El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denuncia y alerta que Bolivia sufre un momento de profunda regresión en sus realizaciones democráticas, por lo que insta a la población a retomar el espíritu de los 21 días –que terminó en la renuncia de Evo Morales- y las calles de inmediato, para recuperar los derechos e impedir que la dictadura se consolide.

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PRONUNCIAMIENTO DE CONADE
BOLIVIA HA RETORNADO AL TIEMPO DE LOS
PRESOS POLÍTICOS TORTURADOS
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia CONADE denuncia y alerta,
ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional, que Bolivia sufre un
momento de profunda regresión en sus realizaciones democráticas. Las
manifestaciones convergentes de este contexto regresivo son múltiples, pero,
entre ellas, la más reveladora de los alcances negativos es la realidad de presos
políticos que se ha vuelto a vivir después de habérsela superado hace ya varias
décadas.
El golpe de Estado es la cínica mentira que justifica la represión
En efecto, hoy varias decenas de ciudadanos permanecen encarcelados en un
acto continuo de represión política y sin haber cometido delito alguno. En la gran
mayoría de los casos, el fundamento de los respectivos juicios y apresamientos
es el “golpe de Estado” que, según el partido de Gobierno, habría sufrido Evo
Morales en el 2019. Pero para la gran mayoría de los bolivianos, así como para
la ONU, la OEA y la UE, jamás existió tal golpe de Estado, y lo que sucedió en
Bolivia entre octubre y noviembre de 2019 fue un masivo e inédito levantamiento
ciudadano contra el reiterado desconocimiento de la voluntad popular; primero,
el incumplimiento del resultado del Referendo vinculante de 2016 (que negó la
posibilidad de reelección a Evo Morales), y luego el escandaloso fraude en las
elecciones de 2019. De ello existen incontables elementos demostrativos que, en
conjunto, constituyen evidencia concluyente y abrumadora. No obstante, para
demostrar que no hubo el golpe alegado por el oficialismo, bastan las claras
palabras del propio Evo Morales en sus memorias (“Volveremos y seremos
millones”), que afirman que él decidió renunciar antes que el general Kaliman se
lo sugiriera, después –y a causa— de que casi todas las organizaciones de la
sociedad boliviana se lo exigieran, incluyendo a la Central Obrera Bolivia,
abiertamente alineada al oficialismo. Queda pues absolutamente claro que el
“golpe de Estado” es una cínica mentira destinada a justificar la represión política.

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En los casos en los que los apresamientos no se justifican en el falso golpe de
Estado, sus fundamentos residen en el absurdo que denota típicamente la
discrecionalidad prepotente de las dictaduras. Clara muestra de ello es el caso
del activista de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Mario Antonio (Tonchi)
Bascopé, quien fue apresado durante varios meses involucrándoselo en tráfico
de substancias controladas por el hecho de haberse encontrado marihuana en
un automóvil que él vendió hace 10 años, y que pasó por 4 dueños posteriores.
El encarcelamiento político es represalia que pretende escarmentar
Como es común a la represión política, el propósito de estos encarcelamientos
es la anulación de los actos con los que, en ejercicio de sus derechos, las
víctimas pudieran perjudicar al poder político represor, y, con el efecto
ejemplificador e intimidatorio de ello, disuadir al resto de la ciudadanía de
expresarse o actuar (también en ejercicio de sus derechos) contra el poder
político autoritario. Sin embargo, en la presente situación merece destacarse la
represalia por actos totalmente legítimos que también representan los referidos
apresamientos. La persecución y apresamiento de los líderes de la Resistencia
Juvenil Cochala es, indudablemente, la sañuda represalia a la victoriosa
movilización de la juventud cochabambina que expresó ese movimiento. Es
también una represalia, de muy sensibles implicaciones para la
institucionalidad democrática, el encarcelamiento de varios oficiales de las
FFAA y de la Policía Boliviana, a quienes se castiga por no haber cumplido,
en el 2019, las órdenes dadas por el gobierno de Evo Morales de reprimir la
movilización ciudadana contra el fraude, con violencia extrema y, en su
caso, letal. Con esta represalia, además del vengativo castigo por una conducta
individual e institucional de responsabilidad, acatamiento a la CPE y protección
de la vida y la integridad física de la población, el Gobierno central busca, por
medio del escarmiento de los comportamientos institucionalistas, adquirir el
discrecional control de la fuerza pública, con cuya instrumentación podrá imponer
su poder total y perpetuo por la vía de la sangre derramada.
Como ocurre en todos los regímenes autoritarios o dictatoriales, la represión
política combina los encarcelamientos con varios otros métodos represivos. Así,
si los presos políticos suman algunas decenas, los procesados con la misma

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finalidad represiva superan holgadamente el centenar. Al efecto intimidatorio de
esos hechos, se suman las cada vez más abiertas y agresivas amenazas de las
autoridades del Gobierno central, que, previniendo la legítima y previsible
oposición democrática de la ciudadanía, imponen la censura en los medios de
comunicación social, intervienen la autonomía de las organizaciones sociales, y
extienden el miedo a toda la sociedad boliviana. Dada esta situación general, es
plausible que los métodos “alternativos” de represión política hayan llegado más
allá, y que la brutal golpiza e intento de secuestro que sufrió en las últimas horas
la activista de la RJC Milena Soto sea una infame y cobarde parte de ellos.
La tortura de presos políticos ha retornado al Estado boliviano
Pero los apresamientos políticos, siendo algo grave por sí solos, no son lo más
grave como violación de los derechos humanos (DDHH). Lo es que se sume a
ellos la crueldad inhumana de la tortura. La tortura de los presos políticos,
ignominiosa mancha en el Estado boliviano que creímos sepultada para siempre
con la dictadura militar, hoy es nuevamente una realidad en Bolivia. Así lo revela,
de modo incontrovertible y concluyente, el caso de Mario Antonio Bascopé, quien,
al momento de obtener la libertad de su injusta y prolongada detención en la
cárcel de Palmasola, fue detenido de manera violenta e indebida por agentes de
policía que lo trasladaron a las celdas de la FELCC de Santa Cruz, donde fue
bestialmente torturado hasta causarle graves lesiones abdominales. La crueldad
de los represores, dirigidos por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el
viceministro de Régimen Interior Nelson Cox, no quedó ahí. En las últimas horas,
desoyendo las prescripciones de médicos independientes que advirtieron del
riesgo de graves consecuencias para la salud de Bascopé, forzaron la presencia
de este, transportándolo en silla de ruedas y camilla, en una audiencia en la que
la servil autoridad judicial resolvió para él una nueva detención preventiva, tan
arbitraria y política como la anterior.
Impunidad para los crímenes del oficialismo
La brutal represión política que se sufre en Bolivia profundiza la inmoralidad
propia de su esencia misma, al combinarse con la más abierta y total impunidad
que se ha brindado a los autores de los crímenes cometidos por los grupos de

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choque del MAS desde octubre de 2019. De este modo, nadie está procesado, y
mucho menos detenido, por el asesinato violento de 9 ciudadanos movilizados
contra el fraude entre octubre y noviembre de 2019, ni por las brutales agresiones
que causaron a varios más lesiones graves y permanentes, ni por la muerte de
más de 40 enfermos de Covid-19 a consecuencia del bloqueo de carreteras con
el que se les privó del vital oxígeno, ni por el incendio de varias viviendas de
opositores al gobierno del MAS, ni por la quema y destrucción de varias decenas
de buses de transporte público del municipio paceño. La impunidad del
oficialismo es general porque se ha consagrado en la insultante formalidad
jurídica de un instrumento legal aprobado por el mismo oficialismo criminal. Así,
mientras Tonchi Bascopé ha sido secuestrado, torturado y encarcelado por,
supuestamente, haber causado daños cosméticos al frontis del edificio del
Ministerio Público, en una masiva protesta social por su escandalosa
servidumbre política, los autores intelectuales y materiales del incendio del
domicilio de Waldo Albarracín (exdefensor del pueblo y rector de la UMSA) con
su familia dentro, y de las decenas de buses Puma Katari, a quienes la policía, e
incluso la opinión pública, en el segundo caso, conoce bien, gozan de la libertad
y tranquilidad que les ha garantizado la impunidad con la que el poder masista
reproduce su criminalidad.
Hacemos un llamado urgente
Ante tan grave, profundo y múltiple atropello a los más básicos derechos de los
bolivianos, y tan avanzada pérdida de democracia para el país, CONADE hace
un llamamiento urgente al pueblo boliviano, al Gobierno central de Luis Arce y a
la comunidad internacional.
AL PUEBLO BOLIVIANO, le decimos que lo que estamos viviendo y sufriendo
es la plena instalación de la dictadura que el heroico levantamiento ciudadano de
los 21 días impidió en 2019. Que, como enseña dramáticamente la historia
universal, de las dictaduras solo cabe esperar pobreza, corrupción, violencia y
terror. Que, como lo enseña también la historia, las dictaduras son tales porque
eliminan el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, impidiendo así
que la ciudadanía pueda enfrentarlas por vías institucionales. Que, por lo último,
como ocurrió en el levantamiento de los 21 días y fue siempre así en nuestra

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historia, solo la fuerza de la ciudadanía movilizada pacíficamente, plena de
legitimidad, podrá derrotar a la dictadura y recuperar la democracia. Que los
bolivianos que queremos vivir en democracia somos la inmensa mayoría del país,
y que si actuamos juntos venceremos. Sin embargo, que nuestra lucha es
también contra el tiempo, pues será mucho más difícil recuperar nuestros
derechos y la democracia si permitimos que la dictadura se consolide, por lo que
debemos retomar el espíritu de los 21 días, y las calles, de inmediato. Que para
vencer a la dictadura debemos vencer primero nuestro propio miedo. Si un miedo
debemos tener es a dejarles a nuestros hijos un país sin democracia, dignidad ni
futuro, en el que solo puedan aspirar a irse, a dejarlos sin patria.
AL GOBIERNO CENTRAL, le decimos que, si alguna consideración le queda
por los bolivianos, detenga el nefasto camino de instalación dictatorial que ha
emprendido, y que le devuelva a la sociedad boliviana los derechos y la
democracia que le ha usurpado. Que, para ello, debe empezar por poner alto a
la represión política, liberar a todos los presos políticos y propiciar el más drástico
castigo legal a quienes torturan en su beneficio. Que para que el cese de la
represión política sea eficaz y perdurable, debe renunciar a la cínica mentira del
golpe de Estado con el que pretende justificar su conversión dictatorial.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, y especialmente a los organismos
internacionales comprometidos con los DDHH, que no miren a otro lado, que
abandonar a Bolivia en la situación que vive representa abandonar el
compromiso con los DDHH. Que adviertan que, como está muy claro, si el
Gobierno boliviano continúa transitando el camino autoritario y represivo que ha
emprendido, el futuro de Bolivia estará fielmente reflejado en el presente de
Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde los pueblos han sido aplastados por
dictaduras criminales que oprimen, medran y destruyen en el falso nombre de la
revolución. Que recuerden que el propio Evo Morales declaró que su último viaje
a La Habana, desde Buenos Aires, fue para planificar con los gobiernos de esos
países las acciones para “recuperar la democracia en Bolivia”, lo que, a tiempo
de dar una nueva demostración de estrecha afinidad con las dictaduras de Cuba
y Venezuela, revela la grave injerencia de las mismas en la política boliviana.
Que la siniestra plataforma transnacional desde la que se ataca a la democracia
en el continente americano no debe fortalecer el soporte que le dan las dictaduras

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de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con la cuarta pata en la que se está
convirtiendo la dictadura boliviana. Que el drama de esos países puede todavía
evitarse en Bolivia.
Por el Comité Ejecutivo:
Manuel Morales A. Eduardo Pinedo Iván Ignacio
Lucio Gonzales A. Lizeth Beramendi