1. OFICIO DE PA PEL
COLUMNA SEMANAL DEL PERIODISTA MIGUEL BADILLO
« LUNES 01 DE ABRIL DE 2013
Lunes 08 de abril de 2013
Red de corrupción en Sedena
Ordenan investigación a fondo
Vetan a empresas responsables
La semana pasada publicamos en esta columna una carta
enviada por proveedores de bienes y servicios para la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se
quejaban de supuestas irregularidades en el área
administrativa de esa dependencia a cargo del general
brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga.Según la misiva,
varios militares habían integrado una red de corrupción para
obtener comisiones a cambio de la asignación de contratos
millonarios para adquirir bienes y servicios. Los empresarios
inconformes dicen que, para pedirles comisiones económicas,
los funcionarios militares aseguraban que el secretario de la
Defensa, Salvador Cienfuegos, tenía conocimiento del cobro del
diezmo.
En la carta decían: “Somos un grupo de proveedores de la
Secretaría de la Defensa Nacional, preocupados porque
venimos prestando nuestros servicios y la nueva
administración del área de compras, donde se encuentran el
teniente coronel DEM [diplomado de Estado Mayor] José
Alfredo Carrillo Ríos, y el coronel intendente DEM José Luis
Lua Tatuado. Desde que llegaron a sus posiciones han pedido
cantidades importantes de dinero por anticipado, al comentar
que ellos tienen el poder de decidir qué proveedores se quedan,
quiénes entran y cuáles se van.

2. “Nos han dicho que tenemos que alinearnos. Como si fuera
poco, nos han dicho que los diferentes procedimientos
licitatorios serán transparentes, al invitar a un sinnúmero de
empresas por evento; y en las diferentes invitaciones hay
irregularidades e inconsistencias, además de pedir requisitos
como cartas de exclusividad, cuando conforme a ley si es carta
de exclusividad tendría que ser compra directa, pues nadie más
participaría.
“Estos dos militares, responsables ahora de la contratación de
bienes y servicios para la Defensa, ofrecieron a las diversas
empresas participantes información para ganar los contratos
por 1 millón de pesos. Esta situación es más grave porque nos
dicen que son órdenes del secretario de la Defensa, general
Salvador Cienfuegos.”
El mismo lunes que publicamos esta denuncia sobre esa
presunta corrupción en el área administrativa de la Secretaría
de la Defensa, uno de los militares señalados en la misiva, el
coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado, fue separado
de su cargo y comisionado a la ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, además de que se abrió una investigación para
determinar su presunta responsabilidad en esa red de
chantajes y sobornos en que se ha convertido la asignación de
contratos en la Sedena.
El último caso que aseguran los proveedores está lleno de
irregularidades y ocurrió apenas hace unos días, se dio cuando
las direcciones generales de Sanidad y de Administración de la
Defensa declararon desierta la licitación 006/1/2013 para la
compra de equipo médico, que tendría un costo aproximado de
108 millones de pesos, sólo para los estados de la República y
por año y medio de servicio.
De acuerdo con documentos de la Sedena, de los que esta
columna tiene copias, la licitación incluía la contratación
plurianual (2013 y 2014) de abastecimiento e insumos de
ortopedia para las especialidades de cirugía de ortopedia de
rodilla, cadera, maxilofacial, columna de ortopedia y cirugía

3. maxilofacial para hospitales militares, regionales y
enfermerías que cuentan con la especialidad.
En dicho proceso licitatorio participaron 15 empresas, algunas
de las cuales son investigadas para determinar si durante el
sexenio pasado, cuando ganaron varios contratos, otorgaron
sobornos a militares de alto rango: Servicios Empresariales
Begam, Zaken Internacional, Comerlat, Medical Smart
Projects, Comédica, Aplicaciones Médicas Integrales,
Pentamed, Farmacéutica Cruz Real, Grupo Autrey, Grupo
Farmacéutico Santo Tomás, Grupo Madero, Suministros e
Instrumental Médico, Nadro, Savi Distribuciones y Grupo
Ruvel.
Entre los militares involucrados en esta licitación declarada
desierta está el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos, jefe
de la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos,
designado por la Subdirección de Adquisición de la Dirección
General de Administración como responsable del concurso.
El 20 de marzo se llevó a cabo, en las oficinas de la Sedena, la
recepción y apertura de las propuestas técnica y económica,
con la participación de representantes de la Asesoría Jurídica
de la Dirección General de Administración, del Órgano Interno
de Control y de cinco empresas licitantes. Dos días después se
presentó el dictamen técnico en donde se indica que ninguna
empresa cotizó el ciento por ciento de los requerimientos
establecidos en la convocatoria, por lo que se declaraba
desierta. Sin embargo, entre los proveedores inconformes se
afirma que los funcionarios encargados de la licitación ya
tenían seleccionada a la empresa ganadora, pero por errores de
ésta no pudieron asignarle el contrato porque hubiera sido
demasiado obvio que se trata de un caso de corrupción más.
En los documentos se explica que la empresa Servicios
Empresariales Begam cumplió con el 78.4 por ciento de las
partidas, mientras que Aplicaciones Médicas Integrales apenas
cubrió el 34.1 por ciento y el resto fue mucho menor, por lo que
se determinó que las cinco empresas concursantes
incumplieron con los requerimientos establecidos en la

4. licitación. Por tal motivo, “esta área contratante procede a
declarar desierto por primera ocasión el presente
procedimiento de contratación, de conformidad con el artículo
38 de la Ley de Adquisiciones”.
El acuerdo fue firmado por los representantes de las cinco
empresas participantes, así como por la Dirección General de
Sanidad –representada por el subdirector administrativo,
general brigadier Fernando Rafael Martínez Pérez, y el teniente
coronel Isaac Enrique Hernández Téllez– y el asesor jurídico de
la Dirección General de Administración, mayor Alberto Cortés
Ríos.
El teniente coronel Jesús Rogelio Gámez Tamayo, jefe de la
Sección Administradora de Contratos, habría sido el
responsable directo de armar esta licitación que, según algunas
empresas participantes, está repleta de irregularidades. El
antecedente de este coronel, según fuentes de la Defensa, es
que durante la administración anterior había sido relegado por
diversas acusaciones que motivaron el inicio de investigaciones
en su contra, pero ahora fue reinstalado en sus
responsabilidades para seguir armando las licitaciones.
Focos rojos en Sedena
Preocupado por la corrupción en la asignación de contratos en
la Secretaría de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos ha
ordenado a los órganos de inteligencia y de control revisar las
prácticas de licitación e investigar a las empresas privadas que
desde hace varios años se mantienen como las principales
ganadoras de los concursos, pues hay preocupación de que
diversas compañías sobornan a militares para ganar los
contratos y utilizan prestanombres porque varias empresas en
realidad pertenecen a servidores públicos, militares y
exfuncionarios que han encontrado en los contratos de
gobierno una forma de enriquecerse mediante la entrega de
comisiones para los responsables de asignarlos.
Un caso grave que aún se investiga en Sedena ocurrió en los
últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón, entre 2010 y

5. 2012, cuando la Defensa entregó 18 contratos a proveedores
privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para
la adquisición de equipos y servicios para las áreas de
inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El propósito de esas compras era que el Ejército contara con
equipo tecnológico y de comunicación necesario para
investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia
organizada (narcotráfico), por lo cual, dichas adquisiciones se
clasificaron como de seguridad nacional y por ello los contratos
se asignaron directamente, es decir, sin licitación de por
medio, y bajo autorización de un Comité de Compras del
Ejército, en donde participó el entonces secretario de la
Defensa, general Guillermo Galván Galván.
Sin embargo, mediante una denuncia que salió de la misma
Secretaría de la Defensa y fue presentada por militares de alto
rango ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la
Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se
inició la revisión de ocho contratos por un monto total de 5 mil
628 millones de pesos, para la compra de equipo de
intervenciones telefónicas y espionaje para el área de
inteligencia de la Sección Segunda del Ejército.
Ahora se ha retomado esa indagatoria porque en las revisiones
que hace la actual administración de la Sedena en coordinación
con su Órgano de Control, Inspección y Contraloría General del
Ejército y Fuerza Aérea, destacan posibles contratos
irregulares en donde equipos y servicios no se hayan entregado
y realizado; en otros, habría fallas en su operación, y en unos
más se habría pagado el diezmo, es decir, un porcentaje de
entre el 10 y 20 por ciento del monto total del contrato para los
militares que lo asignaron a empresas privadas nacionales y
extranjeras. También se investiga si las compañías beneficiadas
tienen alguna relación con generales o coroneles, pues es una
costumbre en la Defensa que los militares recomienden
empresas o, a través de prestanombres, sean los dueños de las
mismas.

6. En ese sentido, la actual administración de la Defensa, por
instrucciones del general Cienfuegos, ha iniciado una revisión
exhaustiva de las empresas que durante todo el sexenio fueron
proveedores de bienes y servicios, con el propósito de que
nunca más, o por lo menos durante este sexenio, vuelvan a
recibir contratos directos ordenados desde los más altos cargos
de esa institución militar.
Por lo pronto hay varias empresas en la mira: Disur, Begam,
Zaken y Yanbar, entre otras relacionadas con los servicios de
Salud y equipo médico, de laboratorio y ortopedia.
Disur, por ejemplo, es una empresa que proporciona el servicio
integral de administración de farmacias para la Defensa, que
incluye compra, almacenamiento, distribución, administración
y control de red fría, así como el control de los procesos
administrativos, como son recursos humanos, materiales,
financieros, tecnológicos y el acceso a la información.
Pues Disur ha sido sancionada en varias ocasiones por la
Sedena debido al incumplimiento del contrato y el desabasto de
medicinas que esto ha generado, con el consecuente problema
que ello ocasiona para los militares que deben ser atendidos.
El mismo gerente comercial de Disur, Eliseo Ramírez, ha
reconocido que sí han tenido que pagar multas, pero dice que
son mínimas. Según el directivo, esa empresa de servicios
farmacéuticos tiene una efectividad del 99 por ciento, y el
desabasto no alcanza ni siquiera el 1 por ciento. Como todo
contrato con el gobierno federal, tiene cláusulas que cubren
cualquier contingencia y en el caso de Disur las multas
mensuales son de los 30 mil a los 200 mil pesos, no más, lo
cual, asegura, es considerado como normal.
Actualmente Disur arrastra contratos asignados desde la
Secretaría de la Defensa durante los últimos 4 años, cuando su
titular era el general Galván Galván, y sólo en 2012 ascendieron
a unos 300 millones de pesos. Eliseo Ramírez informa que para
2013 tienen una extensión de contrato por otros 120 millones
de pesos y esperan que la actual administración les extienda

7. aún más dichos servicios. Sin embargo, al interior de la
Defensa sostienen que ni un contrato más se le asignará de
manera directa a esta empresa beneficiada en la
administración anterior por intereses que ahora son
investigados.
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