1. ÓRGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA Y
CRIMEN ORGANIZADO.
Artículo Editorial (*).
(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 14 de agosto de 2012.
El viernes pasado asistí a impartir la conferencia magistral de clausura del Primer Congreso
Jurídico de la COMAIP (la organización que organiza a los órganos garantes de transparencia
del país) sobre los retos del diseño institucional de transparencia. Ahí afirmé varias debilidades
del diseño y de quienes integran o han integrado los órganos garantes. Veamos.
Primero. Los órganos garantes de la transparencia (llámense comisiones o institutos) surgieron
con los mejores augurios y con la esperanza razonada de que habrían de fortalecer el novedoso
derecho de acceso a la información pública. En el 2002 las circunstancias políticas no
permitieron crear una Ley General (es decir aplicable a la Federación, entidades federativas y
municipios) pero sí una ley parcialmente federal y una en cada entidad federativa con su
respectivo órgano garante.
Eso creó una gran burocracia, pero se pensó que era más el riesgo para el país no construir ese
amplio andamio jurídico que edificarlo. Así se hizo. Los resultados fueron desiguales.
Lo grave fue que las debilidades de los órganos fueron cada día más claras, de ahí la propuesta
de Enrique Peña Nieto de dar un giro a lo que se ha hecho mal en los hechos aunque en el papel
y en los comités de diseño se veía como una solución jamás, como un problema. A diez años de
haber adquirido carta de naturalización formal el derecho de acceso a la información tiene frente
a sí el reto de reformarse de manera sustantiva.
Segundo. Las razones de esta gran reforma probable no son pocas: a) Los órganos de
transparencia violando la ley y su imparcialidad se convirtieron de facto en asesores o de plano
redactores de las respuestas de información pública de los sujetos obligados particularmente del
Ejecutivo; b) Algunos comisionados han sido denunciados por pornografía infantil; c) Otros se
han convertido en elementos de legitimación y confirmación de negativas de información de
cosas tan absurdas como sueldos de servidores públicos y gastos de publicidad oficial; d)
Algunos más han sido acusados de acoso a sus compañeras consejeras o comisionadas;

2. e) Hay quienes se auto otorgaron bonos ilegalmente; f) Hubo quienes crearon solicitudes ficticias
para abultar el número de requerimientos con el fin de contar con mayor presupuesto; g) La gota
que derramó el vaso fue la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en los órganos de
transparencia.
En efecto, el presidente de un órgano de transparencia está siendo investigado por la SIEDO de
la PGR por sus lazos con “La Familia Michoacana” y/o “Los Caballeros Templarios”,
reconocidas organizaciones delictivas de alto impacto y que han sustituido en muchos partes las
funciones reservadas al Estado mexicano. No podía pasar nada peor a los órganos garantes que
esta presumible vinculación, según revelan audios en poder de la autoridad correspondiente y por
razones del sigilo de la averiguación previa en curso no debe hacerlas públicas por ahora.
Tercero. En este contexto no es de extrañar que se quiera hacer una cirugía mayor al entramado
legal actual para reconducir la transparencia hacia mejores destinos de los que ahora señalan
estudios de distintos organismos nacionales e internacionales.
El más reciente del Foro Económico Mundial no ubica en modo alguno a México ni con medalla
de bronce en transparencia, sino muy lejos de ella, a pesar de los cuantiosos recursos que se han
destinado a este fin con resultados lamentables por nuestra subcultura política y grandes dotes
para la corrupción y la simulación.
Lo único que en esta materia no podemos hacer es dejar las cosas como están. Hay activos
importantes en la actualidad que por su talento y experiencia pueden aportar al país para cambiar
lo reformable como Oscar Guerra Ford del Distrito Federal, presidente del INFODF; Raúl Ávila,
comisionado de Oaxaca; Blanca Lilia Ibarra, presidente de la CAIP de Puebla y Jorge Gasca,
presidente de la Comisión de Campeche, entre algunos más.
En esta reforma necesaria hay que aprovechar a quienes han demostrado aquellas partes que sí
funcionan para aprovechar su experiencia para innovar manteniendo aquella parte de la
continuidad que ha dado resultados. Habrá que ver si la necesidad de cambio logra ganar la
partida a la inercia y a la burocracia que hará todo para que nada cambie.
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