El documento presenta la posición del Partido del Trabajo en México con respecto a las demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El Partido del Trabajo apoya las demandas del movimiento y ha presentado varias iniciativas legislativas en línea con sus demandas, incluyendo reformas para limitar el poder del ejecutivo, ampliar los derechos ciudadanos, y abordar la violencia a través de enfoques de seguridad humana y desarrollo socioeconómico. El Partido del Trabajo ofrece su

1. Posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en
la reunión de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados con el
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Dip. Enrique Ibarra Pedroza
Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de agosto de 2011
A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, damos la bienvenida
a los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Hacemos
votos para que estos encuentros ocurran con la mayor frecuencia y permitan
una mayor interacción entre los parlamentarios y la sociedad civil, dado que
este recinto representa la diversidad de nuestra nación.
Entendemos la indignación que acompaña a este Movimiento, porque nosotros
también sufrimos el fraude electoral en 2006. Nos hemos mantenido ante
muchos agravios, pero no perdonamos ni olvidamos la traición, la hipocresía y la
indiferencia. Por ello hacemos nuestra la demanda de dignificar al Congreso y
asumir las responsabilidades por nuestro desempeño. Con toda honestidad, los
invitamos a comprobar que existe una coincidencia profunda de nuestras
posiciones y votos que constan en el Diario de los Debates en esta Legislatura.
La presencia de ustedes, como representantes de las víctimas y de los deudos,
introduce una dimensión crítica a los procesos de aprobación de las reformas. La
separación entre el espíritu de la Ley y el cuerpo herido de la realidad social
señala la exacta medida de nuestra responsabilidad cívica. El déficit de nuestra
democracia que confirma esta crisis humanitaria nos obliga a plantear una
profunda transformación de las instituciones públicas.
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2. Repudiamos la actitud de quienes aplauden la indiscriminada campaña policiaca
y militar de Felipe Calderón para más tarde pedir perdón y tender la mano a las
víctimas. La ciudadanía, ultrajada y maltrecha, es un actor central, no un “daño
colateral”. Por ello escuchamos las demandas puntuales del Movimiento en la
reunión del Castillo de Chapultepec y expresamos nuestra plena coincidencia.
Nuestro grupo respalda una agenda amplia de reforma del Estado que modere
las facultades del ejecutivo, amplíe las atribuciones del Congreso, descentralice
el poder hacia las comunidades y eleve el potencial de la participación y la
vigilancia ciudadanas.
Pensamos que los ciudadanos deben tener derecho de iniciativa legislativa, pero
es necesario también modificar el sistema de toma de decisiones para que las
reformas más necesarias sean avaladas en el Congreso. Estamos a favor de que
el voto público decida ratificar o suprimir el mandato de sus representantes en
los procesos electorales, pero también que pueda revocarlo en todo momento.
Apoyamos la propuesta de que cualquier ciudadano ejerza su derecho al voto
pasivo, siempre y cuando las candidaturas sean plenamente fiscalizables y
transparentes. Estamos a favor de la consulta como un mecanismo usual para
abrir las decisiones públicas; lo concebimos como un mecanismo posible entre
un amplio catálogo de democracia participativa y deliberativa.
De esta manera, claramente decimos sí a la reforma política, pero reprobamos
las disposiciones presidencialistas que contiene la Minuta del Senado, y son 3: 1)
el veto del Ejecutivo al presupuesto, 2) el derecho de iniciativa legislativa
preferente y 2) La toma de protesta presidencial que margina al Congreso. Se
necesita apartar las modificaciones que sólo favorecen la concentración del
poder.
Con respecto a la Ley de Seguridad Nacional, desde el primer momento nuestra
fracción se opuso tanto a la Minuta del Senado como al documento del Dip.
Navarrete Prida. Gracias a la intervención de la sociedad civil y la opinión
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3. pública, así como a la oposición de izquierda, detuvimos en abril pasado el
intento de suprimir las libertades públicas y otorgar plenos poderes a la
presidencia, como pretendía el documento del PRI. Atendimos los argumentos
de los ponentes en las audiencias públicas convocadas para debatir esta
reforma. Claramente, todos los expertos se opusieron a continuar en la
concepción unilateral y represiva de la Seguridad Nacional.
Coincidimos con ustedes en que la propuesta de dictamen no subsana las
violaciones evidentes a la Constitución y los tratados internacionales; por el
contrario, insiste en inventar facultades para el Ejecutivo y comprometer a las
Fuerzas Armadas en tareas sumamente delicadas. Por tal razón, presentamos a
la Comisión de Gobernación un dictamen negativo a la Minuta: creemos que
todos sus términos deben ser desechados para comenzar desde el debate a
partir de la seguridad humana, y no desde el ángulo de la seguridad del
gobierno. Desgraciadamente, ningún otro grupo parlamentario nos secundó en
esta propuesta.
Votamos en contra de la Minuta en lo general y en lo particular, porque
pensamos que el fascismo no necesita un dictamen propio: puede penetrar a la
Ley artículo por artículo, de la misma forma en que la arbitrariedad ha entrado
colonia por colonia, municipio por municipio, operación por operación. Ahora
que el Congreso ha abierto la discusión en Conferencia de esta reforma, es
necesario insistir en todas las plazas, en todos los textos, en todos los llamados
para detener este fraude constitucional que suprime los derechos ciudadanos.
Estamos de acuerdo en que el objetivo de la seguridad integral es la persona, no
el Estado. Los órganos de seguridad requieren un enfoque civil, con evaluación y
control de confianza. Proponemos definir claramente las atribuciones de las
autoridades y establecer la plena responsabilidad jurídica y política por su
actuación, además de unavigorosa fiscalización del poder legislativo y control por
parte del poder judicial. No se necesita redistribuir facultades ni apostar a la vía
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4. coercitiva para combatir el crimen. Bastaría una política coherente de
prevención ante los riesgos, una adecuada coordinación entre autoridades y
una acción firme contra la economía criminal transnacional.
Pensamos que solamente la atención a los problemas socioeconómicos puede
evitar el crecimiento de la violencia en el largo plazo. Fortalecer las
instituciones públicas y ofrecer oportunidades de empleo y educación evitará
que los conflictos se paguen con sangre y que la marginación haga a los jóvenes
sucumbir ante la leva que imponen los grupos delictivos.
De tal forma, apoyamos las demandas del Movimiento para ciudadanizar las
instituciones de Seguridad Pública y crear una entidad fiscalizadora
independiente; para emprender políticas integrales para jóvenes y para destinar
la mayor parte del presupuesto para restituir la cohesión social. Igualmente,
creemos que la deuda del Estado mexicano con sus ciudadanos debe mediante
la instauración de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como la
aprobación de una Ley de Apoyo para Víctimas y los fondos financieros
necesarios, para sancionar, indemnizar, reparar y garantizar que no se repitan
los daños infligidos a la sociedad.
De nuestra parte, y ante los múltiples paliativos que se han planteado,
queremos recordar que hemos presentado diversas iniciativas para ampliar los
derechos sociales y hacerlos exigibles, para un nueva política exterior de Estado,
para restituir la imparcialidad de los órganos electorales, para reforzar los
derechos fundamentales, para combatir la impunidad, para plantear un
presupuesto austero y popular, para defender nuestro patrimonio nacional,
para proteger el medio ambiente, para reformar los medios de comunicación,
para construir una democracia participativa y deliberativa, para diseñar un
Estado que proteja a los trabajadores, a las mujeres, a los niños a los emigrantes
e inmigrantes.
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5. Nuestro grupo parlamentario planteó desde abril de 2010 reformar el fuero
militar en acatamiento de la Sentencia de la Corte Interamericana contra el
Estado mexicano por el caso Rosendo Radilla. La Comisión de Defensa, presidida
por el Dip. Rogelio Cerda, no ha dictaminado a pesar de que la Corte
Interamericana ha reiterado la exigencia en otras cuatro sentencias y de que la
Suprema Corte ha resuelto acotar definitivamente la jurisdicción militar.
Igualmente, signamos con Alejandro Encinas y Teresa Incháustegui la iniciativa
de Nueva Ley de Seguridad Nacional, cuyo centro es la seguridad humana ante
factores económicos, ambientales, climáticos, sanitarios, alimentarios, entre
otros.
Por tal motivo, queremos pedir su apoyo para que las propuestas mencionadas
se debatan abiertamente en esta Cámara con participación de la sociedad civil.
Es necesario que los representantes del Movimiento se sumen a los trabajos de
las comisiones de dictamen, para que exijan a los representantes populares que
dignifiquen su tarea y expongan claramente las razones para impulsar, ignorar,
postergar o rechazar los distintos planteamientos legislativos.
Reconocemos que las voces solitarias de nuestros trece diputados poco podrán
hacer por la angustia de los familiares de más de 10 mil desaparecidos. Tampoco
podrán dar consuelo a los deudos de más de 50 mil personas asesinadas en este
sexenio. Sería cínico ofrecer discursos a los poetas, a los doloridos, a los
desesperados. Por ello, ponemos nuestros escaños a su disposición para no
callar ante el atropello, en nombre de Juan Francisco y de tantos periodistas,
trabajadores, campesinos, defensores, estudiantes y dirigentes sociales que han
caído en nombre de una campaña sanguinaria. Les pedimos su apoyo para
seguir luchando por la paz y la justicia.
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