1. ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL INTERNACIONAL
INTEGRANTES GRUPO FUEGO 6
 ALICIA EUFEMIA BANGUERA ZAMBRANO
 JORGE EDGAR CHICAIZA PEÑAFIEL
 ANA LUCIA VEGA VEGA
FORO DE REUNION
EQUIPO: FUEGO”
 En equipos de 03 investigadores deberán reflexionar y construir un ensayo de
interés colectivo sobre un tema relacionado con el programa en el cual se
inscribió
ENSAYO
El Derecho Penal Internacional ha evolucionado extraordinariamente, pues hace apenas
algún tiempo se dudaba de su existencia.
El Derecho Penal Internacional es la rama del Derecho que detalla los crímenes
internacionales y regula el funcionamiento de los tribunales competentes para conocer de
los casos en los que los individuos incurran en responsabilidades penales internacionales,
imponiendo las sanciones que correspondan. El Derecho Penal Internacional se ha ido
instaurando, reforzando y desarrollando dentro de un ambiente de plena actividad
internacional, es decir, frente a la violación por parte de los individuos de las reglas del
Derecho Internacional.

2. Actualmente, el tribunal más importante en este ámbito es la Corte Penal Internacional,
pero existen además otros tribunales creados. Algunos son de carácter exclusivamente
internacional, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda. Otros son híbridos y están compuestos por jueces tanto
nacionales como internacionales. Es el caso de la Cámara Extraordinaria en las Cortes de
Camboya, que investiga los crímenes en Kampuchea Democrática, o el Tribunal Especial
para Sierra Leona, encargado de enjuiciar los crímenes cometidos durante la guerra civil.
No nos olvidemos que las grandes tragedias humanitarias del siglo XX fue que originaron
la toma de conciencia de la comunidad internacional de la necesidad de crear
instituciones y el marco jurídico adecuado para la garantía y respeto de los derechos
fundamentales del individuo, especialmente, el de la paz y la conservación de la
humanidad. En este ensayo, se analiza la justicia penal internacional como vehículo para
realizar la condición de la existencia humana y la coexistencia tranquila en la comunidad
internacional, de conformidad con el paradigma humanitario.
La tortura es un delito que destruye lo más preciado del ser humano.
Esto significa que, a diferencia de la norma de otros derechos humanos, no existe ninguna
excusa para aceptar la tortura.

3. La prohibición contra la tortura en el derecho internacional es , la prohibición contra la
esclavitud o el genocidio.
La tortura es inadmisible bajo cualquier circunstancia, incluso la guerra, la emergencia
pública o una amenaza terrorista. Esta prohibición es tan fuerte y aceptada
universalmente que se ha convertido en un principio fundamental del derecho
internacional.
El Derecho penal internacional es la rama del Derecho que detalla los crímenes
internacionales y regula el funcionamiento de los tribunales competentes para conocer de
los casos en los que los individuos incurran en responsabilidad penal internacional,
imponiendo las sanciones que correspondan.
El Derecho Internacional de los derechos humanos define los límites del poder del Estado
sobre los individuos e impone obligaciones positivas a los Estados respecto de ellos. Los
Estados firman y ratifican voluntariamente tratados que reconocen y aseguran los
derechos de cada persona y se someten al control de organismos judiciales o cuasi
judiciales que reciben denuncias individuales. Desde la ventajosa posición en que nos
encontramos en el siglo XXI, con pocos Estados que admiten abiertamente la existencia de

4. abusos a los derechos humanos es tal vez es difícil imaginar la naturaleza revolucionaria
de los primeros tratados sobre el tema; por primera vez, el derecho internacional no sólo
gobernaba las relaciones entre los Estados sino también entre éstos y los individuos.
Los Estados ya no podían argüir, respecto de determinados actos, que la soberanía sobre
su propio territorio prohibía toda intervención. La prohibición contra la tortura en el
derecho internacional es, como la prohibición contra la esclavitud o el genocidio, absoluta.
La tortura es inadmisible bajo cualquier circunstancia, incluso la guerra, la emergencia
pública o una amenaza terrorista. Esta prohibición es tan fuerte y aceptada
universalmente que se ha convertido en un principio fundamental del derecho
internacional consuetudinario. Esto significa que incluso aquellos Estados que no han
ratificado ninguno de los tratados internacionales que prohíben explícitamente la tortura
tienen prohibido aplicarla a cualquier persona, en cualquier lugar.
Sin embargo, no existe un foro a nivel internacional ante el cual un individuo pueda
realizar una denuncia con base únicamente en una violación al derecho internacional
consuetudinario, por lo que a menudo dichas violaciones acarrean consecuencias sólo
cuando existe la voluntad política en otros Estados de hacerse responsables unos a
otros.1 Por lo tanto, el alcance de todas las obligaciones del Estado para prevenir la
tortura está mayormente determinado por los tratados internacionales y los organismos
que los interpretan.
A nivel internacional, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las
Naciones Unidas interpretan las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura,
respectivamente. Si el Estado en cuestión ha reconocido su competencia para hacerlo,
estos organismos pueden recibir denuncias individuales en su contra. Dichos comités no
son tribunales sino organismos cuasi judiciales, es decir que sus decisiones, aunque son
importantes para la interpretación de los tratados, no son estrictamente.
EL DELITO DE TORTURA COMO CRIMEN INTERNACIONAL
La Comunidad Internacional es agraviada o afectada cuando se producen estos delitos.
Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos formulada en 1948, y luego de la
experiencia de los Tribunales Militares de Tokio, existe conciencia de no tolerarse ciertas
conductas.
La tortura es entonces uno de aquellos delitos que destruyen lo más preciado de la
persona humana.

5. Es así que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula su prohibición
absoluta en el artículo 7:
"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En
particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o
científicos".
En el ámbito regional americano también se aprobó una Convención Interamericana para
prevenir y sancionar la Tortura en 1985. Contiene disposiciones similares a la Convención
de la ONU y reafirma el principio de jurisdicción universal para el delito de tortura.
Sin embargo, es importante revisar la definición de tortura consignada, pues contiene
algunos elementos diferentes a la formulada por las Naciones Unidas:
"Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o
mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo
personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá
también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen
dolor físico o angustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o
mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas,
siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se
refiere el presente artículo".
Destaca como principal diferencia que la Convención Interamericana no exige que se
inflijan dolores o sufrimientos "graves", con lo cual el ámbito de su protección es mayor. El
artículo 2 la define como: "…todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a
una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal,
como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o
con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su
capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o
mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas,
siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se
refiere el presente artículo".

6. Se había criticado que la calificación de dolores o sufrimientos "graves" podría recaer en la
subjetividad de los operadores del Derecho o que exigiría medios probatorios no siempre
accesibles para las víctimas o sus abogados. En ese sentido, la definición interamericana
libra de esa dificultad y aún, en su formulación amplía la protección cuando se ubica en la
hipótesis de una descripción típica en la que se encuentre ausente el dolor físico o la
angustia psíquica. Se trata del empleo de métodos tendientes a anular la personalidad de
la víctima o a disminuir su capacidad física o mental. Es la hipótesis de la aplicación de
inyecciones o el suministro de pastillas o medicamentos que acarreen la consecuencia
descrita.
En cuanto a la finalidad de la tortura, también la definición de la OEA se distingue de la
prescrita por la ONU, pues coincidiendo en lo básico su redacción es más general y
permite una protección más amplia. La finalidad en la descripción típica consiste en:
 fines de investigación criminal
 medio intimidatorio
 castigo personal
 pena
 cualquier otro fin.
Dicho de otro modo, la investigación criminal conduce a hipótesis que no se circunscriben
a la producción de testimonios únicamente, sino que asocia esa finalidad más general con
el acto de tortura. Así mismo, el prever "cualquier otro fin" sin mención a razones de
discriminación como hace la ONU podría incluir la tortura por razones gratuitas o fútiles
que se discute esté comprendida en la Convención de las Naciones Unidas.
Por tales razones, la definición de la Convención Interamericana ofrece mayores espacios
de protección a la persona.
INFLUENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LA REGULACIÓN INTERNA DE LA
TORTURA
Pese a la obligación internacional existente, contenidas en los dos tratados específicos
para sancionar y prevenir la tortura, y explicitada por el Comité contra la Tortura, recién
en febrero de 1998 se ha promulgado la citada ley. Por cierto, la naturaleza de una ley
penal interna difiere de la de un tratado, que establece obligaciones internacionales muy
precisas, pero que para su operatividad, requiere de una ley penal de desarrollo en el
Estado Parte, como es el caso.
En ese sentido las decisiones de los órganos intergubernamentales de protección de la
ONU y la OEA han adoptado recientemente definiciones interesantes en el tema.

7. REFLEXIONES SOBRE EL FENÓMENO DE LA TORTURA Y LA INTERVENCIÓN JURÍDICA
Las modalidades de tortura, por definición, ocultan signos externos de su perpetración en
el cuerpo de la víctima y se valen de una serie de mecanismos de impunidad que dificultan
sino imposibilitan conocer la identidad de los victimarios. En adición, la víctima queda tan
aterrorizada que por lo general no se anima a denunciar, pues si está detenida se
encuentra a merced de sus captores para volver a sufrir esa práctica o prioriza resolver su
privación de libertad. Sin embargo, como lo atestiguan algunos expertos en la cuestión, el
asumir la denuncia, para identificar al agresor y buscar justicia y reparación, puede ser
también un medio para la propia rehabilitación del sobreviviente.
Ciertamente, no hablamos de situaciones locales o regionales ni nacionales ideales. Pero si
de cómo se pueden combinar estrategias jurídicas con base en la disposición fundamental
de la víctima a denunciar.
Sería una manera de destruir el círculo vicioso que también arrastra al abogado a inhibirse
a hurgar en el tema de la tortura, pues inclusive él está coaccionado o intimidado a
denunciar por los mecanismos de actuación policial o militar (falta de privacidad en las
entrevistas, pésimas condiciones para las entrevistas, leyes que permiten la
incomunicación, entre otros factores).
Con todo lo anterior, es desconcertante pero muy útil que se haya aprobado y se
encuentre vigente una ley que tipifica por primera vez el delito de tortura. En este plano
normativo, nuestro país está entre los de avanzada, aunque su aplicación sea todavía poco
eficaz o poco conocida.
Sin duda hay exigencias éticas y de solidaridad que no se limitan a lo que prescriba o no
una ley penal en el contexto peruano ni a nuestra habilidad o preparación profesional.
Como abogados, identificamos ciertos obstáculos para la protección de la persona ante la
tortura, ya muy conocidos, como la facultad de incomunicar al sospechoso de terrorismo,
tráfico ilícito de drogas o espionaje. En el caso de terrorismo, ya no sólo en el común, sino
en lo que se denomina traición a la patria ante tribunales militares y desde 1998, en el
llamado terrorismo agravado. La habilitación constitucional de permitir hasta 15 días de
detención es un elemento completamente desfavorable para la protección de la
integridad personal.
La propia actuación cada vez más creciente de los tribunales militares es otro factor
perturbador. Al extremo que en los casos de investigación por terrorismo agravado se
haya creado la figura inexistente en la Constitución y la ley orgánica de hábeas corpus y
amparo del "hábeas corpus militar", que desnaturaliza la institución.

8. Evidentemente, pese a que el hábeas corpus es el instrumento creado para la protección
de la integridad personal, su uso y aplicación es casi ineficaz, y por la mediatización e
instrumentalización de la justicia común, sirve de poco. En Lima las normas vinculadas a la
llamada seguridad nacional han restringido su interposición a los magistrados de Derecho
Público, notoriamente identificados con el régimen.
Entonces, la existencia de una legislación restrictiva de los derechos fundamentales,
afecta sustancialmente la integridad personal y es un factor concomitante o hasta
determinante de perpetración de la tortura.
La ausencia de un Estado de Derecho es otro factor político-constitucional que conspira a
favor de la perpetuación de la tortura. Como se aprecia en los casos de terrorismo por
razones políticas la tortura es un instrumento privilegiado para ejercer ilimitadamente el
poder, propio de gobiernos o regímenes autoritarios, sin control real alguno, con
apariencia de Legalidad
Pero ciertamente, hurgando en las posibles raíces de la tortura, encontraríamos factores
asociados a la composición y el carácter de la sociedad peruana, en particular,
multicultural y con graves desigualdades en la distribución del ingreso, del acceso a los
servicios públicos y a condiciones mínimas dignas de vida. En tal entorno, de ausencia de
desarrollo con equidad, "aún subsiste una cultura de tortura y brutalidad entre las fuerzas
de seguridad" como calificaba el Informe del Departamento de Estado en 1997 la situación
de los derechos humanos en Perú. La pauta racial de la que hablaba Amnistía
Internacional en un antiguo documento sobre Perú, y la discriminación, también aportan
su cuota para este complejo problema.
Refleja una sociedad, como tantas en la región y el mundo, en que no nos reconocemos
como iguales, en que se han invertido los valores, se carece de una educación básica para
los funcionarios encargados de aplicar la ley, pero, a su vez, existe una cierta tolerancia o
permisividad social que admite la tortura para reprimir la delincuencia o para combatir
"eficazmente" el fenómeno subversivo. La experiencia reciente de Perú demuestra
justamente lo contrario, pues la captura del principal líder de Sendero Luminoso se hizo
sin violencia, y desde allí, el desmoronamiento de esa agrupación ha sido muy notorio.
CONCLUSIONES
El Derecho Internacional presenta crecientes avances para combatir la tortura con mayor
eficacia. Es necesario actualizarnos para emplearlo a nivel local en los casos que podamos
asesorar o patrocinar y para una estrategia más general de prevención.

9. Es esencial conocer la ley peruana para actuar con seguridad ante las autoridades y exigir
su respeto al derecho esencial a la integridad personal.
Es recomendable apreciar las consecuencias favorables a la víctima que pueda quejarse o
denunciar un acto de tortura, para su mayor protección y para evitar que suceda con otras
personas.
A través del ejercicio de la abogacía, hay un modo concreto de sumarse al esfuerzo
nacional e internacional por un mundo libre de la tortura: es un paso para nuestra
autoprotección y de solidaridad con las personas de carne y hueso que urgen de nuestra
parte una respuesta plena de humanidad.