Derecho y Empresa. Boletín jurídico-empresarial.

IberForo Madrid Abogados
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Derecho y Empresa
Segundo cuatrimestre 2014
Artículo
Novedades legislativas
Jurisprudencia
Noticias breves
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IberForo Madrid Abogados 2
IberForo Madrid Abogados es, desde hace más de cuarenta años, una
de las firmas de abogados más prestigiosas de España.
Su principal característica es la prestación de servicios de asesoramiento
jurídico de calidad, con plena cercanía al cliente que está en permanente
contacto con profesionales de dilatada experiencia, quienes realmente se
ocupan de sus asuntos.
La reconocida experiencia de su equipo permite a IberForo MadridAbogados
atender con el máximo rigor las necesidades y exigencias de empresas y
particulares, especialmente en el ámbito de las actividades económicas.
IberForo Madrid Abogados es miembro de la firma Hispajuris, la cual cuenta
con sedes en toda España y una amplia red de contactos internacionales.
Todo ello permite atender las necesidades del cliente en todas las áreas del
Derecho y en cualquier ámbito territorial. Siempre de una manera realista,
práctica y eficiente, evitando desperdiciar los recursos humanos y mate-
riales de los clientes, ya que el propósito de IberForo Madrid Abogados
es mantener una relación profesional satisfactoria y duradera.
Ha colaborado en este número: Macarena
Villamandos Gómez.
Edición y Coordinación: Miguel López López-Oleaga
y Luis López-Elizondo Fornieles.
Diseño, maquetación e impresión: CAJA ALTA
Edición & Comunicación (www.cajaalta.es)
Depósito Legal: M. 2.712-1998

I. PLANTEAMIENTO
El despido por causas objetivas del art. 52 del Esta-
tuto de los Trabajadores (en adelante, ET) se diferencia
deldespidodisciplinariodelart.54ETenquenoexisteun
incumplimiento grave y culpable imputable al trabajador
que quiebre su confianza, sino que se dan una serie de
circunstancias, esencialmente de carácter económico,
técnico, organizativo y productivo, unidas a otras, como
son la falta de adaptación a las modificaciones técnicas
del puesto de trabajo, ineptitud y absentismo.
La causa del despido objetivo más frecuente en la
práctica es la recogida en el apartado c) del art. 52 ET:
“Cuando concurra alguna de las causas previstas
en el art. 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un
número inferior al establecido en el mismo”.
Es decir, el empresario podrá proceder a la
extinción individual de los contratos de trabajo por
causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción cuando en un período de noventa días la
extinción afecte a un número de trabajadores menor
al señalado en el art. 51 ET para el despido colectivo.
En relación con las causas citadas, el despido ob-
jetivo experimentó una importante modificación tras
la reforma laboral de 2010 en sus dos versiones, la
del RDL 10/2010, de 16 junio, de medidas urgentes
para la reforma del mercado de trabajo, y la de la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas ur-
gentes para la reforma del mercado de trabajo, pues
a partir de su vigencia se da un tratamiento jurídico
unitario a la definición de las causas del despido co-
lectivo y objetivo, terminando así con la confusión del
régimen anterior que mantenía dos regulaciones no
coincidentes de las causas del despido en función de
que este fuera colectivo u objetivo; haciendo desapare-
cer también la reforma la necesidad de que el despido
objetivo contribuyera a “la superación de situaciones
económicas negativas” o a “superar las dificultades
que impidan el buen funcionamiento de la empresa”.
Posteriormente, la reforma de 2012, también en
sus dos versiones, la del RDL3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral, y luego la de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado labo-
ral, dio una mayor concreción a las causas económi-
cas, técnicas, organizativas y productivas.
Así, la redacción actual del art. 51 ET establece en
relación con el despido colectivo:
“Se entiende que concurren causas económicas
cuando de los resultados de la empresa se despren-
da una situación económica negativa, en casos tales
como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o
la disminución persistente de su nivel de ingresos
ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que
la disminución es persistente si durante tres trimestres
consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas
de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo
trimestre del año anterior.
Despido individual basado en las causas
del despido colectivo
Artículo
ARTÍCULO
Derecho Laboral: Despido individual
basado en las causas del despido colectivo.
Por Macarena Villamandos Gómez
NOVEDADES
LEGISLATIVAS
JURISPRUDENCIA
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6 NOTICIAS
BREVES
7

Artículo
Se entiende que concurren causas técnicas
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbi-
to de los medios o instrumentos de producción; causas
organizativas cuando se produzcan cambios, entre
otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de traba-
jo del personal o en el modo de organizar la producción
y causas productivas cuando se produzcan cambios,
entre otros, en la demanda de los productos o servicios
que la empresa pretende colocar en el mercado”.
Tras analizar, a la luz de la jurisprudencia existente,
las causas justificativas del despido individual por cau-
sas objetivas, basado en las causas legalmente pre-
vistas para el despido colectivo, podemos establecer:
II. CAUSAS ECONÓMICAS
Se entiende que concurren causas económicas
cuando de los resultados de la empresa se desprenda
una situación económica negativa, en casos tales como:
• la existencia de pérdidas actuales o previstas;
• la disminución persistente de su nivel de ingresos
ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá
que la disminución es persistente si durante tres
trimestres consecutivos el nivel de ingresos or-
dinarios o ventas de cada trimestre es inferior al
registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Dados los términos flexibles y amplios con los que
queda redactado el vigente art. 51.1 ET, utilizando en
la enumeración de las causas económicas la expre-
sión “en casos tales”, no parece ofrecer duda de que la
intención del legislador es mantener un numerus aper-
tus, dando cabida a otros supuestos no expresamente
mencionados de situación económica negativa, como,
por ejemplo: la pérdida de cuotas de mercado (STSJ
La Rioja, 12/09/2006); el descenso de ventas progre-
sivo (STSJ Castilla-La Mancha, 8/3/2007); la sensible
y continuada disminución de pedidos (STSJ C. Valen-
ciana, 9/5/2006); la pérdida del único cliente (STSJ
Cantabria, 24/08/2006); los resultados negativos de
explotación (STSJ Navarra, 31/01/2000); la disminu-
ción continuada de beneficios (STSJ C. Valenciana,
22/12/2005); el encarecimiento del crédito; el incre-
mento de costes; dificultades de comercialización, etc.
Por su parte, la definición que el mencionado
artículo recoge de las causas técnicas, organizativas
y productivas prácticamente se limita a reproducir los
criterios sentados por la jurisprudencia sobre el parti-
cular (véase STS de 14 de junio de 1996). En concre-
to, se entiende que concurren:
III. CAUSAS TÉCNICAS
Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el
ámbito de los medios o instrumentos de producción.
Habiendo aceptado los tribunales por tales: la
instalación de taquillas automáticas (STSJ Nava-
rra, 31/03/2000); la automatización de medios en un
aparcamiento público que implica la desaparición de
la figura del taquillero (STSJ Madrid, 28/11/2008); la
implantación de un sistema de gestión informatizado
que sustituye otro anterior obsoleto (STSJ Baleares,
29/09/2007), etc.
IV. CAUSAS ORGANIZATIVAS
Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del per-
sonal o en el modo de organizar la producción.
Se han incluido entre estas causas la transforma-
ción del organigrama de la empresa (STSJ Asturias,
3/3/2006); la externalización del servicio informáti-
co (STSJ País Vasco, 15/05/2007); los procesos de
fusión y absorción de sociedades (STSJ Cataluña,
1/06/2006); la reducción de alumnos matriculados
(STSJ Castilla León/Valladolid, 9/4/2002); o la ex-
ternalización del servicio de prevención de riesgos
laborales que justifica la amortización del puesto
de trabajo de médico de empresa (STS, 4/10/2000).
V. CAUSAS PRODUCTIVAS
Cuando se produzcan cambios, entre otros, en la
demanda de los productos o servicios que la empresa
pretende colocar en el mercado.
Se han considerado causas productivas la des-
centralización productiva a través de contratas y
subcontratas si con ello se consigue asegurar la com-
petitividad empresarial erigiéndose en “una medida
racional en términos de eficacia productiva” (STS,
30 /09/1998 y 31/05/2006); y la reducción, terminación
y pérdida de contratas (SSTS, 7/6/2007, 31/01/2008,
12/12/2008, 16/09/2009 y 16/05/2011).
VI. CONCLUSIÓN
En conclusión, la novedad más importante de la
reforma laboral de 2012 fue eliminar del art. 51.1 ET, y,
por tanto, del art. 52.c), las exigencias entonces con-
tenidas en aquel precepto de que, respecto a las cau-
sas económicas, la empresa debía justificar que de
los resultados empresariales alegados se deducía la
razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o
favorecer la posición competitiva en el mercado; y de
que, respecto a las demás causas técnicas, organiza-
tivas o de producción, la empresa tenía que justificar
que de las mismas se deducía la razonabilidad de la
decisión extintiva para prevenir una evolución negati-
va de la empresa o para mejorar la situación de la mis-
ma a través de una más adecuada organización de
los recursos, que favoreciera su posición competitiva
en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias
de la demanda.
Por ello, tras la reforma laboral de 2012, queda
claro que el control judicial de los despidos objetivos
se ciñe exclusivamente a una valoración de concu-
rrencia de unos hechos: las causas. Se trata con ello

LEGISLACIÓN ESTATAL
REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL
RDL 4/2014. La presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinan-
ciación, por constituir una de las áreas más relevantes estratégicamente en la medida en que, fruto del consenso
entre deudor y acreedores, pretenden la maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad
y la reducción o aplazamiento de los pasivos. Igualmente, entre otras medidas, supondrá la suspensión del resto
de ejecuciones judiciales mientras dure la fase preconcursal, tal y como si se encontrase en fase concursal, y
se limitan los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten
necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial.
BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2014
FOMENTO DEL EMPLEO Y CONTRATACIÓN INDEFINIDA
RDL 3/2014. Con el objetivo de fomentar la contratación indefinida, se aprueba una importante reducción de las
cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social para todas aquellas empresas que
formalicen este tipo de contratos. Se podrán beneficiar de esta medida todas las empresas, con independencia
de su tamaño, tanto si la contratación es a tiempo completo como si es a tiempo parcial, respecto de los contratos
celebrados entre el 25 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, siempre que suponga la creación de em-
pleo neto. La cuota empresarial a ingresar por contingencias comunes será de 100 € mensuales, en los supuestos
de contratos celebrados a tiempo completo, siendo de 75 o 50 € mensuales en los contratos a tiempo parcial, en
función de la jornada de trabajo que se realice y siempre y cuando, la empresa cumpla con una serie de requisitos.
CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 3/2014. Debido a la reciente directiva por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva
1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Direc-
tiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se procede a modificar la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios. La citada directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la protección
de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los estableci-
mientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa
europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos
de la venta y las garantías de los bienes de consumo. La directiva supone un nuevo impulso a la protección de
los consumidores y usuarios europeos y a la consolidación de un mercado interior, dirigido a reforzar la seguridad
jurídica, tanto de los consumidores y usuarios como de los empresarios, eliminando disparidades existentes en la
legislación europea de los contratos de consumo que crean obstáculos significativos en el mercado interior. Medi-
das que se trasponen mediante la presente Ley.
de que el juez no emita juicios de oportunidad o conve-
niencia relativos a la gestión de la empresa.
En línea con lo anterior, la Sala de lo Social del TS,
en Sentencia de 20 de septiembre de 2013 (si bien con
dos votos particulares), indica que “no corresponde en
el derecho vigente a los órganos jurisdiccionales, al va-
lorar las causas de los despidos económicos, efectuar
un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico-jurí-
dico de la expresión, el cual presupone una valoración
del carácter indispensable de la decisión adoptada, sino
un juicio de adecuación más limitado, que compruebe la
existencia de la causa o causas alegadas, su pertenen-
cia al tipo legal descrito en el artículo 51 ET, y la idonei-
dad de las mismas en términos de gestión empresarial
en orden a justificar los ceses acordados”.
Macarena Villamandos Gómez,
Iberforo Madrid Abogados
Novedades legislativas
Artículo

Jurisprudencia
TRIBUNAL SUPREMO
ARRENDAMIENTOS URBANOS PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2013. El conflicto en el presente recurso reside en una
cláusula del contrato de arrendamiento de veinte años de duración y que, en caso de incumplirse antes de los
primeros cinco años, obligará al arrendatario a abonar las rentas restantes hasta esos cinco años. El Alto Tribunal
interpreta que en el contrato de arrendamiento se le concede al arrendatario la facultad de declarar extinguido el
contrato dentro del plazo pactado, plazo “potestativo para la arrendataria, quien podrá dar por resuelto este con-
trato a todos los efectos en cualquier momento de su vigencia...” y si esta, en uso de tal facultad, la ejerce en los
primeros cinco años, “vendrá obligada a abonar...”. No es, por tanto, cláusula penal para el caso de incumplimiento
de una obligación, sino cláusula en caso de cumplir lo que se ha previsto expresamente en el contrato. Esta cláusu-
la no ejerce, como sí ocurre en la penal, la función coercitiva de la obligación principal ni la función liquidadora
(o sustitutiva) de los perjuicios “en caso de falta de cumplimiento”, dice el art. 1.152 del Código Civil. Con lo cual, no
tiene sentido la posible moderación por incumplimiento parcial, porque no hay tal: la obligación de la arrendataria
no ha sido “en parte o irregularmente cumplida”, sino que ha sido observada conforme a lo pactado, pacta sunt
servanda, es decir, de acuerdo con la lex contractus.
TRIBUNAL SUPREMO
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2014.
La recurrente presentó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños que, a su
juicio, le ha ocasionado la modificación de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, llevada a
cabo por la Ley 42/2010. Por lo que ahora importa, mientras que aquella permitía que en determinados estable-
cimientos abiertos al público –entre los que se incluían las salas de bingo, como la explotada por la recurrente–
se habilitasen zonas específicas y delimitadas para fumadores, la reforma legal de 31 de diciembre de 2010
suprime dicha posibilidad y establece una prohibición absoluta de fumar en los citados establecimientos. Acogién-
dose a la posibilidad permitida por la Ley 28/2005, la recurrente hizo las reformas necesarias en su establecimiento
para habilitar una zona de fumadores, lo que le supuso un gasto que ahora reclama. La Sala entiende que no hay
base para considerar vulnerado el principio de confianza legítima, por lo que tiene el deber jurídico de soportar la
pérdida económica que dice haber padecido como consecuencia de aquella.
AUDIENCIA PROVINCIAL
CUOTAS DE LEASING EN CONCURSO DE ACREEDORES
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de noviembre de 2013. La empresa de leasing plan-
tea que las cuotas pendientes posteriores a la declaración de concurso son crédito contra la masa. La Audiencia,
valora las recientes reformas en el texto concursal y concluye que en las condiciones generales se establece que
los bienes objeto del contrato han sido objeto de adquisición por el arrendador financiero con la exclusiva finalidad
de ceder su uso al cliente (el arrendatario financiero) y siguiendo las especificaciones y la elección de este. Por ello
no asume responsabilidad alguna respecto a su idoneidad, funcionamiento o rendimiento, subrogando al cliente en
todos los derechos frente al proveedor. Por consiguiente, se ha incluido en el contrato la condición típica de estos
contratos exoneradora de la responsabilidad del financiador, que únicamente se ha obligado a adquirir la cosa para
el uso del arrendatario, obligación que cumplió en el momento de la firma. No subsiste ninguna otra obligación
por parte del arrendador que nos pueda hacer pensar que exista reciprocidad respecto a la parte de las cuotas
impagadas. Y no creemos que entre las obligaciones que la recurrida considera pendientes de cumplimiento por
su parte (la de permitir al arrendatario el use y el disfrute de la cosa de manera pacífica, transferir en su día la pro-
piedad sobre la cosa al arrendatario y recepcionar el bien en caso de que decida no ejercitar la opción de compra)
y las cuotas pendientes de pago exista la necesaria reciprocidad que justifique aplicar el art. 61.2 LC, por lo que
considera que dichas cuotas son crédito privilegiado y no contra la masa.

Noticias breves
EL PARLAMENTO EUROPEO DA SU VISTO BUENO
A LA FUTURA DIRECTIVA DE ACCESIBILIDAD
Según el texto aprobado, la futura directiva de accesibilidad afectará a todos los sitios
web gestionados o financiados por entidades públicas y también a los sitios web ope-
rados por el sector privado pero que desempeñen servicios públicos.
La versión aprobada por el Parlamento tiene una aproximación más ambiciosa que la propuesta inicial
de la Comisión, puesto que exige a los Estados miembros que todas sus webs públicas sean accesibles en
vez del listado de doce categorías que se propuso inicialmente. Además, el Parlamento también quiere que
estas normas de accesibilidad apliquen a los sitios gestionados por entidades privadas pero que desem-
peñan tareas públicas, como la provisión de gas, electricidad, agua, transporte, salud, educación, etc.
Se contempla una excepción para las micropymes (de menos de doce empleados).
EL COLEGIO
DE REGISTRADORES
PRESENTA EL
NUEVO REGISTRO
PÚBLICO
CONCURSAL
En este registro se podrá acceder
de una manera centralizada a toda
la información pública sobre los trá-
mites procesales, extrajudiciales
y registrales relativos a una em-
presa o entidad que se encuentre
en concurso de acreedores, reco-
pilando la información remitida por
secretarios judiciales, procurado-
res, registros mercantiles, notarios
y otros registros.
De esta manera, cualquier ciuda-
dano o empresa podrá conocer
si una empresa o entidad de su in-
terés se encuentra incursa en un
procedimiento concursal y, en su
caso, qué estado de dicha situa-
ción concursal.
El Registro Público Concursal se
reguló en por el RD 892/2013,
de 15 de noviembre, por el que se
regula el Registro Público Con-
cursal, que lo configuró como una
herramienta a disposición de los di-
versos acreedores del concursado
y también de la Administración de
Justicia, para facilitar la comuni-
cación de las resoluciones de los
juzgados de lo mercantil y el co-
nocimiento de otras situaciones
concursales, así como de los ex-
pedientes de negociación de los
acuerdos extrajudiciales de pago.
LA UE APRUEBA NUEVAS REGLAS
PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE LAS PRÁCTICAS LABORALES
Los ministros de Empleo de los 28 han aprobado una serie
de reglas cuyo objetivo es mejorar la calidad de las prácti-
cas que se ofrecen a los jóvenes europeos, garantizar que
tengan un contenido formativo, y evitar que los empresarios
los utilicen como mano de obra gratis o barata. Las prácticas
no deberán superar los seis meses y sus condiciones deberán
recogerse en un acuerdo escrito.
En la actualidad, una de cada tres prácticas no cubre las condi-
ciones mínimas necesarias, por lo que se refiere a condiciones
laborales o contenido de aprendizaje, según una reciente en-
cuesta del Eurobarómetro. En todo caso, las reglas carecen de
carácter vinculante y se limitan a recomendaciones dirigidas a
los Estados miembros.
NUEVA MODIFICACIÓN
DE LA LEY DE TRÁFICO
Se amplía de quince a veinte días el plazo para pagar las
multas de forma voluntaria con un 50 % de descuento. El BOE
ha publicado la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modi-
fica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
RDL 339/1990, de 2 de marzo.
La nueva ley afecta tanto a conductores como a niños, ciclis-
tas, extranjeros que residan en España y agentes de tráfico.
Se establece una multa de 1.000 € por conducir bajo los efec-
tos de las drogas, a partir de ciertos grados de embriaguez, o
sin casco obligatorio en la ciudad para menores de 16 años.
Se prohíben expresamente los detectores de radares en el
coche, lo que puede acarrear una multa de 200 € y la pérdida
de tres puntos en el carné (sí que se permite conducir con na-
vegadores que detecten los radares).
Los límites de velocidad todavía se posponen y entrarán en
vigor con el nuevo Reglamento de Circulación.

Despacho miembro de:
Sedes en España:
A CORUÑA • ALICANTE • ALMERÍA • ARANDA DE DUERO • BARCELONA • BILBAO • BURGOS
CÁCERES • CASTELLÓN • CÓRDOBA • ELCHE • GIJÓN • GRANADA • GUADALAJARA • JAÉN
LOGROÑO • MADRID • MARBELLA • MURCIA • OVIEDO • PALENCIA • PALMA DE MALLORCA
SALAMANCA • SAN SEBASTIÁN • SANTA CRUZ DE TENERIFE • SANTANDER • SEVILLA
TARRAGONA • TOLEDO • VALENCIA • VALLADOLID • ZARAGOZA

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