1. Diego Jiménez - CODPI <codpi@codpi.org>
GUATEMALA.- En las últimas semanas hemos sido muchas las
personas y las organizaciones que hemos seguido con atención el
proceso por genocidio y crímenes de lesa humanidad que se
desarrollaba en Guatemala, en contra del general retirado Efraín Ríos
Montt -presidente de facto entre los años 1982-1983-, en lo que
consideramos un intento decidido por construir una base sólida para
la paz.
No obstante, la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC)
de revocar parte de dicho proceso supone un duro golpe a la
justicia, abriendo además un incierto periodo que abunda en el dolor
de los sobrevivientes, y que están aprovechando distintos grupos de
poder para amedrentar y criminalizar a la sociedad civil, poniendo en
una situación de grave riesgo a las comunidades mayas del área
donde se produjeron los hechos juzgados. Por ello, desde la CODPI
os invitamos a sumaros a este manifiesto de solidaridad y
denuncia.
LEER Y FIRMAR EL MANIFIESTO
MANIFIESTO ABIERTO
SIN JUSTICIA Y SIN DIGNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS NO ES
POSIBLE LA PAZ
En las últimas semanas, los ojos del mundo han estado centrados en
el proceso judicial que se ha venido desarrollando en Guatemala
contra el general retirado José Efraín Ríos Montt -presidente de
facto entre 1982 y 1983-, por genocidio y crímenes contra la

2. Humanidad. Por primera vez, uno de los máximos responsables de la
represión que sufrieron los pueblos de Guatemala durante el largo
periodo de las dictaduras militares, se ha sentado en el banquillo de
los acusados.
Según estimaciones recogidas en el informe "Guatemala Memoria del
Silencio", elaborado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico
(CEH), auspiciado por Naciones Unidas y publicado en 1999, el
conflicto armado que asoló Guatemala de 1960 a 1996 (36
años) se cobró más de 200.000 muertes, y cerca de 45.000
personas desaparecidas, muchas de las cuales siguen en paradero
desconocido. Del total de violaciones de derechos registradas, la
mayoría (un 81%) se produjo entre los años 1981 y 1983, siendo el
periodo de mandato de Ríos Montt, el más violento de todos.
La CEH comprobó que la responsabilidad del 93% de las
violaciones registradas recae sobre el Estado de Guatemala,
incluyendo en esta categoría al Ejército Nacional, las Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC, grupos paramilitares armados y entrenados
por los militares), los Comisionados Militares, otras fuerzas de
seguridad del Estado y los Escuadrones de la Muerte. Además, más
del 83% de las víctimas de violaciones de derechos humanos y
hechos de violencia registradas, pertenecían al pueblo
maya. También se documentó que, antes de ser ejecutadas, un alto
porcentaje de las personas asesinadas habían sufrido torturas y, en el
caso de las mujeres, agresiones sexuales graves y continuadas,
cometidas como parte del intento de exterminio de una parte de la
población. La violencia del Ejército no diferenció a la población
civil de los grupos armados; no respetó a hombres y mujeres
desarmadas, ni a niños o niñas, ni a personas ancianas; y se
llevó a cabo en en el marco de un claro y continuado incumplimiento
de la normativa internacional de los Derechos Humanos.
Durante el reciente proceso judicial, que se refería específicamente a
los actos de genocidio cometidos contra el pueblo ixil, se pudieron
comprobar todos estos extremos, quedando sostenidos por distintas
pruebas testimoniales, periciales y documentales. En la sentencia
emitida por el Tribunal Primero "A" de Mayor Riesgo el pasado 10 de
mayo de 2013, se concluye que "...las acciones violentas realizadas
en contra de los ixiles, no fue una actividad espontánea, sino la
concretización de planes previamente elaborados, que
conformaban parte de la política de Estado tendiente a la
eliminación de un grupo étnico determinado (...) Habiéndose
comprobado hasta la saciedad que eran poblaciones civiles, dedicadas
a la agricultura". También concluye la sentencia que fue el racismo de
las élites guatemaltecas contra los pueblos indígenas una de las
principales bases ideológicas que pusieron en marcha la "maquinaria
del exterminio" contra el pueblo ixil.

3. Tomando en cuenta la responsabilidad que en todos estos hechos
tuvo el general retirado Efraín Ríos Montt -entonces al mando del
Ejército- el tribunal finalmente le condenó a 80 años de prisión
inconmutables, señalando también la necesidad de seguir
investigando la cadena de mando para depurar las responsabilidades
del resto de personas implicadas en este oscuro episodio de la
Historia reciente de la Humanidad.
No obstante, y después de numerosas presiones por parte de
diferentes grupos de poder, la Corte de Constitucionalidad (CC),
en su resolución dictada el 19 de mayo de 2013 y tomando en
cuenta los recursos presentados por la defensa del general,
anuló parte del proceso. Concretamente lo operado a partir del 19
de abril, dejando así sin efecto la sentencia, y obligando a reabrir el
juicio.
Ante este escenario, las personas y organizaciones abajo firmantes,
queremos
MANIFESTAR
1. Nuestro total y absoluto apoyo, respeto y admiración
hacia las víctimas del genocidio, las cuales, venciendo al
miedo y a las amenazas, testificaron en el tribunal sobre
los abusos que fueron cometidos contra ellas y contra sus
familias y sus comunidades. Especialmente queremos destacar
la valentía de las mujeres ixiles que, a pesar del estigma que ello
les puede suponer, hablaron francamente de las agresiones
sexuales que tuvieron que padecer a manos del Ejército y de los
grupos paramilitares. La revocación de la sentencia por parte de
la CC por supuestas debilidades procesales no sólo es injusta y
desproporcionada, sino que abunda de manera cruel en el dolor
de todas estas personas.
2. Nuestro respaldo a la jueza Jasmín Barrios y al resto de
componentes del Tribunal Primero "A" de Mayor Riesgo,
quienes, en medio de un clima de continuas presiones,
fueron capaces de llevar adelante un proceso judicial
complejo y sembrado de innumerables artimañas legales
para evitar que se hiciese justicia. El hecho de que un tribunal
nacional juzgue por delitos de genocidio y crímenes contra la
Humanidad a los responsables de hechos tan brutales como los
que se produjeron durante las dictaduras guatemaltecas, supone
un paso decidido en la construcción de un país más digno y más
justo, lo cual es una demanda histórica de los pueblos
guatemaltecos. Y es también un ejemplo que Guatemala está
dando al mundo entero.

4. 3. Nuestro rechazo a las estrategias de presión que han
protagonizado distintos estamentos y poderes del país, con
el ánimo de hacer imposible el adecuado desarrollo del
proceso judicial. Entre ellas, especialmente las del actual
presidente Otto Pérez Molina, quien negó la existencia del
genocidio; las del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que llamó a la
movilización en contra de la sentencia, negando los hechos que
fueron por ésta probados; y las de la Fundación Contra el
Terrorismo (FCT) y otras entidades vinculadas a los poderes
ocultos, cuyo único fin es amedrentar a quienes sobrevivieron al
genocidio y a las organizaciones que les acompañan, creando un
clima de terror y zozobra entre la sociedad civil.
4. Nuestra solidaridad con las comunidades, las
organizaciones y colectivos sociales, los abogados y
abogadas de la acusación y todas las entidades que se han
hecho presentes en este proceso de recuperación de la memoria
colectiva y búsqueda de justicia, arriesgando en muchos casos su
propia integridad física. Especialmente, queremos alertar sobre
el alto grado de vulnerabilidad que afecta a las
comunidades mayas del área rural donde se produjeron los
hechos de violencia juzgados, y donde continúan operando
poderes represivos que ya les hostigaban durante el tiempo del
genocidio.
Porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y
porque el único camino para lograr una paz firme y duradera es
el de la justicia, el reconocimiento a las víctimas y
sobrevivientes del genocidio, y el establecimiento de medidas
para la reparación y para garantizar que no se reproduzcan las
graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el
oscuro periodo del conflicto armado.
"EN GUATEMALA QUEREMOS VIVIR LA VIDA. NO MORIRLA"
(ver organizaciones y personas firmantes aquí)