“Su justicia es falsa”: Esa fue la voz más alta de la Conferencia de Prensa realizada el 15 de marzo con líderes de los pueblos Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’, Ch’orti’, Poqomchi’, Achi’, Xinka y Mestizo. La justicia es falsa, dijeron, porque en lugar de usar la Constitución para proteger los derechos de los pueblos indígenas, la usan para tutelar negocios privados. Los líderes indígenas presentaron como pruebas de su indignación varias resoluciones judiciales que coinciden en mostrar una práctica común e impune: racismo y desprecio a la vida de los pueblos indígenas.

1. Los Pueblos dicen: ¡Ya no confiamos en su Estado!
Miércoles 27 de Marzo de 2013 09:42 | Escrito por Tania Palencia
Prado/COPAE . fuente OCMAL
“Su justicia es falsa”: Esa fue la voz más alta de la Conferencia de
Prensa realizada el 15 de marzo con líderes de los pueblos Ixil,
Q’anjob’al, Chuj, Akateko, K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’, Ch’orti’,
Poqomchi’, Achi’, Xinka y Mestizo. La justicia es falsa, dijeron, porque
en lugar de usar la Constitución para proteger los derechos de los
pueblos indígenas, la usan para tutelar negocios privados. Los líderes
indígenas presentaron como pruebas de su indignación varias
resoluciones judiciales que coinciden en mostrar una práctica común
e impune: racismo y desprecio a la vida de los pueblos indígenas.
Una denuncia de gran importancia, incluso para debatir a fondo el
estado de la doctrina constitucional guatemalteca, es que la Corte de
Constitucionalidad negó el recurso de inconstitucionalidad total de la
ley de minería considerando que NO viola los derechos de los pueblos
indígenas. Esta vez no aceptó que, al ser aprobada en 1997 estando
en plena vigencia el Convenio 169 de la OIT, la ley minera debió
adecuar su normativa al cumplimiento de los derechos de los pueblos
indígenas. Pero la CC dijo que no, que esa ley está bien tal como
está, casi perfecta.
Otra denuncia de falsedad de justicia son los fallos de la Corte
Suprema y de la Corte de Constitucionalidad a favor de empresas
extranjeras que están penetrando en el territorio Maya Ixil. La
empresa Enel de Italia fue protegida sin escuchar la inconformidad
del Pueblo Ixil, ni las protestas por coacción, amenazas y persecución

2. para aceptar el contrato con la trasnacional italiana. También se
denunció que en Lanquín, Alta Verapaz, la Corte de
Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q’eq’chi’, pero
que no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica Xacbal,
por lo que la empresa Entre Ríos S.A. sigue haciendo lo mismo. Otra
prueba de falsedad fue puesta por las Autoridades de los 48 Cantones
de Totonicapán, quienes dijeron que es otra burla de la justicia y un
acto de impunidad el que los tribunales decidan no juzgar a los
autores intelectuales de la masacre del 4 de octubre del 2012. Y se
dijo, además, que la protección de la Corte de Constitucionalidad a la
reforma del magisterio niega y destruye los idiomas indígenas y la
formación de maestros indígenas.
En la Conferencia de Prensa, estando allí como testigo de honor de 28
comunidades del Pueblo Ixil, monseñor Álvaro Ramazzini afirmó con
razón que están a la vista abusos que no pueden dejar de abordarse
y tener un impacto en la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
La CC no sólo le dio la espalda a la demanda del Pueblo Ixil, sino el
mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina, desairó la
confianza que pusieron en el diálogo las autoridades ancestrales de
San Juan Cotzal, Nebaj y Chajul, mientras decidió respaldar la
suspensión unilateral de las negociaciones, avalando un papel
firmado sólo por el Alcalde de San Juan Cotzal, sin consentimiento
expreso y previo de las comunidades, para imponer que Enel controle
el río Cotzal por 20 años, se apropie del 100% de la venta de
electricidad y entregue tan sólo 2 millones de quetzales al año a la
Municipalidad en calidad de beneficios. Al presidente de la República
la llegada de Enel le parece un acto histórico de consenso y
democracia y lo dice para la región Ixil, donde se cometieron 114
masacres, y donde también asegura que nunca hubo genocidio.
Esta demasiado claro que todo el régimen político (el ejecutivo, el
legislativo y el judicial), se niega a hacer un análisis profundo del
estado de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala.
¿Cuándo se aceptará que existe violación específica a los derechos
indígenas? Todas las redes del sistema político guatemalteco
confabulan cada día para no ver a los “indios”. Los medios de
comunicación y los voceros del racismo hacen parecer como algo
normal que el derecho indígena se interprete como si fuera una rama
jurídica alejada de las demás, sin vínculos con la articulación política
de la nación en su conjunto. Ni siquiera se reconoce la costumbre
como fuente de derecho. A la CC le importa un comino la costumbre
indígena de llamar a la puesta en común.
Ayer lo hicieron para robar sus tierras y obligarlos a punta de fusil
para trabajar gratis en sus fincas. Hoy se modernizan alardeando que
se respetan los derechos indígenas con programitas de salud y
nutrición y repartiendo bolsas de alimentos. Hoy planifican su

3. plusvalía con desalojos y tribunales de arbitraje. El derecho
internacional no les importa.
Es al sistema político al que hay que cambiar. Existen muchas
razones para no seguir tolerando su arrogancia. Mencionemos cinco.
Primera, porque es un sistema corrupto, funcional para compadres y
mafias de todo tipo. Allí están la ministra de Ambiente y el ministro
de Energía y Minas ocultando que son asesores de trasnacionales,
parientes de gerentes mineros, socios de militares petroleros y líderes
de redes de proveedores para la producción de gas, petróleo y
minerales. Todo un circo de diputados negocia con empresarios
narcos, gringos o europeos para tener padrinos en las próximas
elecciones.
Segunda, porque es un sistema que no admite la participación y
representación comunitaria. Sólo le interesa controlar los derechos de
ciudadanía. Por eso la CC no ha aceptado ninguna consulta, ni la
realizada por las comunidades mestizas, basadas en los artículos 64,
65 y 66 del Código Municipal, que es una ley constitucional. La CC en
diciembre de 2012 ordenó de manera prepotente desaparecer del
orden jurídico toda normativa que indique que las consultas sean
vinculantes.
Tercera, porque es racista. Acostumbrado a las prácticas
asimilacionistas no tolera los derechos indígenas. La identidad
indígena sólo la acepta para el folclor y el turismo. Reforma la ley
electoral pero no admite el derecho al autogobierno de los pueblos
indígenas. Para este régimen político, los pueblos indígenas en
Guatemala son los mismos “indios” de hace 60 años a quienes se les
acerca y habla sólo a la hora del voto. Nada ha cambiado: sus
idiomas siguen sin ser oficiales, sus títulos de propiedad siguen
siendo burlados, sus autoridades siguen siendo negadas, sus
sistemas de convivencia siguen siendo destruidos, sus mujeres
siguen siendo violadas por soldados, su educación y su salud sigue
siendo despreciadas y su justicia desestimada. Los monopolios de
noticias son decisivos para levantar creencias racistas que no aceptan
la existencia de derechos específicos de los pueblos indígenas.
La cuarta razón es que este sistema político sólo administra la
pobreza, ni siquiera se propone erradicarla. No tardan en aparecer
nuevos candidatos defendiendo el empleo y la pequeña y mediana
empresa y prometiendo lo que ya no podrá hacer Pérez Molina
porque, como siempre, el gobierno de turno caerá en desgracia y la
oligarquía habrá cambiado de bando muy feliz, ya que tiene pactos
fuertes con cúpulas militares y poderes extranjeros para empujar su
economía con desalojos, despojos y muertes. Y se trata de una
economía que hunde a la mayoría, con dedicatoria especial contra la
población indígena.

4. Y la quinta es porque este sistema sólo habla a balazos. La censura y
el miedo son sus cartas de negociación. Su política es la persecución
ilegal contra quienes defienden sus derechos. Los asesinatos políticos
contra los dirigentes indígenas y campesinos Gerónimo Sol Ajcot, de
Sololá; Carlos Hernández, de Chiquimula; Exaltación Marcos Ucelo y
Rigoberto Aguilar, de Santa María Xalapán, son otras pruebas de su
vocación criminal. La reciente captura de Rubén Herrera, dirigente
social de Barillas, Huehuetenango, y miembro del Consejo de Pueblos
Indígenas de Occidente, es otra evidencia de que la justicia prefiere
cuidar los contratos mercantiles que proteger los derechos humanos.
En esta Conferencia de Prensa los pueblos indígenas dijeron: “nos
están obligando a no creer ni respetar sus leyes y sus instituciones”.
Esas fueron palabras llenas de honor, dignidad y de valor porque es
muy cierto que Guatemala no puede seguir igual.