Trata y tráfico de personas en la frontera argentino boliviana Detrás del paso fronterizo con mayor volumen migratorio del Noroeste argentino se esconden historias humanas desoladoras.

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Los invisibles de La Quiaca
Trata y tráfico de personas en la frontera argentino boliviana
Detrás del paso fronterizo con mayor volumen migratorio del Noroeste argentino se
esconden historias humanas desoladoras. El tráfico ilegal de personas en zonas
cercanas a la frontera con Bolivia es un negocio instalado. Varían los actores, pero no
las formas. Cuáles son las fallas estructurales que podríamos modificar para
solucionar, e incluso prevenir, los casos que se repiten. El rol de la Argentina en un
mundo que atraviesa una crisis migratoria internacional.
Por Diego Granda.
Informe publicado el lunes 5 de septiembre de 2016, en el marco del proyecto La Otra Trama.
http://www.investigacionesfopea.com/trata-personas-jujuy/
Amor de madre
Tras tres meses de búsqueda, Carina recuperó a su hija Antonella de 14 años
con la ayuda de la excónsul argentina en Potosí, Reina Sotillo.
“Hay una muy parecida detrás de la esquina en donde están las otras chicas, pero le
dicen Daniela, y tiene el pelito más largo”. El episodio ocurre en la Villa Imperial de la
ciudad de Potosí, en Bolivia. La mujer, sentada sobre sus polleras, con el pelo
trenzado, desconoce lo valioso del dato que con inocencia lanza al aire. Mientras hace
lo de siempre —cobrar limosna para limpiar el sucio baño de la terminal de ómnibus—,
dos mujeres acaban de aparecer de incógnito, algo apresuradas, y enseñan una foto
gastada. Son Carina Ramos, quiaqueña, 40 años, de tez trigueña, y Reina Sotillo,
ministra plenipotenciaria del Servicio Exterior argentino, de 55 años, tez blanca y pelo
rubio tapado por una capelina blanca.
Detrás de la esquina hay una whiskería —también les dicen “karaokes”—. Queda en el
corazón del Barrio de las Mujeres. A Carina le tiembla el pulso: en los últimos tres
meses viajó a lo largo y ancho de la Argentina buscando a su hija, de 14 años.
Para esa fecha, Sotillo ya tenía contactos en todos los pueblos y suburbios de su
jurisdicción consular y zonas cercanas. En el 2007, la Cancillería de los tiempos de
Jorge Taiana la había asignado, por pensar distinto, a un destino que todos
rechazaban en el departamento boliviano de Potosí, separado de La Quiaca por un río
–que por lo seco, es más bien un arroyo–. Zona árida, desolada y fría. Faltaban
relaciones internacionales en esos cientos de kilómetros de frontera de una tierra que
se parte de seca. Y también oxígeno: se sitúa a 3.450 metros sobre el nivel del mar.
Desde que llegó a la misión diplomática, Sotillo se dedicó a una actividad más
humanitaria que consular: más humanitaria que consular: ostenta hoy el récord de
haber restituido a más de dos mil menores de edad en ocho años de gestión, cifra que

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reconoció el Senado boliviano al otorgarle una mención honorífica al término de su
gestión.
El caso de Carina y su hija de 14 años se presentaba como otro más de los que se
repetían y se repiten: alguien se lleva de un país a otro, sin ningún tipo de registro, a
una adolescente engañada, para algún tipo de explotación. Las ayudó una
coincidencia de la historia, más bien una ironía: ese mismo diciembre del 2013, la
Justicia tucumana de primera instancia había absuelto a los 13 imputados por la
desaparición de Marita Verón –hoy, ninguno de los jueces permanece en su cargo: o
renunciaron o se jubilaron y enfrentan cargos por cohecho—. Además, el proyecto
para una nueva ley antitrata estaba a horas de perder estado parlamentario en el
Congreso Nacional. El país entero hablaba sobre el tema, y el costo político hacía que
varias autoridades se movilizaran.
Aquella mañana, Sotillo y Ramos salieron temprano, al alba, bajo el sol puñeno,
cuando después de insistir con llamados telefónicos, la policía boliviana les informó
que había una chica argentina que coincidía con las características físicas que
buscaban.
“Había una casa vieja y echada a menos; se entraba por un pasillo largo y, en el
fondo, luego de una escalera, se veían cuartitos, todos encimados”, cuenta Carina.
“No nos atendía nadie, hasta que vimos pasar por el pasillo a una chica, con
extensiones de cabello, que levantó la mirada”. Dice que gritó tan fuerte que salió un
hombre desde el fondo; sin mostrar el rostro pero con voz bien grave advertía a la
chica: “Daniela, vení para acá”.
No era ninguna Daniela. Era Antonella, hija de Carina, que había desaparecido al salir
de la fiesta del Día de la Primavera que realizaban en la Escuela Normal de La
Quiaca. La chica no dudó: corrió a los brazos de mamá y no se movió de la Ford
Ranger gris en la que habían llegado las mujeres, junto a un empleado del Consulado
que se encargó de llevarlas. Hacía frío y era de noche. “Por un instante, pensamos en
indagar algo más sobre quiénes eran las otras adolescentes –cuenta Sotillo–, pero
había sido un día agotador y teníamos a la niña, así que rápidamente partimos”. El
viaje de regreso a La Quiaca fue en silencio.
Comprender o revictimizar
Hay que entender a las personas que aparecen: vienen de sufrir vulneraciones
a sus derechos más íntimos, y de situaciones previas de vulnerabilidad.
“Lo fundamental para interpretar casos de trata es comprender la psicología de las
chicas. Hay que entender a las personas que aparecen: vienen de sufrir vulneraciones
a sus derechos más íntimos y, por lo general, vienen de situaciones previas también
de vulnerabilidad”, dice Marcela Rodríguez, responsable del Programa de
Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Trata de Personas de la Defensoría
General de la Nación Argentina. “No es fácil obtener un testimonio, suelen sentir culpa
o vergüenza. Y andá a conseguirles un psicólogo después; no es fácil, por la falta de
recursos”. Las pericias médicas determinaron que Antonella no se vio involucrada en
actividades sexuales, pero varios especialistas coinciden en señalar que los captores
suelen someter a las víctimas a un período de “ablande”. A Antonella, a quien ya le
habían cambiado la identidad, la salvaron a tiempo.

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Como este caso, se repiten otros que no logran ser resueltos por la Justicia. El fiscal
federal Federico Zurueta, con jurisdicción en Jujuy, advierte sobre una falla estructural:
“Por ley, la trata es un delito federal, y el fuero federal en Jujuy no cuenta con recursos
para asistir a las víctimas ni con psicólogos, ni lugares de albergue para alojarlas. La
mayoría de los funcionarios, en general, no comprenden a las víctimas, no están
acostumbrados, porque salvo en casos de trata, que es un delito relativamente
novedoso —al menos en manuales jurídicos—, se trabaja siempre con potenciales
delincuentes”. Y las víctimas de trata no son delincuentes, aunque muchas veces se
las criminalice.
El caso de Antonella recibió el apoyo del defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando
Villena Villegas, quien organizó encuentros de concientización, pero la causa terminó
en el Juzgado de Menores a cargo de la jujeña Pilar Medina, que “lo cajoneó”, según
denuncia la madre. Al extremo de que hoy, cuatro años después, cada vez que la
menor quiere cruzar a Bolivia por el paso legal, la detienen las fuerzas de seguridad
por prevención ante un nuevo “abandono voluntario de hogar”, como reza la carátula.
“Hay que desanudar prejuicios. Existe un preconcepto sobre el rol de la mujer que se
juega fuerte en la interpretación de los casos de trata”, así lo describe Marcelo
Colombo luego de tres años a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de
Personas (PROTEX), la institución que creó el Ministerio Público Fiscal en el 2013
para asistir específicamente a las fiscalías en estas temáticas.
“Los operadores judiciales no entienden el sufrimiento, deben ponerse en los zapatos
de la víctima. ´Si usted tenía una puerta ahí, por qué no se fue; si usted tenía un
celular, por qué no mandó un mensaje´. Siempre colocando un prejuicio sobre la
víctima, pensando que va a actuar como si fuese él, que tiene un hogar, un coche que
lo lleva a su lugar de trabajo, que no sufrió manipulaciones psicológicas”, agrega.
Sin datos ni controles
La calle Jujuy, a 500 metros del paso oficial, se convirtió en un cruce cotidiano
y aceptado, aunque sin controles.
Por la inexistencia absoluta de estadísticas, no es posible elaborar un número exacto
de cuántos menores desaparecen en La Quiaca y en las poblaciones de los
departamentos de Yavi, Santa Catalina y Rinconada. Pero existen historias de sobra.
La profesora de la Escuela Normal de La Quiaca, Silvia Carretta, cuenta que “a
menudo, los menores desaparecen de sus casas, a los meses vuelven y nadie se
alarma”. Producto de su preocupación, en el 2014 colaboró en la elaboración de dos
manuales de prevención que fueron difundidos por las escuelas de la zona. Uno
para los niños y otro, para los maestros.
“Son chicos que crecen en familias de poco diálogo, con elevados grados de
alcoholismo y un nivel socioeconómico bajo, que no logran ver un futuro de
providencia; por eso, ante cualquier oferta de trabajo, se van. En el caso de las
mujeres, también hay que tener en cuenta que las familias de la Puna son machistas y
las nenas escapan”, explica la docente.

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La Quiaca y Villazón crecieron a principios del siglo XX, cuando el Tren Central Norte
—rebautizado después como El Belgrano— unió a la Argentina con Bolivia. Pero la
relación de los pueblos antecede incluso a la formación de los Estados nacionales, y
eso se ve en la calle: a diario, argentinos y bolivianos pasan de un lado a otro
sin ningún tipo de control. Son dos ciudades contiguas, pero el límite fronterizo es solo
una línea imaginaria. Cuando en 1993, el ferrocarril argentino dejó de funcionar, la
postal que mejor representó al lugar fue la de una ciudad fantasma. Tardó años —de
hecho, continúa en proceso— en reactivarse el comercio binacional por vía terrestre.
Hubo un proyecto del entonces senador Guillermo Snopek —un reconocido jurista que
luego fue gobernador de la provincia—para crear un territorio aduanero especial, una
suerte de zona franca, pero fue vetado por Carlos Menem en 1994.
El actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, anunció que en marzo del próximo año
comenzará la obra de reactivación del tren. Por ahora, son sólo promesas de gestión.
En la frontera existe un paso de Migraciones, claro, pero a escasos diez metros la
gente camina como si no estuviese cambiando de país. Por el mismo sendero en
donde se transita, hay tanta basura que viven al menos una docena de cerdos. Vale
tener en cuenta que en Jujuy, que tiene poco más de 700 mil habitantes, se radican
unos 20 mil bolivianos por año.
El ex titular de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio
Macedo Moresi —desde este año, es juez subrogante del juzgado Federal N°1 de la
misma provincia— explica que “existen grupos delictivos compuestos por ciudadanos
de ambos países que se aprovechan de la situación económica de los ciudadanos de
La Quiaca, que nunca se terminó de desarrollar, y van cambiando de actividad de
acuerdo a lo que convenga”. Los expedientes judiciales demuestran que ahora hay
grupos que se encargan de pasar por la frontera a ciudadanos chinos, pero en un
pasado no muy lejano eran senegaleses y antes, colombianos. El paso La Quiaca-
Villazón es el de mayor tráfico migratorio del Noroeste argentino.
Hay expedientes judiciales que investigan corrupción en el reparto de cupos
aduaneros. Son permisos que brinda el Estado argentino para pasar los productos por
el control de Tres Cruces, en la ruta nacional N°9, para vendérselos a los bolivianos en
La Quiaca, que luego los pasan a Bolivia en carritos, o a lomo, a diario. Este ir y venir
vertiginoso de hombres y mujeres, algunos mayores o incluso muy jóvenes, de un lado
al otro del límite es la máxima actividad económica de La Quiaca.
Las causas se encuentran en el fuero federal, por tratarse de importación y
exportación. El comercio va variando de acuerdo con las fluctuaciones cambiarias de
ambos países; hoy, se basa prácticamente en vender harina y azúcar argentina a
Bolivia.
La última medida de control en la frontera fue crear un cerco —de alambre y vigas de
cemento— de 500 metros de largo alrededor del paso oficial, para encauzar a la gente
por el corredor legal. Fue una iniciativa de Gendarmería, costeada por el Ministerio del
Interior durante la gestión de Florencio Randazzo. Pero a los pocos días, el alambrado
ya estaba dañado, y así sigue. Es una frontera colador, supervisada por el sistema
llamado Área de Control Integrado: Gendarmería, junto al Escuadrón 21 de La Quiaca,
velan por la seguridad; AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA) controlan los
equipajes y vehículos, y Migraciones controla a quienes pasan. Los empleados de

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Migraciones perciben salarios inferiores a los de los otros dos organismos y son,
paradójicamente, los encargados de velar por los derechos de las personas.
A pocas cuadras del puente fronterizo hay prostíbulos. En Villazón, la ley boliviana los
autoriza, aunque no permite la presencia de menores —valga la aclaración—. Varios
de los rescates de la excónsul argentina, Reina Sotillo, según señala un miembro
actual de la Defensoría del Pueblo boliviano, ocurrían allí. A plena luz del día. El
mecanismo, poco usual, era el siguiente: el juez federal argentino Wenceslao Cardozo
redactaba un permiso para que ella pudiera actuar, por una cuestión de competencias.
Sotillo se presentaba en el lugar con ese permiso y sacaba a las chicas. Luego, se
labraba un acta por el traslado del menor a su lugar de origen.
Precio por cabeza
El ex Defensor del Pueblo boliviano afirmó que los niños y adolescentes se
venden ni bien cruzan la frontera a 5.300 pesos argentinos.
“Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a
5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos”, aseguró Jorge Oporto
Ordoñez, el ex Defensor Departamental de Potosí, en un reportaje difundido por el
diario El Tribuno. Contó allí que “durante 2010 pasaron por la frontera 25 mil niños y
jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7 mil. Es decir que unos 18 mil niños y niñas
bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina,
mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual”. Es difícil
combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones
occidentales antitrata surgieron a partir de un Protocolo internacional firmado en
Palermo, Italia, en diciembre del 2000, difieren las metodologías entre los países, que
adoptaron distintas formas y procesos. Se trata, además, de un crimen transnacional.
La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas
bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2500
dólares al año. “Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse
el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en
pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente. Sin embargo, como no
hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los
encuentra”, aseguró en el 2013 Mercedes Assoratti, la directora de la organización,
durante el Congreso Antimafia realizado en la Universidad de Buenos Aires
(posteriormente, se editó un libro de circulación gratuita, con fondos de la Legislatura
porteña, por iniciativa del legislador Gustavo Vera y el integrante de la ONG La
Alameda, Lucas Schaerer).
“Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan
empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un
mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes”,
confía un gendarme quiaqueño que pide e insiste por su anonimato. “En los últimos
meses, se vio mucho tráfico ilegal de personas de nacionalidad china, que llegan al
puerto de Perú, en barco, luego por tierra hasta Bolivia y hay gestores que les cobran
por pasarlos a la Argentina y llevarlos hasta Buenos Aires”. Hay expedientes en la
Justicia: el precio por llevar un chino indocumentado desde Villazón, pasando por La
Quiaca, hacia Plaza Miserere, en el barrio de Once, Capital Federal, se estima en 70
mil pesos por persona.

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Hecha la ley, hecha la trampa. La Ley Nacional de Migraciones establece que si un
extranjero ingresa irregularmente a la Argentina, el Estado tiene la facultad de sacarlo
y enviarlo nuevamente al país desde el que ingresó. Pero si un abogado presenta una
causa al instante, se abre un proceso administrativo obligatorio que demora unos 180
días hábiles —que se termina estirando en unos dos años, por trabas burocráticas—,
en los que el Estado argentino debe hacerse cargo del costo de alojamiento y comida
del migrante irregular, hasta que se decida su deportación. Es decir, viven dos años
con fondos públicos. Existen expedientes judiciales que dan cuenta de que son
siempre los mismos abogados los que presentan esta acción. Se presume que existe
una red armada, organizada, que repite el accionar sistemáticamente.
Mis amigos me vendieron
En el 2011, Ariel Llampa partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal
de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Lo siguen buscando.
Uno de los “karaokes” más concurridos de Villazón es el Chola Disco, a pocas cuadras
del límite fronterizo entre La Quiaca y Villazón. Es un lugar que no cierra: 7 días por 24
horas. Se entra por un pasillo largo con paredes que alguna vez fueron amarillas, pero
hoy ya están gastadas y con restos de humedad. En el fondo, mientras suenan las
últimas cumbias bolivianas, se sirve chicha y vino tinto. Es atendido por una mujer
mayor. Quienes entran, suelen sentarse en una de las mesitas y quedarse largas
horas. El pago se realiza al final.
Hay testigos que aseguran haber visto allí a Ariel Llampa, dos días después de su
desaparición, hace cuatro años. “Yo lo sueño vivo”, cuenta Justina, su mamá, que nos
recibe luego de insistir en varias oportunidades, explicándole que se trata de una
investigación periodística que busca concientizar a través de la información.
Justina no para de llorar, pero demuestra fe en su instinto maternal.“Sigo viviendo en
La Quiaca sólo por si algún día me toca la puerta y me dice ´volví´. Dios es tan grande
que algún día va a pasar”. El 8 de diciembre del 2011, día de la Virgen, su hijo Ariel —
quien por entonces tenía 17 años— partió junto a un grupo de amigos a la fiesta
patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Al poco tiempo, pidió
ayuda en su muro de Facebook, “mis amigos me traicionaron, me vendieron como a
un objeto”, y le mandó un mensaje a Isaac, un compañero de clase: “Esto no va a
quedar así. Me traicionaron”.
A pesar de que la Justicia tiene todos los datos y se rastreó la ubicación del IP del
ordenador (el número con el que la computadora se conecta a internet) al momento de
postear en la red social, aún no dieron con su paradero. A Ariel Iván Llampa se lo
tragó la tierra. Ceferino, su papá, se muestra con una actitud más resilente que su
esposa (o menos, según como se mire): piensa que la policía de Villazón “lo mató” por
alguna situación de violencia, o que “lo vendieron a los narcotraficantes”. Su caso fue
un emblema. Junto al de Antonella, despertaron manifestaciones de algunos
lugareños. Actualmente, reclaman cada tanto, con marchas o grafiti en las calles de La
Quiaca.
Muchos informes de organismos internacionales, como la ONU, pusieron foco en este
paso fronterizo y todos coinciden en que se debe hacer algo. Al juez argentino
Santiago Inchausti no le sorprende. “Sólo hay 153 personas condenadas por trata en

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la Argentina. Muy poco, teniendo en cuenta que América Latina, después de Asia, es
el principal lugar de explotación y trata de personas en el mundo”, aseguró en el último
coloquio de Roma contra el crimen organizado, del que participó Francisco,
convirtiéndose en el primer Papa en la historia de la Iglesia Católica en discutir
abiertamente sobre esta cuestión.
La disertación del joven juez dejó en evidencia la falta de resoluciones en nuestro
país. Bergoglio sostenía, antes de ser ungido Sumo Pontífice, que en la Argentina
“todavía hay esclavitud de diversas maneras, hay migrantes que son regenteados por
migrantes de su mismo país, que ya son gente asumida por este sistema de esclavitud
contra sus mismos hermanos”. Entre el 2008 y el 2012, Bergoglio, por entonces
cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, y el padre Mario Videla, por entonces director
del Departamento de Migraciones del arzobispado porteño, organizaron misas
especiales para migrantes y víctimas de trata en los barrios de Barracas y La Boca.
La Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca, que abrió un refugio en La
Quiaca ante la preocupación por el incremento de pedidos de ayuda, asegura que por
día pasan 900 menores de forma irregular por la frontera. “Son todos chicos del lugar
que cruzan cotidianamente tanto desde La Quiaca a Villazón, como desde Villazón a
La Quiaca y, entre ellos, se camufla a las víctimas captadas”, afirman en un informe.
Desde que el padre Manolo Pliego, que dirigía el lugar, se fue a vivir a Cuba, y Jesús
Olmedo fue asignado a la prelatura de Humahuaca, no se trabajó mucho más. En su
momento, por ejemplo, tenían los recursos para interceder en casos de chicos a los
que se detectaba pasando la frontera sin sus padres. O con permisos que —
casualmente— siempre se redactan en el mismo estudio jurídico. Hoy, el refugio es
atendido por dos mujeres del lugar: en el 2015 sólo albergaron a 36 personas y en el
2016, a una sola. “Pasa que ya no está el Padre, que era el que conseguía más
recursos”, explica Norma Mamani, una de ellas.
Mula, pasero, esclavo y esclava
Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores,
terminan enredados en distintos tipos de explotación o trata de personas.
Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores; chicos que
son llevados a trabajar a las minas del Puno peruano, donde 40 mil personas viven de
la minería ilegal e informal, según el último informe de Iniciativa Global Contra el
Crimen Organizado Transnacional; o llevados a pisar la hoja en los campos de
coca en Cochabamba o a las plantaciones de tomate en Fraile Pintado y de tabaco en
San Pedro, Jujuy; a trabajos en talleres textiles en Buenos Aires; adolescentes que
terminan enredadas en explotación doméstica o explotación sexual; o trabajos en
fábricas de la Patagonia argentina.
El último caso público fue difundido por el departamento de prensa de Gendarmería el
6 de julio del 2016: una nena de tres años a la que buscaban en el conurbano
bonaerense apareció en un recorrido del Escuadrón 21, en un paraje llamado “El
Sauce”, a pocos kilómetros de La Quiaca, junto a un boliviano de 29 años que ya
registraba una “causa por sustracción de menores en grado de tentativa”, según
afirmó la gacetilla.

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De acuerdo con las investigaciones de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, “existen
organizaciones criminales en Oruro, Potosí y La Paz, desde donde se traslada a las
víctimas de trata a Cochabamba y Santa Cruz, para después sacarlas del país por
Yacuiba, Bermejo y Villazón, rumbo a la Argentina”. Basta con ir a la Plaza de Flores o
a la terminal de Liniers, en Buenos Aires, para comprender la situación. De acuerdo al
último censo, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, la comunidad de
bolivianos es la más numerosa entre las extranjeras, seguida de la de paraguayos y la
de chinos.
Ausentismo oficial
La oficina más cercana del Ministerio de Seguridad de la Nación queda en
Tucumán, a unos 600 kilómetros de la frontera.
A nivel provincial, no existe ninguna institución pública con un trabajo concreto sobre
la cuestión. El tema no aparece en la agenda del Gobierno jujeño; incluso el Ministerio
de Seguridad de la Nación, que prorrogó hasta diciembre de este año —a pesar de las
críticas durante la última campaña electoral— el plan Escudo Norte de protección
integral de fronteras, tiene su oficina más cercana en Tucumán, que queda a 616 km
del límite argentino. La lejanía geográfica hace que el control se torne operativamente
inviable. El Escuadrón 21 se encuentra bajo la órbita de ese ministerio. La extensión
del plan creado por Cristina Kirchner en el 2011 se realizó a través de un decreto
firmado por el actual presidente Mauricio Macri al poco tiempo de asumir.
Desde marzo del 2016, aproximadamente, grupos bolivianos bloquean el paso legal
como manifestación diaria en contra de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF). Esta
tarjeta es una propuesta del actual intendente quiaqueño, el reelecto Miguel Ángel
Tito, para que los vecinos de ambas ciudades fronterizas posean una
documentación que les permita el libre tránsito, registrado. Como las nuevas
autoridades consulares no intervienen, los piquetes determinan que el único lugar
posible para cruzar la frontera sea el río. La calle Jujuy —ocurrentemente, lleva el
mismo nombre que la provincia—, a unos 500 metros del paso legal, se consolidó
como el nuevo paso cotidiano, aunque sin control.
La cabo de la policía boliviana Lucía Ramírez Mamani, directora de la División de
Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), asegura
que “es frecuente recibir denuncias de personas perdidas o detectar tránsito irregular”.
En el 2015, recibieron 387 denuncias, según consta en actas exhibidas a este
cronista.
Lizeth Mollo asumió este año en la oficina de tráfico de personas, que depende del
Ejecutivo boliviano. “En tres casos comprobamos que podían terminar en trata: dos, de
menores llevados sin papeles a la Argentina, y uno desde la Argentina para acá”.
Considera que el principal problema está en la demora de la Policía, tanto argentina
como boliviana, en comenzar una búsqueda. Si un familiar realiza la denuncia, le
exigen, primero, documento de identidad, que no todos tienen; y luego, esperar 48
horas para comenzar a buscarlo, por si anda por ahí. Antes de ese lapso no se hace
nada, a pesar de que las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal indican lo
contrario.

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Es lo que pasó con Ariel Llampa. Se demoró el inicio de la búsqueda. Con más
celeridad, quizás su destino hubiera sido distinto. Su papá, Ceferino, relató ante la
Justicia lo ocurrido esos primeros días de su desaparición. Supuestamente, a los
pocos días, un mozo del hotel quiaqueño La Frontera escuchó hablar a un grupo de
jóvenes sobre un chico al que “habían vendido”. La familia Llampa peregrina con una
carpetita en busca de ayuda hace cuatro años. “Tuvimos reuniones con Cristina
Kirchner, Aníbal Fernández, Eduardo Fellner; todos fueron breves y no pasó nada.
Nos afiliamos a la organización Túpac Amaru de Milagro Sala, pagamos todos los
meses y asistimos a las asambleas, y nadie nos ayudó. Ahora, queremos juntarnos
con Mauricio Macri. También intentamos hablar con Gerardo Morales y no pudimos”,
cuenta Ceferino. “Queremos que vuelvan a aumentar el monto de la recompensa, yo
no tengo plata para seguir luchando; a veces pienso en salir a pegar carteles, pero se
me acaban las fuerzas. Quiero saber al menos qué fue lo que pasó”, agrega Justina.
Agujero negro
Hay actualmente 6.033 personas siendo buscadas en la Argentina.
Según la PROTEX, hay actualmente en la Argentina 6.033 personas buscadas,
aunque advierten que ante la inexistencia de un registro único y actualizado a nivel
nacional, la cifra debe ser mayor. Máximo, hermano de María Cash, la joven que
despareció hace cinco años, insiste ante la ministra Patricia Bullrich en su pedido de
crear una Agencia Federal de Búsqueda de Personas. Le presentaron un proyecto de
ley cuando era diputada y, ahora que está a cargo de la cartera de Seguridad,
recomiendan que sea directamente una subsecretaría del Ministerio. El Mercosur
elevó informes en línea con el requerimiento de la familia Cash.
Si bien el último registro de María fue en Rosario De La Frontera, Salta, hay testigos
que aseguran haberla visto en Jujuy. “Los juzgados federales no nos dan ni cinco de
bolilla”, denunció Máximo en una reciente entrevista al diario La Nación. Su padre
falleció en una ruta de La Pampa, en uno de sus viajes buscando pistas sobre su hija.
Iba en búsqueda de una amiga, una de las últimas personas que la vio antes de que
tomara un colectivo en la terminal porteña de Retiro con destino a Jujuy, donde la
esperaba un amigo. “Mi papá era el que levantaba el polvo y salía a buscarla siempre,
y creemos que en La Pampa lo embistieron”, dijo Máximo. Al resto de la familia no le
quedan muchas fuerzas.
Recientemente, la PROTEX le consultó a Migraciones sobre el paradero de 1060
personas desaparecidas en el 2016, y se registró que 72 presentaron pases
fronterizos. Sin embargo, teniendo en cuenta la permeabilidad de éste y otros cruces
fronterizos, se presume que el mayor volumen de tráfico no queda registrado. Las
cifras continúan mostrando una tendencia contundente: el tráfico ilegal de migrantes
atraviesa en un cien por ciento a las distintas modalidades de trata de personas que,
sin dudas, es el ejemplo de ataque más flagrante a los derechos humanos que
podemos encontrar en estos tiempos.
Diferentes especialistas coinciden en que ante la crisis humanitaria y migratoria que
sufren varios países desarrollados, existe la posibilidad de que América Latina vuelva
a ser “el destino de la esperanza”, como lo fue para nuestros abuelos, y de que
recibamos en los próximos cinco años a un numeroso caudal de expatriados sin
rumbo.

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La pregunta es: ¿estamos en condiciones de garantizar sus derechos humanos?
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Datos destacados
● 900 menores pasan por día de forma irregular por la frontera La Quiaca-
Villazón. Fuente: Pastoral de Movilidad Humana.
● 18.000 niños bolivianos trabajan en talleres clandestinos y campos en la
Argentina. Fuente: Defensoría del Pueblo de Bolivia.
● 70.000 pesos argentinos es el costo de cruzar a una persona indocumentada
desde Villazón (Bolivia), pasando por La Quiaca, hasta Buenos Aires. Fuente:
Justicia Federal jujeña.
● 1.200 hombres en edad de trabajar no tienen empleo registrado, de los 20.000
habitantes de La Quiaca. Fuente: Hospital “Jorge Uro” de La Quiaca.
● 616 son los kilómetros que separan la oficina más cercana del ministerio de
Seguridad de la Nación con el paso fronterizo La Quiaca-Villazón.
● 500 metros es la distancia entre la “Calle Jujuy”, un cruce sin controles, y el
Paso Internacional Horacio Guzmán.
● 153 personas, solamente, fueron condenadas por trata de personas en la
Argentina. Fuente: juez federal argentino Santiago Inchaustti.
● 6.033 personas son buscadas actualmente en la Argentina. Fuente: PROTEX.
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Videos
Entrevista a Carina Ramos, mamá de Antonella
https://vimeo.com/176336681
Entrevista al Padre Mario Videla
https://vimeo.com/176328160
https://vimeo.com/176328160
La situación de los migrantes
https://vimeo.com/176333423
……………………………..
Mapa
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sTSqX8dvc5h1drXCUocJHXxbZx0
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Créditos
Autor
Diego Granda
Videos
Candela Grizutti - Armando Flores
Fotografías
Sebastián Granda - Diego Granda
Diseño y desarrollo multimedia
Facundo Segura
Tutoría periodística
Verónica Toller
Coordinación editorial
Andrea Schulte
Coordinación general
Vanina Berghella
Desarrollo
MediaLabFOPEA
Acerca del autor de este informe
Diego Granda es un periodista multimedia, graduado en la Universidad Torcuato Di
Tella, y locutor nacional matriculado por el ISER. Publicó artículos en La Nación,
Revista Noticias, Chequeado.com y Perfil.com. Trabajó en el equipo de producción y
redes sociales de C5N. Fue becario Fullbright. Es fundador del sitio de
noticias www.jujuypost.com. Actualmente, trabaja en el diario La Nación en nuevos
proyectos televisivos.
11.6031.9654
diegograndaa@gmail.com
TW: @Diego_Granda
Acerca de La Otra Trama
Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto La Otra Trama. La Otra Trama es
un espacio colectivo de organizaciones de la sociedad civil que, a través de un
enfoque multidisciplinario, busca articular acciones en torno al problema del crimen
organizado en la sociedad argentina. La Otra Trama se propone hacer visible la
dinámica del crimen organizado en el país, por medio de la investigación, la difusión,
la sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia pública.
Actualmente, integran La Otra Trama: Fundación Avina,Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ), FOPEA (Foro de Periodismo Argentino),Fundación
Cambio Democrático, Fundación La Alameda, Contadores Forenses, Comisión
Episcopal de Migraciones y Turismo y Fundación Crear Vale la Pena.

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Esta investigación expresa la opinión de sus autores y no refleja, necesariamente, la
posición de todos los miembros de La Otra Trama.
Cómo citar este trabajo
Los medios que deseen publicar el contenido pueden hacerlo con la condición de
atribuir la fuente del siguiente modo:
La versión original de esta investigación está disponible en
www.investigacionesfopea.com. Este trabajo fue realizado por Diego Granda para el
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA),como parte del proyecto La Otra Trama.