Comunicado de la Alianza por la Libertad de Expresión sobre las leyes promulgadas en diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional: Ley Resorte Ley de Telecomunicaciones

1. LA ALIANZA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL PAÍS
La Constitución declara que la comunicación es libre y plural, concede a
todos el libre uso de cualquier forma de expresión y de comunicación sin que
pueda establecerse censura, y estatuye que nuestro derecho a estar
informados es intangible incluso en estado de excepción.
Esos tres pilares de la democracia están hoy gravemente amenazados, y su
defensa activa se vuelve obligante para quienes asumimos la comunicación
desde el ámbito gremial, académico y la defensa de la democratización de las
comunicaciones. El gobierno actual ha multiplicado últimamente sus
violaciones de aquellos principios, tolerando una cierta libertad de expresión
en medios que considera de poca incidencia política mientras hostiga,
persigue, neutraliza, expropia y acosa cada vez más a medios y
comunicadores que disientan de la doctrina oficial. Un mil 777 casos que
vulneran la libertad de expresión en ocho años, con 8 muertos, 2 emisoras
regionales y 1 nacional de TV y 34 radiales clausuradas, organismos
gubernamentales dejados sin voz propia y generación de autocensura, dan fe
de una estrategia que pretende acallar las voces críticas y establecer en el
país una hegemonía comunicacional absolutista y personalista.
Para esto, el gobierno ha creado un complejo sistema multimedial
indebidamente llamado “de servicio público” de muy cuestionable calidad,
ineficaz y obligado a ensalzar constantemente la doctrina y las medidas del
régimen. A todo esto se añade el interminable abuso de posición dominante
del Presidente de la República que obliga a emisores públicos y privados a
retransmitir “en cadena” sus alocuciones, hecho que ya se ha producido en
más de 2000 oportunidades por unas 3.750 horas, a razón de 56 minutos
diarios, un caso único en el mundo. Estos tres factores desfiguran
profundamente el panorama comunicacional de Venezuela y lo vuelven cada
día menos democrático.
Las decisiones adoptadas en diciembre 2010 por la Asamblea saliente,
particularmente en relación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la
llamada Ley Resorte ahora extendidas al ámbito electrónico, resultan
inaceptables por antidemocráticas y anticonstitucionales. Ellas cercenan aún
más el derecho a la comunicación libre y plural que la Constitución garantiza

2. a todos los venezolanos. Si el gobierno considera valioso su proyecto político
debe reconocer que su intento de imponerlo a la fuerza es un fracaso, debe
liberar las comunicaciones nacionales de las restricciones que las ahogan y
permitir el debate de las ideas en ámbito pluralista y de diálogo respetuoso.
Quienes trabajamos, investigamos o ejercemos la docencia en el sector de la
comunicación, nos dirigimos a la Presidencia de la República para solicitarle:
A - que, conforme a la Constitución, devuelva a los miembros de su gabinete
y a los grandes organismos del Estado la facultad de informar a la población y
de facilitar a los medios el libre acceso a la información pública, dejando sin
efecto el Plan de Estrategia Comunicacional del 31.01.2007, el decreto 7454
de junio 2010 que crea el Centro de Estudios Situacionales de la Nación
CESNA y la Providencia de septiembre 2010 que crea la Superintendencia de
Servicios de Certificación Electrónica SUSCERTE, todos ellos instrumentos
que cercenan o limitan severamente componentes esenciales de la libertad
de comunicar;
B - que reconozca a todas las emisoras radio-televisivas de propiedad del
Estado su carácter de Servicio Público orgánico, y auspicie la creación de
una Autoridad Independiente rectora de las mismas que asegure el máximo
de pluralismo y equilibrada libertad de expresión en sus emisiones, y las lleve
a ser modelo cualitativo para el resto del país y la región;
C - que reduzca al mínimo estrictamente indispensable su comparecencia en
medios y “en cadena”, por cortarle al país entero, hasta por siete u ocho
horas diarias, su acceso al flujo normal de la información, y
D - que tenga el gesto de devolver a sus legítimos propietarios el uso y
bienes de las emisoras confiscadas o clausuradas, y que propicie el
advenimiento de un panorama mediático despolarizado, plural, de mutuo
respeto, libre discusión y genuinamente democrático.
En Caracas, el 21 de enero de 2011
Los Miembros de la Alianza: Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, Expresión Libre, Círculo de Reporteros
Gráficos de Venezuela, Federación Internacional de Periodistas, Comité por una
Radiotelevisión de Servicio Público, Instituto Prensa y Sociedad, Centro de Investigaciones
de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Programa de Postgrado en
Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones de la
Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, Tiziana Polesel, directora de la
Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Magaly Ramírez,
directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María, Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Monteávila.