La Coordinadora Plurinacional se solidariza con el pueblo de Sarayaku

1. PACHAKUTIK
La
Coordinador
a
Plurinaciona
l se
solidariza
con el pueblo
de Sarayaku
PACHAKUTIK
La Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, atenta a la
audiencia en la que la comunidad de Sarayaku expone las violaciones a sus
Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
expresa su solidaridad con su demanda por los perjuicios provocados por parte
del Estado al concesionar sus tierras a la petrolera argentina Compañía General
de Combustibles (CGC), sin haber realizado la consulta previa a dicha
comunidad, tal como ordenaban las leyes vigentes. Esta acción del Estado
ecuatoriano ha afectado gravemente los Derechos Humanos de dicha
comunidad y por cierto los Derechos de la Naturaleza.
La actividad petrolera de la CGC en el bloque 23, en los años 2002 y 2003, que
contaba con el respaldo incluso armado del Estado, provocó una demanda de la
comunidad de Sayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que, el 17 de junio del 2005, expidió una resolución favorable a dicha
comunidad. Resolución que fue acatada por el Estado ecuatoriano, a través del
Ministerio de Energía y Minas en la primera mitad del año 2007.
De conformidad con la información oficial del Ministerio de Energía y Minas,
la empresa CGC colocó, sin haber consultado antes a dicha comunidad y en

2. contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita. En total hay
1.400 Kgs. de explosivos. Se trata de un explosivo muy peligroso, cuyas cargas
pueden detonarse accidentalmente con facilidad.
Lo lamentable e indignante es que este mismo gobierno del presidente Rafael
Correa, en la renegociación del contrato del Bloque 10 con la empresa AGIP,
celebrada en noviembre de 2010, haya entregado a esta empresa petrolera una
porción del Bloque 23 que afecta el territorio de la comunidad de Sarayaku.
Esta redefinición del Bloque se hizo sin haber consultado ni pedido
consentimiento a los pueblos afectados, pese a la gravedad de los efectos que
esa decisión traerá a sus vidas y territorios.
En estas condiciones, la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las
Izquierdas, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, que es vinculante
según la Constitución del Ecuador de Montecristi y de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, exige que la reparación
sea integral. Además reclama que el Estado establezca normas de carácter legal
para que, previo a la realización de actividades de esta naturaleza, se realice
consultas previas de carácter sustancial que sean vinculantes para el Estado. En
el caso de comunidades indígenas se debe respetar lo que ordena el artículo 57
de la Constitución, que asume en el marco constitucional a todos los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos; de lo contrario, casos
como estos, se repetirán. El Estado debe respetar la organización comunitaria y
las formas de autogobernarse; en este caso y en otros se debe evitar
desprestigiar públicamente a sus autoridades y abstenerse de utilizar figuras
penales para resolver conflictos sociales. El Estado no debe militarizar la zona
e intimidar a la comunidad de Sarayaku -o a otras comunidades en cualquier
región del país- para forzar actividades económicas no consentidas. El Estado
debe pedir disculpas públicas por todas las violaciones ocurridas en la
comunidad de Sarayaku. El Estado, por todo este tiempo que no ha resuelto el
problema de las violaciones ocurridas, debe realizar una inversión sostenida
para garantizar y proteger los derechos colectivos y los derechos del Buen
Vivir reconocidos en la Constitución de Montecristi, siempre precautelando el
derecho a la consulta previa. El Estado debe realizar una seria investigación
para lograr identificar y sancionar a los responsables que provocaron las
violaciones en Sarayaku. Finalmente, la reparación integral debe realizarse
previa consulta con la comunidad y a través de sus mecanismos de formación
de consensos.