1) Cincuenta y dos personas indígenas y mestizas están siendo juzgadas por la muerte de doce policías durante enfrentamientos en 2009, a pesar de que no hay pruebas suficientes de su culpabilidad. 2) Los reclamos indígenas que llevaron a los enfrentamientos, relacionados a la defensa de sus territorios ante decretos que facilitaban la explotación extractiva, seguían sin ser atendidos 7 años después. 3) La mayoría de informes e instituciones nacionales e internacionales

1. 1
A SIETE AÑOS DEL BAGUAZO
SE QUIERE CONDENAR A 52 INOCENTES
En un par de meses culminará el primer juicio que se lleva a cabo por el llamado
“Baguazo”. 52 personas (29 mestizos y 23 indígenas de los pueblos awajún y wampís)
son procesadas por la muerte de doce policías, y por causar lesiones graves a otros
18, el 5 de junio del 2009, en la “Curva del diablo”, distrito de El Milagro, provincia de
Utcubamba, Región Amazonas. Los hechos se produjeron en el contexto del paro de
toda la Amazonía peruana, que venía llevándose a cabo pacíficamente desde el 9 de
abril del 2009. La protesta indígena fue conducida por la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), creada en 1980, y que agrupa a la mayoría
de comunidades amazónicas
El juicio comenzó el 14 de mayo del 2014, y a la fecha ya se han realizado 56
audiencias1. Los cargos que se imputa a los procesados son homicidio calificado,
arrebato de armamentos seguidos de muerte y lesiones; disturbios, lesiones, motín,
delitos contra los medios de comunicación y daños agravados. La Fiscalía está
solicitando desde 6 años de cárcel para unos hasta cadena perpetua para otros (entre
ellos para los dirigentes Santiago Manuin Valera y Alberto Pizango Chota). Como bien
señaló Monseñor Santiago García de la Rasilla en el 2013 “No puede ser que se pida
cadena perpetua o condenas gravísimas para quienes, según todos los testigos, su
único delito fue reclamar unos derechos”2.
Los procesados han sido obligados a asistir a la mayoría de audiencias, sin que
a los magistrados que llevan la causa les importe que para eso tengan que recorrer
grandes distancias por río y tierra y afrontar grandes gastos de movilidad y alojamiento.
Esto atenta contra el principio constitucional de la gratuidad de la función jurisdiccional.
Sostenemos que los 52 procesados son inocentes porque en todo el voluminoso
expediente no hay pruebas suficientes que acrediten los delitos que se les imputan.
Pero además:
a) La muerte de 12 policías en la “Curva del Diablo” fue por armas de fuego (FAL Y
AKM, de uso militar) y las pruebas de absorción atómica que se tomaron a los
procesados demostraron que ninguno de ellos disparó.
1 ) El Boletín de la Parroquia de Chiriaco, editado por el P. Fermín Campoamor S.J., quien pacientemente ha asistido a todas las audiencias
habidas hasta la fecha, es un referente obligado para quien quiera enterarse de cómo se ha desarrollado el juicio.
2 ) A mi gente del Vicariato, en el cuarto aniversario de lo sucedido en la Estación 6 y la Curva del Diablo. 4.-5 de junio del 2013.

2. 2
b) Las declaraciones de los procesados fueron obtenidas mediante tortura para acusar
a terceros o para auto inculparse. Ellos también dicen que cuando la policía los tenía
detenidos, les daban nombres de líderes indígenas para que los procesados los
incriminaran.
c) Durante las audiencias del juicio han señalado que cuando los procesados indígenas
declararon a nivel policial y fiscal no se encontraba presente un intérprete awajún o
wampís y muchas veces el abogado de oficio que les pusieron no estuvo presente en
los interrogatorios y a pesar de eso firmó el expediente.
d) Los testigos en el juicio (ex servidores públicos, de la Fiscalía, de Hospitales, del
cuerpo de Bomberos, así como ex autoridades locales) han señalado que los nativos
no estaban armados, así como también que ellos no fueron los que incendiaron
vehículos oficiales durante el enfrentamiento. Por otro lado, los efectivos policiales que
rindieron su testimonio en el juicio, y que estuvieron en la “Curva del Diablo”, no han
reconocido a ninguno de los procesados como las personas que han disparado contra
ellos3.
e) En el caso de los dirigentes enjuiciados (Pizango, Manuin y otros) es pertinente
recordar lo que sostiene El Informe en Minoría de la Mesa 1, elaborado por Jesús
Manacés y la hermana María del Carmen Gómez Calleja “Ellos fueron voceros de la
protesta indígena y estuvieron permanentemente sujetos a escrutinio por parte de los
comuneros y organizaciones locales (…) La Comisión ha tenido acceso a una amplia
variedad de documentos que dan fe de la naturaleza de esta representación y del
control, que la población indígena movilizada ejercía sobre sus dirigentes. En ese
sentido la atribución directa de responsabilidades personales en estos dirigentes,
incluso a nivel penal, resulta injusta y totalmente desproporcionada”4.
El caso de Santiago Manuin es patético y revela una escandalosa injusticia. En
la “Curva del Diablo” el subió al cerro a pedir que no disparen porque los indígenas
estaban desarmados y porque habían acordado retirarse ese mismo día a las 10 de la
mañana, luego de desayunar. Por toda respuesta recibió una ráfaga que lo hirió de
gravedad y estuvo cuatro meses internado en un hospital. Las secuelas le duran hasta
hoy, habiendo comprometido su salud e incluso recientemente tuvieron que amputarle
una pierna. Manuin es una clara víctima y sin embargo, la maquinaria legal estatal lo
ha convertido en victimario. Los representantes del Estado piden para él cadena
perpetua, cuando más bien debería ser indemnizado por el Estado Peruano, por haber
sido afectado seriamente en su salud.
La verdad es que este juicio, que ha estado salpicado de irregularidades que
vulneran los derechos de los procesados, pareciera que solo busca terminar de
desarticular la capacidad de organización de los pueblos indígenas. Esta maniobra la
comenzó Alan García al día siguiente del Baguazo. Usando el aparato estatal, impulsó
3) Revelaciones del olvidado juicio de la "Curva del diablo", en Justicia Viva del 26 de marzo del
2015.http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1588
4 ) La Verdad de Bagua pp. 175-176.

3. 3
la creación de dirigencias y organizaciones paralelas como CONAC (Confederación
Nacional Agraria Campesina y Nativa), la Coordinadora Awajun, etc. Todo esto rindió
sus frutos, sembrando la división en las organizaciones indígenas.
Con el juicio lo que se busca es escarmentar, en la figura de los pueblos awajun
y wampis, a los pueblos indígenas que con coraje y valentía participaron en el Paro
Amazónico para defender sus territorios. Sin embargo no lo lograrán. Santiago Manuin
lo ha expresado bien en el documental “La Espera” (sobre el Baguazo). Él nos dice “la
supervivencia de nuestros hijos, la vivencia cultural, nuestra identidad como pueblo,
permanece en esa tierra que uno ha defendido, volvería a hacerlo. Si mueres mueres,
pero la tierra sigue, el dinero se acaba, pero la tierra sigue”5.
Por ello, aunque estemos lejos geográficamente resulta muy importante
mantenerse vigilantes para evitar la injusta condena de estos 52 inocentes procesados
por los sucesos de la “Curva del Diablo”, pues estamos a escasos meses de que
termine el juicio. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha señalado claramente que “La criminalización de la legítima movilización y protesta
social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación
y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas
tienen el derecho de manifestar su opinión”6.
El Estado peruano, al criminalizar las protestas sociales, sigue sin entender,
como dice el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, que
“estamos ante una colisión o una tensión entre derechos. De un lado, tenemos la
libertad de expresión, de asociación, de reunión, de peticionar a las autoridades
constituidas, de participación, etc. De otro lado, tenemos el derecho a transitar y a
comerciar libremente, el de preservar intacta la propiedad privada, el de contar con una
sociedad tranquila”7.
LOS PUEBLOS INDÍGENAS TENÍAN RAZÓN
Su reclamo estaba amparado por el Convenio N° 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el mismo que en sus Art. 6, inciso 1ª y Art. 7, obliga a
los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cuando se den normas o medidas
que puedan afectar sus derechos.
El Congreso de la República también les dio la razón a los indígenas. Luego de
la protesta amazónica de agosto del 2008 (que obtuvo la derogatoria de dos decretos,
el 1015 y el 1073), en diciembre del 2008 la Comisión Multipartidaria del Congreso,
que se formó para analizar los decretos cuestionados por los indígenas, propuso la
derogatoria de los otros diez decretos impugnados por los pueblos amazónicos: 994,
995, 1020, 1060, 1064, 1080,1081, 1083, 1089,1090. Según el Congreso dichos
5 ) Declaraciones en el documental La Espera.
6 ) Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en Las Américas (Washington D.C.,2006) p. 62.
7 ) Ruiz Molleda, Juan Carlos. “Para entender los procesos judiciales del Baguazo”p.25. En Revista Argumentos, año 8, n.° 2. Mayo 2014. Se
puede bajar de http://revistaargumentos.iep.org.pe/wp-content/uploads/2014/07/ruiz_mayo2014.pdf

4. 4
decretos iban contra la Constitución y no tomaban en cuenta el Convenio 169 de la
OIT. Pero, además, el gobierno aprista se excedió en las facultades que le dio el
Congreso, pues el permiso era para dar leyes relacionadas al Tratado de Libre
Comercio (TLC) con los Estados Unidos y no sobre la Amazonía.
La opinión pública nacional también dio la razón a los indígenas. Entre el 5 y el
15 de junio del 2009 se movilizó en todo el país en apoyo de nuestros hermanos
amazónicos. Según la encuesta nacional de IPSOS-Apoyo de ese entonces el 92% de
la población daba la razón a la población indígena. Y cinco años después, el 2014, el
51% de los encuestados atribuyó la responsabilidad de los sucesos de Bagua al
gobierno aprista, el 23% a la Policía, y solo el 10% a los indígenas y mestizos de la
zona8.
Y la opinión pública internacional no se quedó atrás. La lucha amazónica recibió
la solidaridad del Consejo Mundial de Iglesias, de diversas ONGs (como Freedom
House), de diversos gremios sindicales (como el Sindicato de Trabajadores
Metalúrgicos del Canadá), de agencias de cooperación internacional como (CIDSE-
Perú) y también de organismos de derechos humanos (como Amnistía Internacional y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Todas ellas coincidían en tres
cosas: que cese la represión y se dialogue con los indígenas, que se deroguen los
decretos cuestionados y que se realice una investigación imparcial y transparente de lo
sucedido.
Por otro lado, la mayoría de informes sobre el Baguazo también respaldaron la
posición de los pueblos amazónicos. Existen diez informes que investigan lo sucedido
el 5 de junio: dos de la Mesa 1, cuatro del Congreso de la República, uno de la
Defensoría del Pueblo, uno del relator para asuntos indígenas de las Naciones Unidas
(James Anaya), otro de Amnistía Internacional y uno de la Federación Internacional de
Derechos Humanos. La mayoría de ellos reconocen que la población amazónica tenía
razón y señalan que la responsabilidad de lo sucedido radica en quienes ordenaron un
operativo policial (mal planificado y peor ejecutado), que desencadenó los trágicos
acontecimientos que todos lamentamos hasta el día de hoy.
Pero además, las Iglesias católica y evangélica peruanas, también respaldaron
las demandas indígenas. En efecto, la demanda amazónica recibió el pleno apoyo de
los obispos de la Selva desde sus inicios (comunicados de febrero y agosto del 2008 y
febrero y mayo del 2009) y los acompaña hasta hoy a través de la Comisión Episcopal
de Acción Social (CEAS), del Vicariato Apostólico San Francisco Javier del Marañón y
de diversas congregaciones como los Jesuitas, las Siervas de San José, la Compañía
Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, las Esclavas del Sagrado Corazón y la
misma Conferencia de religiosos del Perú. Ellos vienen prestando todo su apoyo
(logístico, económico, legal etc.) a los procesados en el juicio sobre la “Curva del
Diablo”.
8 ) Encuesta del 26 de mayo del 2014 en el diario La República

5. 5
LAS CAUSAS DEL CONFLICTO SIGUEN VIGENTES
El Paro Amazónico exigía la derogatoria de los decretos leyes dados por el
segundo gobierno de Alan García, que buscaban facilitar la presencia de las empresas
extractivas en territorios indígenas. El pueblo amazónico consideraba que esos
decretos atentaban contra sus derechos al territorio, a su identidad y a su propia vida.
Como bien dicen los autores del libro La Verdad de Bagua “el conflicto se presenta
como una secuela de la decisión de priorizar la ampliación de la frontera extractiva, sin
que haya una consideración equivalente por los derechos indígenas y por la
biodiversidad y el medio ambiente”9.
Siete años después, salvo el caso de la Consulta Previa, la mayoría de
demandas que originaron el conflicto (defensa del territorio de su identidad y de sus
medios de vida) siguen sin atenderse. Lo expresaron muy bien en el 2014, en el quinto
aniversario del Baguazo, los estudiantes kichwas, kukama kukamillas y shawis del
Programa de Formación de Maestros Bilingues de la Amazonía Peruana
(FORMABIAP)10. Para ellos “pensar en los motivos por los que nuestros hermanos
lucharon aquel histórico 5 de junio, equivale a pensar en las mismas razones que nos
mantienen en pie de lucha hoy en día (…) Luchamos para que ese territorio que nos
asegura la vida sea reconocido como nuestro (…) nuestro territorio es nuestra vida
porque aquí se encuentran nuestros antepasados, los seres espirituales, los animales y
las plantas, todo eso está relacionado y nada está separado, por eso el dinero no
basta para nuestro desarrollo. La vida y el territorio no se compran con dinero”11.
Y decimos que siguen latentes porque:
a) Las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor han aumentado. Como
sabemos El Parque Nacional Ichigkat Muja, creado por el Estado en el 2004 en dicha
cordillera, de común acuerdo con el pueblo awajun de la zona, fue unilateralmente
reducido a la mitad por el gobierno de Alan García para dar paso a concesiones
mineras.
b) La situación se ha agravado con la presencia de mineros ilegales que están
contaminando con mercurio numerosos ríos en toda la Selva, entre ellos el Santiago y
el Napo en la Selva Norte y el Madre de Dios en la Selva Sur.
c) Y también por los constantes derrames de petróleo en el oleoducto nor peruano que
en los últimos años han llevado a la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria
en los ríos Tigre, Corrientes, Marañón y Pastaza. En el periodo 2011-2016 se han
producido 21 derrames, los últimos se han producido en Cuninico (junio 2014), Chiriaco
y Morona (enero 2016).
9) La Verdad de Bagua. Informe en Minoría de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua”. Dicho libro es
responsabilidad de los comisionados Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja. p.29 El informe en minoría de la Mesa 1 fue
publicado gracias a un esfuerzo conjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) en junio
del 2013.
10) Convenio de AIDESEP con el Ministerio de Educación, existe desde 1983 y ha recibido un gran reconocimiento internacional.
11 ) “A 5 años de Bagua: una reflexión de los estudiantes del FORMABIAP sobre la lucha de los pueblos indígenas por la defensa del territorio
y de la vida”.

6. 6
Visto en perspectiva histórica, los 40 años del oleoducto nor peruano sobre todo
han traído dañinas consecuencias para la alimentación, salud, economía y en general
la vida de las poblaciones amazónicas. Como bien señalan los sacerdotes Manuel M.
Berjón y Miguel Ángel Cadenas de la Parroquia La Inmaculada - Iquitos “A todas luces
es injusto que se genere riqueza con el petróleo y lo único que quede en los territorios
indígenas sea contaminación”12.
d) Persiste el problema de la titulación de los territorios indígenas. Al 2016, según el
Instituto del Bien Común, existen 644 comunidades nativas no tituladas, así como
también 2,356 comunidades ribereñas amazónicas, a las que se suman 1,023
comunidades campesinas, y parece no haber la voluntad política para avanzar en el
proceso de titulación” comunal. Y ello es así porque “Hoy en día, hay fuertes intereses
económicos nacionales y extranjeros, sobre todo de los sectores agroindustrial, minero
e inmobiliario, los cuales argumentan que el desarrollo económico del país requiere el
acceso a las tierras y recursos actualmente en manos de las comunidades indígenas,
para hacerlos producir más riqueza “para todos los peruanos” Por eso es que las
normas dadas en los últimos años “apuntan claramente a transferir a los inversionistas
la propiedad de las tierras urbanas y rurales, a menudo descritas como “improductivas”.
Los blancos más visibles son los territorios y recursos naturales de las comunidades
campesinas y nativas” 13.
La situación se agrava pues como sostiene Juan Carlos Ruiz Molleda “los
Gobiernos Regionales expiden ´constancias de posesión´ en favor de colonos o
mestizos, sobre territorios ancestrales de comunidades nativas que no titula, a pesar
que estas se lo vienen solicitando desde tiempo atrás”14. Desconociendo que según el
derecho internacional, la simple posesión ancestral de los pueblos indígenas sobre un
territorio, aun cuando no se tenga saneado el título de propiedad, equivale al título de
propiedad15. El artículo 14 del Convenio 169 de la OIT es muy claro al respecto.
Un esbozo de balance a siete años del Baguazo
Nos parece que la lucha de los pueblos amazónicos logró:
1.- Iniciar un incipiente proceso de diálogo y negociación entre el Estado y los
pueblos indígenas, primero mediante cuatro mesas de diálogo (que funcionaron
durante siete meses entre el 22 de junio del 2009 y enero del 2010), De las cuatro, dos
mesas lograron su cometido, la Mesa 1 encargada de determinar las causas y
consecuencias de lo sucedido. Y la Mesa 3, cuyo producto final fue el proyecto de la
Ley de Consulta Previa aprobada por unanimidad por el Congreso el 31 de agosto del
2011 y promulgada por el presidente Humala en Imacita el 7 de setiembre del mismo
año.
12 ) Impactos “acumulados” en el bajo Marañón en Revista Intercambio n.34 (Lima, otoño 2016) p.19
13 ) Richard Chase Smith y Milagros SalazarTierras Comunales: Más que Preservar el Pasado es Asegurar el Futuro El Estado de las
comunidades indígenas en el Perú - Informe 2016 (Instituto del Bien Común, Mayo2016) pp.25, 53, 31 y 35.
14 ) ¿Cómo despojar a las comunidades nativas de sus territorios ancestrales a través de las “constancias de posesión”?. Se puede bajar de
http://www.justiciaviva.org.pe/blog/como-despojar-a-las-comunidades-nativas-de-sus-territorios-ancestrales-a-traves-de-las-constancias-de-
posesion/
15 ) Ruiz Molleda, Juan Carlos. “Para entender…

7. 7
2.- Que en el 2011 se aprobara la Ley Forestal y su reglamento, recogiendo las
demandas centrales de las movilizaciones del 2009, planteada en la tercera Mesa de
Diálogo, ley que fue motivo de consulta previa.
3.- Una mayor presencia y reconocimiento de los pueblos amazónicos en la
agenda nacional. Como bien señala la socióloga Narda Henríquez “las movilizaciones
de Bagua marcan un punto de inflexión, logran visibilizar el sujeto indígena de la
Amazonía con tawa y lanzas de madera. Un nuevo sentido común sobre el significado
de lo indígena se sitúa en la opinión pública, cuestionando el imaginario generalizado
sobre la Amazonía como territorio vacío que se popularizó durante el gobierno del
Presidente Belaúnde”16. En efecto, surgió un genuino interés por conocer sus
condiciones de vida, costumbres y cultura. También dio origen a múltiples iniciativas de
la llamada discriminación positiva hacia las poblaciones indígenas, como por ejemplo,
cuotas de acceso a universidades e institutos de formación superior, y acceso a
diversas escuelas no escolarizadas de formación. Igualmente se incrementó el apoyo
financiero para impulsar proyectos de desarrollo en las comunidades.
Por otro lado, hoy existe una opinión pública más empática con la problemática
indígena. David Sulmont, comentando una encuesta realizada en el país por el
Proyecto sobre etnicidad y raza en Latinoamérica, afirma que “62.4% de los
entrevistados consideran que la contribución de los grupos indígenas a la formación de
la identidad nacional ha sido positiva o muy positiva; el 83% estaría de acuerdo con
que las escuelas enseñen idiomas indígenas a todos los niños, el 87.4% está de
acuerdo con que los colegios y universidades deberían enseñar sobre la historia y las
tradiciones de los pueblos indígenas y el 72.7% está de acuerdo con que los indígenas
se organicen como fuerza política para reclamar sus derechos”.
Y agrega que “Más allá de que muchos de estos resultados reflejen respuestas
´socialmente esperables´, el hecho de que la reivindicación del rol de las poblaciones
indígenas en la sociedad peruana sea considerado como parte de ´lo políticamente
correcto´ representa un factor que puede ayudar a impulsar políticas públicas
destinadas a reducir las desigualdades sociales y la discriminación en contra de las
poblaciones indígenas en el Perú”17.
4.- El Baguazo y sus efectos en varios campos ha servido también para ahondar el
cuestionamiento a un tipo de concepción del desarrollo, basado exclusivamente en
las actividades extractivas, petroleras, mineras, madereras, energéticas y otras sin
considerar los derechos de las poblaciones afectadas ni el cuidado del medio ambiente.
En contraposición se plantea, más bien, una economía basada en nuestra
biodiversidad, el ecoturismo, el manejo integral y sostenible de los bosques y no su tala
y quema para productos de exportación, etc.
16 ) Narda Henríquez “La política de las protestas sociales, movilizaciones y negociaciones en torno a los recursos naturales” en Narda
Henríquez, Gerardo Damonte, Marianne Braig y Barbara Gobel (editores) Desigualdades en un mundo globalizado (Lima, Lima PUCP, 2015)
p.125.
17 ) David Sulmont “Desigualdades y estructuras étnico raciales en el Perú: aportes empíricos del proyecto sore etnicidad y raza en
Latinoamérica (Perla)” en Narda Henríquez… p.148.

8. 8
5.- También permitió avances en interculturalidad. Puso en agenda la necesidad de
que el Perú se reconozca como un país pluricultural, multiétnico y multilingüe y señaló
la imperiosa necesidad que el Estado tome en cuenta esa realidad en su relación con la
población, tanto cuando proporciona servicios básicos como educación y salud, como
en el manejo del territorio, la administración de justicia, etc. Permitió generar en la
opinión pública nacional una mayor conciencia de esta realidad pluricultural, dándose
diversas iniciativas para lograr un verdadero diálogo intercultural entre nosotros.
Sin embargo, siete años después:
1.- Aún está pendiente que los principales responsables políticos de esta tragedia,
aunque bajo diferentes grados, rindan cuentas: Alan García, Mercedes Cabanillas, el
General Muguruza, Yehude Simon y Mercedes Araoz; aunque hay que reconocer que
los dos últimos han expresado sus disculpas por lo sucedido.
2.- Las organizaciones indígenas, especialmente AIDESEP, se encuentran
debilitadas. Luego de los sucesos del 5 de junio el gobierno aprista inició una
persecución mediática, administrativa y judicial a sus dirigentes. A través de los
medios y de la organización partidaria aprista se difundieron en todo el país calumnias
de todo tipo contra sus dirigentes, que lamentablemente muchos se la creyeron,
cundiendo la desconfianza entre ellos. También se usó el aparato estatal para crear
dirigencias y organizaciones paralelas. Todo esto rindió sus frutos, evitando el
fortalecimiento de las organizaciones realmente representativas de las comunidades
indígenas amazónicas.
3.- No hemos podido avanzar mucho en una nueva institucionalidad estatal para
dar una mayor representación a los pueblos originarios de la Amazonía en el Estado. Si
bien existe el viceministerio de Interculturalidad, aún falta mucho por hacer. Por
ejemplo, se requeriría posibilitar que ellos elijan directamente a sus Congresistas, como
incluso fue sugerido en dos de los informes del Congreso sobre el Baguazo: el de
Lombardi y Falla y Calderón.
4.- No se ha reflexionado suficientemente sobre el rol que jugaron los medios de
comunicación en el Baguazo. Primero sobre su responsabilidad en la invisibilización
del problema por más de un mes, a pesar que esta se realizaba en ocho
departamentos del país, en 2/3 partes de nuestro territorio. Y luego en la difusión
apresurada del número de muertos, lo que precipitó la tragedia de la estación 6 de
Petroperú en el caserío de Kusu Grande, distrito de Imaza, provincia de Bagua, Región
Amazonas. Por otro lado, nunca dieron cabida a los deudos de la Policía, como lo
manifestó el padre de uno de los policías fallecidos. Y, además, trataron de
responsabilizar de la tragedia a otros como los obispos de la Amazonía, la Defensoría,
ONGs y AIDESEP18.
Lima, 26 de mayo del 2016
18 ) Por ejemplo cf. Editorial del diario El Comercio, "Los otros actores del baguazo" (11 de junio del 2014).