1. Decenas de miles se oponen al proyecto de la minera Tahoe
Resources en Guatemala
Jueves, Diciembre 19, 2013
(Guatemala City/Ottawa) Contrariamente a las afirmaciones de la
empresa Tahoe Resources, decenas de miles de personas se oponen
al proyecto Escobal, perteneciente a esta compañía, en el suroriente
de Guatemala. Los intentos, tanto de la compañía como del gobierno,
de instalar el proyecto sin apoyo social han resultado en represión y
violencia. Una reciente decisión del alto tribunal en Guatemala
reafirma la legitimidad e importancia de los procesos locales de toma
de decisión.
Más de la mitad de las comunidades en el municipio de San Rafael las
Flores, donde se ubica el proyecto Escobal, se han declarado en
oposición a la mina. En cinco municipios aledaños en los
departamentos de Santa Rosa y Jalapa, la mayoría de las decenas de
miles de votos registrados en consultas comunitarias rechazan la
mina. La votación más reciente se efectuó el 10 de noviembre en el
municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. Más de 23.000
personas votaron – el 98,3 por ciento votó en contra de la minería,
mientras que el 1,7 por ciento votó a favor.
“Es altamente engañoso que el presidente de Tahoe Resources, Kevin
McArthur, indique que el proyecto Escobal goza del apoyo de la
comunidad, cuando tanta gente ha manifestado democráticamente su

2. oposición. La Corte de Constitucionalidad ha indicado claramente que
los plebiscitos son un importante indicador del sentir de las
comunidades próximas a donde se ubica la mina y se deben
respetar”, indicó Jackie McVicar, Coordinadora de la Red de
Solidaridad Rompiendo el Silencio.
A principios de diciembre, la Corte de Constitucionalidad avaló la
consulta comunitaria en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa y
negó la acción cuestionando la constitucionalidad de la consulta que
había presentado una persona particular. La decisión reconoce la
responsabilidad con que cuentan las autoridades municipales de
convocar este tipo de votación y tomar decisiones de acuerdo a los
resultados que éstas arrojen, y afirma su valor como “una adecuada
forma de posibilitar el derecho de los pueblos a opinar y ser
consultados sobre asuntos de su interés".
Pobladores que organizaron las consultas comunitarias se han
enfrentado a represión y a acciones legales infundadas, en un intento
de invalidar la oposición al proyecto. Durante los últimos catorce
meses, decenas de comuneros se han visto involucrados en más de
setenta tensos procesos legales, en los cuales la gran mayoría quedó
absuelta de todo cargo.
La más reciente ofensiva hacia la oposición del proyecto Escobal
ocurrió a fines de abril, unas pocas semanas luego de que se le
otorgara a la empresa la licencia de explotación. Guardias de
seguridad abrieron fuego en contra de un grupo que se manifestaba
pacíficamente fuera de la propiedad de la empresa, dejando seis
personas heridas, dos de ellas de gravedad. Quien fuera en ese
momento jefe de seguridad permanece detenido a la espera del
juicio. Alberto Rotondo ha sido ligado a proceso por lesiones leves y
graves y por obstaculización de la investigación penal.
El 2 de mayo de 2013, pocos días después del ataque, el Estado de
Guatemala declaró estado de sitio en cuatro municipios aledaños al
proyecto minero y giró varias órdenes de captura. Entre los acusados
y detenidos se encontraban dirigentes comunitarios clave. A fines de
noviembre, un juez guatemalteco declaró que fue ilegal la captura de
cinco personas y su privación de libertad durante casi siete meses.
Poco después, las órdenes de captura que se habían girado para siete
otras personas acusadas en el mismo caso quedaron sin efecto.
“No somos unos cuantos locos, como ha dicho el presidente, que se
oponen a la mina, somos muchos departamentos; Xincas somos
todos, es todo Guatemala... Pido a la mina San Rafael [la subsidiaria
guatemalteca de Tahoe] de que por favor se retire de Guatemala, que
nos está haciendo un gran daño a nuestras familias.” indicó Teresa
Muñoz, dirigente comunitaria de Jalapa en rueda de prensa a

3. principios de diciembre.
Las comunidades se oponen al proyecto Escobal debido a los
impactos existentes y potenciales en las fuentes hídricas y en el
bienestar de la comunidad. El Ministerio de Energía y Minas aprobó la
licencia final de la empresa inmediatamente después de rechazar
categóricamente los más de 250 recursos presentados en contra del
proyecto de la empresa.
En julio, la Sala Primera de Apelaciones de Guatemala halló que el
Ministerio de Energía y Minas no procedió correctamente en relación a
uno de estos recursos. Los abogados de las comunidades afectadas
estiman que la decisión de la Sala de Apelaciones pone la licencia de
Tahoe en limbo. En noviembre continuaron las audiencias sobre este
caso, durante las cuales se manifestaron cientos en oposición al
proyecto.
En este momento, Tahoe es objeto de investigación por
contaminación industrial de las fuentes hídricas próximas a la mina
Escobal.
“Es devastador ver hasta qué punto Tahoe repite el patrón de
comportamiento de su mayor inversionista, Goldcorp, cuya mina
Marlin se construyó a pesar de la oposición y sin el consentimiento de
las comunidades, llevando a conflictos y a una amplia oposición a la
minería en todo Guatemala. En vez de avanzar a toda marcha y
generar mayores disturbios, Tahoe debería empacar sus maletas y
dejar a estas comunidades en paz”, indicó Jen Moore, Coordinadora
del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá.
Contactos:
 Jen
Moore, Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439,
jen(@)miningwatch.ca
 Jackie McVicar, Red de Solidaridad 'Rompiendo el Silencio', 011
(502) 4824-0637, btsguatemala(@)gmail.com
Por favor, mostrar su solidaridad con las comunidades afectadas por
el proyecto Escobal de Tahoe y tomar acción con esta petición en
línea acá (disponible solamente en inglés).
Fuente: http://www.miningwatch.ca/es/news/decenas-de-miles-seoponen-al-proyecto-de-la-minera-tahoe-resources-en-guatemala
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Tens of Thousands Oppose Tahoe Resource’s Escobal Project
in Guatemala

4. Tuesday, December 17, 2013
(Guatemala City/Ottawa) Contrary to Tahoe Resources’ recent claims,
tens of thousands of people oppose its Escobal project in
southeastern Guatemala. Repression and violence have been the
outcome of company and government efforts to install the project
without social support. A recent high-court decision in Guatemala
reinforces the legitimacy and importance of local decision-making
processes.
More than half of the communities in the municipality of San Rafael
las Flores, where the Escobal project is located, have declared
opposition to the mine. In five neighbouring municipalities, in the
departments of Santa Rosa and Jalapa, a majority have voted against
the mine in municipal referenda, in which tens of thousands of people
participated. The most recent vote took place on November 10th in
the municipality of Jalapa, department of Jalapa. Over 23,000 people
participated with 98.3% voting against mining and 1.7% in favour.
“It is grossly misleading for Tahoe’s CEO Kevin McArthur to claim that
the Escobal project enjoys strong community support when so many
people have democratically expressed their opposition. The
Constitutional Court has clearly stated that local plebiscites are an
important measure of community sentiment near the mine site and
they should be respected,” stated Jackie McVicar, Coordinator of
the Maritimes Guatemala Breaking the Silence Solidarity Network.
In early December, the Guatemalan Constitutional Court decided in
support of a municipal referendum in the municipality of
Mataquescuintla, Jalapa and against a suit that an individual had
brought to challege its constitutionality. The decision acknowledges
the responsibility that municipal authorities have to convene such
votes and to make decisions according to their results, affirming their
value as “adequate means by which peoples may exercise their right
to give their opinion and be consulted on topics of interest.”
Community members organizing local votes have faced repression
and baseless legal actions in an attempt to quash their opposition to
the project. During the past fourteen months, dozens of community
members have had to endure more than 70 stressful legal processes,
of which nearly all have been absolved of any charges.
The most recent crackdown against opposition to the Escobal
project took place in late April mere weeks after the company
received its exploitation licence. Security guards fired on peaceful
protestors outside of company property, injuring six, including two
seriously. The company’s then head of security remains under arrest

5. awaiting trial. Alberto Rotondo is charged with assault causing bodily
harm and obstruction of justice.
Days after the attack, on May 2, 2013, the Guatemalan State
declared a state of siege in four municipalities surrounding the mine
project and issued multiple arrest warrants. Among the accused and
imprisoned were key community leaders. In late November, a
Guatemalan judge ruled that the police arrest and detention of five
individuals for nearly seven months was illegal. Shortly later, arrest
warrants were dropped against seven others accused in the same
case.
“The President has accused of us being a few crazy people that are
opposed to the mine, but we represent numerous departments,
including the Xinca indigenous people, as well as people from all
across Guatemala. I ask the company to please leave Guatemala
because it is seriously hurting our families,” stated Teresa Muñoz a
community leader from Jalapa during a press conference in early
December.
Communities oppose the Escobal project given concerns over actual
and potential impacts on water supplies and community wellbeing.
The Ministry of Energy and Mines approved the company’s final
licence right after dismissing outright more than 250 individual
complaints against the company’s project.
In July, a Guatemalan Appeals Court found that the Ministry of
Energy and Mines did not follow due process in considering one of
these oppositions. Lawyers for affected communities believe the
appeals court decision puts Tahoe's licence in limbo. Hearings on this
case continued in November at which hundreds demonstrated their
opposition to the project.
Tahoe is already under investigation for industrial contamination of
water supplies near the Escobal mine.
“It is devastating to see the way that Tahoe is repeating the patterns
of its top shareholder, Goldcorp, whose Marlin mine was built despite
opposition and without community consent, leading to conflict and
giving rise to broad-based opposition to mining throughout
Guatemala. Instead of storming ahead and generating further
upheaval, Tahoe should pack its bags and leave these communities in
peace,” remarked Jen Moore, Latin America Program Coordinator for
MiningWatch Canada.
Contacts:

6.  Jen
Moore, MiningWatch Canada, (613) 5693439, jen(at)miningwatch.ca
 Jackie McVicar, Breaking the Silence, 011 (502) 48240637, btsguatemala(at)gmail.com
Please show your support for mining-affected communities in the
area of Tahoe's Escobal project and take action with this online
petition hosted by the Network in Solidarity with the People of
Guatemala (NISGUA) here.
Source: http://www.miningwatch.ca/news/tens-thousands-opposetahoe-resource-s-escobal-project-guatemala
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Jennifer Moore
Latin America Program Coordinator
MiningWatch Canada
www.miningwatch.ca
https://www.facebook.com/MiningWatch
twitter: @MiningWatch