1. Poderes configuradores y resistencias
Andrés Cabanas
Ponencia presentada en el Seminario Internacional "Justicia en
Transición: una mirada al juicio contra Ríos Montt y las experiencias
de países posconflicto en la búsqueda de verdad y justicia",
organizado por CALDH.
Alrededor del tema que nos convoca en esta Mesa y este Encuentro
(Territorio, racismo, genocidio, justicia e impunidad) voy a reflexionar
sobre el impacto de la actuación de empresas transnacionales en los
territorios en Guatemala. El título de mi presentación es Empresas
transnacionales: poder configurador y resistencias.
Las transnacionales son, para el chileno Alejandro Teitelbaum, el Poder
determinante en nuestros días, el verdadero poder. Poder configurador,
añade (sin contradecir) el filósofo alemán Martin Heidegger. Así, las
empresas determinan y configuran un modelo económico, o una lógica de
relaciones económicas, y además un modelo político-social, que incluye
leyes, normas, valores, símbolos, institucionalidad.
El vértice del poder se configura, para analistas, a partir de una alianza
estratégica entre sistema financiero y transnacionales (que incluye a las
transnacionales criminales).
Estos poderes configuradores, o poder configurador que articula multitud
de empresas en alianza con oligarquías, instituciones estatales y ejércitos,
se enfrenta y anula frecuentemente la capacidad de decisión de
comunidades y personas sobre su destinos, así como los poderes
legales. Si es cierto que existe una “Lex mercatoria” (Juan Hernández
Zubizarreta), un conjunto de leyes e instituciones destinadas a proteger
las inversiones impunes de las empresas, no es menos evidente que las
empresas desconocen/niegan/anulan las decisiones de instituciones,
cuando no son favorables a sus intereses: en Santa Cruz Barillas, la
Memorial de Guatemala
Análisis crítico de la realidad
www.memorialguatemala.blogspot.com
memoriagua@yahoo.com
Autor: Andrés Cabanas Díaz
Tercera etapa
Documento número 8
16 de noviembre 2013

2. Página 2Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 8
transnacional española Hidro Santa Cruz desconoció y atacó de forma
reiterada la negativa de la Municipalidad a otorgarle licencia de
construcción, y comenzó a construir pese a esta negativa.
El poder determinante decide, impone, avasalla, abruma. ¿Qué es eso, me
van a decir ustedes? Abrumar, avasallar, no son términos científicos, no
explican nada, no se pueden cuantificar ni demostrar. Son calificativos
subjetivos, prejuiciados, propios del fanatismo cuasi religioso anti
desarrollo, como diría nuestro buen amigo Alfred Kalsmith.
Pero es real. El poder configurador de las empresas no es una abstracción.
En los territorios y comunidades su presencia física es visible,
amenazante, efectivamente avasalladora.
Dos ejemplos de lo anterior: la Municipalidad de Santa Cruz Barillas
percibió en el año 2013 unos trece millones de quetzales en concepto de
Situado Constitucional, [1] y dos millones por ingresos propios. La
empresa Hidro Santa Cruz reconoce una inversión de 30 millones de
dólares ó 230 millones de quetzales para la ejecución de su proyecto
Canbalam, en la primera fase. En concepto de beneficios, se estima que
Canbalam I generaría 20 millones de quetzales anuales, entre venta de
energía y venta de bonos de carbono (no existen estimaciones oficiales).
La diferencia de poder es abrumadora.
Segundo ejemplo: las 15 licencias de exploración y explotación minera
otorgadas en Jalapa (Datos del Ministerio de Energía y Minas a 31 de
octubre) abarcan 365.40 kilómetros cuadrados de extensión, es decir, el
17% de la extensión total del departamento (2,670 km2). Una sola
empresa, de origen canadiense, posee concesión sobre 145.73 km2, más
del 7% del departamento, en un fenómeno de reconcentración de tierras
en el marco del Estado finca. ¿Puede alguien pensar que el dueño del 7%
de las tierras de un departamento no es además quien pretende definir el
modelo económico y el modelo político en el mismo?
Además de su expansión en los territorios, las empresas tienen presencia
poco disimulada en los principales ámbitos de toma de decisiones: en el
Ministerio Público a través de operadores (en muchos casos ex militares,
como el capitán Juan Garrido en Barillas); en las redes de abogados, con
quienes establecen relaciones o contratan sus servicios (tres millones de
quetzales costó la defensa de los asesinos de Andrés Francisco Miguel el 1
de mayo de 2012 en Barillas, según testimonios de abogados, pero ¡quién
les cree, aunque sean de izquierdas!).

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Influyen en los jueces, como la conocida magistrada Patricia Bustamante
(vocal asimismo del caso Ríos Montt), quien, según la fiscal general
Claudia Paz y Paz, no resistió las amenazas y el miedo y falló a favor de
los acusados (empleados de Hidro Santa Cruz) en el caso mencionado del
asesinato del primero de mayo. [2]
Influyen en los gobiernos, que se convierten en operadores y voceros de
intereses transnacionales, una figura que analistas definen como la del
Presidente Gerente o Gobierno Gerente. En Guatemala, estas alianzas
parten de intereses y tienen beneficios mutuos: la crisis económica en
Europa determina una ofensiva de expansión transnacional. El gobierno
patriota, inestable, débil, acaparador, incapaz de construir consensos y un
proyecto colectivo, pierde apoyos –incluso entre elites económicas- y
encuentra su sostén más firme en el respaldo transnacional y las
embajadas de los países amigos, especialmente España. La matriz
ideológica ultra liberal o fascista de la que se alimentan el Partido Patriota
y el Partido Popular, gobernantes en Guatemala y España, facilita las
coincidencias.
Dominio y colonización
El modelo económico propuesto/impuesto por las empresas refuerza la
reprimarización del modelo agroexportador dependiente (Raúl Zibechi) o
del capitalismo en su fase extractivista, de acumulación primaria agresiva,
según la categorización de Carlos Marx (¿se acuerdan ¿verdad?, el
marxismo, el comunismo, las utopías…)
Si este es el modelo económico, ¿cuál es el modelo político que imponen
las empresas transnacionales? Presenta tres características
fundamentales:
1. Es vertical y autoritario (antidemocrático y dictatorial).
2. Es centralizador y desterritorializador.
3. Es intrínseca y estructuralmente violento.
Alberto Acosta, economista ecuatoriano, afirma que “todos los
extractivismos, no solamente la minería, son procesos verticales, que
desplazan, que uniforman, que dominan y colonizan. En esas visiones no
existen los colectivos o las plurinacionalidades”.
No existen, añado, los derechos ni la democracia. O se desconocen
cuando contradicen y resisten la lógica de acumulación.
El derecho permanentemente negado es el derecho a la consulta previa,
libre e informada, reconocido en el convenio 169 de la Organización

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Internacional del Trabajo y en la Constitución Política de la República,
pero no es el único.
La democracia se desconoce cuando se promueven Estados de excepción,
que recortan libertades fundamentales. Si son emblemáticos y recientes
los Estados de Sitio decretados durante este gobierno en Barillas, Jalapa,
San Rafael Las Flores, Mataquescuintla y Casillas, la apuesta pública de
las empresas por Estados de Sitio y regímenes sin derechos viene de
antes: el 4 de marzo de 2010, ocho Cámaras empresariales extranjeras
solicitaron al gobierno de
Álvaro Colom la
instauración del Estado de
excepción en todo el país,
por la creciente
conflictividad contra las
empresas, especialmente
contra Unión Fenosa,
distribuidora de energía.
Entre las cámaras
solicitantes se encontraba
la Cámara Oficial Española
de Comercio de
Guatemala, un poderoso
grupo de presión a favor de transnacionales españolas, que cuenta con
financiamiento del Ministerio de Economía y Competitividad de España.
Así, las empresas necesitan modelos políticos propios y específicos que
gestionen la implantación y la acumulación económica. Las formas
democráticas, las leyes y las representaciones comunitarias autónomas no
son funcionales a estos intereses de acumulación. Las transnacionales
aceptan la democracia por corrección política y no por convencimiento.
Centralismo y desterritorialización
El carácter centralizador y desterritorializador de la implantación de
las empresas implica, en algunos casos, el desplazamiento físico de
comunidades (Chixoy como ejemplo histórico, Xalalá como amenaza
inmediata). [3]
Siempre, implica la persecución y el debilitamiento de la organización
comunitaria y social: criminalización, favorecimiento de procesos penales
a través de los operadores de justicia, ataques directos contra líderes
comunitarios: San Juan Sacatepéquez, Barillas, Jalapa, Monte Olivo en
Alta Verapaz, con dos ataques consecutivos en agosto y noviembre de
este año (dos niños asesinados y un joven herido).
Las empresas necesitan modelos políticos
propios y específicos que gestionen la
implantación y la acumulación económica.
Las formas democráticas, las leyes y las
representaciones comunitarias autónomas
no son funcionales a estos intereses de
acumulación. Las transnacionales aceptan la
democracia por corrección política y no por
convencimiento.

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Las empresas niegan y rompen la organización comunitaria normada en
los Consejos de Desarrollo, cuando estos manifiestan su oposición a los
proyectos.
Las empresas, al tiempo que negocian con las Municipalidades,
desconocen su autoridad y el principio de la autonomía municipal,
establecido entre otros en la Constitución Política de la República y el
artículo 4 del Código Municipal:
“En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República
garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de
ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone
de sus recursos patrimoniales…”.
El ejercicio (permanente) de la violencia
Por fin, el modelo político defendido por las empresas incluye el ejercicio
de la violencia, como condición sine qua non para su proceso de
acumulación. La violencia en los territorios en disputa entre población y
empresas, no es así, temporal, reactiva (respuesta a la resistencia de las
comunidades) ni coyuntural, sino un modo de operación.
Las empresas transnacionales se organizan y configuran para la violencia,
por ejemplo, a través de la contratación de macroempresas de seguridad,
que van más allá de la defensa física de sus instalaciones, y se convierten
en agentes para la intimidación; contratan asimismo ex militares como
Gerentes (San José del Golfo), encargados de operaciones, encargados de
promoción social (Barillas, San Rafael). [4]
La configuración de las empresas para la violencia implica, además, el
establecimiento de relaciones políticas y económicas con actores militares
y con grupos del poder paralelo (el rey del tenis en Huehuetenango,
Chamalé y Unión Fenosa en el departamento de San Marcos, antes de la
“retirada” del país de ambos).
Si bien las empresas justifican la contratación de seguridad en razón de
las protestas y la tensión existente en las comunidades, lo anterior
evidencia que la “militarización” comienza con la llegada de las empresas
a los territorios.
En este marco de violencia estructural y permanente, ¿cuál es el papel del
diálogo, bendecido por empresas y gobiernos? El análisis de los distintos
procesos de diálogo determina que:

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1. Se realizan en condiciones de persecución contra líderes y
organizaciones sociales (por tanto, sin garantías de participación).
2. Se efectúan después de capturas que debilitan la interlocución (casos
de Saúl y Rogelio en Santa Cruz Barillas, detenidos el 29 de agosto, días
antes del inicio de diálogo el 3 de septiembre).
3. En algunos casos, son acompañados de fuertes operativos militares
(norte de Huehuetenango, 28 a 30 de septiembre, cuando ya había
iniciado el trabajo del Sistema Nacional de Diálogo)
4. No permiten negociar ni discutir la presencia de empresas.
5. Al tiempo que las empresas proponen y participan en procesos de
diálogo, niegan los resultados democráticos de las consultas comunitarias,
que deberían estar establecidas como el mecanismo de diálogo ideal.
Conquista y violencia actual
Durante la conquista, argumenta el boliviano Hugo Moldiz, “la hegemonía
se estructuró sobre una política de exterminio. Es completamente falso
que los indígenas se rindieron rápidamente por una mezcla de temor y
admiración”.
Esta lógica de dominio está presente en la expansión transnacional hoy,
en un marco de continuidad histórica, que no excluye la permanente
readaptación y reconfiguración de actores y sus estrategias.
Resistencias
Ahora viene la pregunta del millón:
¿Podemos cuestionar y detener este poder determinante, para recuperar
con un sentido democrático el poder de los actores originarios?
Les lanzo a ustedes la pregunta: ¿Creen que podemos? ¿Sí o no? Y
votemos: ¿prefieren a mano alzada según la costumbre o con Juntas
Receptoras de Votos?
La respuesta no es Sí o No, porque la pregunta está mal formulada. La
pregunta o el cuestionamiento adecuado debería ser aproximadamente el
siguiente:
¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo ya para detener este poder, y
cómo potenciamos lo que ya estamos haciendo?
No quiero detenerme y ahondar mucho en este punto, porque atañe a
estrategias y visiones de las organizaciones y, en esta lógica de Estado
Militarizado y Seguridad Nacional, pueden comprometer su sobrevivencia.

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Pero es importante dejar constancia de esto:
A pesar de millones de quetzales invertidos, del uso de la fuerza, del
apoyo estatal y de la comunidad internacional, proyectos extractivos
estratégicos no han podido ser inaugurados: Barillas, San José del
Golfo…
A pesar de la implantación de cinco estados de sitio en dos años de
gobierno y el encarcelamiento y asesinato de decenas de dirigentes,
continúa la resistencia en los territorios.
La pregunta tiene una segunda parte, tan importante como la primera:
¿Qué hemos hecho bien y cómo nos hemos organizado para detener estos
proyectos (a pesar de la persecución, la falta de recursos, la
desarticulación social, los hegemonismos)?.
Las respuestas,
en todos los
casos, coinciden
en que las
articulaciones de
actores diversos,
el protagonismo
de comunidades
como nuevos
sujetos
históricos, las
movilizaciones y
resistencia
masiva y
pacífica, las
formas asamblearias de organización, la heterogeneidad de acciones y de
visiones (en la defensa del territorio confluyen movimientos sociales,
pueblos indígenas, movimiento de mujeres y feminista, jóvenes, sectores
urbanos, estudiantes, religiosos y otros), la articulación urbano-
rural/mestizo-indígena, el fortalecimiento de la conciencia y los proyectos
políticos (la defensa de la vida, el territorio cuerpo tierra, la autonomía
comunitaria más allá de la resistencia concreta a proyectos, y la
construcción de alternativas) han permitido confrontar el poder
determinante.
Este es el momento en que estamos: una intensa disputa de territorios,
ideas y proyectos de vida.
A pesar de millones de quetzales invertidos, del uso
de la fuerza, del apoyo estatal y de la comunidad
internacional, proyectos extractivos estratégicos no
han podido ser inaugurados: Barillas, San José del
Golfo…
A pesar de la implantación de cinco estados de sitio
en dos años de gobierno y el encarcelamiento y
asesinato de decenas de dirigentes, continúa la
resistencia en los territorios.

8. Página 8Memorial de Guatemala, tercera etapa, número 8
Frente al poder determinista de las transnacionales, las comunidades y
organizaciones en lucha configuran, desde la resistencia y la acción,
nuevos poderes: democráticos y comunitarios. Poderes que, en vez de la
acumulación y la mercantilización de todos los bienes y todos los seres,
proponen y promueven el cuidado y reproducción de la vida.
Ciudad de Guatemala, 14 y 15 de noviembre.
Notas
[1] Se refiere al aporte a las Municipalidades del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios
del Estado.
[2] Entrevista El Periódico, 13 de octubre de 2013.
[3] Chixoy fue un proyecto hidroeléctrico promovido por gobiernos militares, que implicó
desplazamiento de comunidades y una masacre de más de 400 habitantes. Para la
construcción de la hidroeléctrica de Xalalá, la segunda mayor del país, se prevé
desplazamiento de comunidades y población afectada en tres municipios (no se ha
determinado el número de habitantes que serán desplazados).
[4] Juan Garrido, ex capitán con un historial de conexiones con narcotráfico y asesinato, fue
operador de Hidro Santa Cruz en Barillas. Pablo Silas, ex teniente, es encargado de
operaciones en el proyecto minero de San José del Golfo. El coronel Mario Roberto Figueroa
Archila es Gerente General en la misma mina. El encargado de seguridad de la Compañía
Guatemalteca de Níquel, en El Estor, Izabal, también ex militar, está acusado por violaciones
a mujeres.