El informe mundial de derechos humanos de la ONG norteamericana Human Rights Watch (HRW) se conocerá hoy en Washington (Estados Unidos); sin embargo, El Espectador conoció el capítulo Colombia, un documento que enumera los principales problemas que, en derechos humanos, enfrentó el país en 2013; en el que guerrilla, paramilitares, Fuerzas Armadas y Gobierno reciben ‘palo’ por su manera de enfrentar el conflicto armado. Además detalla las principales conductas reprobables de cada una de las fuerzas que participan en el conflicto colombiano.

1. Human Rights Watch lanza informe mundial desde
Washington
El capítulo negro de Colombia
Informe revelado por Human Rights Watch critica a las guerrillas, a
los paramilitares, a la Fuerza Pública y hasta el Gobierno.
Por: Alfredo Molano Jimeno. 21 ENE 2014
José Miguel Vivanco, director de Human Rigths Watch, ONG que hoy
entrega su informe mundial. / Archivo
El informe mundial de derechos humanos de la ONG norteamericana
Human Rights Watch (HRW) se conocerá hoy en Washington (Estados
Unidos); sin embargo, El Espectador conoció el capítulo Colombia, un
documento que enumera los principales problemas que, en derechos
humanos, enfrentó el país en 2013; en el que guerrilla, paramilitares,
Fuerzas Armadas y Gobierno reciben ‘palo’ por su manera de
enfrentar el conflicto armado. Además detalla las principales
conductas reprobables de cada una de las fuerzas que participan en
el conflicto colombiano.
En la introducción, HRW advierte que durante 2013 “se siguieron
cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares
como las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares”.
Asimismo, afirma que en Colombia continúan presentándose
desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y amenazas contra
líderes de derechos humanos o reclamantes de tierras. Además

2. sostiene que el Marco para la Paz y la ampliación del fuero militar son
herramientas para la impunidad.
“El gobierno de Santos ha adoptado diversas medidas que frustran la
posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos
humanos”, advierte la ONG, y agrega: “El Gobierno impulsó reformas
constitucionales en materia de justicia transicional y el sistema de
justicia penal militar que podrían asegurar que abusos aberrantes
cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las Fuerzas Militares
queden impunes”.
Frente a la actuación de las guerrillas, HRW sostiene que tanto las
Farc como el Eln siguen cometiendo graves infracciones al DIH, como
amenazas y asesinatos de civiles, reclutamiento de menores de edad
o la utilización de minas antipersonas. Según el informe, el año
pasado 13 civiles murieron y otros 107 “sufrieron heridas entre enero
y agosto de 2013 a causa de minas antipersonas y municiones sin
detonar”.
El documento también dedicó un aparte a los paramilitares. En éste
critica el proceso de paz que se adelantó entre el gobierno Uribe y las
Autodefensas Unidas de Colombia y advierte que las fallas de ese
proceso permitieron la reorganización de estas fuerzas en nuevas
bandas criminales.
“A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las
autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el
poder de los grupos sucesores de paramilitares: en mayo de 2013 la
Policía informó que los grupos contaban con 3.866 miembros que
operaban en 167 municipios, en comparación con la estimación
efectuada por la Policía en julio de 2009, que indicaba que existían
4.037 miembros en 173 municipios. Estos grupos aún mantienen su
poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y la connivencia de
miembros de la Fuerza Pública local”, refiere el documento.
También criticó la falta de celeridad de la justicia para condenar a
quienes están involucrados en los principales crímenes del
paramilitarismo y que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. “En
julio de 2013, ocho años después de la aprobación de la ley, los
fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas
contra sólo 18 personas. En 2013, la Unidad adoptó un nuevo método
de investigación que dio mayor celeridad”.
La HRW habló de la parapolítica, y sostiene que desde 2006 más de
50 exparlamentarios fueron condenados por sus relaciones con el
paramilitarismo y que el último caso fue el del expresidente del
Congreso Luis Alfredo Ramos. En este mismo extracto sostuvo que el
“expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y sus allegados enfrentaron

3. cada vez más señalamientos de presuntos vínculos con paramilitares”
y detalló que al exmandatario y a su hermano Santiago se les
adelanta una investigación por nexos con el paramilitarismo.
De igual manera, aprovechó para lanzarle un dardo al procurador
Alejandro Ordóñez, y escribió: “La Procuraduría General de la Nación,
que lleva adelante investigaciones disciplinarias de servidores
públicos, ha conseguido resultados más limitados en lo que respecta
a la sanción de miembros del Congreso que colaboraron con
paramilitares”, y le recordó que “exoneró de cargos disciplinarios a
varios exlegisladores cuya responsabilidad penal por esta
colaboración había sido establecida anteriormente”.
La organización de derechos humanos dedicó un espacio al proceder
de la Fuerza Pública. Recordó que cometió un “alarmante” número de
ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2008” y reconoció que desde
2009 la cifra de falsos positivos ha disminuido. Sin embargo, advirtió
que no tiene “un registro de datos estadísticos que clasifique los
casos de falsos positivos como una categoría específica de delitos”.
Según la HRW, hasta junio de 2013 la Fiscalía adelantaba
investigaciones por 2.278 casos de presuntas ejecuciones ilegales
perpetradas por agentes del Estado, que involucran a cerca de 4.000
víctimas. Además sostuvo que hasta ahora sólo había condenas en
189 casos. “Las condenas alcanzaron a 605 miembros del Ejército, de
los cuales 91 eran oficiales (en su mayoría de grados inferiores). Más
de 40 coroneles y tenientes coroneles del Ejército estaban siendo
investigados, pero solamente cuatro habían sido condenados”,
concretó el informe.
El documento también critica al gobierno Santos por el Marco para la
Paz, que la Corte declaró ajustado a la Constitución y moduló sus
alcances. Para HRW esta es una herramienta “que abre la puerta a la
impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros,
paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz
con las Farc”. Asimismo, calificó la llamada ampliación del fuero penal
militar, que la Corte Constitucional tumbó en octubre del año pasado,
como una figura que genera “un riesgo grave de que las
investigaciones de falsos positivos fueran transferidas de los fiscales
de la justicia ordinaria al sistema de justicia militar”.
amolano@elespectador.com
@AlfredoMolanoJi