El documento habla sobre las lecciones que las empresas pueden aprender de la comunicación política. Explica que las empresas deben gestionar su reputación, influir en los centros de poder e influencia, y movilizar a los consumidores de la misma manera que los políticos gestionan su imagen pública, acceden a los medios de comunicación, e incentivan la acción de los votantes. El objetivo final de la acción pública para las empresas es situarse como actores institucionales legítimos y dominar sus relaciones con los grupos de interés.