no tuvo la posibilidad de practicarse un aborto
seguro o tener una atención médica adecuada.
Opinión que concuerda con la Diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), Ana Marina Alvarenga, pues según la legisladora, la ley no es igual para
todos, ya que argumenta que nunca se ha visto a una mujer de alta sociedad condenada por
abortar. Para la parlamentaria, estas condiciones hacen que la maternidad en El Salvador no
sea 100 por ciento segura.
María Teresa Rivera fue juzgada en un país donde la pobreza, según diferentes colectivos de la
sociedad civil, es determinante para ser criminalizada por aborto.
Frente a la diversidad de investigaciones, El Salvador también tiene un reto en materia de
salud para garantizar una maternidad segura.
Pero las expresiones sociales no solo se han manifestado aceptando el aborto; la institución
emblemática que abandera el derecho a la vida desde su concepción “Si a la Vida” ha jugado
un papel protagónico en el tema. Según la nota de El Diario de Hoy "Apelarán ante la
Asamblea contra legalización aborto" de febrero de 1997, la Presidenta de la Fundación,
Regina de Cardenal, expresó que "El niño no nacido es un ser humano, una persona que tiene
los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Sólo una persona que sabe el valor de la vida
humana desaprobará totalmente la práctica del aborto y cualquier argumento a favor de éste".
A la vez, Cardenal presentó un escrito en el mismo año, exhortando a los diputados a no
aprobar la legalización del aborto, misma que se dio en el contexto en que el partido de

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izquierda –entonces oposición- Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN
promovía tal medida.
De igual manera, en el editorial titulado "Bestias hay en todos lados", publicado en El Diario
de Hoy en marzo de 1997 por el licenciado Juan Martín, apunta que “muchos de los
ginecólogos, enfermeras y demás personal que trabaja en clínicas abortivas posen una
conciencia tan deformada, que mitiga en cierto modo la culpabilidad de la moral de su delito.
Para Martín los movimientos Pro-vida se deben destacar por su pacifismo y sentido ciudadano.
Por su parte, Guillermo López García, escritor del libro "Aborto: El Análisis Crítico de la
Situación Actual" contrapone el siguiente planteamiento a los que están a favor del aborto:
"Por convenientes, convincentes o perentorios que puedan ser los argumentos esgrimidos a
favor del aborto, siempre persiste el hecho de que es el suprimir una vida, aun cuando ésta no
haya brotado a la luz, corta de raíz la propia esencia del principio de que la vida de nadie, por
indeseado e inútil que parezca, no puede terminarse con el fin de buscar la salud y felicidad de
otro ser humano"
El secreto médico ante el delito
De acuerdo al portal web Las 17, a finales de 2011 María Teresa tenía 29 años y manifestó
desconocer su estado prenatal. En noviembre tuvo un parto precipitado adelantado extra-
hospitalario y la criatura quedó en la fosa séptica de su casa.
Según la historia del sitio web, en el juicio de María Teresa no se determinó el período de
gestación por lo que la médica que la atendió manifestó “…que no puede determinar si se
trataba de un parto de término normal o aborto….”
La autopsia definió que la muerte del neonato fue por asfixia perinatal, lo que el Juez -que la
sentenció a 40 años de prisión- interpretó como diagnóstico de muerte provocada por una
agresión, pero según la organización Las 17, esta interpretación carece de rigor médico pues la
asfixia perinatal puede tener diversas causas naturales en el momento anterior o posterior al
parto.

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Respecto a esta sentencia, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David
Morales, sostiene que “es necesario profundizar en detalle qué nos dice la medicina para
entender a fondo el caso de Rivera”.
El médico graduado en Cuba con especialidad en medicina familiar y ginecología obstétrica,
Roberto Castellanos, explica que cuando hay sospechas de aborto provocado, debe reportarse
al jefe inmediato quien emite el diagnóstico y un perito especialista de la Fiscalía General de
la República (FGR) tiene que evaluar el caso para determinar si se cometió delito o no.
Según Castellanos, cuando la sospecha es por aborto inducido, el derecho de secreto médico
se exonera, pues en esos casos pesa más la ley. Si la paciente es menor edad, la denuncia debe
ser de carácter obligatorio y remitirse al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia
(CONNA).
El ginecólogo y obstetra aclara que como médicos no pueden acusar a nadie, nada más
establecen la sospecha para remitirla a las autoridades, y éstas determinan el seguimiento del
caso. Por lo tanto puede establecerse que el personal médico en ningún momento debe actuar
como juez.
Sin embargo, Castellanos expone que no existe por parte del Estado Salvadoreño ninguna
clase de capacitación médica que les facilite las herramientas o líneas de procedimiento ante la
complejidad de los casos.
“Yo ya tengo cinco años de estar trabajando aquí en el Salvador y no me he enterado que
nadie haya recibido una capacitación especial sobre el tema…pero un lineamiento como tal a
seguir lo tiene cada establecimiento en dependencia de los casos que llegan.
Medicamente existen clasificaciones de aborto. En el artículo de opinión de El Diario de Hoy,
“Distintas clases de aborto”, escrito por el doctor Vicente Araujo Cárdenas, explica que es la
expulsión del producto de la concepción antes de que el feto sea viable.
Araujo agrega que las clasificaciones van desde el aborto natural, terapéutico y criminal. El
aborto natural se debe a enfermedades y otro tipo de causas independientes de la voluntad de
la madre; el aborto terapéutico es aquel que interviene el médico por riesgos en la vida de la
madre si el embarazo continúa; y el aborto criminal es aquel que obedece a razones ajenas a
las dos clasificaciones anteriores.

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A las clasificaciones que plantea el columnista, se puede agregar el aborto eugenésico descrito
en el editorial aborto terapéutico y ética científica, de la colección de documentos de la
biblioteca científica de Chile. En el texto se entiende como la interrupción del embarazo con la
intención de matar al embrión o feto, dado que presenta una anomalía genética valorada
negativamente por la madre o las personas que pueden tomar esa decisión.
Dentro de la gama de diferentes abortos, Francesc Abel plantea que en relación a las
circunstancias médicas que de una u otra manera inducen a tomar la decisión del aborto, debe
ponderar la conducta médica correcta para intentar salvar a la madre y al hijo.
Y es que en la medicina, siempre debe prevalecer la protección de la vida, tal como afirman
los libros “El Aborto. Análisis crítico de la Situación Actual” y “El médico frente al aborto”,
pues ambos planteamientos coinciden en que el aborto no debe ser un método anticonceptivo o
la solución ante los embarazos no deseados.
No obstante, la actual legislación no considera la gama de casos clínicos, reduciendo el tema
entre la penalidad y la libertad, algo que de acuerdo al sacerdote jesuita José María Tojeira, es
contradictorio pues el Código Penal no coincide con lo planteado en la Constitución.
Sin embargo, El Salvador no siempre contó con una legislación restrictiva. Antes de 1998, año
en que entró en vigencia el actual Código Penal, el aborto era legal.
El aborto en El Salvador: el parte aguas jurídico
María Teresa Rivera luego de ser denunciada por un miembro del personal médico por
“indicios de aborto”, con 29 años de edad, en julio del 2012, es condenada a 40 años de
prisión por homicidio agravado. El caso de María Teresa, si bien es uno de los tantos en que
mujeres son condenadas después de haber sufrido una complicación obstétrica, el de ella es
emblemático debido a que es la mujer a la que más años de cárcel se enfrenta.
Durante el juicio, el Tribunal determinó que no era posible que ella no supiera que estaba
embarazada, también valoró como prueba el relato de uno de los jefes superiores de María
Teresa, según el cual, ella le comunicó en enero del 2011 que estaba embarazada.

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Según expone Amnistía Internacional en su informe, si eso fuera cierto, María Teresa llevaría
embarazada al menos 11 meses cuando fue arrestada.
Razón por la cual, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos constató que en el
caso de María Teresa Rivera hubo violaciones al debido proceso, que “evidentemente tenían
su origen en un trato discriminatorio en la aplicación de criterios sexistas contra la mujer por
parte de las autoridades judiciales”.
En El Salvador el aborto es condenado bajo todas sus condiciones, desde la entrada en
vigencia del actual Código Penal en el año 1997, tras su publicación en el Diario Oficial Tomo
335, El Salvador, pasó a forma parte de una reducida cantidad de países que prohíben de
manera absoluta el aborto ante cualquier circunstancia.
Sin embargo, no siempre existió una prohibición total del aborto, tal como se constata en el
Diario Oficial Tomo 238, el Código Penal de 1973 en su artículo 169, permitía el aborto
cuando era el único medio para salvar la vida de la mujer, de igual forma cuando el embarazo
era consecuencia de una violación sexual y también cuando el feto sufriera deformidades
graves.
No obstante en 1997 ocurrieron dos cambios en las leyes del país, que crearon las bases de la
actual legislación.
El primer cambio consistió en una reforma constitucional, que según se lee en el Diario Oficial
Tomo 335, se adicionaría al Artículo 1 un inciso donde se “reconoce como persona humana a
todo ser humano desde el instante de la concepción”.
El segundo cambio fue la entrada en vigencia del actual Código Penal, que tras su publicación
en el Diario Oficial Tomo 335, penaliza el aborto consentido, así como por otro tipo de
causales en los artículos 133 al 137.
Tales cambios son valorados en los libros “Del Hospital a la Cárcel” y “Al borde de la
muerte” como un retroceso en materia de derechos humanos. Dichas valoraciones son
compartidas por voceras defensoras de los derechos de la mujer, como la coordinadora del
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM), Yolanda Guirola y Sara García de Agrupación Ciudadana para la
Despenalización del Aborto.

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Según Amnistía Internacional, la legislación que introdujo la prohibición total del aborto en El
Salvador contrasta enormemente con la tendencia mundial de los últimos 20 años hacia la
liberalización de las leyes sobre el aborto.
Además sostiene que si bien los cambios no se dieron bajo un consenso absoluto, “el tema fue
abordado con espectacularidad y lleno de pasiones e ideologías tanto en el ámbito
internacional como nacional”, así infieren las ediciones de 1997 a 1998 de El Diario de Hoy,
La Prensa Gráfica y Diario Co Latino.
Pero el ambiente internacional también influyó en la historia previa a las reformas. La
organización internacional Vida Humana, acusa a la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), de tener un plan para la disminución de la población pobre
“mediante el apoyo disfrazado del aborto”, publicada en la nota de prensa “Denuncian plan
mundial anti vida” de marzo de 1997 de El Diario de Hoy.
Tales acusaciones se dieron bajo la administración del expresidente Bill Clinton, quien
respondió mediante un comunicado de prensa, citado por la nota, donde expone que su
gobierno está a favor de un aborto seguro y legal, y agrega que USAID desaprueba utilizar la
práctica del aborto como un método de planificación; así mismo la organización afirma que el
aborto es una de las principales causas de muerte femeninas en el mundo.
En la misma noticia se lee que la iglesia Salvadoreña advirtió a la Asamblea Legislativa, que
si “no se respeta la vida del no nacido, los valores humanos y religiosos quedan sin
fundamento y la sociedad entra en un proceso de desintegración moral”.
Otro hecho previo ocurrió en marzo de 1997 cuando El Vaticano pidió a los sacerdotes que
“perdonen y tengan comprensión a los matrimonios católicos que utilizan métodos
anticonceptivos para la planificación familiar controlada”.
Sin embargo según la nota de El Diario de Hoy “Iglesia perdona fieles que planifican”,
sostiene que la Iglesia Católica “está totalmente en contra de estos métodos artificiales para el
control de la natalidad y que hay otras opciones naturales como el método del ritmo, y el de la
abstinencia en el tiempo que la mujer está en su periodo de ovulación.
Estos acontecimientos, según expertos en leyes, influyeron para la actual legislación, aunque
en el país también ya existían concepciones propias.

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En el especial de El Diario de Hoy “Aborto: El Silencio de los partidos”, de marzo de 1997, se
evidencian las posturas de los diputados, expresadas en un contexto electoral. En la nota
realizan un elaborado perfil de las fracciones de ARENA representado por Milena Calderón
quien expresó que “Jamás ampliaremos el aborto”, Nidia Díaz del FMLN consideró que es
mejor “prevenir el aborto y no prohibirlo” y Melida Villatoro del Partido Democracia
Cristiano (PDC), consideró que “La Constitución debe prohibir el aborto”.
Aquella coyuntura dio paso a que tanto las organizaciones civiles que aprueban el aborto, se
expresaran con tanta fuerza como aquellas que defienden férreamente la vida.
La Fundación Sí a la Vida tuvo un papel muy activo en la aprobación de las reformas, según la
nota de El Diario de Hoy del año 1997 que se titula “Apelarán ante la Asamblea contra
legalización del aborto” la organización liderada por Regina de Cárdenas, destacada luchadora
del derecho a la vida, encabezó el movimiento.
De igual manera, el Comité Permanente del Debate Nacional (CPDN), mediante su
coordinador general Roger Gutiérrez, expresó su postura en contra de la legalización del
aborto pues según él toda la reforma tenía tintes políticos, según declaraciones recogidas en la
nota “CPDN Presentará Propuesta a Nueva Legislatura”, de abril de 1997 del Periódico Co
Latino.
Gutiérrez sostuvo que “es evidente que los legisladores que apoyaron dicha Ley lo hicieron
“hipócritamente”, como altos defensores de los valores morales y además abordando dicha
problemática con evidente desinterés, pero eso sí, con la finalidad de ganar adeptos a partir de
una moral de doble cara”.
La opinión pública reborboreaba en torno a la polémica, en los editoriales “Bestias hay en
todos lados” y “Vida digna o pobreza irreversible” de El Diario de Hoy, los columnistas
defendían sus argumentos de por qué penalizar el aborto era favorable para el país.
Es así, como en medio de esa polémica coyuntural, el miércoles 30 de abril de 1997, al filo de
la media noche y con la canción tocada y cantada por mariachis “Las Golondrinas” para
despedir al período de esa legislatura, se aprueba la reforma al artículo 1 de la Constitución de
la República, donde “se considera al ser humano desde la concepción”. La reforma por fin era
un hecho.

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Luego de la reforma, a nivel internacional el debate se mantuvo. En los Estados Unidos de
América, el parlamento también defendió dos posturas: un nuevo esfuerzo por vetar los
llamados abortos parciales; y la lucha sobre la terminología para referirse al aborto y la
planificación familiar. Así lo comunicó el periódico El Diario de Hoy con su nota titulada
“Aborto divide al Congreso de Estados Unidos” de enero del 1998.
Hasta la fecha, la despenalización del aborto es un tema fantasma en el Órgano Legislativo.
Yolanda Guirola, miembro de la Casa Morada de la Mujer (CEMUJER), responsabiliza a la
Iglesia Católica y a Si a la Vida de mantener incidencia ante los parlamentarios.
Se intentó contactar a un representante de Fundación Sí a la Vida para obtener su posición
directa sobre la problemática, pero pese a la insistencia no se obtuvo respuesta.
En 2015, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
emitió recomendaciones a El Salvador para que legisle contra la despenalización del aborto,
sin embargo hasta la fecha el Estado salvadoreño no le ha dado cumplimiento.
La actual diputada del principal partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista,
ARENA y presidenta del Comité de la Mujer, Karla Elena Hernández, las recomendaciones
hechas por la ONU al Estado salvadoreño de despenalizar el aborto son invalidas pues
“nuestra Constitución es explicita en proteger la vida desde el momento de la concepción”.
Hernández cree que muchos casos que defienden los colectivos feministas son “manipulados”
pues según ella hay casos evidentemente constituidos como asesinatos.
Por su parte Francesc Abel en las palabras de Richard McCormick, en su artículo El Aborto
Desde la Perspectiva Médica, la indiferencia, por parte de los legisladores de discutir el tema
del aborto, tiene su fundamento en un aspecto “jurídicamente espinoso y periodísticamente
sujeto al abuso” a la vez, McCormic sostiene que el aborto es tratado con “prejuicio a nivel de
todos los individuos”.
Cicatrices psicológicas
La culpa, el poder, la soledad, son factores presentes en la psiquis de la mujer que sufre
aborto, esos sentimientos pueden ser justificables por el señalamiento social; el aborto supone

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la interrupción de un proceso de vida, algo que trasciende al propio individuo y que pone en
marcha mecanismos muy íntimos relacionados con la propia capacidad de crear y destruir la
vida, según lo explican expertos en la materia.
Cuando la consecuencia de un delito es la cárcel, existen afectaciones singulares, en este caso
María Teresa que lleva cuatro años en prisión purgando una pena de 40; a la vez sufren
afectaciones que psicológicamente involucran a toda la familia y con ella a una sociedad.
“Las familias enteras están sufriendo las consecuencias de este proceso viciado por el cual [las
mujeres] fueron condenadas”, declara la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos
de la Mujer y la Familia, Rosalía Jovel.
De acuerdo a la institución, las familias también son parte de las víctimas pues en la mayoría
de las situaciones, son cabezas de familia de las cuales depende la economía y el soporte
emocional.
Así lo relata “Isabel” “la primera vez que el niño la vio fue duro. El niño lloraba abrazándola y
yo también, y él no quería salir del penal. Le dije: ‘ya vámonos, que tu mamá no se puede ir’.
Él en el autobús lloraba. Dejé de llevarlo un tiempo, porque dije: ‘lo pongo mal y a ella
también’. Después, más grandecito, lo llevé de nuevo”, es la anécdota de la primera visita a la
cárcel del hijo de María Teresa.
La psicología sostiene que la salud mental resulta de la compleja interacción de factores
individuales biológicos y psicológicos y las experiencias que le toca vivir a cada persona le
afectan de maneras diversas.
Es por eso que para la ciencia psíquica, el aborto provocado es un síntoma psicológicamente
predeterminado; provienen de estructuras familiares de esta tipificación: la madre ha sido vista
como fría, frustrada, vanidosa o idealista en exceso. La figura del padre reúne las
características de no expansivo, mutable, brillante, pero, en general, ausente, utilizando con la
hija una relación de miedo más que la búsqueda de una auténtica profundidad afectiva.
Tal situación se pone de manifiesto en aquellas mujeres que psicológicamente consienten el
aborto, entran en una espiral que podría conllevar a nuevas prácticas, interrumpiendo nuevos
embarazos. Algunas mujeres ideologizan esta situación compulsiva como una forma de negar

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el sentimiento de culpa subyacente, haciendo ostentación de su derecho de decidir sobre su
cuerpo, por el hecho que “es su vida”.
Peor hay un actor primario en el acto abortivo, que muchas ocasiones pasa desadvertido como
producto de un factor cultural donde predomina el machismo. Los hombres en una búsqueda
compensatoria de actitudes viriles son portadores de una identidad sexual ambigua, la que
conlleva que se pretenda la preñez de su compañera como confirmación de su potencia o
capacidad generativa; al tiempo que fuerza un aborto en un intento de alcanzar un triunfo
sádico y una degradación moral de la mujer.
No obstante, la complejidad en torno al aborto es multifactorial, tanto así que los sociólogos y
educadores concuerdan que la pobre y mal utilizada salud sexual, es un factor que se convierte
en una bomba de tiempo que puede terminar encausando el cometimiento del delito.
Según el informe “Evaluación de la implementación de la declaración ministerial prevenir con
educación 2008-2015” Latinoamérica es la única región del mundo, incluyendo África, donde
las cifras de embarazo en adolescentes han incrementado en los últimos 30 años y tiene la
proporción más alta de niñas adolescentes que han iniciado su vida sexual antes de los 15 años
(22 por ciento).
Según la investigación, a pesar del desarrollo económico en América Latina en los últimos
años, el gasto público en salud está estancado en alrededor del 7,5 por ciento del producto
interno bruto, mientras que en el resto del mundo llega a ser 10 por ciento. Es aún insuficiente
y muy por debajo de la media mundial.
Otro dato a considerar, es que los gastos de Salud en América Latina y El Caribe provienen en
un 33,5 por ciento del bolsillo del ciudadano, en una región donde el 39 por ciento de jóvenes
entre 15 y 24 años son pobres y 22 millones son desempleados, por lo que el costo de salud
representa una barrera insuperable para la juventud.
La educación integral de la sexualidad continúa siendo un tema “tabú” en muchos sectores de
la sociedad. Sectores conservadores exigen que ésta sea una responsabilidad única de los
encargados de familia, ya que argumentan que tal educación promueve entre niños y
adolescentes el inicio temprano de las relaciones sexuales. En contraposición, las juventudes
organizadas siguen demandando el acceso a la información, así como a los servicios de salud

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afines para adolescentes y jóvenes, debido a la limitada oferta y la falta de especialización de
los funcionarios del sistema educativo y del sistema de salud. Las niñas, adolescentes y
jóvenes aun no son plenamente reconocidas como sujetas de derechos.
“Es un asunto de la vida o la muerte de un ser humano hecho a la imagen de Dios”
El debate moral y ético sobre el aborto viene dándose hace ya varios años. Pero en el presente,
por el creciente activismo de los movimientos feministas y el intento de formalizar una
legislación reproductiva.
La Iglesia Católica entiende por aborto la muerte provocada del feto, realizada por cualquier
método y en cualquier momento del embarazo desde el instante mismo de la concepción. Así
ha sido declarado el 23 de mayo de 1 988 por la Comisión para la Interpretación Auténtica del
Código de Derecho Canónico.
Según Clara Donadt, periodista de Vida Humana, los defensores del aborto han procurado
cubrir su naturaleza “criminal mediante terminología confusa o evasiva, ocultando el asesinato
con jerga como "interrupción voluntaria del embarazo" o bajo conceptos como "derecho a
decidir" o "derecho a la salud reproductiva". Ninguno de estos artificios del lenguaje, sin
embargo, puede ocultar el hecho de que el aborto es un infanticidio”.
Donadt informa que el aborto ha sido el motivo de la muerte de más de 25 millones de niños
(sólo en Estados Unidos), desde que se legalizó el aborto en 1973 en ese país.
El Sacerdote Jesuita, José María Tojeira, responsabiliza al Estado salvadoreño por
desvincularse de la problemática que cada vez se vuelve más latente “una mujer que la
embarazan por violación, es pobre, tiene muchos hijos, el Estado debe ofrecerle una salida de
trabajo digno, una bonificación y ayuda para esa nueva vida, el Estado debe proteger la vida
pero éste se lava las manos, creando un problema, pues la gente no se siente apoyada por la
institución, por ello se recurre al aborto clandestino legal, si está permitido, o ilegal y acaba
presa" además agregó que la Iglesia condena "el aborto como solución a un embarazo no

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querido". Tojeira considera que utilizar el aborto como método de contracepción o por pura
voluntad "sería lo más grave".
Por su parte, Ana Juárez miembro de la iglesia protestante Capernaun de San Salvador,
explicó que el aborto no tiene que verse como una cuestión de elección de los derechos de la
mujer, es “un asunto de la vida o muerte de un ser humano hecho a la imagen de Dios” y
agregó que al igual que la Iglesia Católica, ellos también reconocen la vida desde ese
momento en el que el espermatozoide es fecundado es creado un nuevo ser que merece vivir,
es su derecho”, enfatizó.
En El Salvador, prácticamente hay un aborto por cada recién nacido vivo versus a Los Estados
Unidos de América que hay un aborto por cada tres recién nacidos vivos. En Suecia hay un
aborto por cada cinco recién nacidos vivos. Así que podríamos preguntarnos ¿De qué tipo de
moralidad se está hablando?, pregunta Marcela Aszkenazi el su libro “Clausuras y aperturas:
debate sobre el aborto”
Aszkenazi sostiene que la mortalidad materna por aborto asciende al 27 por ciento, lo que hace
que en nuestro país el aborto sea la primera causa de dichas muertes dadas las consecuencias
médicas post abortivas como infecciones pélvicas, la hemorragia y el shock hipovolémico,
laceraciones cervicales, perforaciones uterinas y daños a la vejiga e intestino. “El promedio de
internación es de 6-14 días y estas complicaciones ocupan un 50 por ciento de las camas
ginecológicas de los hospitales públicos”, agregó la autora.
En el programa de televisión "La Familia Importa" de canal 8, se abordó el tema del aborto en
el que el Doctor en ginecología Carlos Mayora mostró una postura técnica con base a la
religión Católica. En el programa se mostró orgulloso de la penalización del aborto "nosotros
en El Salvador orgullosamente hemos resistido a esas presiones internacionales" refiriéndose a
recomendaciones de organismos mundiales.
Ángel Peña, escritor del libro "El Aborto y sus consecuencias, cuestiones de bioética" detalla
que se debe reconocer el aborto en sus diversas modalidades (clonación, fecundación in vitro,
anticonceptivos...) “es siempre un asesinato de un ser humano y nunca se puede aceptar
moralmente”. Peña hace una separación entre lo legal y lo ético “una cosa es que sea legal y
otra muy distinta que sea ético y moral”, además señala que cada vida humana es una vida

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sagrada y tiene una historia sagrada de amor de Dios desde el momento de su existencia en
que Dios creó su alma con infinito amor.
Actualmente el escenario de debate de posturas a favor, en contra e intermedias sigue en boga.
Para muchos el ignorar el problema es una forma de apaciguar posturas extremas; sin
embargo, legal o ilegal, debatido o ignorado es una práctica que como lo sostienen los
expertos, aumenta su práctica cada día más.
María Teresa Rivera, la mujer de ahora 32 años y madre de un niño de 12 años que fue
condenada en 2011, el pasado 11 de mayo escuchó en un nuevo juicio las palabras “con la
información que he recibido, con los elementos dados por los peritos, considero que esta
sentencia debe anularse”. Esas palabras hicieron que la mujer de 32 años, rompiera en llanto.
Cuando escuchó que era libre, abrazó fuertemente a su abogado defensor, Víctor Hugo Mata,
asimilando lo que el juez acababa de decir y besaba la foto de su hijo y agradecía a Dios
levantando las manos y orando “te pedí que me dieras libertad, y acá estoy, no me has dejado
avergonzada”, lo repetía en medio del llanto que no podía contener.
El juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Martín Rogel, anuló la sentencia
de 2012 y agregó que el Estado debe ser el responsable de realizar medidas de reparación por
los años que María Teresa pasó en la cárcel.