Historia de Colombia, siglo XX

Viviana Delgado Hernández.

Historia de Colombia siglo XX.

8 de octubre de 2013

Basado en dos colecciones documentales:
“Diario oficial. Órgano de publicidad de los actos del gobierno nacional”. Bogotá: Imprenta Nacional. N°
21355(1 de Abril de 1930) al 21379 (2 de Mayo de 1930); páginas 1-231yn° 21879 (2 de Enero de 1932) a
21899(27 de Enero de 1932) páginas 2-246.
Esteban Jaramillo. “Memoria de Hacienda”. Historia y teoría económica. Colección bibliográfica. Bogotá:
Banco de la República, 1990. Tercera parte (78 págs.): Memoria de Hacienda del año fiscal 1927 (Junio de
1926 a Julio de 1927);cuarta parte (70 págs.): Memoria de Hacienda del año fiscal 1928 (Julio de 1927 a Julio
de 1928); ); quinta parte (139 págs.): Memoria de Hacienda del año fiscal 1932 (Julio de 1931 a Julio de
1932).
SEGUNDO INFORME DE LECTURA
Es interés de la autora intentar conocer al Estado colombiano en cuanto a sus políticas económicas. Usa para
elloa la “economía política” porque el discurso jurídico tuvo como fondo la existencia de vehículo propio a
intereses,por excelencia, económicos. Debe decirse, sin embargo, que el conocimiento poseído sobre el QUÉ
ES “economía política” es demasiado somero, por lo cual no sabemos cuan tan apropiado pueda ser
reconocido esto como un lugar de aplicación al concepto dicho, partiendo del reconocimiento a su tradición
constructiva y explicativa de índole académica.
Este documento es segundo informe de una investigación emotiva, importante, necesaria y compleja (en
cuanto a la prolijidad notada al momento de la gestión o tratamiento de los datos reunidos). Este y el tercer
informe se hicieron con grado de visión panorámica por haber primado la urgencia de crear una visión
comprensiva y no a retazos inconexos que impiden el ejercicio explicativoque para sí misma y para el público
debe rendir. Como novedad aquí, y en el último informe, añadimos dos grupos de secciones documentales
más: los correspondientes a la fuente oficial en formato de difusión periódica (“diario oficial”)que abarcó las
fechas desde Enero 2 hasta Enero 27 de 1932 y respecto de las Memorias de hacienda la correspondiente al
año 1932 (Junio 1931-Julio 1932).
Inicialmente pensaba la autora estar produciendo un Trabajo que demostrara que el Estado colombiano de las
mentadas fechas era de corte elitista capitalista y que ello podía no ser mejor evidenciado que mediante el
rastreo a los macro proyectos constructivos del período y a las obras en sí, pues así mostraríaque por sobre
el territorio jurisdiccional tradicional existía un mapa económico del territorio conforme a intereses,
primariamente de cuño nacional, pero también muy importantemente y a la vez, de repercusión en el territorio
nacional del movimiento mundial del capitalismo dominante.
La convicción permanece y se ha enriquecido de aspecto social. Estaba la autora generando afirmaciones de
categoría social en base a la fuente oficial. Cuando la tarea, según piensa ahora, ha de ser el acercamiento al
conocimiento de toda la sociedad a partir de cualquier índole de evidencias, incluida la oficial. Es decir, estaba
haciendo de un segmento y su versión la realidad de toda la sociedad. Haré servir este espacio para decir que
el formato de difusión encontrado en el “Diario oficial” sólo permitió una visión genérica de la riqueza jurídica
propia al papel del Estado; encontramos, por decirlo rápidamente, sólo esqueletos de actos cuyos contenidos
faltantes resaltan por su ausencia. Formato lógico si consideramos su función, pero valga la salvedad.

Ahora formulo la pregunta-problema: ¿cuál es nuestra interpretación sobre el mundo considerado en las
fuentes oficiales reseñadas para el período 1926-1932?. El objetivo de la autora consiste en conocer a la
Colombia entre 1926 y 1932, declarando de antemano la conciencia que tiene sobre que su análisis versa
sobre producciones documentales del estamento oficial. Se quiere realizar 3 objetivos:
1) Declarar los proyectos defendidos públicamente por el Estado con propósitos de gobernabilidad.
2) Identificar al sujeto económico capitalista foráneo en la sociedad colombiana; sus modalidades y relaciones
sectoriales.
3) Usar la información sobre macro proyectos constructivos para especificar las esencias vinculadas entre
Estado, capitalismo internacional y sociedad colombiana.
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA Y EL MUNDO CAPITALISTA.
Al tomar el periódico oficial salta a la vista la abundancia de contenido referido a lo denominado “obras
públicas”. Aun cuando no se titulan así todos los decretos, leyes, fenecimientos, resoluciones, alocuciones,
circulares o partidas presupuestales el cuerpo de muchas de las disposiciones oficiales tienen ese contenido,
más o menos específicamente. Diremos por eso que entonces Colombia sufría una gran transformación;
iniciada con las propuestas-proyectos del gobierno y continuadas con las obras en sí.
Obras públicas eran los planes de transformación propuestos y desarrollados por los gobiernos en turno de
gestión “democrática”. Las obras públicas consistieron en la creación, el mantenimiento o la corrección de
construcciones útiles para la relación económica entre las regiones colombianas y, a la vez, entre las regiones
colombianas y el resto del mundo. Por tanto fueron proyectos dedicados a modificar la organización
económica del territorio conforme el encauzamiento o consolidación de sus conexiones previas o existentes a
través de determinada generación de infraestructuras. Construcciones al modo de edificaciones como medios
para la interrelación y el intercambio.
Notamos que el carácter político del Estado colombiano se evidenciaba en las ejecuciones de su componente
de intencionalidad. Pero, a la vez, aunque los documentos están repletos de procedimientos jurídicos que dan
cuenta de la esencia procedimental que constituye al ser del Estado la realidad del total movimiento social era
superior a las intenciones de sus directores políticos. Pensando en eso afirmamos que los cambios de
carácter presidencial-representativo durante el período no conllevaron cambios ni absolutamente bruscos ni
ocurrieron a gusto de losideólogos de las políticas para el desarrollo de las infraestructuras. Los asuntos y las
consecuentes responsabilidades del Estado eran tan grandiosas que los virajes de salvamento en la
inminente crisis nacional por obra de una u otra planta ministerial no transformarían sacando de la nada lo
necesario para solventar problemas antiquísimos y de origen estructural social.
Las actividades estatales no podían ser objeto de contradicción entre sus ciudadanos porque la existencia del
Estado es necesaria a la regulación de los intereses individuales, cuyo modo de ser es la confrontación (1).
Así las cosas el Estado debía ser entendido como mismísimo ente todopoderoso y benevolente. Lo más
importante es la consecuencia que al fondo del asunto se debería derivar de tal afirmación respecto de
justificar el accionar de los funcionarios públicos quienes a la hora de la verdad constituían la cara que el
Estado presentaba para dar curso burocrático a cada una de las actividades con, o susceptibles, de interés
colectivo que se consideraran decisivasal “destino” de la nacionalidad.
Las normas del Estado constituyeron medida adecuadapara formalizar los planes estatales. Pero más allá de
la voluntad de dominio social proveniente de sus ideólogos las leyes hacen palpar que el proyecto dirigente
gozaba de dominio efectivo, de que “el legislador” hacía “uso del poder de imposición inherente al Estado”(2)a
ante los “ciudadanos” que en la época permitían su permanencia. Para nuestros propósitos por el

conocimiento de la época, a las leyes estatales las interpretamos, junto a la idea expresada sobre dominio
efectivo, como indicativas del carácter jerarquizado de ese tipo de poder social. También que como lugar por
excelencia del dominio efectivo las leyes existían para coordinar los planes económicos y para fortalecer la
idea de repercusión social.En cuanto a lo primero porque se producían desde el centro de poder residenciado
en Santa Fe de Bogotá y desde allí pretendían organizar todo lo que tenía que darse en el gran territorio
jurisdiccional colombiano. Sobre lo segundoporque el nervio de todas las disposiciones, sobre construcción o
no de obras públicas, implicaban la obligación de considerar alguna fuente de recursos o el destino final de
los recursos económicos o el manejo de algún bien o erogación pública. Acerca de lo tercero porque sustrato
de las normas era la intención permanente por entronizar marcos de procedimiento funcional-jurídico en el
cuerpo de sus funcionarios estatales; marcosdelimitados y en constante proceso de especificación conforme
la ampliación que vivía el Estado.
El Estado Colombiano tendía hacía la Modernidad. En su modalidad económica llamaremos progreso a su
interés por orientarsehacia la optimización de recursos y la rentabilidad en los negocios. En el plano de la
cultura lo fue mediante la brega por ampliar los contactos existentes, que se lograrían mediante el impulso a la
consolidación de la nacionalidad gracias a la economía. Y política y sociedad pues decía ser guía del común
de los colombianos conforme “los dictados de la justicia social” (3). La ideología de Estado era generada por
gentes con mentalidad, estudios y bagajes -en sí- propios de la tradición cultural que entrañaban; para la
época constituyeron un sector social en Colombia que conocía y sabía manejar el aprendizaje cultural propio
de la época histórica en que estaban. Y tanto lo conocían y manejaban que se daban la ostentación de crear
una plataforma justificativa donde ninguna de las cuestiones en boga durante la época les salía de su atención
y consideración.
Esa es la causa por la que aparece reiteradamente la noción “clase obrera” (4). El “plan de obras públicas”
contaba con que sus cuadrillas obreras sería la población movida por la fuerza de atracción generada de la
posibilidad paraacceder a trabajos cuyas aptitudes exigidas se asemejaban al trabajo fuerte del laboreo
campestre. De manera que el contenido metafísico representaría no una fuerza para el movimiento en cambio
sí capital ideológico para alentar espiritualmente los ánimos de los colombianos que conocían del cierto
bienestar producto de las opciones laborales producidas en el desarrollo del “plan de obras públicas”. Porque
aunque en la realidad “el trabajo humano” no hubiera sido “el factor económico más noble y digno de
protección” (5)el trabajo del “pueblo” era primario para adelantar cualquier proyecto económico, nacional o
privado, de “obras públicas” o cafetero, por ejemplo. Por conducirse así el Estado afirmamos que su tendencia
fue hacía la modernidad y el civilismo, en cuanto a lo político (6).
El Estado colombiano propuso a, defendió ante e implicó a sus gobernados en un cierto ideal de vida. Por la
vía de lo denominado “nivel de vida” el sector gobiernista enseñó a sus ciudadanos que mediante los
proyectos económicospodrían gozar de ingresos más altos, posibilidad de movilidad, disposición de dinero
con que adquirirlos bienes exóticos que asiduamente llegaban al país(7). Los proyectos económicos de los
gobiernos de la década del 20 encontraron acogida entre la ciudadanía gracias a la promoción que desde el
Estado se hizo; por ello se debe entender que la transformación económica incluyó a gran parte de la
sociedad. Si pensamos que Colombia era un país casi totalmente agrícola y en el modo de las relaciones
dadas en torno a esa actividad se podría deducir que las dinámicas laborales y monetarias propias del modo
capitalista de producción ofrecieron cierta libertad a los ojos de quienes sufrían la economía tradicional. Así es
que aparejado al desarrollo en la forma de construcción de infraestructuras se modificó la organización social
de gran parte de la sociedad(8). Por medio de la oferta laboral, de ingresos en moneda circulante, de
ingresos mejorados (con relación al antecedente) y de mercancías variadas y en plena competencia de

precios, muy seguramente las “clases bajas” vieron benéficamente el cambio. Por su parte el gobierno utilizó
tales resultados para reafirmarse en los planes y proseguir en ellos, de manera que el país si tuvo “nivel de
vida” como índice económico de medida acerca del acrecentamiento del bienestar en los términos de la
adquisición de bienes propios de mercado capitalista.
Ciertamente la atención de carácter asistencial (9)fue un fin del Estado de la época, sobre todo en las
proclamas. Quizá por la escasez de referencias a esto, en las informaciones aprontadas sobre acciones
específicas del estamento, haya cabidapara afirmar que su medida fue intrascendente; hecho significativo a la
intención de valorar la voluntad del Estado en tanto recordemos que los recursos de que disponía eran
abundantes. Estaríamos afirmando pues que el Estado, en base a la evidencia de los destinos dados a los
recursos económicos, fungió mayormente como ente de auto proclamada autoridadylos episodios de
asistencia social aparecieron como resultado de intenciones distractoras o cuando menos, tímidas.
La condición del Estado de la época no entrañóelfin colectivista de la equitativa distribución de los haberes;
sobre todo por la sencilla razón de que los “haberes” de la ápoca estaban desigualmente distribuidos y en
tanto eso los beneficios no se recibirían con igual grado entre todos los atores sociales. Dicho esto también en
lo referentea la defensa de derechos socialesy culturales de los pueblos(10), pues tampoco operó
comoregulador con voluntad de defensa del colectivo. En cambio y en directa oposicióna tal requerimiento que
le hacemos, el Estado benefició los interés de ciertos grupos en detrimento de la mejor distribución que haya
podido haber hecho de los recursos naturales y humanos con que contaba la “nación”. Es difícil hablar
categóricamente y no pretendemos intentarlo, pero sícreemos deber sopesar los beneficios y las obligaciones,
los usufructuarios y los afectados que participaron del proceso histórico de esa época, quienes de buen grado,
o no, se vieron alcanzados por los planes estatales.
El tiempo abarcado en este trabajo trata sobre la gestión gubernamental de Miguel Abadía Méndez y un poco
del período presidencial de Enrique Olaya H., así mismo de la funciones públicas de multitud de
gobernadores, alcaldes municipales, personeros municipales, concejos municipales y otras figuras
directamente relacionadas con la administración del Estado.La pertenencia entre el poder centralista y el
poder de las localidades al plan de obras se verificaba en la participación que los segundos tenían en las
rentas nacionales a partir de las “partidas presupuestales”. Estos fueron tiempos políticos que a más de
habérseles promulgado el primero como de tradición conservadora y el otro liberal no incluyeron diferencias
fundamentales en lo relativo a haberse enfrascado todos en complejos
proyectos constitutivos
deldenominado “plan de obras públicas” (11). Al decir de sus lideres de más alto rango trataba de un “extenso”
proyecto mediante el cual se propusieron realizar construcciones que dotarían de infraestructuras
“necesarias” al “desenvolvimiento económico” colombiano. Llama la atención no tanto lo ostentoso del sonar
de las formulaciones al momento de la retórica como si el que se hubiera llevado a cabo en un margen de
tiempo diríamos desenfrenado.
A través de los datos proporcionados por el ministro Jaramillo se sabe que el gobierno mantuvo relaciones
obligantes con ciertos sectores económicos. Refiere la existencia de la Federación Nacional de Cafeteros, la
Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación de Industriales y Productores, Cámaras de Comercio y
agrupa en lo denominado “casas exportadoras” a organizaciones compuestas de productores nacionales de
café y “casas extrajeras”. Es decir que la Colombia de la época estaba económicamente sectorizada y que el
Estado colombiano tenía muy presente sus intereses (12).

En el contexto mundial de los adelantos en cuanto a producción de bienes materiales, la economía
colombiana era precaria y por tanto sin mayor acumulación de capitales producto de algún intercambio
comercial internacional. Se dedicaba en el telón del intercambio mundial a la comercialización de materias con
bajo contenido de capital a más de ser objetos de consumo y no objetos de producción. Muy a despecho de la
“esperanza” hecha manifiesto público, el Estado colombiano supo de la imposibilidad de pagar onerosas
deudas con el producto arancelario de mercancías que no tenían mayor capacidad rentista y ni siquiera
mercado seguro. Sin embargo de haber sido el problema de los empréstitos y la crisis mundial impactante en
nuestra historia no es objetivo de la autora dedicarse a tratar un aspecto que interpreta como coyuntural
respecto de haber sido uno de los ciclos del capitalismo mundial. Nos interesa tratar de entender la estructura,
aun cuando creemos entender que las coyunturas son las raíces de renovadas o de nuevas estructuras.
En la Colombia de ese Tiempo existía una burguesía predominantemente comercial y no industrial. En la
Colombia de ese Tiempo el Estado funcionaba como una empresa. Los funcionarios estatales abogaban por
desarrollar la economía interna a partir de desarrollar la externa. El aparato estatal nutría sus arcas del
comercio internacional que sus antecesores habían entablado con el capitalismo de las materias primas según
lo cual Colombia exportaba café suave, banano, petróleo, platino “y otros”, enunciados según grado de
aportación a las rentas nacionales (13). A pesar de que el Estado conocía que “las cosas destinadas a cubrir
las deudas” adquiridas para adelantar la construcción de medios de transporte eran susceptibles de sufrir
“bajas de precio” no reculaban conforme a relajar reflexivamente los derroteros por los cuales estaban
encauzando los destinos del producto social y el bienestar social que es lo que entraña en síel concepto
Tesoro Nacional.
La planta ministerial ejemplifica tanto intereses del Estado como también condiciones materiales de la época
histórica que se vivía. Pensamos en la existencia del ministerio de “industria y comercio” en detrimento por
ejemplo de la no existencia de un ministerio sobre “medio ambiente” o cartera dedicada a defender los
derechos de la Naturaleza, por ejemplo, al respeto por las otras sociedades que también componen este
mundo. Pensamos en la existencia del ministerio de “correos y telégrafos” cuya desaparición se hizo no
realmente por decreto presidencial si no por los avances comunicacionales del desarrollo científico de la
humanidad de cuyo resultado quedó la desactualización de tales maneras de comunicación humana.
La burguesía colombiana se dio a la tarea de satisfacer dos necesidades fundamentales que compartieron
entre sí como clase:
1. Extender la red de vías de comunicación entre las regiones y el mundo capitalista demandante de sus
productos, así como mantener las existentes.
2. Incrementar sus ganancias económicas con el producto de las inversiones de capital en cada uno de
los sectores de producción que manejaban, así agrícola, así embrionariamente industrial.
Para llevar a feliz término sus necesidades particulares se aliaron dando paso a su constitución como clase
que defendió nacional o localmente sus proyectos de modificación del mundo conforme sus intereses
económicos. Para lo cual usaron la plataforma gubernativa heredada o granjeada para sí mismos en base a
sus propios esfuerzos por escalar hasta las cúspides del ideal capitalista. Sumado a eso el hecho de los
matices a partir de los intereses específicos de cada grupo; por ejemplo el que entre los cafeteros existieran
quienes estaban “interesados en la industria del café” (14)es decir, el “gremio” exportador. Entre el gremio
exportador se contaba, además de los agro-exportadores cafeteros nacionales, la influencia de los capitalistas
extranjeros directamente vinculados con el proyecto agro-exportador. En suma el Estado constituyó una
especie de colación surgido de los intereses de los gremios interesados en el intercambio de mercancías tanto

interna como externamente. Así mismo la sociedad colombiana de la época habría existido orientada, con
mayor o menor conciencia, hacía el modo de producción capitalista mundial. En ese tenor la clases
adineradas consolidaron sus fortunas y la clase popular entregaría su fuerza de trabajo dentro de un sistema
nuevo concretado en el concepto “salario”.
Decididamente los sectores en puja por el manejo de la economía nacional buscaban explotar los “ingentes
recursos naturales” (15) del país; para hacerlo ofrecían una tajada mejorada de ganancia para la clase popular
que serían quienes harían realidad la ambición. El plan de obras se formuló para “fomentar un desarrollo
económico intenso” que sirviera para desencadenar “la creación de nuevas industrias y el ensanche de las ya
fundadas”. En base a que el proyecto usaba pronósticos sin fundamentos y en su lugar insidia la urgencia -o
quizá el fin encubierto por parasitar al Estado (de lo cual no tenemos ninguna evidencia)-, resultó concatenado
con la macro situación del capitalismo foráneo para producir una nueva situación de la cual el Estado sacó sus
elaboraciones convenientes para ser capaz, a la postre, de permanecer en el poder con las necesarias
modificaciones tendientes a retroalimentarlo conforme las nuevas realidades generales.
*******
En el informe faltante se hablará de las modalidades dentro del bloque de intervención capitalista en el
territorio nacional colombiano, se hablará de cómo el Estado colombiano luchó por, pese a su supeditación al
mercado de capitales internacional, imponer alguna medida respecto de condiciones para la operación, la
administración, la explotación o la simple injerencia de los capitalistas foráneos. Hablaremos de cómo en
medio de esa relación tensa su posición fue, a la vez, concesora de privilegios pero con garantía de
contraprestación. Todo a la sazón del plan llevado a la práctica, de los registros de marcas comerciales, de las
tratados de libre comercio y navegación, etc.
NOTAS
(1) Esteban Jaramillo. “Memoria de Hacienda”. Historia y teoría económica. Colección bibliográfica. Bogotá:
Banco de la República, 1990. Pág. 5. Quinta parte, 1932 (139 págs.).
Banco de la República, 1990. Pág. 78. Tercera parte, 1927 (78 págs.). “…nuestro progreso…criterio
absolutamente nacional; si orientamos la economía del país de manera más conforme con los principios de la
ciencia moderna y con los dictados de la justicia social”.
Banco de la República, 1990. Pág. 50. Tercera parte, 1927 (78 págs.) y Págs. 63, 102, 138. Quinta parte,
1932 (139 págs.).
(6) En camino o con inclinación a formas modernas de Estado sí sabemos que muchas de las obras hechas
durante el período en Colombia usaron mano de obra presidiaria, cuya esencia fue el trabajo forzado.
(7) Aunque no encontramos ninguna referencia al respecto debió ser algo frecuente el que a la par de cada nuevo
centro transitorio de construcción le fuera aparejado la concurrencia de multitud de actores sociales que
debían moverse en pos de la búsqueda de satisfacer sus propias y urgentes necesidades por vivir; aquellos
(comerciantes, etc) y aquellas (Prostitutas) a quienes el manejo de dinero líquido por parte de los “obreros” les
interesaba adquirir.

(8) Correlativo a las novedades de índole discursiva el Estado de la época tenía un cuerpo legislativo diseñado
para la formalización del trabajo específico del sector social obrero. Esa organización oficialista acerca del
Trabajo se resumía en la existencia del texto denominado “Compilación de leyes obreras”. Documento de
producción pública por parte de la Imprenta Nacional y ofrecido al público lector del Diario oficial con
frecuencia en alguna que otra esquina de sus páginas. Por ejemplo: Diario oficial. Órgano de publicidad de los
actos del gobierno nacional. Bogotá: Imprenta Nacional, 1930. N° 21371. Divulgación “Compilación de leyes
obreras”, $0,50.
(9) En Abril de 1930 por intermedio del Ministerio de Educación Nacional se creó el Decreto n° 1635 en que se
legalizó la creación de la Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Pública, así mismo se legitimó entre
la Cruz Roja Nacional y el gobierno que el Presbítero y Vicepresidente del Comité Nacional de la Cruz Roja
sería su Director. El “convenio” se hizo para “…realizar en esta capital la protección de la infancia”. Suscita
nuestro interés el hecho de que el compromiso de responsabilidad social asumido por el Estado obligaba la
generación de Todo lo necesario para la gestión del derecho reconocido; según definición extraída del
decreto: “… los edificios y demás locales en que hayan de funcionar los servicios que quedan a su cargo…”.
DIARIO OFICIAL. Órgano de publicidad de los actos del gobierno nacional. Bogotá: Imprenta Nacional, 1
Abril de 1930. N° 21371. Pág. 154.
(10)
Por ejemplo el derecho a no ser expropiado conformea reconocer ataduras culturales con la tierra
habitada. Como oposición a las “enajenaciones forzosas mediante mandamiento judicial” que privilegiaron los
códigos comerciales por sobre los códigos mentales-afectivos de los ciudadanos.
(11)
Esteban Jaramillo. “Memoria de Hacienda”. Historia y teoría económica. Colección bibliográfica.
Bogotá: Banco de la República, 1990. Págs. 26 y 63. Quinta parte, 1932 (139 págs.).
(12)
Bogotá: Banco de la República, 1990. Págs. 111, 106, 107. Quinta parte, 1932 (139 págs.).
(13)
Bogotá: Banco de la República, 1990. Págs. 25, 33. Quinta parte, 1932 (139 págs.).
(14)
Bogotá: Banco de la República, 1990. Pág. 106. Quinta parte, 1932 (139 págs.)
(15)
Bogotá: Banco de la República, 1990. Pág. 41. Quinta parte, 1932 (139 págs.)

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