Diferenciación conceptual y metodológica —conforme a criterios de la Teoría General del Derecho—, entre «principios generales o rectores», «derechos y garantías constitucionales», «principios de política estatal», lo que denominamos también «deberes político—institucionales del Estado» y el «régimen constitucional de las funciones institucionales de los órganos del Poder Público»; todo ello, como es lógico, relativo al ámbito de la cultura en las normas de la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

1. Tema IV. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DEL DERECHO AMBIENTAL
INTERNO.
1. El esquema metodológico para el estudio, comprensión y sistematización de
la normativa ambiental. Las diferencias entre valores, principios rectores,
derechos, deberes y garantías, obligaciones estatales: función pública
ambiental, modos de gestión de la función pública ambiental:
Abordaremos la mencionada temática a partir de una diferenciación
conceptual y metodológica —conforme a criterios de la Teoría General del
Derecho—, entre «principios generales o rectores», «derechos y garantías
constitucionales», «principios de política estatal», lo que denominamos
también «deberes político—institucionales del Estado» y el «régimen
constitucional de las funciones institucionales de los órganos del Poder
Público»; todo ello, como es lógico, relativo al ámbito de la cultura en las
normas de la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con fundamento en la anterior consideración, dividimos este estudio en dos
parte fundamentales, a saber:
En la primera parte vamos a precisar esos conceptos antes aludidos de la
Teoría General del Derecho cuya comprensión es esencial para el análisis
sistémico y crítico de las bases constitucionales; y en la segunda,
abordaremos de manera esquemática y analítica las normas constitucionales
relativas al universo de la cultura, a partir de la anterior precisión y
diferenciación conceptual.
Primera parte
Precisiones conceptuales previas
La Constitución, como cualquier instrumento normativo, habla un lenguaje
genérico, abstracto e impersonal empleando para ello categorías conceptuales
de la Teoría General del Derecho.
Por tanto, es por demás conveniente desde un punto de vista metodológico y
con el propósito de comprender la naturaleza, el valor y la eficacia de los
dispositivos constitucionales que regulan esa compleja región humana de la
cultura, establecer las diferentes técnicas jurídicas utilizadas por el
Constituyente en la formulación o diseño de esos dispositivos. Y esto porque,
—cuestión que veremos en el desarrollo del estudio—, no es lo mismo un
precepto constitucional técnicamente construido como un derecho público
subjetivo o una garantía, es decir, una auténtica norma de conducta, una regla
de inmediata y directa aplicación (precepto), que aquel otro dispositivo que
contenga un principio de política estatal cuyo nivel de exigibilidad práctica,
funcional, dependa, esté condicionado a la sanción de una ley reglamentaria, y
a lo que es más decisivo, a la organización de los medios institucionales,
materiales, financieros y humanos, vale decir, los recursos requeridos para la
implementación de ese principio (cometido, deber político institucional) en
planes, programas y actividades prestacionales concretas.
Asimismo, no pocos artículos o dispositivos constitucionales contienen meros
deseos políticos, simples «enunciados» de fines y valores, expresiones de un
desiderátum ético cuya exigibilidad es nula en estricto derecho. En pocas
palabras, no todo el contenido constitucional está conformado por verdaderas
normas jurídicas; o si se quiere, es necesario distinguir entre la

2. «normatividad» constitucional y esos otros varios enunciados vagos, laxos,
etéreos, cercanos al discurso político y ético, o al lenguaje poético, que de
manera alguna podrían ser considerados al momento de elaborar los
instrumentos legales que reglamenten, complementen y desarrollen la
normativa constitucional.
Ejemplo de este tipo de contenido es el encabezamiento del artículo 127 de la
CRBV (Capítulo IX «De los Derechos Ambientales», del Título III «De los
Deberes, Derechos Humanos y Garantías), que reza:
«Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el
ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro» ().
Hermoso, sublime deseo ético, filosófico, ideal que debería motivar la acción
de todas las personas físicas, hombres y mujeres del Estado y sus
instituciones, de las corporaciones privadas, no sólo en Venezuela sino en
cualquier región del planeta: la protección y el mantenimiento del ambiente.
Pero cabría preguntarse si ese enunciado podría traducirse en exigencia
jurídica real, operativa. La respuesta no requiere mayor análisis. La categoría
o concepto de «generación» es inviable jurídicamente para imputarle la
titularidad de un derecho —deber como lo pretende el Constituyente en el
mencionado artículo, ¿ Qué es una generación; ¿ Los hombres y mujeres
vivos en un tiempo y espacio determinados; ¿ Las personas cuyas diferencias
de edad no superan los veinticinco años; ¿Cuál es el significado jurídico de
ese concepto. Ninguno, pura y simplemente. No es una categoría jurídica
como si lo es la de persona, habitante de la República, individuo, venezolano,
extranjero, propietario, ciudadano, trabajador, consumidor, empresario,
funcionario público, etc.
Entendemos la intención del Constituyente, su deseo, su angustia ética,
expresiva de una cosmovisión que postula un nuevo enfoque de las relaciones
entre el individuo, la sociedad y el ambiente, un proyecto de solidaridad entre
el hombre y el entorno, en particular la otredad, esa parte de la vida diferente
de lo humano que merece respeto, que reclama protección (la naturaleza
primaria).
Compartimos esa percepción, ese valor, esa dimensión ética, pero no por ello
podemos dejar de señalar su inocuidad jurídica.
Pues bien, este es el objeto de esos primeros comentarios en el orden
conceptual: precisar las diferentes técnicas jurídicas utilizadas por el
constituyente al normar el tema de la cultura.
Principios rectores
Aproximación conceptual a los principios jurídicos.
Los principios son, ante todo, fuente, origen y fundamento de aquello a que se
refieren. Por los principios comienzan las ciencias y por tanto ellos explican
todos y cada uno de los conocimientos de cada ciencia particular, pero se
encuentran fuera de ésta y no pueden ser explicados por ella. Para cada
ciencia, pues, los principios son supuestos axiológicos prestados o tomados
de otras disciplinas. Poseen, por consiguiente, la mayor implicación o el
contenido más amplio, pero a su turno resultan de difícil explicación porque no
están contenidos en conceptos aún más amplios de la ciencia respectiva,
debiendo entonces ser conocidos por fuera de esta.
Para una ciencia como la del Derecho, dicha búsqueda ha de dirigirse a la
lógica (sentido común), la filosofía, la política, la economía, la sociología, la

3. ética, etc., que den a los principios jurídicos sus fundamentos, cuando no
directamente su formulación.
Los principios son el «mayor punto de partida» pero de ninguna manera
representan un punto de llegada o estado terminal del conocimiento. Para
derivar conocimientos los principios deben ser desarrollados y concentrados,
de tal modo que el conocimiento que se quede en ellos no pasa de la
generalidad.
En el campo jurídico, esto significa que los principios han de ser puestos en
relación de sentido y armonía con las normas a que se refieren y a las que
inspiran. El principio que no se aplica no sólo no sirve para nada, sino que en
verdad no es principio de nada.
En cuanto ciencia, el Derecho pretende conocer del mejor modo posible, no
con el ánimo y la intención meramente especulativas o filosóficas, sino
primordialmente con el fin práctico de hacer más expedita toda la tarea de la
interpretación y aplicación de derecho positivo. Por esa razón, las categorías y
conceptos que se derivan de los principios jurídicos han de ser «practicables»,
esto es, han de ser llevados a la «práctica institucional» en los órdenes de lo
político, lo social, lo administrativo y lo procesal o judicial, según los casos.
El derecho, aunque es una expresión de la creatividad humana y por ello un
objeto cultural, una forma de vida humana objetivada del ámbito normativo, no
existe como fenómeno, dato, hecho social articulado a la ordenación de la vida
del hombre en sociedad para ser admirado, contemplado, vale decir, producir
emoción «estética», pues tiene una vocación (y una función) utilitaria: su
aplicación a la vida concreta del grupo, comunidad, sociedad; a las relaciones
de intercambio humano de disímil contenido (civil, político, económico,
cultural) que conforman el tejido social, los vínculos necesarios, inevitables
entre las personas, hombres y mujeres, y las organizaciones por ellos creadas
para la realización de sus variadísimos fines e intereses, y la satisfacción de
sus complejas y crecientes necesidades. Solo Robinson en su isla pudo
sustraerse al imperio del Derecho o el ermitaño, el anacoreta que hastiado de
la locura humana decide refugiarse en la soledad de su alma en algún paraje
remoto y aislado del mundo.
El Derecho es un objeto cultural pero no de carácter artístico: forma parte de la
cultura entendida en su acepción antropológica integral como toda obra,
sistema de pensamiento, conducta humana, utensilio, etc., que adquiere la
dimensión objetivada de la vida humana, es decir, que se autonomiza, se
independiza de su autor o autores.
Esa vocación de vigencia real de la instancia jurídica implica que un principio
de conocimiento deviene «normativo» cuando ha sido positivizado, esto es,
cuando el mismo es derecho positivo porque la Constitución o la Ley lo ha
consagrado implícita o explícitamente.
Con base a ello puede decirse que los principios jurídicos son formulaciones
conceptuales generalísimas y abstractas, no reductibles a otros conceptos del
derecho, de las que deriva o en las que se funda todo conocimiento y toda
norma del ordenamiento jurídico positivo en su integralidad, —los principios
generales del Derecho—, o de algunas de sus ramas, los principios rectores
del Derecho Tributario, Administrativo, Laboral, Penal, Procesal Civil, etc.. Y
de los que, en consecuencia, no puede separarse ninguna práctica

4. institucional (política, administrativa, social, judicial) del derecho positivo
correspondiente.
A estos principios se les conoce como «normas rectoras del derecho», en el
caso que nos ocupa del derecho constitucional (y por ende, administrativo)
relativo a la cultura.
La fundamentación formal de estos principios normativos o normas rectoras lo
es la Constitución misma como ley suprema de la República y su fuente
material la concepción política y filosófica, la ideología que sobre la cultura ha
incorporado el Poder Constituyente en el proceso institucional de definición de
dichas normas.
Los principios jurídicos son pensamientos directores de una regulación jurídica
existente o posible. No se trata de fórmulas vacías, sino de pensamientos
rectores formulados en términos finalísticos, axiológicos y no instrumentales (o
técnicamente neutros) acerca de la cultura.
En pocas palabras, los principios normativos y las normas rectoras del
Derecho sobre la cultura muestran el fundamental, originario e indivisible
punto de contacto permanente entre el derecho positivo y la filosofía cultural, y
evidencian que el primero no es otra cosa que una forma de realizar la
segunda en la vida institucional del Estado de Derecho.
Karl Lorenz ( Derecho Justo. Fundamentos de ética jurídica, Madrid, Editorial
Civitas 1988, pág. 32) ha destacado en los principios jurídicos una «función
positiva», más o menos indeterminada, según la cual esos principios sirven
para señalar el contenido de las «demás regulaciones jurídicas» y por tanto
para influir en las futuras decisiones jurídicas ( la elaboración del proyecto de
ley orgánica de la Cultura, la del proyecto de reforma de la Ley del CONAC, el
proyecto de Ley de Mecenazgo, y demás leyes del universo cultural). Y una
«función negativa», más clara y precisa, que consiste en «la exclusión de los
valores contrapuestos y de las normas que descansan sobre esos valores».
Esto significa que ninguna norma subordinada ( a la Constitución Cultural)
puede pretender validez por fuera del inexorable marco de referencia que para
ellas constituyen los principios rectores.
Las normas rectoras
Las normas rectoras, —como hemos visto—, son principios rectores
reconocidos expresamente por la ley en su sentido lato ( norma constitucional
o legal) y convertidos por ésta en derecho positivo (normas jurídicas). Cuando
la Constitución o la ley instituye, expressisverbis, determinados principios
como normas rectoras de sus preceptos y disposiciones, está recogiendo el
resultado del esfuerzo dogmático de abstracción y generalización,
convirtiéndolo mediante la técnica jurídica en fórmulas más o menos amplias,
en ley (derecho positivo).
Por ello el carácter obligatorio o vinculante de los «principios normativos», a
diferencia de los doctrinales (autores, jurisprudencia), no depende de la
adhesión del juez o de cualquier otro órgano del Poder Público competente
para su interpretación y aplicación a determinadas orientaciones
lógicosistematicas, sino que deriva de la juridicidad misma, expresa, no
implícita, de la norma que los consagra o positiviza como parte fundamental
del orden jurídico — cultural (El derecho de la cultura, que no debe
confundirse con el «derecho a la cultura»).

5. En ese sentido, no es lo mismo creer como intelectual (convicción) en un
principio, un valor, que tener que aplicarlo como gobernante, gerente público,
legislador, juez, o acatarlo como persona natural o jurídica (empresa,
corporación). Esta es la diferencia básica entre la doctrina, la ética, y el
Derecho. La ley tiene la virtud de imponerse a las convicciones y a las
preferencias ideológicas de sus destinatarios. Mientras los principios éticos no
pueden imponerse desde una voluntad externa pues no son susceptibles de
coercibilidad, menos de coacción, responden a la libre autodeterminación de la
conciencia del individuo, a una elección personal, ya que de lo contrario no
serían principios y valores éticos; los principios jurídicos expresados
técnicamente como «normas rectoras» tienen que ser obedecidos, respetados
y cumplidos «non volens» (quieras o no).
Si se trata o no de un acto de «demagogia constitucional», y hasta que punto
exista la firme voluntad político — institucional del Estado por instrumento de
los órganos legislativos, ejecutivos (gubernamentales) y judiciales de
desarrollar, acatar, respetar, cumplir y hacer cumplir tales normas, es un
asunto que sólo el tiempo, la historia dilucidará.
Naturaleza jurídica de las «normas rectoras»
En este punto del presente estudio es conveniente aclarar que las normas
rectoras por su extrema generalidad, y en especial porque su objeto es el
ámbito o sentido de otras normas, no son normas de conducta directamente
aplicables: en cuanto principios, ellas tienen que ser concretadas, vale decir,
puestas en una concreta relación de sentido y armonía con normas o
regulaciones determinadas.
Las normas rectoras, por otra parte, no existen aisladas, pues su posición es
la cúspide del sistema del derecho de que se trate, en nuestro caso, el
Derecho de la Cultura, lo cual supone el máximo de tensión jerárquica. Esas
normas se relacionan íntima y esencialmente las unas con las otras, hasta tal
punto que no es posible la tajante separación de los principios uno a uno,
dado que su inteligencia (interpretación) depende de su caracterización y
también de su correlación con las restantes normas de la Constitución y de la
leyes, en ese complejo y dinámico universo de la cultura.
Las normas rectoras son, por tanto, principios fundamentales que servirán de
orientación al legislador en la redacción de las normas del nuevo Derecho de
la Cultura y luego de guía y norte para el intérprete, el juez, el jurista, el
estudioso de esta dimensión de lo jurídico, y porque no, fuente obligada de
inspiración para todos los hombres y mujeres que tengan responsabilidades
públicas (directivos, gerentes, asesores, funcionarios en general) en el
proceso de la administración pública cultural.
Los principios rectores con carácter normativo obligan a pensar, valorar y
aplicar de un modo coherente y no contradictorio, tanto las normas como los
fenómenos del Derecho de la Cultura en acción (La gestión pública de la
cultura).
En cuanto formas jurídicas con un determinado contenido de justicia, ellos
representan una seria y casi insalvable cartapisa a la arbitrariedad, el
casuismo contradictorio, la desigualdad y el subjetivismo. Si la interpretación
de las restantes normas («derechos subjetivos culturales», «normas de
política cultural», etc.) no se armoniza constante y profundamente con el
sentido de los principios correspondientes, se caerá de modo inevitable en

6. contradicciones lógico jurídicas incompatibles con la racionalidad del sistema
que posibilita la libertad de creación cultural y el acceso democrático e
igualitario a los bienes, valores y servicios del sistema cultural; en suma, será
inalcanzable la realización de la justicia en este sensible campo de la vida
individual y societaria.
En efecto, si el principio (norma rectora) encarna la valoración justa, no puede
al mismo tiempo aceptarse una valoración contradictoria proveniente de una
norma de menos generalidad. Y es que si los principios [las normas generales]
pudieren ser exceptuados o quebrantados por una norma cualquiera, no
habría manera de entender qué es lo que es «principio» en ellos o cuál es su
alcance «general».
De allí que resulte inadmisible considerar que los principios sólo tengan
vigencia «en principio», pues ya con esto se reconoce que no son justos
siempre, ni siempre son «principios» y se abre la puerta a una manipulación
acomodaticia de las decisiones políticas, administrativas y judiciales.
Cualquiera que sea el caso, las personas, las circunstancias, los principios son
lo primero y, por serlo, no toleran renuncias, capitulaciones ni
condicionamientos que (de hacerlo, el principio sería este y no aquel).
En fin, estos máximos criterios normativos no serían «principios» si no
fundaran el sentido y la legitimidad de otras normas sobre la cultura, ni serían
«rectores» si no prevalecieran sobre las leyes en la materia.
La «supremacía» de la Constitución [de todas las normas que la integran]
sobre el ordenamiento jurídico legal y sublegal, aun cuando se trate de un
principio implícito en varios de los dispositivos constitucionales de la vigente
Constitución (1999), no obstante ella es enfática al formalizarlo expresamente.
«La Constitución es la norma suprema y el fundamento del
ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el
Poder Público están sujetos a la Constitución» (art. 7).
2. LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES.
a) Aproximación conceptual a los derechos y garantías.
a.1 Concepto de derecho subjetivo.
Derecho en su sentido o significado «subjetivo» es una modalidad del género
«poder jurídico». Esto es, la facultad o haz de facultades que el ordenamiento
jurídico reconoce u otorga, tutela y garantiza al individuo (hombre y mujer)
como sujeto de derecho, bien por su sola condición de persona humana [ser
humano] con prescindencia de cualquier criterio adicional, bien por su
articulación a una categoría subjetiva más restringida por la aplicación de
requisitos legales complementarios derivados de factores de conexión
diversos (la nacionalidad, la posición en determinados procesos políticos,
sociales, económicos: ciudadano o elector, funcionario público, vecino,
trabajador, campesino, productor, comerciante, consumidor, etc.); o en
definitiva, por situaciones «específicas» creadas a partir de actos voluntarios
(caso de los derechos contractuales), o de hechos independientes de la
voluntad y a los que la ley atribuye la cualidad de causas generadoras de
derecho (la muerte y los derechos sucesorales).
Al decir «facultad» o «haz de facultades», objeto esencial de todo derecho
subjetivo, estamos aludiendo a esa suerte de poder o capacidad para exigir
algo de otro u otros sujetos de derecho: la realización de la conducta (un

7. hacer); o por el contrario, el abstenerse de una conducta (un no hacer), de la
que depende la satisfacción del interés subjetivo jurídicamente protegido del
titular de ese poder.
No hay posibilidad de derecho subjetivo sin su correlato, el deber u obligación,
la dialéctica del poder jurídico. Es un imposible, un absurdo, la existencia de
una titularidad jurídica activa, de un poder cuyo titular no tenga posibilidad
alguna de incidir en la esfera jurídica de otro sujeto para exigirle y obligarle,
con el auxilio de la tutela judicial [la coacción jurídica] si ello fuese el caso, el
cumplimiento de la conducta positiva o negativa articulada a la conservación,
desarrollo o mejora del círculo de los «intereses vitales», humanos,
espirituales o materiales, en que consiste todo derecho.
Esa es la «específica» realidad de lo jurídico, su naturaleza particular. El
Derecho, en tanto vida humana objetivada en normas y conductas sociales
concretas, es siempre en potencia o en acto una relación jurídica, es decir,
una relación social, un vinculo entre dos o más seres humanos mediados por
la ley, —dada la trascendencia para el orden social que tienen los valores,
principios e intereses humanos—, involucrados en dicha relación.
Escapan al derecho entonces aquellas relaciones sociales inocuas, fútiles o
intrascendentes para el orden en la convivencia como lo son las reglas del
trato social (la cortesía, las buenas maneras, la urbanidad, el decoro, la
etiqueta, los usos del vestir y del habla, etc.), como también los ámbitos
normativos del orden estrictamente espiritual del individuo en su intimidad
moral o religiosa (la moral, la ética, la religión).
a.2. Concepto de garantía jurídica
Garantía, por su parte, es un género complementario al poder jurídico en que
consiste el derecho subjetivo en tanto entidad sustancial o sustantiva, cuya
razón de ser y función en sus diversas especies o modalidades es la de
«asegurar» la eficacia de dicho poder; que el haz de facultades de actuación
de la titularidad activa no quede en mera potencia o posibilidad, que el interés
o los intereses subjetivos que requieran del ejercicio de esas facultades,
objeto y finalidad del derecho, pasen del estadio o fase de la expectativa o
esperanza jurídica al de la realización efectiva.
Las garantías, por tanto, son derechos—instrumentales, si cabe el término,
medios al servicio de los derechos subjetivos sustantivos.
Pero, entendámonos, no deben las garantías confundirse con las acciones y
recursos o los derechos procesales que el sujeto titular de un derecho puede
accionar por ante un órgano jurisdiccional, para solicitar tutela preventiva,
restablecedora o reparadora a su situación jurídica (amenaza de lesión o
lesionada). Las garantías, en nuestro discutible criterio como cualquier
interpretación de la instituciones jurídicas, sólo pueden «operar» al servicio del
derecho sustantivo una vez que su titular ha interpuesto la acción, demanda,
recurso destinado a la obtención de la tutela judicial.
Así, la hipoteca, el embargo y el secuestro en el Derecho Privado son clásicas
figuras garantistas, medios o derechos instrumentales que no se «justifican»
en sí mismos, pues están asociados a la tutela de las titularidades activas
correspondientes.
En el campo del Derecho Constitucional no pocos autores afirman que la
«acción de amparo» es la máxima garantía de los derechos constitucionales
sustantivos. Sin embargo, esa acción no es más que eso, un derecho

8. procesal, un derecho adjetivo de similar «naturaleza» a la de cualquier otra
acción o recurso con vistas a solicitar la protección del juez constitucional en
una circunstancia de amenaza de lesión, o de lesión efectiva a un derecho de
rango constitucional.
Las garantías constitucionales son otra cosa. Tomemos el ejemplo del
derecho a la propiedad privada (art. 115 CRBV). La garantía constitucional
clásica de los titulares de ese derecho frente al Estado, no frente a los otros
sujetos de derecho privado o los particulares en general, lo es la figura o
institución de la expropiación por causa de utilidad pública o interés social (art.
115 CRBV).
¿ Por qué la expropiación es una garantía del derecho de propiedad.
Sencillamente porque ninguna autoridad del Estado puede «legítimamente»
desposeer coactivamente a un particular del bien [mueble o inmueble] que le
pertenece, si previamente no ha sido «decretada» su expropiación y pagado el
precio justo o justiprecio al titular del mismo, conforme al procedimiento
previsto en la ley de la materia. La prohibición constitucional de la confiscación
(art. 116 CRBV) y el instituto de la expropiación integran la garantía
constitucional al derecho de propiedad. De este modo, la expropiación tiene
una doble cara o dimensión, pues es al mismo tiempo una potestad o poder
jurídico del Estado para legitimar la «transferencia coactiva» de bienes
privados a la titularidad pública, a fin de ejecutar una obra o actividad de
utilidad pública, y una garantía asociada a la protección del derecho de
propiedad frente al Estado.
Si un organismo público ocupa un inmueble de propiedad privada con la
finalidad de ejecutar una obra de utilidad pública, pero lo hace prescindiendo
del procedimiento expropiatorio previsto en la Ley, el titular del inmueble
puede ejercer la acción de amparo constitucional y solicitar del juez
competente el restablecimiento de la situación jurídica lesionada (el derecho
de propiedad). Podríamos extendernos en otros muchos ejemplos, pero ese
no es el objeto de este estudio. Nos limitaremos a comentar otro derecho
constitucional básico y las garantías previstas en la Constitución para
«asegurar» su protección.
Pensemos en el derecho a la libertad individual en su dimensión física,
corporal si se quiere, el derecho a desplazarse sin restricciones, a disponer de
sí mismo, a ese ir y venir en la vida, en el mundo, vocación innata en lo
humano ( la libertad-autonomía, art. 44 CRBV, —tal vez nostalgia de un
ancestral pasado alado). Este derecho-libertad está constitucionalmente
garantizado por la prohibición dirigida a las autoridades del Estado, en
especial a las policiales, de detener preventivamente a cualquier ciudadano
sin la orden judicial expresa, salvo que el detenido haya sido sorprendido «in
fraganti» en la comisión de un delito, vale decir, de una conducta antijurídica
prevista en el ordenamiento jurídico-penal (art. 44 ordinal 1º CRBV).
En el caso de que la autoridad policial hubiere actuado omitiendo la referida
orden, el afectado puede solicitar el amparo a la libertad personal, el
mandamiento de habeas corpus por ante el juez competente.
b) Naturaleza, valor y características de los derechos y garantías
constitucionales
Poco habría que agregar a los comentarios precedentes; no obstante,
conviene precisar la naturaleza y las características de estos derechos,

9. llamados por algunos «derechos fundamentales», por otros «derechos
públicos subjetivos»; en fin, «derechos humanos».
De los vocablos utilizados para calificar a esta especie o modalidad de
derechos subjetivos preferimos el de «fundamentales», pues da cuenta,
apunta con precisión a la naturaleza, rango y valor de los mismos respecto a
otras modalidades de titularidades activas.
El que sean «constitucionales» alude a la norma que los reconoce y garantiza,
— la Constitución—, así como a la fuerza de su protección jurídica. Sin
embargo, estos derechos no son «fundamentales» porque estén
expresamente «consagrados» en la norma constitucional; es a la inversa, la
norma constitucional los formaliza en su texto porque son «fundamentales»,
básicos, primarios. Por otra parte, lo de «públicos subjetivos» guarda relación
con el efectivo ejercicio de los poderes jurídicos de cada uno de ellos para la
real concreción de los fines del Estado Democrático y Social de Derecho y de
Justicia (art. 2 CRBV). En efecto, los derechos fundamentales, aunque su
titularidad [como la de cualquier otro tipo de derechos] se subjetivice en la
persona humana [hombre y mujer] y aún en las jurídicas (personas morales o
colectivas) y otras formas de organización social y comunitaria, la actuación de
esos poderes en la vida social «trasciende» los estrictos «intereses
individuales» y se encardina al orden público y social, ya que la existencia
misma de una sociedad de hombres libres, democrática, solidaria, donde cada
persona pueda desarrollar los atributos de su personalidad (la creatividad) y
acceder en condiciones de igualdad de oportunidades a los bienes y servicios
que le aseguren una calidad de vida cónsona con la dignidad del ser humano,
esto es, una sociedad en la que «progresivamente» el hombre se convierta en
dueño de si mismo, deje de ser medio, instrumento de fines
«transpersonales», rompa el círculo de opresión, de la enajenación, de la
alienación, está indefectiblemente unida a la vigencia real y no meramente
formal de tales derechos.
No es suficiente con que formen parte del texto constitucional, tampoco con
que su formulación conceptual sea impecable desde el punto de vista de la
técnica jurídica, menos que el enunciado se haya expresado en
construcciones jurídicas capaces de despertar admiración y emoción, pasión,
sentimientos de justicia.
En nada importa que sean potencialmente exigibles, es imprescindible que se
conviertan en realidad política viva, en «derecho vivo», «orgánico», «real».
Esa es la función política, social e institucional de los derechos fundamentales.
El destino de la sociedad democrática, participativa, protagónica y de su
ordenación político — institucional en un Estado de Derecho, social y de
justicia, está ligado a la progresiva y sostenida creación y organización de las
condiciones y medios institucionales, materiales y culturales que posibiliten la
conversión de los derechos fundamentales en un modo o estilo de vida para la
mayoría del país, — que con el tiempo esos derechos dejen de ser percibidos
cual meras esperanzas o expectativas jurídicas, éticas y políticas, porque ya
se hubieren convertido en bienes de uso y disfrute común, en particular para
las legiones de excluidos, segregados de un sistema cuyas instituciones
jurídicas están al servicio de una minoría indiferente a esa situación de
exclusión o marginalidad que caracteriza a la desarticulada sociedad
venezolana.

10. Tal es el mayor desafío histórico de estos tiempos de comienzos de un nuevo
milenio en un país tradicionalmente marcado por la desesperanza y el
escepticismo jurídico e institucional (»se acata pero no se cumple»). Las
constituciones y las leyes en el excecrable museo del platonismo, en el mundo
de las ideas desencarnadas en el ámbito del «deber ser», mientras el «ser
social», la realidad humana signada por la violencia, la explotación, el
vejámen, la indignidad, la injusticia es la verdad aplastante, avasallante, cruda.
El viejo divorcio entre el país legal y el país real.
En definitiva, el calificativo de «humanos» es un pleonasmo innecesario, pues
no hay derecho que no lo sea, lo jurídico pertenece al mundo de la cultura, es
una creación humana al igual que la política, la sociedad, la economía, el arte,
la ciencia, la técnica. Quizás ese calificativo, hoy universalizado en los
diversos instrumentos declarativos y convencionales internacionales en la
materia; por tanto, patrimonio cultural de la humanidad, valor reconocido por la
mayoría de los Estados que integran la comunidad internacional, se explique
en el profundo significado político, ético, antropológico, filosófico de unos
derechos conceptuados como «inherentes» a la persona humana, a la sola
condición del individuo, —hombre o mujer —, fin en si mismo, ser digno de
respeto con absoluta prescindencia, — cuestión antes señalada —, del color
de la piel, del credo religioso, de las creencias morales y políticas, del sexo, de
la edad, de la condición social o la posición en la estructura clasista de la
sociedad y en el proceso productivo de la economía (art. 21 CRBV).
Derechos humanos, — como para diferenciarlos de los otros derechos
complementarios —, los que se originan en las circunstancias de la dinámica
social. La vigente Constitución, generosa por demás en la formalización de
estos derechos básicos, emplea el mencionado calificativo:
«El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.
Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder
Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre
derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes
que los desarrollen»(art. 19 CRBV).
La defensa y desarrollo de los derechos fundamentales, por decisión del
pueblo en su carácter de sujeto político — jurídico titular de la soberanía (art. 5
CRBV) expresada en el referendum aprobatorio del 15 de diciembre de 1.999,
es uno de los fines esenciales del Estado por instrumento de todos los
órganos del Poder Público (art. 3 CRBV). El Estado debe (deber jurídico,
político, institucional y ético) garantizar el cumplimiento de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitución (art. 3 CRBV). Además «la
vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad y
en general, la preeminencia de los derechos humanos , la ética y el
pluralismo», son los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación institucional (art. 2 CRBV).
Se configuran, de esta manera, los más sobresalientes principios que
caracterizan a los derechos fundamentales a saber: «supraconstitucionales»,
«supraestatales»,
«progresivos»,
«irreversibles»,
«irrenunciables»,
«imprescriptibles», «inviolables» y de «vigencia formal inmediata y directa».
c. Principios que caracterizan a los derechos fundamentales

11. c.1. Supraconstitucionalidad
La «legitimidad» de estos derechos hay que buscarla mas allá del poder
constituyente, del proceso constituyente y de la Constitución —texto o
constitución— formal, resultado institucional del momento histórico político
constituyente.
El concepto que hoy prevalece en relación al origen o fuente de legitimidad (de
donde emanan) de los referidos derechos, —cuestión ya vislumbrada en
páginas precedentes—, es el de unos poderes jurídicos que derivan de la sola
existencia del ser humano como persona, fin en si mismo (humanismo
antropocéntrico) o de esa entidad suprahumana omnipotente, origen del
universo, de lo conocido, lo desconocido y lo que no puede conocerse, Dios o
la sustancia de un ser que lo creó a su «imagen y semejanza», (el humanismo
teocéntrico).
En cualquiera de las vertientes del pensamiento humanista que fundamenta la
teoría de los derechos humanos, el hombre ocupa el centro del universo, ente
al que se le atribuye un valor «per se» expresado en la noción de dignidad. La
dignidad es el primero y básico atributo de la persona, valor superior al Estado
y sus instituciones.
En consecuencia, la Constitución no los crea, se limita a reconocerlos y
garantizarlos. Son derechos inalienables, anteriores a la sociedad y el Estado,
inmanentes a la naturaleza humana
«Una de las características resaltantes del mundo contemporáneo, —escribe
Pedro Nikken— es el reconocimiento de que todo ser humano, por el hecho de
serlo, es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede
arrebatarle lícitamente—. Estos derechos no dependen de su reconocimiento
por el Estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la nacionalidad
de las personas ni de la cultura a la cual pertenezca. Son derechos
universales que corresponden a todo habitante de la tierra. La expresión más
notoria de esta gran conquista es el artículo 1º de la Declaración Universal de
Derechos Humanos».
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros» (Pedro Nikken «El
concepto de Derechos humanos» en Instrumentos Internacionales y
Teoría Derechos Humanos. Ministerio de Justicia W6. Editor Eirl. Perú
1.995 p. 523).
El citado jurista venezolano al referirse a la «universalidad» de los derechos
humanos, complementa el concepto como sigue:
«Por ser inherentes a la condición humana todas las personas son
titulares de los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias
de regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para
ofenderlos o menospreciarlos» ( opus cit. pag. 527).
Ello quiere decir que los derechos fundamentales acompañan a la persona
humana desde el nacimiento (y aún desde la propia concepción del individuo,
del embrión que se forma por la unión del espermatozoide con el óvulo, para
no pocos partidarios del derecho a la vida que comprende el derecho a que el
proceso de gestación, el embarazo de la mujer, no sea interrumpido salvo por
causas especiales y excepcionales) hasta la muerte, no importa cuales sean
las circunstancias y vicisitudes de su existencia tempo-espacial. Donde esté,

12. como esté, lo que haga o no, lo que piense, sienta, sueñe, crea o no en ese
valor, en ese paradigma, el individuo [el hombre y la mujer concretos] será
permanente titular de esos derechos, suerte de una segunda piel, una «piel
jurídica», de un «cuerpo invisible» unido al cuerpo humano, una extensión
artificiosa pero inseparable de la dimensión espiritual de la persona, de su
identidad única e intransferible, base o fundamento de la personalidad jurídica
individual, de la capacidad jurídica.
Pero tan extremo, radical concepto y sus consecuencias, presenta ciertos
matices que es necesario aclarar. Y es que la titularidad de determinados
derechos fundamentales exige requisitos adicionales, además de la sola
condición de persona humana. Me refiero a los derechos políticos, en
particular el derecho al «sufragio» restringido a los «nacionales» del Estado
(art. 64 CRBV), y entre estos a los ciudadanos, es decir a quienes «hayan
cumplido dieciocho años de edad», y «no estén sujetos a interdicción civil o
inhabilitación política» (art. 64 CRBV), a excepción del voto para las
elecciones municipales y parroquiales y estadales extensivo «a los extranjeros
y extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez
años de residencia en el país, con las limitaciones en esta Constitución y en la
Ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política» (art. 64
CRBV).
Esto mismo es predicable de ciertos «derechos sociales» articulados a la
protección estatal especial del débil jurídico, hiposuficiente por «razones de
edad» (»los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y
estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados» art.
78 CRBV); «El estado garantizará a los ancianos y ancianas... la atención
integral y los beneficios de la seguridad social, que eleven y aseguren su
calidad de vida...» (art. 80 CRBV); «de salud física y mental» (»Toda persona
con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y
autónomo de sus capacidades... El estado les garantizará... la equiparación de
oportunidades ...» art. 81 CRBV); de la posición o situación en la estructura
económica («El trabajo es un hecho social y gozará protección del Estado. La
ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e
intelectuales de los trabajadores» art. 89 CRBV); en suma, por razones étnicoculturales («Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su
identidad étnico — cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares
sagrados y de culto...» art. 121 CRBV).
La propia Constitución Nacional postula el carácter supra-constitucional de los
derechos fundamentales: «La enunciación de los derechos y garantías
contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, SIENDO
INHERENTES A LA PERSONA NO FIGUREN EXPRESAMENTE EN ELLOS»
(art. 22 CRBV mayúsculas y subrayado nuestro); «Los tratados, pactos y
convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por
Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en
la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables
a los establecidos por esta Constitución y la ley de la República», art. 23
CRBV, subrayado nuestro); «Toda persona tiene derecho a ser amparada por
los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren

13. expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos», art. 24 CRBV).
c.2. Supraestatalidad
Si los «Derechos fundamentales» tienen un origen «supra-constitucional» con
mayor razón son «derechos supraestatales», vale decir, derechos superiores
al Estado y su ordenamiento jurídico.
La supremacía de los derechos humanos sobre el Estado no merece mayores
comentarios. Los «poderes constituidos» o poderes públicos del Estado lo son
por virtud del Poder Constituyente y la Constitución. La norma constitucional
es el fundamento, la fuente de legitimidad de toda la organización institucional
del Estado: poderes, órganos, organismos, funciones, fines o cometidos,
potestades públicas: normativas, gubernamentales, administrativas, y
jurisdiccionales.
En la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida
la restricción al ejercicio de las potestades estatales. La «razón de Estado»
pierde legitimidad en la medida en que implique violación o menoscabo a
estos derechos.
El Estado de Derecho no es simplemente el que está organizado por un
conjunto de leyes, sino aquél en el cual el fin primordial de la actividad pública
es garantizar el desarrollo, defensa, conservación, tutela; en suma, el efectivo
ejercicio de los derechos de la persona humana en su concepción integral.
Por ello, no debe quedar la menor duda de que los «derechos fundamentales»
han de operar cual muro o límite «infranqueable» para la actuación de los
órganos de los diferentes poderes públicos.
El Estado debe detenerse en ese umbral, salvo la autorización de la propia
norma constitucional para que el Legislador establezca las condiciones de
ejercicio de determinados derechos, que por su naturaleza y objeto requieren
de complementación normativa, así como de la actuación gubernamental y
administrativa, la gestión pública del Estado para la organización de los
recursos materiales, institucionales, humanos y técnicos necesarios a la
realización de actividades prestacionales, de las que depende la oportuna y
eficaz satisfacción de los «intereses vitales» jurídicamente protegidos como
derechos fundamentales de las personas y de las comunidades ( Los
derechos sociales: educación, cultura, salud, seguridad social entre otros, en
cuanto derechos de prestación).
Detengámonos un momento en este crucial punto del tema. No hay posibilidad
de derechos subjetivos absolutos, ilimitados, indeterminados. Todo derecho,
cualquier derecho, —incluso los fundamentales, constitucionales o humanos—
, encuentra limitaciones inmanentes y externas, derivadas del medio o
escenario humano donde existen y se ejercen los procesos jurídicos: la
sociedad, la comunidad, el grupo.
La vida social, vida de interrelación humana impone fronteras a los derechos;
pues de lo contrario, en la hipótesis imposible de unos poderes jurídicos
absolutos ya no serían tales, es decir, jurídicos ( sociales, políticos), si cada
individuo pudiese extender sin cortapisas, ilimitadamente las facultades de
actuación hasta donde el querer, la voluntad personal así lo decidiese, hasta el
capricho, la libérrima explanación del egoísmo, de los impulsos asociados al
afán de dominio.

14. El derecho se opone al «poderío» o la fuerza primaria, a la brutal pasión
desencadenada por el instinto o impulso de conquista, manipulación y control
que anida en el espíritu humano; fuerza biosíquica que tiende al extremo, a
ser cada vez más violenta y posesiva, y que «libre» de los frenos inherentes al
orden social conduce en su perversa lógica a la violencia de unos contra otros,
a la guerra permanente entre los hombres, a la anarquía, el caos, la
destrucción.
El derecho es el poder «delastrado» de los atávicos impulsos de la conducta
humana, poder civilizado, domesticado, controlado, institucionalizado,
ordenado, organizado y limitado.
Limites inmanentes, vale decir, íncitos a la propia naturaleza de cada derecho
fundamental, a los intereses y fines que justifican su legítimo ejercicio (la
libertad individual, la educación, la cultura, la salud, la participación política,
etc.).
Es por esa razón que los derechos fundamentales, —como veremos más
adelante—, son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, Y así, nadie
podría en forma legítima [conforme a derecho] enajenar su libertad, cederla o
venderla a otro, someterse a una esclavitud voluntaria. Un pacto o convenio
con ese objeto violaría de manera grosera, flagrante, ostensible ese bien
jurídico, valor, principio y derecho —garantía de la libertad individual (art. 54
CRBV). Por otra parte, la ausencia de ejercicio de las facultades o poderes en
que consiste un derecho humano, tampoco implica su pérdida o extinción,
caso por ejemplo de alguien que en el transcurso de su vida jamás hubiera
expresado su pensamiento, manteniendo en silencio sus ideas y conceptos,
sus particulares percepciones sobre la vida, la sociedad, la política, el mundo.
En el momento en que esa persona decidiere expresar a viva voz o por
cualquier medio lo que piensa, crea o no en su propio discurso, nadie podría
oponerse a esa manifestación de libre determinación de su personalidad, en
particular las autoridades públicas.
En efecto, ninguna autoridad del Estado podría válidamente oponerse a que
un ciudadano hiciese uso de un medio de comunicación para expresar
libremente sus ideas, alegando la prescripción de ese derecho porque hubiese
transcurrido un plazo de tiempo, veinte años, por ejemplo, sin que ese
individuo lo hubiese ejercitado hasta ese momento.
He allí la dialéctica de los derechos fundamentales, poderes destinados al
desarrollo, salvaguarda, conservación del círculo de los «intereses vitales» de
la persona, de las condiciones «materiales» y «espirituales» necesarias para
asegurar la dignidad y el pleno desenvolvimiento de la personalidad individual,
cuya trascendencia para el orden público y social justifica con creces esas
limitaciones constitucionales relacionadas la libérrima disposición de los
mismos.
Quiere el Constituyente proteger al individuo de las tendencias «innatas» a la
autodestrucción humana, a la indignidad y el menosprecio, la subestimación
que no pocos hombres y mujeres sienten por si mismos. Tarea esta que
escapa a lo estrictamente jurídico; —a lo normativo y a lo judicial—, pues es
básicamente un asunto educativo, de valores o de ética ciudadana, y por
supuesto de transformación de las condiciones económicas, sociales y
culturales que inciden en esa débil y precaria conciencia de la dignidad
personal.

15. Los derechos fundamentales son por tanto «teleológicos», es decir, su
ejercicio está articulado a unos fines permanentes, institucionales, inherentes
a su estructura, naturaleza y objeto.
Otro de los limites inmanentes es el respeto al derecho ajeno. La Constitución
en el ya citado artículo 21 al referirse a ese «derecho de derechos» como lo es
el libre desenvolvimiento de la personalidad individual, señala sus limitaciones:
las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social.
En una comunidad, en una sociedad, el primer límite al ejercicio del derecho
propio lo es el respeto al derecho del otro. El «abuso de derecho»
«deslegitima» su ejercicio, ya que es contrario a la esencia, a la razón de ser
del derecho subjetivo transgredir la esfera de los intereses vitales del otro,
también protegidos jurídicamente, con el pretexto de satisfacer los propios. La
justicia y la equidad postulan el equilibrio de los derechos, su armonización
social.
Los varios sujetos que conforman una comunidad o sociedad, todos iguales
ante la Ley, han de actuar dentro de la esfera que a cada quien corresponde,
requisito para garantizar la paz social ( Benito Juárez).
Hoy en la moderna doctrina constitucionalista se habla de la «teoría de la
ponderación de bienes jurídicos». Los derechos y libertades, por reconocerse
en el interior del ordenamiento jurídico, han de conciliarse con otros bienes
idénticos o similares que ese mismo ordenamiento tutela. No pueden hacerse
valer de modo absoluto unos a otros. Claro está, ese postulado sólo es
aplicable en el plano de los derechos fundamentales en su carácter de bienes
constitucionalmente protegidos; excluye, —por tanto—, a los derechos objeto
de protección jurídica infraconstitucional por muy importantes que éstos sean.
En lo que respeta a los «límites externos» el tema se rige por el postulado o
principio, mencionado en páginas precedentes, de que es la Constitución la
única norma que puede habilitar la reglamentación legislativa de esos
derechos.
Se trata del principio de la «reserva legal», esto es, la potestad exclusiva del
Poder Legislativo, —de la Asamblea Nacional—, para legislar en materia de
derechos, deberes y garantías constitucionales, dentro de los requisitos y
límites de la autorización constitucional expresa y con estricta sujeción al
espíritu, propósito y razón de la delegación constitucional (art. 156 Ordinal 32
CRBV).
Opera aquí el concepto de orden público y social, orden externo, objetivo, que
comprende el conjunto de bienes, valores e intereses de carácter social o
colectivo inextricablemente vinculados a la convivencia pacifica.
El orden público no es otra cosa que un piso social básico, una dosis o medida
razonable de estabilidad política, social e institucional, garantizada por el
Estado por instrumento del Derecho, para preservar la convivencia pacífica,
ese estadio o situación de paz social, indispensable para el desarrollo de la
vida individual y colectiva.
Ahora bien, para que impere la «convivencia pacífica» (la paz social) no es
suficiente con que las relaciones entre dos o más personas naturales o
jurídicas, relaciones bilaterales por excelencia, se regulen de manera a evitar
el exceso o abuso en el ejercicio de los derechos individuales propios de la
esfera jurídica de cada uno de los asociados (ponderación de bienes, límite

16. inmanente), es menester que esas relaciones se enmarquen en el contexto
global de la sociedad y el Estado.
La vida humana es simultáneamente desde la óptica jurídica, vida de
interrelación bilateral, —los vínculos que se suscitan entre personas
portadoras de su individualidad única—, y vida de relación con el resto de los
asociados, la comunidad o colectividad, el rostro anónimo del mundo
circundante. No somos únicamente tu y yo, vosotros y nosotros, aislados en el
tiempo de la reciprocidad de derechos, deberes, cargas, obligaciones en
relaciones jurídicas concretas. Siempre están indirectamente presentes los
«intereses» de ese «otro colectivo», intereses que corren el riesgo de ser
lesionados por el ejercicio abusivo del derecho propio.
El individualismo jurídico en su versión extrena tiende a un enfoque de las
relaciones jurídicas que ignora y subestima aquellos bienes, intereses y
valores que técnicamente no pueden ser imputados a un sujeto jurídico
individualizado.
Es lo que explica la resistencia de la doctrina ius privatista a las clásicas
figuras del derecho público y social, derivadas del concepto de orden público
social, tales como «función social», «interés social», «intereses comunes»,
«intereses difusos», «utilidad pública», «conveniencia nacional», «intereses
públicos», algunas de ellas formalizadas en el texto constitucional, y que
tienen por objeto legitimar las limitaciones legales a los derechos
fundamentales en forma de restricciones, obligaciones, cargas y prohibiciones.
Pero a su vez las limitaciones legales a los derechos constitucionales no
deben exceder el límite de lo «razonable», es decir, la frontera a partir de la
cual la intervención legislativa del derecho de que se trate, signifique vaciarlo
de su contenido esencial, de su objeto, hacer nugatorio su ejercicio efectivo.
Dialéctica interminable la del Derecho, juego de pesos y contrapesos, de
acciones y controles, de poderes y contrapoderes, de derechos y deberes, de
intereses particulares y públicos, del individuo y la sociedad, del ciudadano y
del Estado, búsqueda del equilibrio dinámico (la justicia); regular esa tensión
entre opuestos para evitar en lo posible la anarquía, el caos siempre a punto
de estallar en un orden social que no puede dejar de ser contradictorio,
dialéctico, en una sociedad institucionalmente organizada como un Estado
Democrático y de Derecho, es decir, una sociedad en la que las tensiones que
producen esas contradicciones no deben, ni pueden ser suprimidas por el
Estado, pues ello supondría la eliminación de la democracia misma entendida
como un régimen de libertades públicas garantizado por el derecho. Sólo en
los sistemas autoritarios, y en particular en las versiones extremas de los
totalitarismos se «superan» esas tensiones porque uno de los componentes
de la dialéctica: la libertad, la autonomía del individuo, su derecho a la
autodeterminación personal, es brutalmente eliminado en nombre del mito de
la «unidad nacional», la integración «forzada» de la sociedad a partir de una
«identidad racial», «religiosa», «cultural»; en fin, político-ideológica que no
admite, no tolera la existencia de todo aquello que contradiga, que se oponga
y desmienta el espejismo de la unidad social. Riesgo presente en cualquier
sociedad, las ideologías y los movimientos políticos pretendidamente
«revolucionarios»,en verdad profundamente «reaccionarios», que motivan la
«nostalgia humana» por la ancestral comunidad anterior a la historia, el

17. paraíso perdido, la añoranza del bípedo en su hoy eterno de armonía total en
mundo sin desgarros existenciales.
Pero volvamos al hilo central de este ensayo. La Constitución establece
expresas normas rectoras, garantías y mecanismos institucionales al servicio
del principio de la «supraestatalidad» de los derechos fundamentales. Así , en
el artículo 7, ya antes mencionado, se expresa que «la Constitución es la
norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico», y que «todas las
personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta
Constitución» norma rectora); en el artículo 25 se consagra la sanción de
nulidad absoluta para «Todo acto dictado en ejercicio del poder Público que
viole o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución y la ley»
complementada dicha garantía con la responsabilidad penal, civil y
administrativa en que incurren los funcionarios públicos y funcionarias públicas
que ordenen o ejecuten tales actos, sin que le sirvan de excusa órdenes
superiores; en el artículo 27 se prevee el mecanismo institucional del derecho
a la tutela judicial efectiva de estos «derechos superiores» mediante el
procedimiento de la acción de amparo constitucional que será oral, público,
breve, gratuito y no sujeto a formalidad; en el 29, de manera por demás
novedosa, se precisa el deber político-institucional en que está el Estado de
investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos
cometidos por sus funcionarios; en el 30 la obligación jurídica (y por ende su
contrapartida, un derecho de rango constitucional) en que está el Estado de
«indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos
humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago
de daños y perjuicios»; en el 31 se complementa la acción de amparo
constitucional interna con el derecho de toda persona «en los términos
establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos
ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos
internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a
sus derechos humanos»; en el 137 se ratifica la supremacía de la Constitución
sobre los órganos que ejercen el Poder Público, cuyas actividades deben
sujetarse a las atribuciones definidas en la Constitución y la Ley (norma
rectora: Principio de legalidad) ; en el 138, complemente del principio de
nulidad absoluta de los actos violatorios de los derechos constitucionales, se
califica como ineficaz toda autoridad usurpada, y la nulidad de sus actos; en el
139 se insiste, se ratifica, la responsabilidad individual que acarrea el ejercicio
abusivo y desviado del Poder Público, en particular por la violación de la
Constitución o de la Ley; en el 141 se afirma el principio de sometimiento
pleno de la Administración Pública a la Ley y al Derecho (comenzando por la
norma constitucional); en el 334 se establece el deber jurisdiccional de todos
los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias, de asegurar la
integridad de la Constitución; en ese mismo artículo y en los subsiguientes,
335 y 336, se le atribuye potestad a la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, para declarar la nulidad
de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público
dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan
rango de ley, cuando colidan con aquella, así como para revisar las sentencias
definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de
constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los tribunales de la
República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva.

18. c.3. Progresividad
Como los derechos humanos son inherentes a la persona humana y no
dependen del reconocimiento del Estado, siempre es posible extender el
ámbito de tutela (y protección) a derechos que anteriormente no gozaban de la
misma (las sucesivas «generaciones» de los derechos humanos y la
multiplicación de los medios para su protección).
Ya vimos como en el artículo 22 de la Constitución se afirma el carácter
abierto y dinámico de los derechos humanos. Ello significa que la enumeración
de los derechos constitucionales es enunciativa y no taxativa, es decir, que los
derechos enunciados en la Constitución y en los instrumentos internacionales
sobre la materia, no agotan otros que pueden ser considerados como
«inherentes» a la persona humana a partir de su reconocimiento por decisión
del juez de amparo constitucional en el proceso correspondiente. Además, una
vez establecido un derecho como inherente a la persona humana por virtud de
la sentencia del juez de la materia, la circunstancia de no figurar
expresamente en el texto constitucional, no debe entenderse en menoscabo
de la protección que merece y reclama cada vez que se presenten hechos
lesión o amenaza de lesión a ese derecho.
c.4. Irreversibilidad
Desde el momento en que un determinado derecho ha sido formalmente
reconocido como inherente a la persona humana, bien en la Constitución
formal o en los instrumentos internacionales y en las sentencias de los jueces
de amparo, queda definitiva e irrevocablemente integrado a esta especie
superior o mejor dicho suprema de poder jurídico, —los derechos humanos—,
cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada. La dignidad humana no
admite relativismos; lo que hoy se reconoce como atributo inherente al ser
humano, mañana no puede dejar de serlo por una decisión legislativa,
gubernamental o judicial.
c.5. Irrenunciabilidad
A diferencia de otros derechos y situaciones activas de interés los derechos
fundamentales son irrenunciables por su titular, ya que carecen de
significación patrimonial directa por constituir atributos de la persona, valores y
bienes articulados a su existencia y desarrollo personal.
En una palabra, se hallan fuera del comercio (art. 19 CRBV). En ese sentido,
el artículo 89 ordinal 2º de la Constitución al ordenar al Estado (poderes
constituidos) la protección del hecho social del trabajo, génesis de ese
derecho fundamental, consagra seis garantías jurídicas complementarias entre
las cuales destaca la «irrenunciabilidad» de las diversas manifestaciones o
expresiones concretas de ese derecho —genérico : «Los derechos laborales
son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique
renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y
convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los
requisitos que establezca la ley».
c.6. Inalienabilidad
Si los derechos fundamentales son irrenunciables, cualquier acto o negocio
jurídico que tenga por objeto la cesión o venta de uno de los bienes y valores /
atributos inherentes a la persona humana es nulo de pleno derecho. Ninguna
persona puede lícitamente disponer de su derecho a la vida, la libertad, la
integridad física, el honor y la reputación, el sufragio, etc. Es por ello que en lo

19. concerniente al derecho de propiedad, es ineluctable establecer la diferencia
entre el genérico derecho constitucional de toda persona a detentar la
titularidad legítima de no importa que tipo de bienes susceptibles de formar
parte del patrimonio personal («Se garantiza el derecho de propiedad. Toda
persona tiene derecho al uso, goce disfrute y disposición de sus bienes» art.
115 CRBV), de los derechos de propiedad específicos sobre bienes, muebles
o inmuebles, materiales o inmateriales, que integran la masa patrimonial.
La propiedad en cuanto derecho-garantía genérico inherente a la persona
desde su nacimiento hasta su muerte, — capacidad para poseer, usar, gozar,
disfrutar y disponer de las cosas, bienes, valores y recursos indispensables
para asegurar una subsistencia digna y para el desarrollo de la personalidad
es un derecho inalienable, no así el derecho de propiedad sobre un
determinado bien o bienes, cuya disponibilidad es de la esencia de los
poderes jurídicos en que consiste el objeto esencial de este derecho (Uso,
goce y disposición).
La potestad expropiatoria del Estado sólo es ejercitable sobre bienes
determinados del particular, en ningún caso podría incidir en el derecho —
garantía genérico ( art. 115 CRBV).
c.7. Imprescriptibilidad
La pasividad de la persona ante las violaciones a su derecho o derechos
humanos, es decir, el que deje transcurrir el plazo de ley para ejercitar el
medio procesal (la acción de amparo) a fin de solicitar la tutela judicial
constitucional, no implica por ningún respecto la pérdida del derecho o los
derechos violados, es decir, su extinción, sino la caducidad de la acción o
recurso de amparo que es el instrumento procesal ( adjetivo) por excelencia
para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
Los derechos humanos como derechos sustantivos garantizados en la
Constitución, cuestión varias veces acotada en páginas anteriores,
acompañan a la persona, son parte integrante de su personalidad, desde la
concepción del embrión hasta la muerte del individuo. La indiferencia de la
persona, su negligencia o abandono ante las posibilidades de afirmación de
sus derechos fundamentales por ignorancia, circunstancias políticas, sociales,
culturales, económicas que impiden o restringen la conciencia acerca del
significado de estos derechos o el estado crítico de escepticismo provocado
por las dificultades y obstáculos para acceder a la administración de justicia y
obtener tutela efectiva, rápida y oportuna, en nada afecta, — al menos en el
plano formal —, la vigencia de esos derechos.
En esa dimensión formal normativa, los derechos humanos son
imprescriptibles. Otro problema es su vigencia real. La mayoría de los
habitantes del planeta desconoce la existencia de estos derechos; es más, sus
vidas transcurren en circunstancias caracterizadas por la cotidiana violación a
los atributos básicos de la dignidad y la libertad de que son víctimas por parte
del Estado o de poderosas corporaciones económicas y organizaciones paramilitares.
c.8. Inviolabilidad
El concepto no alude a que no pueden violarse pues si algún dato sociológico
destaca en este tema, es el de la situación generalizada de reiterado atropello
a los derechos humanos a escala mundial. La inviolabilidad se refiere a la
prohibición de todo acto del poder público o de organizaciones privadas, que

20. viole o amenace con violar cualquiera de los derechos inherentes a la persona
( art. 25 CRBV).
Las prácticas políticas, administrativas, policiales, militares, judiciales,
penitenciarias, económicas, sociales y culturales que manifiestan el deplorable
estado de atropello de los derechos humanos, esa sociología del abuso de
poder, de la arbitrariedad, jamás podrían convertirse en costumbres legítimas
y por tanto en fuente de Derecho; todo lo contrario, en la medida en que se
extiendan los hechos violatorios a los derechos humanos, el principio de la
inviolabilidad adquiere mayor relevancia en razón del contraste entre el deber
ser jurídico y el ser social.
c.9. Vigencia formal inmediata y directa
La doctrina constitucionalista ha venido sosteniendo que todos los derechos
constitucionales, sin excepción, pueden ser ejercitados de manera inmediata,
directa, sin que sea necesario la aprobación de leyes reglamentarias que
complementen la normativa constitucional. El sólo reconocimiento y garantía a
los derechos fundamentales en el texto de la Constitución bastaría para que
los ciudadanos podamos actuar los poderes jurídicos que los conforman y
solicitar la tutela judicial constitucional en caso de desconocimiento,
menoscabo, o violación por parte de las autoridades del Estado.
El fundamento de ese principio de vigencia formal inmediata y directa es la
naturaleza superior o suprema de unos derechos que se consideran
inherentes a la persona y que por tanto «la falta de ley reglamentaria de estos
derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos» (art. 22 CRBV).
En su extremo, el origen «iunaturalista» de unos derechos «inmanentes», esto
es, que «emanan» de la propia condición humana, conduce al postulado del
reconocimiento y tutela a otros derechos que siendo inherentes a la persona
no figuren expresamente en la Constitución y en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos (art. 22 CRBV).
Sin embargo, tan loable y radical principio tropieza con dificultades prácticas,
operativos, derivadas de la naturaleza jurídica de cada derecho fundamental.
En efecto, hay derechos fundamentales que a pesar de ello no podrían ser
ejercidos por sus titulares, y tutelados por tribunal alguno, pues están
inexorablemente condicionados a que el Poder Legislativo dicte una ley
reglamentaria y a que el Ejecutivo, de acuerdo a esa ley, organice los medios
administrativos requeridos para la prestación de actividades materiales, sin las
cuales es imposible dar satisfacción a los «intereses vitales» protegidos por la
Constitución como derechos fundamentales.
Ya nos hemos referido con anterioridad a este punto de los llamados derechos
de prestación (básicamente los de contenido social) o derechos de la
«segunda generación», derechos que exigen del Poder Público, en particular
de los órganos gubernamentales y administrativos, la realización de
operaciones administrativas de prestación; por consiguiente, hasta tanto esos
deberes político-institucionales del Estado no se hubieren materializado en la
realidad, tales derechos permanecen en una situación de expectativa o
esperanza jurídica.
Al respecto, derechos humanos tales como el derecho a la vida (art. 43
CRBV), a la libertad personal (art. 44 CRBV), a la integridad física (art. 46
CRBV), a la inviolabilidad del hogar (art. 47 CRBV), a expresar libremente los
pensamientos, ideas u opiniones (art. 57 CRBV); en fin a la libertad de

21. creación cultural (art. 98 CRBV), son de inmediato y directo ejercicio, no están
supeditados a ley alguna, como tampoco reclaman del Estado la prestación de
actividades materiales; por el contrario, exigen de éste el que sus autoridades
se abstengan de actos que impidan, restrinjan o menoscaben esas libertades
fundamentales integradas a la esfera autónoma de la persona (libertadautonomía).
En cambio, derechos tales como el derecho a la protección de la maternidad y
de la paternidad (art. 76 CRBV), a una vivienda adecuada, segura, cómoda,
higiénica, con un habitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y
comunitarias (art. 82 CRBV), a la salud (art. 83 CRBV), a la seguridad social
(art. 86 CRBV) en fin; el derecho de los trabajadores de la cultura a ser
incorporados al sistema de seguridad social (art. 100 CRBV), no pasarán de
ese plano o dimensión formal, normativo, de una esfera cuasi-ética si el
Estado (poderes constituidos) incumple las obligaciones políticoadministrativas, (deberes-institucionales) impuestas por el Constituyente con
la finalidad de posibilitar que esos bienes y valores humanos, asociados a la
calidad de la vida (al bienestar de la población), sean objeto de disfrute real.
La Constitución precisa cuales son esas obligaciones: «El Estado garantizará
asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del
momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y
asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos
y científicos» (art. 76); «La satisfacción progresiva de este derecho es
obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos
sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios
para que estas, especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las
políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de
viviendas» (art. 82); «Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará,
ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud...» (art.
84); «El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del
Estado...El Estado garantizará un presupuesto para la salud...» (art. 85); «El
Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando
un sistema de seguridad social universal» (art. 86); «El Estado garantizará la
adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda
obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y
decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del estado
fomentar el empleo» (art. 87); «El Estado garantizará a los trabajadores y
trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les
permita una vida digna...» (art. 100).
3. Principios de política estatal (deberes político-institucionales del
Estado)
Al señalar en el punto precedente las diferencias entre los derecho y garantías
constitucionales «plenos», y aquellos cuyo ejercicio está supeditado a la
organización y prestación de servicios públicos y actividades de interés
general, hicimos mención a esos «principios de política estatal».
Principios porque se trata de la fuente, el origen, el fundamento de unos
deberes político- institucionales del Estado que insoslayablemente han de ser
desarrollados en la Ley, y con fundamento en ella, concretados en la
organización y gestión de las actividades prestacionales (servicios públicos)

22. articuladas a la tutela de los intereses generales formulados como derechos
constitucionales de índole social.
En nuestro tiempo, la vigencia de los derechos humanos de índole social y
cultural ( y algunos derechos económicos) replantea las bases conceptuales
de la actividad prestacional del Estado, por instrumento de las diversas
administraciones públicas político-territoriales y funcionales. La Teoría de los
Servicios Públicos comienza a sufrir una transformación radical, pues ya no
podrá seguir sustentándose en el clásico y tradicional principio de las
potestades de imperium del Estado, poderes discrecionales del «Principio
Republicano» para dar bienestar a sus súbditos (Estado de Bienestar).
La legitimación de los servicios públicos, en particular la de los servicios
sociales, hay que trasladarla a los derechos humanos, pues la organización y
gestión de esos servicios constituyen la contrapartida a la dialéctica jurídica de
tales derechos en forma de obligaciones de medios o de comportamiento para
el Estado-Nación y demás personas jurídico-político territoriales (las entidades
federales y los municipios).
A diferencia de los derecho civiles y políticos los cuales son de inmediata
exigibilidad, obligan al Estado a una respuesta institucional que no admite
aplazamientos, la actualización de los derechos sociales depende de la
capacidad organizativa, financiera, humana y material del Estado; en suma, de
la disponibilidad de los recursos indispensables para garantizar el acceso a los
bienes y servicios que hacen posible la satisfacción de las necesidades e
intereses vitales de la persona y de las comunidades ( trabajo, educación,
cultura, seguridad social, vivienda, salud, etc.).
Es por esa razón que hemos insistido en ese carácter semi «precario» de los
derechos sociales, —que aunque sean fundamentales, humanos,
constitucionales—, en la práctica su garantía, tutela y protección es un asunto
que excede del campo constitucional, tiene que ver con la acción legislativa, y
más aún con la voluntad política del Estado-administrativo y su capacidad
gerencial.
Allí está la explicación del concepto de los «deberes político-institucionales», y
no de «deberes jurídicos», pues no hay manera práctica, operativa, reitero de
reclamar «directamente» al Estado la violación al derecho a la salud o a la
educación, en caso de que sus órganos competentes no hubieren organizado
el sistema público nacional de salud a que se contrae el artículo 84 de la
Constitución, o creado las instituciones y los servicios suficientemente dotados
para «asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema
educativo», en los términos del artículo 103 constitucional.
Es comprensible la euforia y el idealismo excesivo provocado por el
movimiento de los derechos humanos, la ampliación desmesurada de unos
supuestos derechos inherente a la persona que no pasan de ser esperanzas o
expectativas de satisfacción de anhelos, deseos, intereses muy generales,
insusceptibles de convertirse por el solo hecho de su reconocimiento
constitucional en verdaderos poderes jurídicos, facultades de actuación
sustantivizadas, técnicamente aprensibles, delimitadas, de precisos contornos,
por tanto, de factible tutela jurisdiccional.
Hoy por ejemplo se habla de una cuarta generación de derechos humanos de
índole colectivo entre los cuales figuran el derecho al desarrollo y el derecho a
la paz. La paz y el desarrollo son básicamente ideales, valores éticos,

23. desideratums de la mayoría de los pueblos de la humanidad, fines que se
desean alcanzar, pero no derechos, su realización trasciende, escapa al
campo jurídico, se inscribe en complejos procesos políticos, económicos,
institucionales y culturales, son condiciones externas para la operatividad de
los derechos, mantienen una dialéctica con estos.
Sin un mínimo de paz social no hay posibilidad de ejercicio «pacífico», valga la
redundancia, de los derechos subjetivos, y a su vez, la paz social se
incrementa con la garantía y respeto a los derechos sean estos fundamentales
o de inferior jerarquía. La paz es un estadio, una situación política social y
cultural, al igual que el desarrollo en su sentido integral. Uno de los índices
para valorar el nivel de desarrollo de un país es el grado de garantía y tutela
efectiva a los derechos humanos. El desarrollo crea condiciones materiales
(económicas) y culturales para un mejor desempeño de las instituciones y el
ejercicio progresivo de los derechos humanos, y a su vez, la intensidad en la
tutela y protección de éstos aumenta la percepción acerca del nivel de
desarrollo de una nación.
4. El régimen constitucional de las funciones del Poder Público.
La Constitución no es sólo la norma supra-estatal que define los fines y
valores que el Poder Constituyente (La conjunción de la Asamblea Nacional
Constituyente y el pueblo de electores o ciudadanos con pleno derechos
políticos) impone como mandato al poder constituido, al Estado y su
organización institucional ( La Constitución como carta de fines y valores
superiores al Estado y su ordenamiento jurídico arts 2º, 3º y 7 CRBV), es
también la norma que define y regula las relaciones entre el Estado y los
ciudadanos en términos de derechos, deberes y garantías ( La Constitución
como Carta de derechos, deberes y garantías; Titulo III de la Constitución), y
es en fin, la norma que define la naturaleza político-jurídica del Estado ( art. 4
CRBV), la forma de gobierno ( art. 226 CRBV), el tipo de régimen político ( art.
6º CRBV) y la organización de los poderes públicos del Estado, esto es, la
distribución de las funciones públicas entre las diversa ramas que lo integran,
la atribución de los poderes o potestades institucionales entre los órganos de
dichas ramas, así como la regulación de las relaciones interorgánicas ( arts 2,
Titulo IV y Titulo V, la Constitución como carta orgánica). Es a este último
aspecto al que nos vamos a referir en forma suscinta.
El principio que rige la atribución de las funciones, potestades y competencias
entre las diferentes ramas de los poderes públicos del Estado y sus órganos,
es el clásico principio de la legalidad:
«Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que
ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades
que realicen» (art. 137 CRBV).
A diferencia de los particulares (personas naturales y jurídicas), quienes
podemos desarrollar libremente todos los actos y actividades, —conductas
individuales y sociales—, que no estén expresamente prohibidas en la
Constitución o en la ley (Principio pro-libertad), los funcionarios que invisten la
titularidad de los órganos del Poder Público en sus diversas ramas
institucionales, sólo pueden actuar conforme a expresas normas de
competencias definidas en la Constitución y en las leyes ( principio de
legalidad).

24. Para garantizar una sociedad de hombres y mujeres libres, una sociedad
políticamente organizada (ordenada) como un Estado Democrático y social de
Derecho y de justicia, entre cuyos fines esenciales están la defensa y
desarrollo de la persona, el respeto a la dignidad y la libertad personal (arts 3º
y 44 CRBV), es conditio sine qua non que el ordenamiento constitucional y
legal le fije límites expresos al ejercicio de las facultades o poderes de
actuación de los órganos que conforman la estructura institucional del Poder
Público.
Eso es lo que diferencia al Estado Democrático y de Derecho de las formas
arbitrarias y autocráticas de organización y ejercicio del poder político, trátese
de dictaduras de partido o caudillistas, civiles o militares, o cívico-militares, en
su extremo las modalidades de regímenes totalitarios (fascismo, comunismo,
nacional-socialismo, etc.).
Todo poder tiende a su extremo, a desplegar toda su fuerza, a ser cada vez
más poder, tal es la dinámica diabólica del fenómeno social del control y la
dominación del hombre por el hombre, de esa ley sociológica inmanente a la
vida humana en sociedad. Y obviamente el aumento del poder, de los medios
de coerción y coacción, [de fuerza], de los instrumentos de dominio que
caracterizan cualquier relación de poder en la que un hombre o un grupo, una
clase social, un estamento, un partido político, una oligarquía, se halla en
situación de supremacía sobre una comunidad o colectividad, con
prescindencia del origen o fuente de legitimidad de la forma de poder de que
se trate, se hace siempre en detrimento de las libertades y derechos
individuales y colectivos.
En cualquier Estado de la comunidad internacional de naciones, aún en los
países de mayor tradición democrática y de respeto a los derechos
ciudadanos, la libertad personal corre riesgo, es un bien frágil, un valor
superior que implica el control de las tendencias autoritarias inherentes a la
misma condición humana, a la arbitrariedad y el abuso, rasgos «inscritos» en
el código genético del poder. Si algo es del hombre y sólo de él, es ese afán,
impulso biosíquico de afirmación frente a la muerte, de trascender la
precariedad humana dominando a los otros, reduciéndolos a objetos
controlables.
Al lado del arte, el amor, el sexo, el misticismo, el afán de poder constituye
uno de los impulsos articulados al deseo o necesidad de trascendencia de
este extraño y misterioso ser que somos, lúcida y perdida criatura en el
descubrimiento de la soledad de su muerte, ese darse cuenta de la brevedad
de la vida, el no querer aceptar que «esto que soy» está irremediablemente
condenado a desaparecer, que somos potencia de olvido.
Tal es pues el profundo significado del principio de legalidad, ese fijarle límites
expresos al ejercicio del poder político, cuestión nada fácil y llena de enormes
obstáculos, pues nunca será suficiente con los controles formales, —legales e
institucionales—. Y es que el poder, esa es su naturaleza, busca las fisuras
del muro de la juridicidad y por allí se cuela, y expande su intimidación y su
coacción sobre el cuerpo social.
Pero dejando de lado estas reflexiones que exceden el propósito de este
estudio, veamos los conceptos relacionados con el régimen constitucional de
las funciones del Poder Público.
Cometido o fines públicos

25. El «valor» o paradigma que el Estado debe realizar por instrumento de su
organización institucional. Lo que legítima, justifica la existencia del Estado
como poder colocado en una posición de relativa supremacía sobre el pueblo,
la sociedad, la nación. En el Estado Democrático y de Derecho el aparato de
poder estatal no es un fin en sí mismo, es un medio institucional del pueblo
para alcanzar los fines previstos en la Constitución como norte de las
funciones y facultades de actuación de los poderes públicos.
Bien lo dice la exposición de motivos de la Constitución:
«Se define la organización jurídico política que adopta la Nación
Venezolana como un Estado democrático y social de derecho y justicia.
De acuerdo con esto, el Estado propugna el bienestar de los
venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo
social, espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que
todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad,
dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su felicidad
Los principios de solidaridad social y el bien común conducen al
establecimiento de ese Estado social, sometido al imperio de la Constitución y
de la Ley, convirtiéndolo, entonces, en un Estado de Derecho que se nutre de
la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de
participación política y social para conformar el Estado moderno. Estado social
y democrático de derecho comprometido con el progreso integral que los
venezolanos aspiran, con el desarrollo humano que permita una calidad de
vida digna, aspectos que configuran el concepto de Estado de justicia».
Funciones públicas o estatales.
Para realizar ese proyecto político social plasmado en la Constitución, esto es,
una sociedad en la que se garantice el respeto a la vida, la libertad, la justicia,
la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derecho humanos, la ética y el pluralismo, el
Estado como instrumento institucional al servicio de esos fines-valores ha de
contar con la organización adecuada para ello.
La organización tiene que ver tanto con la estructura permanente del tejido
orgánico que conforma la instancia de autoridad, como con las funciones
básicas atribuidas a esas estructuras o instancias organizativas.
Las «funciones» son entonces los modos genéricos que adquiere la
intervención del Estado, —por medio de su organización institucional—, para
llevar al plano de las ejecutorias concretas tempo— espaciales los fines,
objetivos o cometidos públicos previstos en la Constitución.
Esas funciones-género han sido tradicionalmente clasificadas en tres tipos o
categorías y ordenada su asignación al poder estatal, de acuerdo al principio
político-jurídico de la separación de funciones, complemento del principio de la
legalidad (Teoría del Estado Democrático y de Derecho). Se trata de las
funciones normativas, gubernamentales y administrativas, judiciales y
jurisdiccionales.
b.1. La «función normativa»
Compete básicamente al llamado Poder Legislativo en sus instancias nacional,
regional y local: la Asamblea Nacional, los Concejos Legislativos Regionales y
los Concejos Municipales.

26. Mediante dicha «función» se complementan y desarrollan en escala
descendente las normas constitucionales por medio de las leyes y otros actos
normativos con rango y eficacia de ley (los decretos-leyes), las normas
sublegales o reglamentos, y en el ámbito de la autonomías estadales y
municipales las leyes estadales, las ordenanzas municipales y demás actos
normativos que las reglamentan.
La función normativa, —como se sabe—, no es exclusiva del Poder
Legislativo, pues ha sido tradición constitucional otorgar al Presidente de la
República, Jefe del Estado y del Ejecutivo, potestad para normar conforme a
los requisitos y circunstancias previstos en la Constitución (art. 236 ordinales
7, 8 y 13 CRBV).
b.2. La función gubernamental y administrativa compete a los órganos de los
Poderes Ejecutivos Nacional, Estaduales y Municipales, y tiene por objeto —
con arreglo a las competencias y poderes jurídicos (potestades) autorizados
por el ordenamiento jurídico—, fomentar y/o crear, las condiciones materiales
y culturales necesarias para la concreción de los fines públicos, organizar y
prestar servicios públicos, proyectar y ejecutar obras públicas, mantener la
seguridad y el orden público, promover el desarrollo de la iniciativa privada,
etc..
No hay manera de resumir las múltiples y complejas actividades en que
consiste la función gubernamental y administrativa.
Los especialistas en el tema ordenan esas funciones en tres actividades tipo o
básicas, a saber: actividades prestacionales (servicios públicos en su más
amplio significado, así como las actividades asistenciales o la protección a los
hiposuficientes), actividades de ordenamiento o control del ejercicio de los
derechos ciudadanos (la clásica actividad de policía) y las actividades de
fomento (los medios empleados para fomentar, promover y estimular la
iniciativa privada, individual, social y comunitaria).
b.3. La función jurisdiccional o la administración de justicia; en pocas palabras,
la tutela judicial de los derechos e intereses de las personas; función que tiene
por objeto garantizar la paz social arbitrando y decidiendo los conflictos
intersubjetivos, las controversias entre los miembros de la colectividad
conforme a la ley, a fin de evitar la justicia privada, la guerra de unos contra
otros. Esta función compete al Poder Judicial. En fin, a esas tres funciones
clásicas hay que agregar otras dos funciones prevista en la novísima
Constitución de 1999. Me refiero a la función de control de los Poderes
Públicos del Estado, o función controladora, cuyo ejercicio corresponde al
llamado «Poder Ciudadano», o la integración del Ministerio Público, de la
Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República en el Consejo
Moral Republicano.
Señala la Exposición de Motivos de la Constitución que «los órganos que
ejercen el Poder Ciudadano tiene a su cargo la prevención, investigación y
sanción de los hechos que atenten contra la ética pública y la moral
administrativa. Además deben velar por la buena gestión y legalidad en el uso
del patrimonio público, por el cumplimiento y la aplicación del principio de la
legalidad administrativa».
Y a la función de legitimación de los órganos del poder público o función
electoral atribuida al llamado Poder Electoral, el cual «asume no sólo las
funciones que eran ejercidas por el anterior Consejo Nacional Electoral,

27. extendidos o ampliados a la organización de los actos electorales destinados a
la elección de los cargos públicos, sino también los atinentes al régimen
referendario, elecciones de sindicatos, gremios profesionales y asociaciones
con fines políticos, cuya regulación se remite a la ley» (Exposición de motivos
de la Constitución).
Potestades públicas
De nada valdría que la Constitución en tanto carta orgánica, estatuto orgánico
fundamental del Estado, le estableciere a sus organización institucional los
fines hacia los cuales ha de dirigirse su compleja actividad, así como las
funciones-genéricas o funciones-tipo articuladas al proceso de concreción de
sus fines, si al mismo tiempo no estableciere los poderes jurídicos, las
facultadas para ejecutar esas funciones.
Por ello se habla de potestades públicas atribuidas en la Constitución en
términos generales a los diferentes órganos de las diversas ramas del Poder
Público.
Potestades
normativas,
ejecutivas
(gubernamentales
y
administrativas) y jurisdiccionales.
A cada una de las funciones estatales-tipo corresponde también una
modalidad de potestad, suerte de poder reconocido y limitado en la
Constitución y en la ley, fuerza legítima, domesticada por el Derecho y
delastrada de sus connotaciones primitivas, brutales, de mero poderío o fuerza
ilimitada. Poderes al servicio de fines institucionales, por tanto permanentes.
Poderes limitados por la Constitución y la ley, circunscritos en su ejercicio por
virtud del principio de la competencia: material o funcional, territorial o
espacial, y por el orden jerárquico del órgano estatal en la estructura de la
organización pública (criterio de carácter legal y reglamentario).
Funciones Modo genérico de actuación de los órganos del Poder Público para
la realización de los fines: normativo, gubernamental y administrativo,
jurisdiccional, de legitimación de los órganos del Poder Público: Electoral, de
Control del Estado.
Potestades Poderes jurídicos que derivan de las funciones tipo, medios para
ejecutar las actividades en que se desarrollan esas funciones: potestades
normativas, administrativas, jurisdiccionales, etc.
Atribuciones Medidas de poder jurídico otorgadas a los órganos de los
poderes públicos en cuanto centros abstractos de imputación
Competencias Criterios para la imputación de las medidas de poder jurídico:
por la materia, por el tiempo, por el grado de ubicación del órgano en el orden
de la organización jerárquica.
BIBLIOGRAFIA:
Meier, H.Cultura Bases constitucionales del proyecto de Ley Orgánica de la
Cultura. consultado el 23-112013.http://www.analitica.com/bitblioteca/conac/bases.asp