1. Dirección de Riesgo País y Gestión de Deuda
Del 1 al 7 de abril
IIINNNTTTEEERRRNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL
La economía mundial pierde fuelle. Hace solo dos años la evolución de la economía
mundial sorprendía a propios y extraños. Por primera vez en muchos años, en 2017 se
observaba un crecimiento sincronizado; tanto los países emergentes como los
avanzados registraban tasas de incremento del PIB más elevadas de lo esperado,
impulsadas en gran medida por el dinamismo del comercio mundial. Ahora todo ha
cambiado. El FMI ha sido el último de los organismos en alertar de que la economía
global se desacelera y lo hace a un ritmo mayor de lo esperado. Si hace dos años el 75%
de las economías registraba una aceleración del crecimiento, ahora el 70% se ralentiza;
se trata, pues, de una pérdida de tracción sincroniza. Pese a todo, no se espera una
recesión a corto plazo; de hecho, el FMI estima que el crecimiento económico mundial
alcanzará un 3,5% en 2019 y una tasa similar para 2020. Sin embargo, se trata de un
crecimiento vulnerable por estar sometido a numerosos factores de riesgo. Entre ellos
destaca la falta de acuerdo para el Brexit, la posibilidad de una guerra comercial o el
elevado nivel de endeudamiento en algunos sectores económicos y países. La
presidenta del FMI, Christine Lagarde, ha reconocido que la economía mundial
agradecerá el reciente cambio de tono de la política monetaria de la Reserva Federal y
el BCE, y aboga por poner fin a las disputas comerciales y volver a hacer del comercio
mundial el motor de crecimiento de la economía. A esta petición también se ha sumado
el presidente de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, tras hacer
públicas las nuevas estimaciones de crecimiento del comercio. De acuerdo con la OMC,
el ritmo de intercambios de mercancías se reducirá hasta el 2,6% en 2019, cuatro
décimas por debajo que en 2018.
CCCUUUBBBAAA /// EEESSSTTTAAADDDOOOSSS UUUNNNIIIDDDOOOSSS
EE.UU. mantiene la presión sobre el régimen cubano. La Administración de Donald
Trump ha anunciado, el 3 de abril, que mantendrá durante dos semanas más la
suspensión de la aplicación completa de la Ley para la Libertad y la Solidaridad
Democrática Cubana. Esta ley, más conocida como la Ley Helms-Burton, en homenaje a
los legisladores que la impulsaron, fue aprobada en marzo 1996, bajo la Presidencia de
Bill Clinton, con el objetivo de sustentar en un único texto el embargo que Estados
Unidos aplica a Cuba desde hace más de medio siglo. En realidad, desde la entrada en
vigor dela Ley el Título III no se ha aplicado nunca, ya que se había venido suspendiendo
LATINOAMÉRICA
INTERNACIONAL
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por mandato presidencial durante periodos consecutivos de seis meses. No obstante, la política
de EEUU al respecto ha cambiado a partir de este año: el pasado 16 de enero, cuando tocaba
renovar la suspensión, lo hizo solo por un plazo de 45 días, y en esta ocasión ha sido tan solo de
15, hasta el 1 de mayo. Con estos plazos tan cortos la administración Trump aumenta la presión
sobre el régimen, anuncia su disposición a endurecer las sanciones y, con ello, aumenta la
incertidumbre, lo que va a desincentivar cualquier posible decisión de emprender relaciones con
la isla. Además, en esta ocasión, por primera vez en más de dos décadas de historia del texto, la
suspensión no cubre el Título III al completo. Esto significa que los ciudadanos americanos que
hayan sufrido expropiaciones de propiedades en Cuba, pueden demandar a empresas del sector
público cubano que estén en la lista de entidades restringidas (que suman un total de 250). En
su mayoría, son entidades que se considera que están "bajo el control" de la inteligencia cubana,
de las Fuerzas Armadas o de los efectivos de seguridad. En consecuencia, a principios de marzo,
la administración estadounidense permitió las demandas a unas 200 compañías cubanas
asociadas a los militares que ahora controlan propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Todavía está en el aire si acabará permitiendo que se demande a compañías extranjeras
presentes en la isla. En Cuba son numerosos los hoteles que pertenecen a empresas controladas
por las Fuerzas Armadas y que se gestionan en régimen de empresa mixta por entidades
extranjeras. España, Canadá y Francia estarían entre los países más afectados por una aplicación
completa del Título III, pues tienen inversiones en el turismo y la minería en la isla.
GGGUUUAAATTTEEEMMMAAALLLAAA
Aumenta la presión contra los opositores conforme se acercan las elecciones. El pasado 2 de
abril el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha recusado para presentarse a las elecciones que se
celebrarán el próximo 16 de junio a Thelma Aldana, ex fiscal general de Guatemala y una de las
candidatas favoritas. Sobre la exfiscal pesa una orden de captura por los delitos de malversación
de fondos públicos y defraudación fiscal. Aldana rechaza los cargos, se encuentra fuera de
Guatemala y de momento no va a volver por razones de seguridad. El Movimiento Semilla, que
impulsa su candidatura, planteó dos días después un recurso de amparo ante la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), con el fin de revocar la decisión del TSE. Pero el proceso podría prolongarse
hasta apenas un mes antes de los comicios, con lo que dispondría de muy poco tiempo para
hacer campaña. El Movimiento Semilla es un partido progresista que ha enarbolado la bandera
de la lucha contra la corrupción, lo que ha tenido una gran acogida popular. Conviene recordar
que Aldana dirigió la fiscalía entre 2014 y 2018, y su gestión fue clave para revelar casos de
corrupción que llevaron a la cárcel, entre otros, al expresidente Otto Pérez Molina en 2015.
También colaboró con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un
ente autónomo respaldado por la ONU, que el actual Presidente, Jimmy Morales, expulsó del
país. No sorprende, por tanto, que tenga enemigos muy poderosos, desde políticos hasta
empresarios, pasando por jueces y militares, muchos de ellos procesados o investigados durante
su paso por la fiscalía. No cabe duda de que se trata de una figura incómoda, máxime teniendo
en cuenta que ha prometido continuar con su cruzada contra los abusos de poder. La principal
rival de Aldana es Sandra Torres —líder de la Unidad Nacional de la Esperanza y primera dama
de 2008 a 2011. En este contexto, la decisión de impedir la candidatura de la principal figura
opositora es un duro golpe a la democracia en un país en que los pilares del Estado de Derecho
se están deteriorando por momentos. La manipulación de las instituciones, la violencia creciente
y el proyecto para aprobar una ley de amnistía para crímenes de lesa humanidad ocurridos
durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996), actualmente en el congreso, se encuentran
entre los aspectos más preocupantes. Además, el presidente Jimmy Morales, en el poder desde
enero de 2016, está considerado como uno de los gobernantes más corruptos de la historia del
país centroamericano. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional
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sitúa a Guatemala entre los cuatro peores de América Latina, junto con Nicaragua, Venezuela y
Haití.
UUURRRUUUGGGUUUAAAYYY
Crisis institucional. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha destituido el pasado 1 de abril
al ministro de Defensa, al viceministro de esta Secretaría y a seis generales por el encubrimiento
de delitos cometidos en la época de la dictadura militar, entre 1973 y 1985. Un periodista dio a
conocer, unos días antes, el contenido de las actas de un tribunal militar que demuestra que
estas personas habían encubierto las confesiones de dos procesados. En primer lugar, la del
exmilitar José Nino Gavazzo, autor de la desaparición y muerte en el año 1973 del guerrillero
tupamaro Roberto Gomensoro, a quien arrojó a las aguas del río Negro; en segundo, la del
coronel Jorge Silveira, que esclarece la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera
del poeta Juan Gelman —detenida en 1976, mientras estaba embarazada de su hija. Estas
confesiones salieron a la luz en los Tribunales de Honor que se celebraron tras la dictadura, pero
los ahora cesados no informaron a sus superiores ni a los responsables judiciales. Hasta el día
de hoy, han sido procesados 40 miembros del ejército por las violaciones contra los derechos
humanos cometidas en la época de la dictadura. Se estima que durante aquellos 12 años
centenares de personas fueron encarceladas y torturadas y más de 190 fueron ejecutadas
extraoficialmente.
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Guaidó, despojado de la inmunidad. El régimen chavista está dispuesto a todo para neutralizar
al líder opositor Juan Guaidó. La semana pasada fue su inhabilitación para ejercer cargos
públicos; ésta, la retirada de la inmunidad parlamentaria. El pasado 2 de abril, la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), el Parlamento oficialista (elegido en 2017 en medio del rechazo
de la oposición y sin apenas reconocimiento internacional) adoptó la decisión de levantar la
inmunidad parlamentaria de Guaidó. Esto apunta a que se está allanando el camino para iniciar
un expediente judicial que permita encarcelar al jefe de la Asamblea Nacional, reconocido como
presidente interino por casi 60 Gobiernos. La tensión política está alcanzando niveles máximos
conforme Maduro estrecha el acorralamiento de su contrincante. La Unión Europea, que no
reconoce la legitimidad de la Asamblea Constituyente ni del segundo mandato del presidente
venezolano, ha condenado públicamente la decisión. EE.UU, por su parte, se ha mantenido en
silencio por el momento, lo que ha generado mucha preocupación entre los opositores
venezolanos en EE.UU., unidos todos tras Guaidó. (Trump ha señalado en varias ocasiones que
baraja diversas opciones, incluida la intervención militar. Poco después de conocerse la noticia,
Trump mantuvo reuniones con la cúpula militar norteamericana). Por el momento, el régimen
chavista controla los cuerpos policiales, los militares e incluso los grupos parapoliciales
conocidos como “colectivos”. No obstante, Guaidó continúa sus llamamientos al alto mando
para restablecer la democracia, con poco éxito hasta el momento. Ni siquiera la propuesta de
una Ley de Amnistía ha logrado separar a los jerarcas militares de Maduro. Es cierto que se han
producido muchas deserciones, pero cuantitativamente son simbólicas, ya que hablamos de un
país que tiene una estructura militar con alrededor de 250.000 efectivos y una milicia que cuenta
con cerca de un millón de personas.
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IIINNNDDDIIIAAA
Modi recupera la popularidad perdida. El Primer Ministro, Narendra Modi vuelve a ser el gran
favorito de las encuestas con vistas a las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán
entre el próximo 11 de abril y el 19 de mayo. Según un sondeo realizado el pasado día seis de
abril, un 43% de los ciudadanos estarían a favor de que Modi fuese reelegido Primer Ministro,
algo que a finales de 2018 parecía casi inviable. Efectivamente, en noviembre del año pasado en
las elecciones regionales celebradas en los estados de Chatisgarh, Madhya Pradesh y Rajastán,
el partido Barathiya Janatha que preside Modi obtuvo unos resultados muy mediocres,
perdiendo la mayoría absoluta en las respectivas asambleas legislativas regionales. Los
resultados constituyeron toda una sorpresa –negativa‒ ya que el partido Barathiya Janatha, de
confesión hindú, siempre había obtenido muy buenos resultados en estos tres estados, que
conforman lo que se conoce como el “cinturón hindú” y que cuentan con una numerosa
población campesina. Sin embargo, tres decisiones adoptadas por el gobierno en el primer
trimestre de 2019 han vuelto a revitalizar la popularidad del actual Primer Ministro. La primera
fue el establecimiento de un sistema de cuotas para permitir a los más desfavorecidos acceder
a la educación y a la función pública. Dicha medida, que entró en vigor el pasado mes de enero,
siguió a otra adoptada en diciembre de 2018, por la que se entregarán cantidades en efectivo
por valor de hasta 6.000 rupias anuales a los pequeños agricultores. Estas ayudas, repartidas en
tres tramos al año de 2.000 rupias cada uno, se ingresan directamente en las cuentas corrientes
de los campesinos que cumplen los requisitos adecuados. La oposición ha criticado la medida
por considerarla populista y electoralista, en tanto que las instituciones financieras
internacionales lo han hecho porque su coste, aunque no excesivamente alto (ya que se estima
en apenas 11.200 mill.$ anuales, lo que constituye un porcentaje marginal del PIB), podría elevar
el déficit público, que en estos momentos se sitúa en el 6,5% del PIB. La tercera decisión que
podría explicar el cambio de signo de las encuestas fue el bombardeo, hace unas semanas, de
un supuesto campo de entrenamiento de terroristas en la Cachemira pakistaní, en respuesta a
una serie de atentados cometidos por comandos con base en ese territorio. Esa línea de dureza
mostrada ante el eterno enemigo ha sido bien acogida por la mayoría hindú que, junto con los
campesinos, constituyeron el principal vivero de votos que, en las elecciones legislativas de
2014, llevaron a Narendra Modi a la presidencia del gobierno. En unas pocas semanas se verá
si en los próximos comicios, cuyos resultados definitivos se harán públicos el próximo 23 de
mayo, vuelve a repetirse la historia.
ASIA
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¿Vientos de cambio en el Alto Karabaj? El cambio de gobierno que se produjo en 2018 en
Armenia ha supuesto un importante impulso para las negociaciones de paz con Azerbaiyán por
el conflicto de Nagorno-Karabaj. El Alto Karabaj es un territorio ubicado en Armenia sobre el que
Azerbaiyán reclama la soberanía. Hay que remontarse a tiempos del Imperio ruso para encontrar
las raíces del enfrentamiento, que derivó en una cruenta guerra entre 1991 y 1994. Pese a que
desde entonces existe un compromiso de cese de las hostilidades y un alto al fuego, se han
producido numerosas escaladas de tensión, la última en 2016. Hasta ahora, los Gobiernos de
ambos Estados se han encargado de alimentar la retórica nacionalista y militarista, lo que
obstaculizaba la resolución del conflicto. Sin embargo, el nuevo primer ministro armenio, Nikol
Pashinyan, con un talante más negociador que conflictivo, ha facilitado que se lograran algunos
avances en las conversaciones de paz. El pasado 1 de abril mantuvieron la cuarta reunión en los
últimos seis meses, tras la cual Pashiyan admitió que las conversaciones le estaban permitiendo
“entender la visión azerí del conflicto”. Solo este cambio de tono supone un logro en sí mismo.
Veremos si las conversaciones se traducen en acciones y se pone fin de una vez por todas a un
enfrentamiento latente desde hace un siglo.
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El misterio del gasoducto TAPI. En diciembre de 2015 Turkmenistán daba comienzo a las obras
de construcción del gasoducto TAPI, cuyo objetivo era conectar los yacimientos de gas de
Turkmenistán con India, atravesando Afganistán y Pakistán. Esta colosal obra de ingeniería
alcanzaría los 1.800 km de largo, transportaría 33.000 millones de metros cúbicos anuales y
costaría alrededor de 10.000 mill.$. En febrero de 2018, las autoridades turcomanas anunciaron
que las obras de construcción de los 200 km del gasoducto que atraviesan su país habían
finalizado. En ese momento, TurkmenGaz, la empresa de gas estatal que lidera el proyecto,
debía trasladarse a territorio afgano para comenzar la de construcción del siguiente tramo.
Inicialmente se pretendía que el gasoducto comenzase a estar operativo a finales de 2019, un
objetivo algo ambicioso, ya que hasta el momento no se han tenido noticias de la evolución de
las obras en la sección afgana y la parte que atraviesa Pakistán se espera que, como pronto,
pueda estar completada a finales de 2020. La falta de transparencia ha sido la tónica general en
todo lo que concierne al proyecto; apenas existen documentos gráficos, lo que sorprende
bastante en un país donde las proezas de ingeniería del régimen se suelen mostrar sin tapujos.
Sin embargo, todas las alarmas saltaron cuando hace unos meses trascendió que una empresa
saudita había entregado 35 km de tubería y hace unos días se dio a conocer que una empresa
rusa, Chelyabinsk Pipe Rolling Plant, había ganado la licitación para suministrar 214 km de
tuberías al país. Llama la atención que Turkmenistán siga comprando material para el gasoducto
teniendo en cuenta que la sección turcomana ya se había completado supuestamente y que las
obras aún no han comenzado en el resto de países. La pregunta que uno se hace es ¿para qué
quiere Turkmenistán esas tuberías?.
EUROPA DEL ESTE - CEI
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AAARRRAAABBBIIIAAA SSSAAAUUUDDDÍÍÍ
Saudi Aramco acude a los mercados internacionales. Aramco, la compañía petrolífera estatal
saudí, tiene previsto lanzar en los próximos días una emisión de bonos por valor de 10.000 mill.$
para financiar la compra de un paquete mayoritario del grupo petroquímico Sabic, también
saudí y valorado en unos 69.000 mill.$. Esta emisión será probablemente la de mayor importe
jamás realizada por una compañía, pública o privada, y está despertando un interés enorme
entre los grandes inversores. Lo cierto es que Aramco es cualquier cosa menos una compañía
cualquiera. Con vistas a una IPO inicialmente prevista para el año pasado pero que finalmente
ha sido pospuesta “sine die”, el gobierno saudí –su propietario‒ valoró la empresa en 2 billones
(españoles) de dólares, una cantidad fabulosa que literalmente empequeñece a gigantes como
Apple, Amazon o Microsoft. En este mismo orden de cosas, un extracto de las cuentas de la
petrolera hecho público por Moody’s Investors Service reveló que Aramco fue en 2018 la
empresa más rentable del mundo, a una enorme distancia de Apple, la segunda en el ranking. A
pesar de que su casi inagotable flujo de caja posiblemente le permitiría financiar la compra de
Sabic con sus propios medios, Aramco sigue teniendo intención de acudir al mercado de bonos
en dólares buscando vías alternativas de financiación. Ahora la incógnita reside en saber si el
tipo de la emisión, que deberá hacerse público en los próximos días, será igual o inferior al
aplicado a las emisiones efectuadas por su dueño, el Estado saudí. La última emisión de bonos
en dólares lanzada por Arabia Saudí, de 7.500 mill.$, se remonta al pasado mes de enero.
Las sanciones dificultan la respuesta a las inundaciones. Irán está sufriendo las peores
inundaciones que se recuerdan en casi un siglo. La extensión del desastre (están afectadas 25
de las 31 provincias del país) y la gravedad de los daños (hay al menos 50 muertos, decenas de
miles de desplazados y los daños a la infraestructura viaria superan los 300 mill.$) han colapsado
los servicios de emergencia. Además, las sanciones estadounidenses están complicando la
capacidad de Teherán para aprovisionarse de equipos y materiales, así como para poder
pagarlos (por ejemplo, el ministro de exteriores, Javad Zarif, se ha referido a la imposibilidad de
adquirir helicópteros para los servicios de emergencias). Estos problemas van a afectar también
a la fase de reconstrucción.
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El ébola ataca con fuerza a RD. Congo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado
de que ha aumentado la rapidez con la que se propaga el actual brote de ébola que sufre RDC
desde julio de 2018. La semana pasada se registraron 72 nuevos casos (la semana anterior se
habían observado 52 casos nuevos), lo que significa que el ritmo de contagio ha aumentado.
Cabe señalar, además, que muchas de las muertes que se atribuyen al virus se están registrando
fuera de los centros de tratamiento; bien porque se desconocen los síntomas de la enfermedad,
NORTE DE ÁFRICA - ORIENTE MEDIO
ÁFRICA SUBSAHARIANA
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o bien por la desconfianza de las comunidades hacia el sistema de sanidad. A esto se unen los
ataques perpetrados por las milicias ubicadas en la región de Kivu a cinco de los centros, lo que
hizo que la ONG Médicos Sin Fronteras cesase sus actividades de prevención y contención del
brote. Esta combinación de factores (inseguridad, desinformación y desconfianza en el sistema
de sanidad) hace dificulta más si cabe las labores de erradicación. Hace solo tres semanas, la
OMS expresaba su optimismo acerca de la evolución del virus y anunciaba que el ébola podría
estar controlado en seis meses. En la actualidad las perspectivas son mucho menos halagüeñas;
las autoridades no creen que puedan controlar en ese plazo la epidemia, que con más de 1.000
víctimas ya se ha convertido en la más mortífera de la historia del país.
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El número de casos de cólera no deja de aumentar. Las trágicas inundaciones del pasado mes
de marzo, además de anegar una superficie de tierra equivalente a la de Luxemburgo y de
provocar la muerte de 598 personas, ha ocasionado una epidemia de cólera que podría elevar
sustancialmente el número de víctimas mortales. El área más afectada por la pandemia se ubica
en el centro del país y el número de enfermos se cifra ya en más de mil.
TTTAAANNNZZZAAANNNIIIAAA
Magufuli, frenado por la Corte de Justicia del África Oriental. Un fallo emitido a finales del
pasado mes de marzo por la Corte de Justicia del África Oriental ha invalidado varias de las partes
más controvertidas de la Media Services Act, una ley aprobada en 2016 por la que las
autoridades podían cerrar cualquier medio de comunicación y/o castigar con penas de cárcel a
los periodistas declarados culpables de difundir noticias que pudiese “hacer peligrar” la
seguridad o la economía del país. Un representante del citado tribunal –considerado el “brazo”
judicial de la Organización del África Oriental, uno de cuyos seis miembros es Tanzania- afirmó
que los puntos más controvertidos de la Media Services Act deberán ser revisados o eliminados
para que la citada norma pueda cumplir con los principios de la organización. El fallo ha supuesto
un duro golpe para Magufuli, actual Presidente de Tanzania, quien, desde hace unos tres años
ha venido adoptando un estilo de gobernar cada vez más autoritario, sirviéndose de la citada ley
para cerrar medios de comunicación críticos y persiguiendo y encarcelando a opositores
políticos y a miembros de ciertos colectivos (gays, lesbianas, madres solteras). Esta deriva
autoritaria le ha valido, además del apodo de “el bulldozer”, la reprobación de los donantes,
bilaterales y multilaterales, como fue el caso del Banco Mundial, que, a finales de 2018, canceló
un préstamo de 300 mill.$ como reacción ante las reiteradas violaciones de los Derechos
Humanos por parte del “bulldozer”. Las próximas elecciones generales tendrán lugar en 2020 y
se teme que el Presidente pueda intentar reformar la Constitución, para suprimir la norma que
limita a dos los mandatos presidenciales, en un intento por perpetuarse en el poder.