Modelos de desarrollo que rigen actualmente en los países de América
Politicas sociales y la democracia
1. Las políticas sociales de la democracia
Teresa Quiroz M.
1
Dieg o Palma R.
Existe un a insatisf acción más o menos generalizada en lo que se r efier e al
rendimiento de las políticas sociales en Chile democrático : se ar gumenta que buena
parte de los éxitos que se proclam an en la r educción de la pobreza (del 38.6% de las
personas ubicadas bajo la línea de po breza en 1990 al 21.75% en igual condición en
1998) se debió al crecim iento constante de la econom ía entre el 87 y el 98; se sosp echa
de la eficacia de las actuales po líticas, a pesar de que, a lo lar go de la últim a década se
ha elevado consistentem ente el gasto so cial p úblico (en m ás del 100 % en lo que dice a
Salud y a Educación); de h echo las cifras indican que la distribución de los in gresos -
que en Chile es de las m ás regresivas de Am érica del Sur- se ha m ovido m uy poco en
este per ío do y, de hecho, continuamente se expr esa el desencanto de quienes reciben
los " beneficios" de esas políticas.
Este artículo quisiera ayudar a entender esa situación ¿por qué es que la
democracia, pesar de dedicar talento y recursos al apoyo a los po bres, no logra más
eficacia n i consigue r econocimiento de parte de aquellos a quienes busca ben eficiar?
Algunos antecedentes.
Si hablam os de modo estricto debemos af irm ar que, en América Latina, n unca
tuvim os "Estado de Bienestar". Quizás lo que m ás se asem ejó a ese tipo de sistema
público de aseguram iento social h aya sido la exp eriencia ur uguaya (del primer Batlle)
y, luego, la que se im pulsó en Costa Rica (la del primer Figueres); pero, en Chile, n unca
2
tuvim os un Estado de Bienestar en n in guna de sus variantes
1
Pro fesores del Magíster en Políticas Sociales y G estión Local de la Universid ad A RCIS.
2
Sobre el "Estado de Bi enestar" cfr. Gough , I. "Economía Política del Estado d e Bienestar", Blu me,
Madrid, 1982.
Sobre l as variantes .Desd e la obra pionera d e R. Tit muss ( " Ess ay on the Wel fare State", Allen and
Unwin, Londres, 1974) los diversos an álisis han identi fi cado tres vertientes en la inspiración e
i mplementación del esfu erzo asegurador d esde el Est ado. Uno es el "modelo nó rdico", que busca articular
la oferta de servicios y trans ferenci as sobre la base d e d erechos soci ales d e ciudadanía, i mpulsa políticas
universales y las resp alda en b ase a la tributación directa para instalar, de esta man era, un régimen
"redistributivo" de p rotección so cial. Otro es el modelo "corporativo ", desarrollado en la Eu ropa
continental, qu e se o rganiza en torno al vín culo laboral; l a cobertura rasulta ligada a l a cotización laboral,
de donde la lógica es más sel ectiva qu e la d el tipo anterior y selo puede caracterizar co mo un régi men
"asegurador" de protección so cial. Por últi mo, en los países anglo sajones se i mpulsó otro modelo, aho ra
de inspiración más liberal , que desplieg a un a o ferta muy selectiva en base al criterio de "necesidad social
co m robada" articulando así un régi men "residual " d e prot ección social.
p
En los últi mos años se ha añ adido un cuarto modelo , que se ha identi ficado co mo "latino - mediterrán eo",
que se hab ría estructurado en los p aíses d e Eu ropa del sur (España, G recia, Portugal…) marcados po r el
2. Lo que sí existió fue un agregado de pro gramas diver sos que, asumiendo formas
tomadas de las que se habían ap licado en las exper iencias europeas, aquí, m ás bien,
prevenían o respondían a las pr esiones de sectores particulares (por ejem plo, de obr eros
o empleados público s). Com o consecuencia, a partir de la s em blemáticas leyes de 1924,
los program as sociales, y las in stitucion es correspon dientes, se fueron agregando
3
desor den adamente.
En todo caso, esta serie acum ulada de pro gr amas sociales constituyó una presa
m ás vuln erable aún que el mism o Estado de Bien estar para la cr ítica que, desde el lado
neo - liberal, se venía agitando con f uer za (y no sin r azón) contra la ideolo gía y el
m odelo de intervención estatal que se había im puesto sobre el capitalism o desde el f inal
de la guerra.
Esta crítica se desp legó siguien do tres ejes: por una parte se denuncia que el
Estado de Bienestar r esulta exageradam ente caro; más aún, que en la medida en que los
costos - que han seguido la lógica de las presiones so ciales- crecieron m as rápidam ente
que lo s in gr esos fiscales, esas políticas provocaron déficit e im pulsaron inf lación; por
otra, se señala que lo s progr am as no llegan hasta los más pobres, ya que éstos son más
débiles p ara organizarse y alzar su voz; por último se resalta que el Estado de Bienestar
4
era un paternalismo, que ap lasta el desarro llo personal y cívico de los beneficiar ios
La re volución social de los neo liberales.
En Chile estos reclam os encontraron un clima muy propicio durante el gobierno
m ilitar.
En torno a 1980, aparentemente, las recetas de los especialistas de Chicago
estaban produciendo un (pequeño) milagro en la economía: la reducción del gasto fiscal
parecía haber puesto control a la inf lación y la ap ertura a lo s mercados externos (tanto
de las X como de las I) estaban impulsando tasas poco usuales de cr ecimiento del
producto. Este éxito respalda la validación de la ideo logía anti estatalista, que proclama
a la libre iniciativa y al mercado como lo s f undamentos del m ejor or den para la
sociedad; es así com o en torno a 1980 sur gen propuestas que ap untan a exten der estos
m ism os princip ios liberales de modern idad y eficien cia al cam po de la acción social
pública.
Podemos sintetizar las orientaciones que guiaron esa reform a social en cuatro
ejes:
Se proclamó que la dinámica im pulsora de la intervención social debía salir del
Estado y desplazar se al mercado. Así se favor eció el fortalecim iento de las in iciativas
tránsito reciente a regímenes d emo cráticos, qu e coincidecon la incorpo ración a la Comunidad Europ ea y
los procesos de globalización.
3
Para este período, cf Arellano J.P. "Políticas So ciales y d e Desarrollo, Chile 1924 - 1984 "CIEPLAN,
r.
Santiago, 1985.
4
En realidad, estas d enuncias no s e lev antaron sólo del lado d e los n eo liberales : James O' Connor
publicó su "Crisis Fiscal del Estado" en 1969.
3. privadas en educación, se creó un área privada de seguros de salud y se privatizaron
5
totalm ente los fondos de pen siones.
Segun do, se em pujó un desplazam iento desde pro gram as de responsabilidad
solidaria (redistributivos) h acia otros de respon sabilidad in div idual (en los que cada
usuario " decide" los beneficio s a los que aspira y lo que quier e gastar para
conseguirlos). Esto resultó muy claro en el cambio que sufr ió el r égim en prev isional,
pero tam bién se refleja en una ten dencia fuerte a pasar de subsidio s a la of erta (que
rebajan los pr ecio s finales de los servicios) a subsidio s a la deman da.
Tercero. La red social p ública se entien de com o "subsidiar ia" de esta
satisf acción que se propon e a través del mercado. La red social se dirige a pobr eza
extrema, es decir, a aquello s que no se p ueden incorporar al m ercado de satisfactores; de
allí una ten den cia a cr iticar las políticas univ ersales y a pref erir los pro gramas
focalizado s. Más aún, el concepto que sirvió para identificar a lo s benef iciarios de la red
social es el de "po bre", enten dido como aquel segmento cuyos ingresos f amiliares
suman por debajo de un lím ite pre fijado (la "línea de pobreza").
Por últim o, se dieron pasos en el sentido de quitar f un ciones y responsabilidades
al aparato central para traspasarlas a in stancias de nivel sub nacional. Durante el
go bierno militar este proceso se im pulsó m ás según los r asgo s de la desconcentración y
m enos como una real descentralización; en todo caso, se trato de un cam bio muy
im portante y profundo en un país que, desde m ediados del siglo XIX, había consolidado
una institucionalidad y una cult ura cívica acen dradamente centralistas.
Estos f ueron los prin cipios, pero m ás aún, esta insp iración se operacionalizó
coherentemente; los técnicos y especialistas so ciales de la dictadur a .crearon
procedim ientos (la focalización) e instr um entos (la ficha CAS) que perm itieron diseñar
políticas y programas que traducían adecuadam ente las m iradas in spiradoras.
En 1990 el r égimen m ilitar ( declaradam ente neo liberal) dejó p aso a otro,
democrático y proclam adamente crítico del neo liberalismo, sin embargo, la m isma
base orientadora de la acción social se traspasó a los gobierno s de la Concertación.
Aunque los intelectuales de la democracia y lo s or ganism os internacionales habían
levantado y discutido conceptos y diagnósticos dif erentes, lo s aparatos de go bierno han
m antenido, con cam bio s m ás bien co sméticos, lo s procedim ientos y lo s instr umentos
que operaban, durante la dictadura, como recur sos articuladores entre la inspir ación
conceptual y las políticas ( se siguen utilizando lo s in dicadores de la ficha CAS que, a
fines de lo s 80 se habían reform ulado en la CAS 2; se ha continuado usan do el concepto
de "po breza" para m edir y evaluar, se m antiene la focalización aunque se cambiaron las
unidades de aplicación …) es así com o, a pesar de los cambios de discurso, esas
m ediaciones han influido para asegurar la continuidad en la orientación de las políticas
sociales a lo largo de lo s últimos 25 años. Desde 1990 se h a in crementado
sustancialmente el gasto social p úblico, sin em bar go esa mayor disponibilidad de
5
Entendemos qu e "p rivatización " no se refiere únicamente al traspaso d e la propiedad de los activos de
un servicio , desde el Estado a manos privadas, sino, ad emás y por extensión , se debe considerar la
tendencia que se ha desen cad enado por aplicar, en los servi cios públicos, los criterios y procedi mi entos en
uso en l as empresas privadas y que s e entiende, necesariamente, son mas eficientes y eficaces .
4. recursos ha fluido a través de progr am as so ciales que siguen adolecien do de los sesgos
con que lo s m arcó la insp iración neo liberal.
Una mirada crítica sobre el funcionamiento de los actuales programas
sociales.
Lo que aquí pretendemos post ular es que son las decisiones que m arcan a las
políticas sociales desde su in spir ación neo liber al las que permiten enten der buena p arte
de las formas poco ef icaces que hoy adoptan. Así se abre la p uerta a un a prop uesta
crítica que traduzca de modo m ás adecuado lo s principio s seriamente democrático s en
una estrategia de acción social.
¿Cuáles son los efectos no deseables que h an provocado estas po líticas que aquí
analizam os?
Las políticas que se han querido apoyar en las dinám icas del m ercado, en las
circun stancias de las so ciedades latinoamericanas (con capas amplias de exclusión y con
desigualdades prof undas) resbalan hacia sistemas de protección y servicios sociales
m arcado s por la " dualización".
Lejos de cum plir se el sup uesto -que se sostenía en los 80- que el desarrollo
económico provocar ía la integración de todos (o de una m ayoría m uy amplia y
signif icativa) a través de la oferta en el mercado, hoy existan cam pos importantes (como
la educación y la salud) don de se ha estabilizado una separación cualitativa entre
servicios para ricos y servicios p ara el resto.6
La dualización no esta sólo marcada por la calidad inicial del servicio que se
ofrece, sino que esta remachada por el hecho de que los subsistemas privados son
selectivos m ientras que el p úblico es r esidual. Así, en educación, lo s establecimientos
particulares o mixtos (privados que reciben algún grado de subven ción estatal y que, en
conjunto, recubr en alrededor del 25% de la m atrícula en los tram os de básica y media)
seleccionan a sus alum nos y p ueden excluir a aquellos cuyo r en dimiento no par ece
aceptable; en cam bio, lo s establecimientos municipalizados están obligado s a aceptar a
todo el que so licite incorporación en tanto su f am ilia resida en el territorio de la
comuna.
Es así que este enfo que, que concentra la calidad de los serv icio s so bre lo s
m enos, opera como reproductor potente de las diferencias y falla en aquello que - desde
que Bism arck estableció lo s seguro s a fines del siglo XIX- es lo pr imero que se le ha
pedido a las políticas so ciales: que aporten a la integración social y a la percep ción de
pertenencia.
La intención declarada en los 80 era de traspasar responsabilidades sociales
desde la buro cracia pública (ineficiente) hacia el m ercado (eficiente). Sin embar go,
6
En su mejor época, in mediatamente antes de l a recesión del 99, el sub sistema d e ISAPRES (segu ros
privados de salud, de cotización individual y libre el ección) integraba, mediante pl anes div ersos, al 27 o
28% de la población, mient ras el resto -cotizantes e indigentes- recurría a un sistema público y solidario
a trav és del Fondo N acional de Salud (FONASA)
5. 7
como ya lo anotam os, en nuestros países el m ercado se ha mostrado débil en su
capacidad de integración social de don de h a resultado que m uchas r esponsabilidades de
protección y servicios sociales han transitado, m ás bien, hacia el campo de la
"com unidad" (donde, todavía, es m uy f uerte la respon sabilidad que asum en las ONGs y
el voluntariado) o se han descar gado so bre las fam ilias.
Cuestiones como el cuidado de los v iejo s y de los niño s, en la medida en que no
son cubiertas por los servicios público s, han sido asumidas por las fam ilias populares,
que no p ueden pagar servicio s privados de guar derías o enfermeras. Igual, son las
familias las que hoy sostienen a los jóvenes que no encuentran trabajo.
Este proceso, que no parece h aber sido suficientem ente est udiado, afecta de
m anera especial a las m ujeres de lo s gr upo s pop ular es y par eciera estar detrás de otras
situacion es que se han an alizado en el paquete "feminización de la pobreza".
La con cepción de "pobre" (y su op uesto, el "no po bre") que está en la base de la
orientación de la reform a so cial de los 80 y que han seguido f un dan do lo s diagnósticos,
las m ediciones y las acciones hasta hoy, acarrea, al m eno s, dos con secuencias
im portantes que afectan a la adecuación y a la eficacia de los pro gram as sociales.
En la medida en que esta concepción llev a a dicotom izar en do s sub conjuntos,
unos "merecedores" de ayuda social y, otros, cap aces ante el m ercado, resulta que no
existen -o se han ido volvien do muy in suficientes- las políticas que apunten a resp aldar
a aquello s que, o por que vienen recién em ergiendo de la con dición de pobr es o por que
vienen cayen do desde un a situación más acom odada y segur a, están en un m om ento del
proceso que los coloca en el bor de v ulnerable de la exclusión. 8 Así sucede, por ejem plo,
con ese segmento que, en Ar gentina, identifican como "nuevos pobres": las capas
m edias ligadas a la adm inistración pública, que so br eviven m al en base a jubilaciones
m íseras, pero que por in dicadores de educación o vivienda no son "po bres" y, por tanto,
no son o bjeto de políticas.
Segun do. La concepción de "pobre" enten dido como ingresos insuf icientes,
expresa un diagnóstico centrado sobr e las caren cias, so bre aquello que falta, y, en
consecuencia, llama a acciones sociales que com plementen esa ausencia: si el ingr eso
familiar es insuf iciente, la r esp uesta lógica p arece ser un subsidio que complete ese
ingreso h asta un niv el suficiente.
Este diagnó stico centrado sobre las caren cias - y orientado hacia soluciones
consecuentes, que aportan el bien o servicio que suple esa falta- aparecen como criterio
y procedimiento, incluso en aquellas instancias donde no se usa el calificativo de po bre
para designar al grupo - objeto de la acción. (en vivien da o en niños).
7
Cfr. Adel antado J. (coord.) "Cambios en el Estado de Bien estar", Universidad Autóno ma d e Barcelona,
España,2000. Donde, para el caso español , se resaltan tenden cias muy si milares a las que aquí
identificamos.
8
El con cepto d e "excusión", como reemplazo del de"pob reza", en un enfoque que persigue p rocesosy
grados, ha sido trab ajado po r Pierre Rosenvallon . cfr. Rosenv allon, P. "La Nu eva Cuestión Social" ed.
Manantial, Bu enos Aires,1995 .
6. Este enfoque, que invisibiliza todo lo referido a capacidades, cult ura,
organ ización, in iciativas (todo lo que hoy se quiere identificar como "capital social") de
los gr upo s a los que apunta la po lítica, debe haber reforzado el carácter asistencialista de
los servicios sociales. Llama la atención que, in cluso en aquellos programas y
localidades don de el discur so ha recuperado el énfasis so br e la participación, no se
levantan instrum entos diagnósticos que recojan las cap acidades y los po sibles aportes de
los gr upo s usuarios a las po líticas.
Sin participación, las po líticas sociales se h acen m ás caras (ya que no in corporan
los r ecur sos que po dría aportar la comunidad) se v uelv en menos adecuadas ( respon den
a la mirada generalizante de lo s técnicos y tienden a pasar por encima de la
heterogen eidad de realidades diversas) pero, so bre todo, inhiben la educación de la
respon sabilidad social y cívica de los " benef iciario s"; se repiten todas las lacr as que el
neo liber alism o den unció en el Estado de Bienestar.
O rientaciones hacia políticas sociales de nuevo signo.
El fracaso relativo de muchas políticas sociales en Ch ile (formación laboral,
pueblos originarios, creación de em pleos…) y un descontento creciente con la mayoría
de las demás, arroja ser ias dudas so bre las do s posiciones que, al respecto, disp utan en
el debate público, una que propicia la profun dización de las reform as neo liberales y
otra que defien de, de manera matizada, la perm anencia de un Estado de Bienestar
"light", ambas estarían f uera de cuestión.
Es im portante resaltar que aquí no estam os tratando de criticar el desempeño
actual al servicio de un ar gumento nostálgico que quisier a volv er al pre 73. Más bien
tratam os de asumir las falencias (reales) que lo s neo liberales den unciaron en los
m odelos de bien estar para, afirmados en esas den uncias así com o en las fallas que hoy
vemos en los intentos de reem plazo, ir descubriendo una alternativa que nos permita
avanzar por sobre lo intentado a lo lar go dl siglo XX.
Se trata aquí de intentar un ejercicio de prospectiva con algo de imaginación, lo
cual debe resultar en un pro ducto m uy discutible que, ojalá, genere discusión.
- Para empezar, la mirada de base en que no s af irmamos nos lleva a reconocer que
toda la batería de las po líticas sociales, aún si se diseñan y aplican de mo do certero y
eficiente, carece de f uerza para ofrecer soluciones reales a los pro blem as de pobr eza,
exclusión y desigualdad. Es que éstos están sien do gener ados y reproducido s -
básicamente- por el funcionamiento de un mercado laboral que cierra, a muchos
9
sectores, las oportun idades de empleo adecuado
-
El desempleo absoluto (que en Chile se ha v uelto porfiado y renuente a la baja) y
el subem pleo (r especto del cual no se r eco gen cifr as oficiales en n uestro país) colocan a
las políticas sociales ante la obligación - como lo ha destacado Ro bert Castel- de parchar
a posteriori las heridas que provoca el f uncionamiento "normal" del cap italismo con
orientación liberal.
9
En esta afirmación "adecuado" signi fica que el t rabaj ador, a cambio del trab ajo que entrega, recib e una
remuneración estable (qu e no es lo mis mo que "trabajo estable") y su ficient e.
7. Es así que la pregunta por la ef iciencia de las políticas sociales nos en cam ina,
necesariamente, hacia la otra cuestión -mucho más radical- cual es la reform ulación del
funcionamiento de la economía. Es que el sistema vigente, que f unda su cr ecim iento en
el aumento del v alor de las exportaciones hacia los mercados glo bales, se im pulsa a
través de rubros que, para ser com petitivos en esos esp acio s, deben recurr ir en grado
creciente a tecnologías intensiv as en cap ital.
De allí que, par a asom bro de ciertos sectores en el gobierno que, a principio s del
año 2000 habían apostado a la reactivación de la economía para escapar al fantasma del
desem pleo de do s dígitos, el producto creció en 5.4% durante el año pasado pero el
desem pleo también subió. El escenario, n uevo en Ch ile, es que aquí también estamos
enfrentados a la posibilidad del "cr ecim iento sin empleo".
La conclusión es que las políticas sociales sólo pueden aspirara eficacia ante la
exclusión y la desigualdad si se las propone como un apoyo y com plemento de un or den
que ofrezca, a todos, oportun idades adecuadas de inserción a través del trabajo.
A nuestro entender eso exige un modelo que asegur e y proteja ciertos segmentos
de mercado p ara el desempeño de la p equeña y m icroempresa ya que a estos segmentos
de pro ductores no se les p uede resp aldar sólo en su con dición de oferta si es que no
tienen a quién vender. Todas las economías que han podido sostener el crecimiento han
protegido alguno s espacios ya de la pro ducción ya del mercado dom éstico (así f ue en el
sud - este asiático, así en Estados Unidos y así en el oeste de Europa) de este m odo no
10
han tenido que cargar con el peso m uerto del desempleo y del descontento social.
En torno a un mercado de trabajo or ientado, responsable e intencionadamente, por
el Estado y la sociedad par a que r esulte m ás inclusivo y aco gedor, se p uede proponer
una "estrategia" que, considere las m últiples y variadas situaciones so ciales que
dif icultan la in corporación en las po sibilidades laborales que esa m isma estrategia
asegur a (según lo recién anotado en el sub p unto anterior).
- Se debe asegurar la universalidad, en co bert ura y en calidad, de aquellas políticas que
apuntan a crear y repro ducir, en cada persona, las capacidades básicas para el adecuado
desem peño laboral ( educación y salud).
- Hay que mantener políticas focalizadas que lleguen a aquello s (aquellas) cuyas
circun stancias p erson ales les dificultan el acceso y la incorpor ación efectiva al trabajo o
a mejores trabajo s. El caso típico parece ser el de las mujeres jef as de hogar con niños
pequeños, pero hay muchos otros.
- Se debe af inar las políticas de calif icación para el trabajo en función de demandas
laborales efectivas. Hoy, am parados en la con sign a de la "sociedad del conocimiento"
(que parece asegur ar que mientras m ás se cono zca -so br e cualquier materia- va a
m ejorar la inser ción social) se siguen ofrecien do una multitud de cur so s y cursillos que
entregan h abilidades y cono cim ientos que n adie demanda.
8. - La estrategia contra la po br eza y la desigualdad debe mantener los subsidio s de
asistencia, pero estrictam ente dirigidos a quienes no p ueden incorpor arse al mercado de
trabajo ( los v iejo s, lo s enfermos e inválido s, lo s niños en situación irregular …)
Mucho s pueden sospechar que to do -o casi todo- lo que acabam os de anotar y a se
está haciendo, y tien en razón ; es que en la n ueva estrategia habrá que seguir impulsando
el esf uer za cotidiano por racionalizar y mejor ar la atención de lo s distintos servicio s. Lo
que sí queremos destacar en la prop uesta es la idea de "estrategia", en la cual los
distintos progr amas so ciales, lejos de agr egar se a m anera de una sumatoria de
iniciativas, se tratarán de articular en resp uestas integr ales en la búsqueda por tocar en
forma radical y v ariada la r ealidad segm entos que son hetero géneo s.
En el contexto de la búsqueda de una estrategia centrada so bre el acceso adecuado
al trabajo, es que recom endam os aten der a la experiencia francesa que ha trabajado la
idea de r emuner ar lo s servicios que se prestan en la comun idad lo cual significa, por una
parte, abr ir el abanico de la inserción labor al po sible y, por otra, reconocer esa actividad
que no sur ge desde el m ercado sino desde las esf eras com unitaria y familiar. Se abr e así
la po sibilidad de que un a cuota de recur so s estatales (monetarios y técnicos) que existen
y están dedicado s a determ inadas tareas, se articulen, fortalezcan y den eficacia a los
esf uer zos que se despliegan, en el m ism o sentido de esas tareas, desde la sociedad local
m ism a. Así, por ejemplo, el cuidado de niños y la educación preescolar se po dría
intentar con un equipo muy amplio de p arv ular ias y m adr es experimentadas, que se
capacitan mutuamente en la lín ea de "diálo go entre saberes distintos", uno m ás técnico y
11
otro más experiencial.
La ref lexión anterior nos h a dejado a las puertas del tem a - disp utado- acerca de la
"participación", que, para nosotros, resulta central en la generación de acciones sociales
de cuño n uevo.
Entendemos que las políticas sociales, además de m edidas que persiguen una
eficacia técn ica (constr uir casas, educar conocimientos y destrezas…) con stituyen
espacios privilegiado s en los que se exp erim enta y se modela la relación entre los
ciudadano s y el Estado; es decir que, en el ejercicio de la política social, no só lo se
establece esa relación sino que su modo se m arca en lo s actores que la exper imentan:
así, un a relación clientelista tiende a educar ciudadano s receptores y agradecidos.
Las do s dimensiones que hem os destacado, la técnica ref erida al "pro blem
solvin g" y la política que dice a la educación ciudadana, se dicen y se definen
m utuamente: la participación respon sable y con in iciativa de parte de lo s usuar ios, debe
posibilitar una m ayor ef icacia de las po líticas y volverlas más adecuadas a la realidad de
cada particularidad, pero, al mismo tiempo y en el m ism o esfuerzo, la particip ación se
propone com o un ejercicio de ciudadanía que constituye sujetos con respon sabilidad
social y comprom iso democrático. 12
11
En algunas co m as s e han des arrollado exp erien cias en este s entido, en el campo de la salud, que han
un
resultado muy fructíferas.
12
Es cierto que "participación", así co mo otros términos qu e di cen a l a probl emática de este artículo
(descentralización, igualdad de oportunidades , b ásico…) son exp resiones en disputa, que se usan con
contenido y sentido distintos en discu rsos de signo político di ferente. Existe un a así llamad a
participación i mpulsada por la ideología neo liberal , que no v a más allá de una forma p ara reducir costos
de los servicios a través d el co-pago o de l a inco rporación d e trabajo no retribuido y cuyo p apel vi ene
9. La gran dificultad con que se tropieza un a propuesta de este tipo es que exige un
replanteo de los par ámetros con lo s que hoy se piensa la relación entre la economía y lo
social, donde campea la convicción -éx ito de lo s neo liberales- que no es po sible in cidir
so bre las estr ucturas fun dam entales del fun cionam iento de la econom ía y que no resulta
conveniente intentarlo.
Com o nos dice José Luis Cor aggio "Im aginar esas u otras estructuras requerirá
superar, com o principal obstáculo epistem ológico, la aceptación de que lo social y lo
económico son separables, y de que mientras lo so cial es aún materia de acción volitiva,
lo económ ico no tiene responsables ni p uede ser m odificado. Por el contrario, habr á que
"tocar la econom ía", no par a volv erla vuln erable e inestable, sino p ara corregir desde
adentro las causas de la polar ización y la exclusión so cial" 13
definido desde las instancias de decisión t écnicas o políticas. No es de eso qu e hablamos en est e
subpunto.
13
Coraggio , J. L. "¿Es posi ble pensar alterna tivas a la política social neoliberal?" pg 10 , en www.
fronesis.org