La tenaz resistencia de los comuneros ikojts y binniza que enfrenta en el Istmo oaxaqueño a la construcción del que sería el parque eólico más grande de América Latina en la Barra de Santa Teresa ha puesto al descubierto los intereses que mueven a diferentes actores políticos. Los mil cien millones de dólares que vale el negocio han sido más que suficientes para comprar a diputados de todos los partidos, a funcionarios públicos de los tres niveles y a líderes de antiguas y combativas siglas

1. Qui Ziuu Di´cabe.
Por: Carlos Beas Torres
"A las mujeres ikojts y binniza, ejemplo de valor y dignidad"
La tenaz resistencia de los comuneros ikojts y binniza que enfrenta
en el Istmo oaxaqueño a la construcción del que sería el parque
eólico más grande de América Latina en la Barra de Santa Teresa ha
puesto al descubierto los intereses que mueven a diferentes actores
políticos. Los mil cien millones de dólares que vale el negocio han
sido más que suficientes para comprar a diputados de todos los
partidos, a funcionarios públicos de los tres niveles y a líderes de
antiguas y combativas siglas. Los cañonazos obregonistas resuenan
con todo su estruendo en el Istmo mexicano, donde se reivindican las
energías limpias a costa de los derechos de los pueblos originarios.
El corporativo Mareña Renovables desembolsó más de mil millones de
pesos para adquirir en marzo de 2011 los derechos de la empresa
española Preneal de México SA de CV, para la construcción de este
parque que contaría con 132 aerogeneradores gigantes proveídos por
la empresa danesa Vestas. Preneal arrancó el proyecto el año 2003 y
durante 8 años tramitó permisos y obtuvo autorizaciones contando
para ello con el apoyo de funcionarios federales y de los operadores
del siniestro gobernador Ulises Ruiz. El soborno fue el principal medio
usado para ganar voluntades.
Cuando en enero de 2012 los comuneros ikojts de San Dionisio del
Mar supieron que 1,643 hectáreas de uso común habían sido cedidas

2. de manera fraudulenta a la empresa Mareña Renovables, comenzó la
rebelión. De inmediato desconocieron al presidente municipal Miguel
Castellanos quien había recibido más de 20 millones de pesos por
extender permisos y acto seguido tomaron el palacio municipal, el
cual después de un año mantienen en su poder.
A partir de esa fecha, los comuneros rebeldes han sido víctimas de
todo tipo de ataques y hostigamientos por parte de operadores
políticos priístas como Ernesto Juárez y Jorge Castellanos, quienes
formaron parte del gobierno de Ulises Ruiz. En San Dionisio han
circulado grandes cantidades de dinero y de amenazas para terminar
con la resistencia, sin embargo un número importante de comuneros
se mantienen firmes hasta hoy. Estos operadores han sido apoyados
abiertamente por los diputados Samuel Gurrión, Francisco López
García y Elías Cortes, quienes actúan abiertamente como empleados
de la empresa trasnacional.
La resistencia contra el megaproyecto se extendió a fines del año
pasado, en el otro lado de la laguna, a la colonia zapoteca de Alvaro
Obregón, ya en el municipio de Juchitán; ahí la empresa, junto al
gobierno del cambio que encabeza Gabino Cué, desplegó una triple
estrategia para acabar con la resistencia indígena que ha impedido el
paso de la maquinaria a la barra. Los binniza se atrincheraron en la
emblemática casona en ruinas que fuera la hacienda del general
revolucionario Heliodoro Charis Castro y levantaron sus barricadas.
Ahí, a través de algunos dirigentes de la antaño combativa COCEI,
repartieron millones de pesos para convencer a los campesinos para
que le abrieran paso a los trabajadores de la empresa; como
fracasaron en su intento, en dos ocasiones a principios de noviembre
pasado y ahora en febrero de este año, cientos de policías estatales
atacaron a los rebeldes y estos repelieron exitosamente la agresión.
Mientras ello ocurría, varios conocidos pistoleros amenazaron de
muerte a los voceros de la Asamblea de Pueblos del Istmo en
Defensa de la Tierra y a líderes comunitarios y de otras
organizaciones solidarias como la UCIZONI.
Desde octubre, pero con particular virulencia a partir de noviembre
de 2012, casi todos los medios impresos y los noticieros radiales
emprendieron una feroz campaña mediática en contra de algunos
representantes de pueblos y organizaciones que nos oponemos al
despojo que significa el proyecto. A diario insistían en que a los
“enemigos del desarrollo” se les debería aplicar todo el peso de la ley,
incluso por haber interpuesto un recurso de amparo que desde
diciembre pasado ordenó la suspensión de la obra. En Oaxaca se sabe
que un grupo de periodistas fue llevado con gastos pagados a la
ciudad de México a un evento de empresas eólicas; evento que sirvió
de escenario para que Jonathan Davis, directivo de la empresa
trasnacional, amenazara con retirar el proyecto si no se aplicaba la

3. ley. El gobierno de Gabino Cué entendió ese mensaje de manera
autoritaria enviando a cientos de policías a custodiar la entrada de
trabajadores de la empresa a pesar de que un amparo se lo impedía.
Ahora se sabe que los principales periódicos de Oaxaca han recibido
cantidades millonarias y que algunos periodistas que se han
destacado en la campaña de linchamiento viajaron recientemente a
Dinamarca con gastos pagados por la empresa y el gobierno estatal.
Lo más grave es que el principal periódico de Oaxaca, que hace 7
años fue duramente atacado por las bandas priístas, ahora en alianza
con ellas publica, en primera plana, amenazas de levantón y muerte
en contra de defensores de derechos indígenas.
En Oaxaca, los millones del holding multinacional Mareña Renovables
han puesto al descubierto que por encima de los derechos de los
pueblos indios están los intereses de un puñado de inversionistas
nacionales y extranjeros. Que la transición democrática vale menos
que un megaproyecto; que las viejas luchas de Victor Yodo y de
Lorenza Santiago valen ser traicionadas por líderes sin escrúpulos, sin
memoria y sin principios, y que la libertad de expresión puede ser la
vía rápida para viajar gratis a los paraísos nórdicos.
Un nuevo capítulo se abre en este conflicto. Ante el fracaso de la
compra y de la represión, del linchamiento mediático y de la
amenaza, el Secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez,
intentará ahora imponer una “Consulta” a modo: comprando
conciencias, amenazando a opositores y denostando para crear la
confusión y la duda. Diputados locales que en dos años han sido
incapaces de legislar para asegurar que las empresas trasnacionales
paguen por lo menos el impuesto predial a los municipios oaxaqueños
donde están establecidas, hoy corren presurosos a dialogar “con los
pueblos” para convencerlos de las bondades del proyecto, en un
ejercicio falso de consulta que tiene como fin legitimar el despojo.
Los pueblos reunidos en una multitudinaria asamblea regional el 7 de
noviembre pasado, en Álvaro Obregón, ya dieron su palabra y la han
repetido día tras día: "Qui Ziuu Di´cabe. No pasarán". "Qui Ziuu
di¨cabe", gritaban con júbilo, mientras la maquinaria de Mareña
Renovables y decenas de policías estatales se retiraban de la Barra
de Santa Teresa. Una victoria indígena en una guerra que no ha
acabado y que ha provocado que las máscaras caigan.