La reforma laboral de 2012 ha tenido éxito en reducir el desempleo en España. Varios estudios independientes encuentran que la reforma ha contribuido a la creación de empleo y ha estabilizado el mercado laboral español. Derogar la reforma podría frenar el crecimiento económico reciente y la creación de puestos de trabajo, empeorando así el alto desempleo estructural en España.

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¿DEROGAR LA REFORMA LABORAL?
Manfred Nolte
Partidos de abolengo y algunas otras formaciones políticas de nueva floración
han convenido, caso de acceder al gobierno de la nación, en derogar la reforma
laboral promulgada durante el mandato de los populares. Existen muchos otros
blancos posibles de crítica al actual gobierno en funciones, tales como su inicial
incontinencia recaudatoria, el fracaso en acometer el adelgazamiento de la
mastodóntica administración del estado, el reiterado incumplimiento de los
calendarios de reducción del déficit o el disparatado crecimiento de la deuda
pública. Sin embargo la oposición apenas reprocha alguna de estas carencias,
signo premonitorio de que las juzga tolerables o aun deseables para un
programa progresista inmediato. Todo el énfasis está puesto en descalificar la
reforma laboral. ¿Qué juicio debe merecernos tal propuesta desde un punto de
vista razonado? Mostrémoslo.
Refrescaremos la memoria del lector señalando que el 12 de febrero de 2012
entró en vigor el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del
mercado Laboral. La norma venía espoleada por la enorme sangría de empleos
registrada en España entre 2007 y 2011, en el epicentro de la gran crisis global:
2,5 millones de puestos de trabajo destruidos, con una paro EPA de 3,8 millones
de personas. Entre las principales modificaciones introducidas por el Real
Decreto-ley en el régimen jurídico de las relaciones laborales de nuestro país
destacan taquigráficamente las siguientes: la disminución de las
indemnizaciones de los despido por causas empresariales; la eliminación de la
autorización administrativa para el despido colectivo y la definición sobre
nuevas bases de las causas que lo permiten; la supresión del denominado
‘despido exprés’ y de los salarios de tramitación para la mayoría de supuestos de
improcedencia del despido; la adecuación de los costes salariales a la especifica
dinámica empresarial como alternativa a la extinción de contratos de trabajo; la
utilización de nuevas figuras contractuales para pymes y emprendedores; la
introducción de servicios públicos y privados de intermediación y recolocación
en el mercado laboral; y el establecimiento de la prioridad aplicativa de los
convenios colectivos de empresa en determinadas materias y de un plazo
máximo de ultraactividad de dos años. Desde la fecha de la entrada en vigor del
Decreto hasta el tercer trimestre de 2013, suelo de la crisis sufrida, se

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destruirían 250.000 puestos de trabajo más(paro EPA de 700.000 personas
adicionales).
A partir de dicho punto de inflexión el empleo en España ha crecido
ininterrumpidamente. En 2015 la ocupación aumentó en 533.186 personas y el
paro bajó en 354.000. Un millón de empleos entre 2013 y 2015. Las previsiones
para los dos años próximos sitúan el empleo en un millón adicional.
La pregunta crítica acerca de la eficacia de la reforma laboral es qué hubiera
sucedido sin su implantación. Para responderla acudiremos al juicio de terceros.
Todos los organismos internacionales que, por distintas razones, estudian y/o
tutelan la economía española,(OCDE, FMI, BCE o Comisión Europea) la han
situado como la primera y más efectiva de las reformas estructurales acometidas
en los últimos cuatro años y se han deshecho en elogios sobre la misma. Francia
ha manifestado que podría imitarla. Los principales bufetes laboralistas la han
reputado como un paso decisivo en la dirección adecuada. Pero son los estudios
independientes descriptivos o econométricos los que consensuan la efectividad
de la decisión tomada. Sucesivas investigaciones de Banco de España(2012),
Fedea (2012), Funcas (2013 y 2015), Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(2013), BBVA (2013 y 2015), (OCDE, 2014), y García Pérez y Osuna, (2014 y
2015) convienen, siempre con cautelas, que una reforma anticipada habría
contribuido a evitar la destrucción de empleos en años previos a su puesta en
marcha y habría sido conducente a estabilizar el mercado y devolver
competitividad a la economía española por la reducción de costes y la
moderación salarial implícita. Ningún estudio se presta a su descalificación y
derribo, por mucho que se reconozcan, como es lógico, importantes tareas
pendientes, fundamentalmente en el ámbito de la dualidad de contratos con
protecciones radicalmente diferentes.
No es justo tampoco achacar a la reforma laboral el presunto crecimiento en la
precarización del mercado laboral español y para desmentirlo hay que recurrir a
las cifras. La tasa de temporalidad media entre 1998 y 2011 fue del 31% y en
pleno auge de la burbuja inmobiliaria —primavera de 2006— llegó a alcanzar el
34,6%. A día de hoy, en cambio, se sitúa en el 26,2%. Aunque esta reducción es
debida a que la crisis ha destruido sobre todo el trabajo temporal, no es correcto
imputar a la reforma unos porcentajes estadísticos inexactos.
La gran crisis global arrastró a España hasta bien entrado 2013 a una tasa de
desempleo del 26,1%. La recesión se cebó exclusivamente en las pymes
expulsando del mercado a 250.000 pequeñas empresas, produciendo en las
supervivientes un número de despidos apreciables. Es sabido, asimismo, que el
ajuste laboral de la economía española se ha producido por cantidad y no por
precio. Es en una fase ulterior cuando los salarios de aquellos que no han
perdido su puesto de trabajo sufre determinados recortes al tiempo que aquellos
trabajadores reinsertados, lo hacen a salarios inferiores a la época pre-crisis.
Como consecuencia de la flexibilidad externa(cantidad de puestos de trabajo
perdidos) y de la flexibilidad interna(reducción salarial de los empleados
estables) España registra una reducción de los costes laborales cercanos al 20%,
lo que impulsa nuevamente –según esquemas bien fundados en la teoría
económica- la nueva contratación, la acometida de nuevos productos y
mercados y en definitiva la salida paulatina de la crisis. La prima negativa de

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inflación española respecto de nuestros socios comerciales apuntala la referida
competitividad.
Y ahora volvamos a las verdades como puños. La primera es que el empleo va de
la mano del crecimiento, o sea, la famosa ley de Okun, que en la actual
coyuntura española es altamente eficiente siendo la tasa de crecimiento de la
ocupación igual o incluso superior a la de crecimiento del PIB. Lo que no debe
hacer ninguna contrarreforma laboral es frenar el crecimiento y la creación de
empleo. Ese es el objetivo prioritario en estos momentos.
La segunda es que España tiene en 2015 (2,9 millones de personas) un 23% más
de paro estructural (desempleo superior a 2 años) que en 2011 y casi seis veces
más que en 2007, año previo a la crisis. Y ello porque, con la gran recesión, el
mercado laboral ha cambiado dramáticamente y los parados de larga duración
no poseen ya las habilidades reclamadas por los emprendedores en los nuevos
procesos productivos. Esta trágica realidad no se corrige con contrarreformas
laborales sino con una vasta cruzada de formación y capacitación de nuestros
recursos humanos, que los devuelvan al umbral de la competitividad.
Nuevamente una reforma de oferta, o sea, estructural. Educación infantil,
secundaria, profesional y universitaria junto a un esfuerzo decidido de las
inversiones en I+D+i que acerquen nuestro país a parámetros europeos e
internacionales. Un grandísimo pacto de Estado –de todas las fuerzas y
partidos- para la educación en el más amplio de los sentidos.
Con los fundamentos actuales, la economía española seguirá creciendo y
creando empleo. Ello se traduce en que el paro en términos EPA se situaría al
final de 2016 en 4,5 millones de parados, el 20,2% de la población activa. El
riesgo fundamental a la baja de estas previsiones –si Dios nos libra de un nuevo
crash financiero internacional- es el deterioro de las expectativas de los
empresarios y consumidores que pudiera ocasionar la incertidumbre política
interna y en su caso la irrupción de contrarreformas involucionistas.

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Fuente: FUNCAS