Conciliación y Mediación

1. 1
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
El proceso judicial ha sido la forma de resolución de conflictos al ser
el medio al que han acudido los ciudadanos en la confianza de que va a
resolver los conflictos; pero el incremento de los asuntos, la lentitud de la
administración, la complejidad de los procedimientos, el coste económico y
la no obtención de una solución satisfactoria, ha provocado el ofrecimiento
de otras alternativas al proceso, como la conciliación, la mediación y el ar
bitraje. Estas vías alternativas al proceso civil ofrecen la posibilidad de
resolver el conflicto por un método más adecuado, más sencillo, más rápido
y obtener una solución más satisfactoria en la que intervienen directamente
las partes para llegar a un acuerdo.
Conciliación.
“Conciliar” se deriva del vocablo latino “conciliare” que significa
componer, ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí.
Podemos definir la conciliación como un sistema para la solución
directa y amistosa de las diferencias que puedan surgir de una
relación contractual o extracontractual mediante la cual, las partes en
conflicto, con la colaboración activa de un tercero o conciliador pone
fin al mismo, celebrando un contrato de transacción.
La conciliación es un mecanismo alternativo a la resolución de
conflictos. El acto de conciliar se ve reflejado dentro de un proceso
judicial, en el que las partes tienen intereses opuestos, donde el juez
o el Secretario tienen que tener conocimiento de la causa para poder
aclarar el conflicto. Como dice el Profesor César Castañeda Serrano,
en su artículo sobre la conciliación procesal, como forma especial de
conclusión del proceso, el éxito de la conciliación depende del grado
de concienciación, que debe tener un juez, para aplicar en forma
adecuada el principio de Inmediatez Procesal.
La conciliación es una negociación donde las partes buscan dar una
solución satisfactoria al conflicto con intervención de un tercero, que
tenga capacidad para proponer fórmulas conciliatorias, intentando la
comunicación entre las partes, tratando de llegar a acuerdos para
evitar el proceso judicial.
La Conciliación puede ser judicial o extrajudicial.
La Conciliación extrajudicial, a diferencia de la realizada dentro de
un proceso, es más flexible, fomenta la creatividad entre las partes y

2. 2
tiene bien definida su marco de acción en cuanto a la solución que se
le debe dar al conflicto.
Diferencias:
a) En el proceso judicial se busca enfocar cuales son las
pretensiones o exigencias planteadas en la demanda, contestación
o reconvención.
La conciliación extrajudicial se adentra en resolver los problemas
y dar soluciones que satisfagan los intereses y necesidades de
ambas partes.
b) En el proceso judicial se busca interponer y buscar la norma
correcta para solucionar el conflicto.
En la conciliación extrajudicial existe un marco amplio que
garantiza la legalidad de los acuerdos
3) En el Proceso Judicial interviene el Juez o el Secretario.
En la conciliación extrajudicial el conciliador y las partes.
La conciliación busca que las partes (con asistencia del conciliador)
puedan: lograr soluciones, promover la comunicación, entendimiento
mutuo y empatía; mejorar sus relaciones, mínimizar la participación del
sistema judicial y evitar el proceso contencioso, en definitiva conseguir
acuerdos para resolver el conflicto.
Arbitraje.
El arbitraje puede ser definido como un contrato por el que las partes
deciden someter las controversias o litigios que surgen de una
determinada relación jurídica a la decisión de un árbitro. El arbitraje se
caracteriza por ser un sistema alternativo para la resolución de
conflictos, de carácter convencional, objetivo temporal y determinado
subjetivamente. Mediante el arbitraje se sustituye la tutela de los jueces
por la de los árbitros desde que éstos deciden aceptar el encargo del
arbitraje y emitir el laudo.
La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1995 se
pronuncia en el sentido de que “los laudos arbitrales firmes solo son
susceptibles de ejecución judicial por los trámites del procedimiento de
ejecución de sentencia… hasta alcanzar la verdadera intelección de lo
resuelto por el árbitro, en el laudo arbitral firme que se trata de ejecutar.
El sistema arbitral es un procedimiento sencillo por el cual, las partes
enfrentadas, someten su problema a un árbitro experto en la materia y

3. 3
que será el encargado de emitir la decisión final sobre el problema
planteado. El conflicto se resuelve mediante el laudo.
Las partes deben pactar expresamente la sumisión al arbitraje,
impidiendo que el litigio pueda plantearse ante el juez, como
consecuencia de esa sumisión expresa de las partes y en el supuesto que
se interpusiera una demanda sobre una cuestión sometida al arbitraje el
juez decretará su inadmisión o iniciado el procedimiento, una de las
partes alegara el arbitraje como una excepción, el juez remitirá a las
partes al arbitraje pactado sin dictar resolución.
Las maneras más usuales del sometimiento al arbitraje consisten en la
utilización de cláusulas o convenios arbitrales, firmados por las partes
por los que someten cualquier litigio futuro al arbitraje de uno o más
árbitros, pero pueden existir contratos previos sin arbitraje; en este caso,
las partes pueden firmar un documento en el que se someten
expresamente al arbitraje para la resolución de sus conflictos o
controversias, siendo el requisito imprescindible, el acuerdo expreso e
inequívoco de las partes.
Ventajas del Arbitraje:
El cúmulo de trabajo que pesa sobre los juzgados y tribunales
produciendo una demora en la tramitación y resolución de las
controversias y el elevado coste que supone un procedimiento, provoca
que la vía judicial más que una solución sea un problema; con el
arbitraje se intenta paliar estas situaciones, como una vía alternativa a la
judicial, por el que la resolución a cualquier conflicto se produce de
manera rápida, eficaz, profesional y económica.
Las ventajas más destacadas del sistema arbitral son:
a) La celeridad en la resolución del conflicto.
b) El bajo coste, por la reducción de costes en comparación con un
proceso contencioso.
c) Es una vía eficaz para la resolución del conflicto.
d) Existe un menor enfrentamiento.
e) Se desarrolla por la actuación de profesionales y expertos en la
materia objeto de arbitraje.
f) Se satisfacen los intereses de las partes.
g) Evitan litigios futuros.
Actualmente existe una progresiva implantación del arbitraje como
método de resolución de conflictos, alternativo al proceso contencioso, que
reduce los elevados costes y la tardanza ofreciendo una solución a las

4. 4
controversias de las partes; el sistema arbitral supone una descarga de
trabajo a los juzgados y una mejora en la solución de los problemas de los
ciudadanos.
LA MEDIACION FAMILIAR
I) INTRODUCCIÓN.
Por primera vez con carácter general, la mediación está contemplada
en la L.E.C. según redacción dada por la Ley 15/2005 como alternativa a la
vía contenciosa, conviene citar:
- Art. 770 LEC-1 “Las partes de común acuerdo podrán solicitar la
suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el art. l9.4 de
esta ley para someterse a mediación.”
-Art. 777-2 “al escrito que se promueve el procedimiento se
acompañara....incluyendo en su caso el acuerdo final alcanzado en el
procedimiento de mediación”.
- Disposición Final tercera...establece que “El gobierno remitirá a las
Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los principios
establecidos en las disposiciones de la Unión Europea y en todo caso en las
de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el
respeto a los servicios de mediación creados por las Comunidades
Autónomas”.
La referencia que la disposición adicional tercera hace a los
principios para la mediación, lo hace para determinar el proceso de
mediación como un proceso-método que debe realizar un tercero imparcial
y neutral, con capacidad profesional (cualificación) que será determinado
por ley, intentando que las partes voluntariamente lleguen a acuerdos,
superando los conflictos existentes y que estos acuerdos sean redactados
legalmente y aprobados judicialmente.
Como consecuencia de ello se hace necesaria una ley estatal que
resuelva y regule todo lo relativo al procedimiento de mediación:
1) Que el mediador sea una persona idónea con formación profesional,
con obligación de cumplir el principio de imparcialidad, objetividad
y neutralidad.
2) Que se garantice la voluntariedad de las partes y confidencialidad,
(las conversaciones que tengan lugar en el ámbito de la mediación no
van a ser conocidas en el proceso contencioso en el caso que no
llegue a su fin).
3) Que los acuerdos que se realicen a través de este método sean
redactados por los abogados de las partes, para la formalización
jurídica de los pactos.

5. 5
4) Homologación judicial, con intervención del Ministerio Fiscal
cuando haya menores o incapaces.
La reforma que introduce la Ley 15/2005 no hace referencia a la
mediación dentro del proceso de ejecución, ni a la liquidación de la
Sociedad Legal de Gananciales.
Se hace necesario que la ley estatal que regule la mediación haga una
regulación específica en materia de liquidación de la Sociedad Legal de
Gananciales y dentro del procedimiento de ejecución, ya que no solo se
hace necesaria una respuesta rápida al conflicto matrimonial sino también
una solución satisfactoria a la ejecución de las medidas adoptadas en
sentencia (de nada sirve tener una solución al conflicto, si éste surge con el
incumplimiento de las medidas adoptadas).
La Ley reguladora de la mediación debe establecer la remisión de las
partes al proceso de mediación cuando exista un conflicto en la ejecución
(incumplimiento del régimen de visitas) en qué momento del
procedimiento, (interposición de la demanda ejecutiva, oposición o vista)
con la intervención de mediadores, (formación adecuada), teniendo en
cuenta además que el conflicto en ejecución a veces es más difícil de
resolver, existiendo situaciones cronificadas entre las partes, por eso la
mediación debe tener suficientes garantías de calidad y adaptarse al caso
concreto.
En relación con la mediación familiar en situaciones de violencia, si
bien la misma en principio está excluida, no debe hacerse de una forma
absoluta, debiendo tener en cuenta los casos concretos; tampoco en los
supuestos de ejecución en los supuestos de ejecución siempre que el grado
de violencia no afecte a la libertad de criterio de la víctima, pudiendo ésta
optar libre y voluntariamente por un proceso de mediación, ya que puede
actuar como un elemento de prevención de la violencia; puede suceder que
se produzca una situación conflictiva e incluso actos de violencia en el
transcurso del procedimiento de ejecución que podrían ser prevenidos si las
partes, antes de llegar a este momento, hubieran optado por un proceso de
mediación; además no podría ser excluida en el proceso de ejecución de
aquellos casos que, procediendo de un juzgado de violencia, en el momento
de la ejecución haya cesado la situación inicial de violencia.
El Derecho Internacional propicia la mediación familiar en los casos de
sustracción internacional y en el impago de pensiones, como medio de
solucionar este tipo de problemas en los que en muchos casos existe
violencia.

6. 6
II. FUNCION DEL MEDIADOR Y DEL ABOGADO.
Mediador
- Intervención indirecta
- Retomar el diálogo.
- Capacidad de informar al juez.
- Líneas de intervención:
. Reconocimiento de la legitimidad de todas las partes.
. De todas las opciones cada parte comprende el punto de vista
de la otra.
. Debe saber: Escuchar
. Inspirar confianza.
. Encontrar un nivel de comunicación común
de las partes.
(que les permita encontrar solución por sí
mismos)
La ley de Mediación Familiar de Castilla-León (10.4.2006) prevé
que los profesionales de la mediación se constituyan, si lo estiman como
equipos de personas mediadoras, teniendo en cuenta las distintas
especialidades científicas que deben ser manejadas en cada intervención.
Aspectos psicológicos, sociales, jurídicos, pedagógicos y éticos se
encuentran inmersos con cada procedimiento de mediación.
La Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid
(21.2.2004) define en su artículo 11 al mediador familiar como un
profesional especializado, imparcial y neutral... que tiene que estar en
posesión de un título universitario, acreditar las acciones formativas en
mediación e inscribirse en el Registro de Mediadores Familiares de la
Comunidad de Madrid.
Abogado.
Es necesario destacar el papel del letrado, imprescindible para el
éxito o fracaso de la mediación; cuando existe un conflicto familiar las
partes van acudir al letrado para asesorarse, si el letrado propicia la
posibilidad de que las partes cedan posiciones a fin de llegar a un acuerdo,
será un paso adelante para derivar el proceso a mediación, por el contrario,
si el letrado evita llegar a acuerdos, dialogar con la otra parte, se va hacer
difícil derivar el proceso a mediación porque se opondrá incluso a que su
cliente acuda a las sesiones de mediación.
Se hace imprescindible implicar a los letrados en la práctica de la
mediación, que se informen sobre las ventajas que esto supone, que en
ningún caso supone prescindir de su asesoramiento, si no que por el

7. 7
contrario su intervención como jurista es necesaria en el propio desarrollo
de la mediación y en la fase final debiendo asesorar jurídicamente a las
partes en el acuerdo.
Debemos considerar además el papel de los letrados como
mediadores, ya que se hace necesaria la titulación “licenciados en derecho”
cuando se deriva la mediación en los supuestos de la liquidación de la
sociedad legal de gananciales.
Como experiencia personal, en aquellos casos que se ha intentado
derivar a mediación por ser susceptibles de este proceso y reunir las
condiciones para ello, si el letrado se ha opuesto su cliente no ha querido
participar, por el contrario en aquellos casos en los que el letrado ha sido
favorable y en este sentido ha asesorado a su cliente se ha hecho posible,
además considero que en materia de ejecución de sentencia, por la
conflictividad que se produce en muchos casos, los letrados van a ser más
favorables a propiciar el proceso de mediación.
III. MEDIACION INTRAJUDICIAL.
1. Procedimiento de Ejecución.
Dictada una sentencia de separación o divorcio, el conflicto surge en
el momento del cumplimiento de las medidas como consecuencia de
las distintas formas de vida de los progenitores, criterios educativos,
nuevas parejas, nuevos hijos, nuevos domicilios, cuando el hijo
como resultado de las presiones de un progenitor se niega a continuar
con el régimen de visitas, o porque el no custodio duda sobre la
función cuidadora del custodio, haciéndose necesario determinar los
intereses y necesidades de los hijos y relacionar en todo momento
con los padres para intentar una negociación entre las partes a través
de la mediación.
La mediación pretende ofrecer los medios necesarios para
resolver el problema; en materia de ejecución irá encaminada a
lograr que los progenitores pueda tomar decisiones conjuntas, no
solo de relevancia legal si no que se extienda aspectos de la vida
cotidiana y restablecer la comunicación y negociación entre los
progenitores.
La valoración de los casos susceptibles de mediación en
materia de ejecución, deberán realizarse por el Juez, el Secretario o
por el Ministerio Fiscal cuando existan menores o incapaces, en el
momento de la interposición de la demanda ejecutiva, oposición o en
la vista.
En el supuesto que sea el juzgado quien derive la intervención
de las mediadores podría pensarse que la mediación pierde su

8. 8
carácter de voluntario para convertirse en obligatorio y en este
sentido se puede elegir un sistema en el que sea obligatoria
únicamente la sesión informativa sobre las ventajas del proceso de
mediación o por el contrario, la asistencia obligatoria de las partes a
someterse al proceso de mediación; en cualquier caso se hace
necesario unos mínimos de voluntariedad para someterse al proceso.
a) Régimen de visitas y comunicación.
Uno de los mayores problemas surge en el elevado índice de
incumplimiento de las resoluciones judiciales en materia de régimen
de visitas y comunicaciones.
En ocasiones se trata de una simple interrupción de un sistema
que funcionaba adecuadamente, en estos casos el grado de
conflictividad es mínimo, pudiendo recuperar la situación anterior;
en otras ocasiones el problema tiene mayor entidad al producirse la
negativa de los hijos para relacionarse con uno de sus progenitores,
que adquiere auténtica trascendencia en el momento en que el
problema se judicializa, desencadenándose una serie de acciones
para resolver el problema, intentando hacer cumplir una relación
paterno-filial que en muchos casos se hace imposible, debiendo
optarse por el proceso de mediación con el fin de que las partes en
conflicto consigan llegar a acuerdos totales o parciales.
Se debe propiciar que las partes acepten voluntariamente
someterse a la mediación cuando se hacen posibles los acuerdos.
En aquellos casos en que ha existido este labor mediadora se
produce una satisfacción en las partes, disminuye el conflicto y sobre
todo va a redundar en el beneficio de los menores; éstos van a
comprobar que existe una menor conflictividad entre sus
progenitores que han sido capaces de llegar a acuerdos, que el
régimen de visitas se está desarrollando o empieza a hacerlo de una
forma normalizada, que pueden ser espontáneos con sus
progenitores, haciéndoles saber su voluntad, sus deseos en relación
con el otro progenitor, sin necesidad de fingir o engañar,
restableciendo las relaciones paterno-filiales. Todos los que
trabajamos en materia de familia, lo que más satisfacción nos
produce es cuando se consigue cumplir de una forma normalizada un
régimen de visitas o mejorar las relaciones paterno filiales de visitas
o mejorar las relaciones paterno filiales en aquellos casos
conflictivos o que se habían cronificado, el porcentaje de éxito a
veces es bajo y si a través de la mediación conseguimos que se
normalicen las relaciones entre progenitores e hijos o el régimen de
visitas, se habrá conseguido una parte de la finalidad de la

9. 9
mediación; al igual que cuando surgieron los puntos de encuentro, en
principio resultó difícil la derivación de ciertos casos, las partes eran
reticentes a acudir a los puntos de encuentro, sin embargo, ahora se
solicita por las partes en una porcentaje muy elevado, pienso que en
el futuro la mediación será un proceso utilizado por la mayoría para
solucionar los conflictos.
En la actualidad los Puntos de Encuentro están realizando
funciones mediadoras para intentar conseguir que los progenitores
mejoren sus relaciones; así además de su objetivo general de
favorecer el derecho fundamental del menor a relacionarse con
ambos progenitores, prepara a los padres para que puedan mantener
la relación con sus hijos, que los menores puedan expresarse y
relacionarse libremente con su padre/madre, orientan sobre actitudes
parentales...etc.
Lo importante es conseguir restablecer las relaciones paterno-
filiales, por eso el Punto de Encuentro tiene que hacer una función
mediadora que sirva para el diálogo y conseguir acuerdos, teniendo
en cuenta además que el Punto de Encuentro es un lugar de
transición.
b) Impago de pensiones.
Puede ser objeto de negociación la contribución a las cargas
del matrimonio o la pensión de alimentos o compensatoria, en el
momento de establecerse en el proceso de separación, divorcio o en
medidas previas y provisionales; el derecho internacional introduce
la mediación familiar como modo de llegar a acuerdos en esta
materia, sin embargo, cuando se establece una pensión de alimentos
y lo que se pretende es su ejecución, considero que podría llegarse a
un acuerdo en cuanto a la forma de pago o fraccionamiento de la
deuda, pero no otro tipo de transacciones, que podría llevar consigo
un perjuicio para los menores o transigir sobre un derecho de “ius
congens” por no ser esta materia de libre disposición de las partes; la
pensión compensatoria está dentro de la renunciabilidad de los
derechos y puede ser objeto de pactos o transacciones; los acuerdos a
que puedan llegar las partes en mediación deberán realizarse con las
mayores garantías legales, y acudir al procedimiento de modificación
de medidas.
2) Controversias surgidas en el ejercicio de la patria potestad.
Art. l56 del Código Civil.

10. 10
En primer lugar, en necesario hacer referencia en interés del menor,
que constituye una cuestión de singular relevancia en el contexto de
la mediación familiar, determinada por el criterio de protección del
niño en base al precepto constitucional del art. 39.2 de C.E., diversos
preceptos del Código Civil (art. l54, l56, l59, l6l, l70...) la L.O. 1/96
de protección jurídica del menor y numerosos textos internacionales,
la Declaración de Derechos del Niño l.995, la Convención de los
Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas de 20 de
noviembre de l.989 (ratificado por España 30 de nov. de l990), la
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Carta Europea de los
Derechos del Niño (R. 8.7.1992). De todas estas normas se derivan
dos principios: el principio de igualdad de los progenitores en el
ejercicio de la patria potestad y el principio del beneficio del menor,
como interés superior que debe presidir cualquier medida adoptada
en relación con el mismo.
El contenido de la patria potestad comprende un conjunto de
obligaciones y derechos, tanto personales como patrimoniales,
debiendo ser ejercida siempre por ambos progenitores, teniendo en
cuenta la personalidad de los hijos (art. l54-2 CC), es esencial el
principio del beneficio del menor, de tal manera que la adopción de
cualquier medida debe presidir el interés superior del niño y en el
supuesto que los acuerdos entre las partes infrinjan este principio no
podrán ser aprobados.
En el ámbito de la mediación familiar, el principio del
beneficio del menor adquiere una mayor relevancia, en el intento de
encontrar soluciones al conflicto, debe ir encaminado sobre todo a
beneficiar a los hijos menores, pues en cualquier solución que se
adopte deberá prevalecer el interés superior del hijo, y deberá tenerse
en cuenta que las normas en esta materia son de “ius cogens”, no
pueden ser objeto de pactos privados dirigidos a modificarlas.
La Recomendación nº 98 aprobada por el Comité de Ministros
del Consejo de Europa de fecha 21.1.1998, aconseja a los Estados
miembros que favorezcan la mediación familiar, “considerando la
necesidad de asegurar la continuidad de las relaciones personales
entre padres e hijos”, “el mediador debe tener especialmente en
cuenta el bienestar y el interés superior del niño, debiendo alentar a
los padres a concentrarse sobre las necesidades del menor y debiendo
apelar a la responsabilidad básica de los padres en el bienestar de sus
hijos y a la necesidad que tienen de informales y consultarles.
Por otra parte, la Ley 1/2001 de l5 de marzo, de Mediación
Familiar de Cataluña, Ley. 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la
mediación familiar de Galicia, Ley 7/2001 de 26 de noviembre
reguladora de la mediación familiar de la comunidad Valenciana, la

11. 11
Ley 15//2003 de 8 de abril reguladora de la mediación familiar en
canarias, la Ley de l6 de mayo de 2005 de Castilla La Mancha, la
Ley 10-4-2006 de Castilla León, la Ley 1/2007 de 21 de febrero, de
Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid hacen referencia en
sus Exposiciones de Motivos al interés superior de los menores y
criterios para determinar este interés, que las soluciones deben ser
tomadas teniendo en cuenta el desarrollo de la personalidad de los
hijos y los acuerdos deben tener como prioridad el interés y el
bienestar de los menores o incapaces.
El ejercicio de la patria potestad implica la toma de decisiones
por parte de los progenitores en relación con los hijos (educación,
alimentos, administración de los bienes, etc...). Tras una ruptura de
pareja (podría darse sin que existiese dicha ruptura) el conflicto que
puede llegar al juzgado es la dificultad por parte de los progenitores
de tomar decisiones conjuntas en el ejercicio de la patria potestad,
haciéndose necesaria la intervención judicial en la determinación del
beneficio o interés del hijo menor de edad.
En aquellos supuestos en los que ninguno de los dos
progenitores sea capaz de modificar su postura, en un incremento
progresivo del conflicto o reconociendo la existencia del conflicto
intentan ante el juzgado convencer que la solución que plantea cada
uno es la mejor, es cuando se hace necesario derivar al proceso de
mediación para proporcionar a la familia una solución a todos
aquellos temas sobre los que deben tomar decisiones (colegio de los
menores, elección de facultativo, realización de un viaje por el
menor, Primera Comunión, etc...). Cuando existe una contienda
judicial en el ejercicio de la patria potestad, resulta positivo que sean
los padres los que intervengan en la toma de decisiones acerca de lo
que interesa al menor y a través del mediador se va a conseguir en
muchos casos los acuerdos para poder tomar estas decisiones.
La mediación familiar concebida como una alternativa
voluntaria va a desarrollar una serie de acuerdos y soluciones a la
contienda, teniendo efecto las decisiones adoptadas en orden a los
menores, siempre que se ajuste al interés de los mismos y que los
acuerdos sean aprobados judicialmente, con intervención del
Ministerio Fiscal.
Una cuestión que se plantea en relación con este tema y en
base a lo que establece el art. l56 del CC. es la audiencia del menor,
si el menor debe ser oído en el proceso de mediación; en la

12. 12
normativa tanto sustantiva como procesal se prevé con carácter
general la intervención del menor de edad en los procedimientos,
cuando se va a adoptar alguna medida que pueda afectarle (art. 92.2º,
art. l54,5º, 777-5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil); el derecho que
reconoce la normativa al menor a poder ser oído, hace pensar que los
hijos menores deberán ser oídos en relación con los acuerdos que
lleguen sus progenitores y que puedan afectarles en el proceso de
mediación, los preceptos no están dirigidos solo al órgano judicial si
no que los menores deben ser oídos (tienen derecho a ser oídos, art. 9
L.O. 1/1996) en el ámbito de la mediación familiar, si bien la opinión
del menor será tenida en cuenta pero igual que no vinculan al juez o
al fiscal, tampoco vincularán para los acuerdos adoptados dentro de
la mediación.
IV. MOMENTO PROCESAL PARA LA MEDIACION.
1) Procedimiento de Ejecución
Tres fases:
a) La interposición de la demanda (solicitud de la ejecución
del auto de medidas previas, provisionales o sentencia)
b) Oposición del demandado
c) Vista en ejecución.
 Mediación Intrajudicial
Medidas Previas.
Ejecución de sentencia – Ejecución – Medidas Provisionales.
FASES -- Interposición de la demanda.
Oposición a la ejecución.
Vista.
 Audiencia de las partes – Comparecencia.
 Derivación de las partes a Mediación.
 Interrupción del proceso – suspensión (tres meses)
 Inicio del proceso de mediación.
 Finalización del proceso de mediación: Acuerdo total.
Acuerdo parcial.
No se alcanza acuerdo.

13. 13
a) Acuerdo total.
- El mediador debe poner en conocimiento del juzgado si se ha llegado
a un acuerdo (el acuerdo será redactado y presentado ante el juzgado
por los letrados)
- Confección del Acuerdo (letrados).
- Comparecencia y ratificación de las partes.
- Aprobación por el juzgado (previo informe del M.Fiscal)
- Auto o Decreto.
b) Acuerdo parcial
- El mediador pondrá en conocimiento del juzgado que existe un
acuerdo parcial.
- Confección del Acuerdo (letrados)
- Comparecencia y ratificación de las partes.
- Aprobación judicial – (Informe M. Fiscal) – Auto o Decreto.
c) No se alcanza acuerdo.
- El mediador lo pone en conocimiento del juzgado.
- --------------------------------
2).- Procedimiento regulador en el artículo l56 del Código Civil.
Controversias surgidas en el ejercicio de la patria potestad.
-- Mediación Intrajudicial.
Fases: Solicitud del ejercicio de la patria potestad (acto concreto)
Comparecencia de las partes.
 Comparecencia de las partes – momento para la derivación de las
partes al proceso de mediación.
 Suspensión de la comparecencia – 1 mes.
 Inicio del proceso de mediación.
 Finalización del proceso de mediación: Acuerdo total.
Acuerdo parcial.
No se alcanza acuerdo.
a) Acuerdo total / parcial.

14. 14
- El mediador debe poner en conocimiento del juzgado si se ha llegado
a un acuerdo.
- Confección del acuerdo (letrados)
- Comparecencia – ratificación de las partes.
- Aprobación judicial (informe M. Fiscal). Auto.
b) No se alcanza acuerdo.
V. CONCLUSION.
El proceso de mediación tiene distintas fases por las que van pasando
las partes en las que se logran objetivos; 1) Buscar acuerdos entre las
partes; 2) Valorar la procedencia de la mediación; 3) La libre aceptación
del proceso de mediación de las partea; 4) Acuerdo sobre los problemas
que han producido el conflicto 5) Posiciones alternativas viables para una
negociación, 6) Llegar a acuerdos totales o casi totales de los problemas
planteados y que sean legalmente viables; 7) Aceptación de los acuerdos de
mediación; 8) Legalización de los acuerdos.
En el supuesto que la mediación haya resultado positiva y se haya
llegado a acuerdos entre las partes, es necesaria la redacción del acuerdo y
la aprobación judicial. Los acuerdos a los que se llega en el proceso de
mediación deben someterse a un régimen de control y aprobación judicial e
informe favorable del Ministerio Fiscal; el Juez debe examinar el contenido
de los acuerdos a fin de que pueda determinar si alguna de sus cláusulas es
dañosa para los hijos o altamente perjudicial para los cónyuges en base al
art. 6.2 del Código Civil, que contempla la renuncia de derechos siempre
que no sea contraria al interés y al orden público ni perjudique a terceros.
Redactados los acuerdos se acordará la ratificación de las partes, una vez
ratificadas las mismas, previo informe favorable del Ministerio Fiscal
(cuando existan menores o incapaces) se procederá a la aprobación de los
acuerdos a que se ha llegado en el proceso de mediación.
PROCEDIMIENTO DE LA SOCIEDAD LEGAL DE GANCIALES.
I) INTRODUCCION.
La trascendencia de los aspectos patrimoniales que surgen ante la crisis
matrimonial resulta evidente. Ante la crisis, las cuestiones personales se

15. 15
ven muy afectadas, pero muchas veces la cuestión litigiosa se centra en el
aspecto económico, en relación con las pensiones y la liquidación del
régimen económico matrimonial.
La sociedad de gananciales sigue siendo una de las instituciones más
complejas del derecho civil, tanto desde el punto de vista jurídico, respecto
de la regulación e interpretación de la normativa contenida en los artículos
1344 y siguientes del Código Civil, como en su aplicación práctica, una
vez que se conecta la norma con la realidad en los tribunales.
Los supuestos que se van produciendo tienen cada día una mayor
complejidad y un mayor grado de dificultad a la hora de adoptar algún tipo
de solución, que es necesario encontrar, y las resoluciones de los tribunales
no son uniformes si no más bien cambiantes, poniendo en peligro el
principio de seguridad jurídica.
Hay que destacar la problemática de la calificación jurídica de los bienes,
naturaleza ganancial o privativa, que debe ser determinada dentro del
proceso, con la aplicación de las normas procesales y sustantivas a fin de
obtener la definitiva liquidación de los bienes que componen la masa
ganancial.
II) REGULACIÓN.
La Ley 1/2000, dentro del título “procesos especiales”, regula el
procedimiento para la liquidación judicial del régimen económico
matrimonial bajo la rúbrica “De la división judicial de patrimonios”,
creando un proceso especial para la liquidación de la sociedad legal de
gananciales.
Constituye una auténtica novedad respecto de la anterior normativa,
en la que no estaba regulada la liquidación de la sociedad de gananciales,
realizándose la misma a través del juicio de testamentaria. De esta
regulación se desprende que el legislador ha querido: 1) Que la liquidación
de la sociedad de gananciales sea a través de un procedimiento nuevo y
distinto de la división judicial de la herencia; 2) Crear un procedimiento
especial e independiente, con sustantividad propia, y no un trámite de
ejecución de la sentencia en el pleito matrimonial.
Según la Exposición de Motivos se da respuesta a la necesidad de
una regulación procesal clara en esta materia, si bien los que trabajamos en
la misma sabemos que esta afirmación no se corresponde con la realidad,
porque deja sin resolver ciertas cuestiones procesales; se mantiene el
establecimiento de varios procedimientos sucesivos: en caso de no llegar a
un acuerdo en la fase de inventario, se seguirá el cauce del juicio verbal; en

16. 16
el supuesto de oposición al cuaderno particional, un nuevo trámite del
juicio verbal, cuya sentencia no produce el efecto de cosa juzgada.
No obstante la nueva regulación tiene una valoración positiva en
relación con la anterior, en materias como la competencia atribuida al
juzgado que haya conocido del proceso matrimonial, la inclusión de bienes,
regulando el procedimiento a seguir, y la liquidación del régimen
económico matrimonial, no solo el de gananciales.
Los artículos 808 y 809 regulan la solicitudy formación de inventario
y el artículo 810, una vez concluido el inventario, el procedimiento para la
liquidación, remitiéndose, en caso de no llegar a un acuerdo las partes, a lo
preceptuado en los artículos 784 y siguientes del mismo texto legal.
La Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre que modifica los
párrafos primero y cuarto de apartado l y el párrafo primero del apartado 2
del artículo 809 en el sentido: “1. A la vista de la solicitud a que se refiere
el artículo anterior, el Secretario judicial señalará día y hora para que, en el
plazo máximo de diez días, se proceda a la formación de inventario,
mandando citar a los cónyuges”. “En el mismo día o en el siguiente, se
resolverá por el Tribunal lo que proceda sobre la administración y
disposición de los bienes incluidos en el inventario”. “2. Si se suscitare
controversia sobre la inclusión o exclusión de algún concepto en el
inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el Secretario
judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con
arreglo a lo previsto para el juicio verbal”. También modifica los apartados
3 y 5 del artículo 810 y el apartado 3 y el párrafo primero del apartado. 5:
“3. Admitida a trámite la solicitud de liquidación, el Secretario judicial
señalará, dentro del plazo máximo de diez días, el día y hora en que los
cónyuges deberán comparecer ante el mismo al objeto de alcanzar un
acuerdo y, en su defecto, designar contador y, en su caso, peritos, para la
práctica de las operaciones divisorias.”. “5. De no lograrse acuerdo entre
los cónyuges sobre la liquidación de su régimen económico matrimonial, se
procederá, mediante diligencia, al nombramiento de contador y, en su caso,
peritos, conforme a lo establecido en el artículo 784 de esta ley,
continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 785 y
siguientes.”
La modificación amplia las facultades concedidas al Secretario
Judicial con respecto a la normativa anterior.
III. EL PAPEL DEL SECRETARIO JUDICIAL EN EL
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DEL REGIMEN
ECONOMIO MATRIMONIAL.

17. 17
Los Secretarios Judiciales desempeñarán sus funciones con sujeción al
principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e
independencia en el ejercicio de la fe pública judicial, así como al de
unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las demás que le
encomiende esta ley, las normas de procedimiento respectivo, así como su
reglamento orgánico. Las funciones de los Secretarios judiciales no serán
objeto de delegación ni habilitación, sin perjuicio de lo establecido en el
art. 451.3 de la L.O.P.J. El Secretario Judicial es un miembro del órgano
jurisdiccional, imprescindible en el proceso. El ejercicio de la fe pública
judicial bajo el principio de la independencia, excluye la intervención del
juez o tribunal. La función de documentación que realizamos dentro del
proceso de liquidación, es directamente inscribible en el Registro de la
Propiedad y demás Registros Públicos. Es responsabilidad nuestra informar
a las partes legitimadas del estado de las actuaciones judiciales, no
declaradas secretas ni reservadas. El impulso del proceso es una función
inherente que se materializa dictando resoluciones que agilicen el
procedimiento, en los términos que establecen las leyes procesales.
En relación con el proceso de liquidación, la Ley de Enjuiciamiento Civil
nos otorga una importante intervención, llevando a cabo la formación de
inventario, señalando día y hora para la comparecencia, citando a los
cónyuges, llegando a acuerdos que se consignarán en el acta y en el
procedimiento de liquidación, y procediendo al nombramiento de peritos,
contadores, etc…. Es necesario distinguir entre las dos fases: de Inventario
y Liquidación.
A). Fase de Inventario.
1) Regulación.
Esta materia está regulada tanto por normas sustantivas como
procesales. En relación con las primeras el Libro IV, Título III del
Código civil: en lo que se refiere al régimen de la sociedad legal de
gananciales, bajo la denominación de la disolución y liquidación,
artículos l392 y siguientes, naturaleza de los bienes privativos y
gananciales, artículos 1344, 1345, 1346 y siguientes, en cuanto al
régimen de participación, los artículos 1411 y siguientes y en lo que
afecta al régimen de separación, artículos 1435 y siguientes.
En el orden procesal la Ley 1/2000, en los artículos 806, 807 a 811 y
la remisión a los artículos 341,784, 785 a 788 y Ley Orgánica 1/2009
de 3 de noviembre que modifica: El apartado 1º y párrafo primero
del apartado 2 del artículo 809, los apartados 3 y 5 del artículo 810;
apartado 3 párrafo y párrafo primero del apartado 5 del artículo 811.

18. 18
2) Solicitud de Inventario.
El artículo 808 establece que, admitida la demanda de nulidad,
separación o divorcio…cualquiera de los cónyuges podrán solicitar
la formación de inventario.
La primera cuestión a examinar es en relación con la competencia; Si
somos competentes para conocer esa solicitud de inventario, será
competente el Juzgado de 1ª Instancia que esté conociendo o haya
conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio, o en su caso,
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En el caso que sean
distintos Juzgados los que hayan conocido los procesos de nulidad,
separación o divorcio, cuando no se haya procedido a la liquidación
del régimen económico matrimonial, el competente es el que hubiese
dictado la primera sentencia por ser la que establece la disolución del
régimen económico matrimonial.
En relación con la legitimación, los únicos legitimados para la
solicitud son los cónyuges (sean del mismo o distinto sexo, Ley
13/2005). La legitimación activa además de los cónyuges, también la
poseen, sus legítimos herederos en aplicación de lo dispuesto en el
art. 1404 del Código Civil. Cuando se produce la muerte de uno de
los cónyuges y estaba pendiente un proceso de liquidación del
régimen económico matrimonial, por economía procesal, puede
continuar el mismo, apareciendo la sucesión procesal, de modo que
los herederos del muerto, le sucederán en la posición procesal y hasta
que acabe el procedimiento (la jurisprudencia no ha sido unánime en
relación con esta cuestión).
Las partes en este procedimiento deben ser representadas por
Procurador y defendidas por Letrado.
El momento procesal para la solicitud puede ser desde la admisión
de la causa matrimonial de nulidad, separación o divorcio; al hablar
la L.E.C. de “solicitud” hay que entender que no es necesario
presentar una demanda en sentido formal pero tampoco es una mera
solicitud (la doctrina y la jurisprudencia están divididas) y se
acompañará una propuesta con las diferentes partidas que deben
incluirse en el Inventario.
3) Comparecencia: Citación y celebración.
El artículo 809 de la L.E.C. párrafo 1º modificado por la L.O.P.J.
1/2009 establece: “A la vista de la solicitud…, el Secretario Judicial

19. 19
señalará día y hora para que, en el lazo máximo de diez días, se procede
a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges.
a). Comparecencia.-
Los cónyuges deberán comparecer personalmente, aunque estén
personados con procurador y defendidos por letrado; es necesaria su
presencia a los efectos de poder llegar a un acuerdo. Es requisito
necesario que en la citación se haga saber al cónyuge que deberá
comparecer personalmente (representado por procurador y dirigido por
letrado) y que, en el caso de que no comparezca y no justifique la causa,
se le podrá tener por conforme con la propuesta de inventario presentada
por la otra parte. El Secretario debe velar porque la cédula de citación
recoja esta prevención y en caso contrario deberá suspender la
comparecencia por existir un defecto en la citación. En el momento de
citar al demandado se le hará entrega de la propuesta de inventario,
realizada por el actor, así como de los documentos en los que versa su
proposición.
b). Celebración:
- Que no comparezca ningún cónyuge. Esta situación no está
prevista en la ley, debiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo
442 sobre el desistimiento; se levanta acta y se dictará un Decreto
teniendo por desistida a la parte actora.
- Que no comparezca algún cónyuge. En este caso a la parte que no
asista se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario de
la contraria, si no justifica la incomparecencia. Es necesaria la
presencia de los cónyuges, aunque estén representados por
Abogado y Procurador (A.P. de Sevilla. Sección 2ª. Auto 8-2-
2007); el Secretario debe velar porque la cédula de citación a los
cónyuges contenga el oportuno y expreso apercibimiento, acerca
de las consecuencias de una incomparecencia personal, y en caso
contrario, deberá suspender el acta y señalar nuevo día, en los que
conste, los apercibimientos legales.
- Que comparezcan ambos cónyuges: Se realizará ante el Secretario
Judicial y bajo su dirección. Se ratificará el demandante en su
solicitud y propuesta de inventario y el demandado presentará una
contrapropuesta de inventario, procediéndose en ese acto por el
Secretario al inventario de la Sociedad Legal de Gananciales.
En esta comparecencia la labor del Secretario se hace
imprescindible para legar a un acuerdo, intentando aunar las
distintas posiciones de las partes; no podemos hablar de

20. 20
mediación, pero si de una función conciliadora, intentando acercar
las posturas de las partes; el vocabulario que debe emplearse no
debe ser jurídico, debe ser un vocabulario que las partes puedan
entender, debe existir un mayor acercamiento para la resolución de
los conflictos, tiene que haber una colaboración y participación
entre los cónyuges, sus letrados y el Secretario a fin de conseguir
una justicia más humana, dedicando a estos procedimientos el
tiempo necesario para conseguir acuerdos, aplicando las técnicas
de mediación (respeto, paciencia, empatía, etc…); la finalidad es
la resolución de los conflictos a través de los acuerdos a los que
puedan llegar las partes, ahorrándoles recursos económicos y
ahorrando recursos públicos y la satisfacción de los cónyuges al
conseguir un acuerdo.
En el inicio de la comparecencia las partes se encuentran en una
situación de tensión, los letrados están enfrentados y la función del
Secretario es intentar establecer un diálogo. Debemos comenzar
analizando la propuesta de inventario presentada por ambas partes,
recogiendo en el acta las partidas del activo y pasivo en las que no
existe discrepancia y a continuación las que, por el contrario, no
existe acuerdo, analizando cada una por separado, haciendo saber a
las partes los criterios jurisprudenciales sobre la inclusión o
exclusión de bienes en el activo y las deudas del pasivo; que sería
innecesario pasar a la siguiente fase del juicio verbal porque la
doctrina y la jurisprudencia ya tiene un criterio claro sobre si el
bien forma parte del activo o la deuda del pasivo, así como que
existen manifestaciones respecto a la compra de bienes con dinero
privativo que no pueden ser acreditadas documentalmente y al no
ser probados no podrán ser excluidos; a veces, los desacuerdos se
encuentran en la valoración de los bienes y es necesario poner en
su conocimiento que la valoración de los bienes se fija dentro del
procedimiento de liquidación y no en esta primera fase; con estas
indicaciones lo que se pretende y se consigue es que las partes
lleguen a acuerdos.
En la comparecencia, el Secretario deberá poner en conocimiento
de las partes los criterios doctrinales y jurisprudenciales.
Supuestos:
1) Calificación del Patrimonio Ganancial.
La calificación de los bienes presenta gran dificultad, que debe
resolverse por los trámites de juicio verbal; pero antes de pasar a

21. 21
este trámite debe informarse a los cónyuges de una serie de
criterios legales, doctrinales y jurisprudenciales: a) la presunción
de ganancialidad recogida en el art. 1361 del Código Civil;
presunción de la que hay que partir para calificar unos bienes como
privativos y otros como gananciales y que esta presunción
iuris_tantum solo puede destruirse mediante documentos
fehacientes que acrediten la propiedad exclusiva de los bienes,
tanto a efectos civiles como registrales, no admitiéndose por la
jurisprudencia la prueba testifical al efecto (S.T.S. 15.12.94).
Existe la posibilidad de atribuir el carácter ganancial a uno o
varios bienes de mutuo acuerdo, en base a lo preceptuado en el
artículo 1355 del Código Civil, que establece que los cónyuges
podrán, de común acuerdo, atribuir la condición de gananciales a
los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio,
cualquiera que se la procedencia del precio o contraprestación y la
forma y plazos en que se satisfaga. La doctrina interpreta este
artículo, para la calificación de los bienes, en el sentido de que
también serán gananciales los ya adquiridos como privativos por
título oneroso o gratuito, si después acuerdan los cónyuges
hacerlos gananciales (Albaladejo, Curso de Derecho Civil). La
norma genérica para determinar los bienes gananciales viene
recogida en el artículo 1347 del Código Civil: 1º. Los obtenidos
por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges. 2º. Los
frutos, rentas o intereses que produzcan los bienes privativos y
gananciales. 3º. Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal
común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para
uno de los esposos. 4º. Los adquiridos por derecho de retracto de
carácter ganancial, aún cuando lo fueran con fondos privativos, en
cuyo caso la Sociedad será deudora del cónyuge por el valor
satisfecho. 5º. Las empresas y establecimientos fundados durante
la vigencia de la Sociedad por uno de los cónyuges a expensas de
los bienes comunes. Son gananciales, por prescripción legal
(artículos 1346, 1350, 1351 y 1353 del Código Civil)
2) Calificación de Bienes Privativos
El Código Civil en su artículo 1346, determina los bienes que
considera privativos de cada uno de los cónyuges:

22. 22
1.- Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la
sociedad.
2.- Los que adquiera después por título gratuito.
3.- Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos
(supuesto de subrogación real).
4.- Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a un solo de
los cónyuges.
5.- Los bienes y derecho patrimoniales inherentes a la persona y los
no transmisibles intervivos; entre los primeros se encuentran los
derechos sobre la titularidad de la propiedad intelectual o industrial,
pero los rendimientos han de considerarse como gananciales, los
derechos de seguro de vida, etc…, entre los segundos, el derecho de
uso y habitación que serán siempre privativos.
6º.- El resarcimiento de daños inferidos a la persona de uno de los
cónyuges o a sus bienes privativos; debemos distinguir los
siguientes:
a) Por despido o prejubilación.
Jurisprudencia mayoritaria entiende que esta indemnización, cuando
se produce después de disolverse la sociedad de gananciales, es
privativa (Sent. A.P. Badajoz 19-6-2007; T.S. 22-12-1999; A.P.
Madrid 22.2.2007, 7-3-2006
Sentencias que consideran que si la indemnización se cobra,
constante la sociedad legal de gananciales, debe considerase como
ganancial (A.P. de valencia 17-5-2006; A.P. de Cádiz 14-11; de T.S.
de 25-3-1988; A.P. de Baleares de 21-5-2004; A.P. de Cantabria 1-3-
2004.
Sent. T. Supremo 28-5-2008: “para determinar si la indemnización
es ganancial se ha de tener en cuenta la fecha de la percepción y la
naturaleza de la misma… la indemnización por despido, siempre que
se perciba constante la sociedad legal de gananciales.
b) Indemnizaciones por accidente laboral o de tráfico.
- Pérdida de salud –derecho patrimonial inherente a persona y por
tanto es privativa (A.P. Asturias 4-6-2007; A.P. de Castellón 12-4-
2006; A.P. de León 11-4-2006)
Aplicación del art. 1347.2º del Código Civil – los intereses que
generan esas indemnizaciones constante el matrimonio son
gananciales. El hecho de ingresar el dinero en cuenta ganancial no lo
convierte en ganancial.

23. 23
c) Pensión periódica por accidente percibida hasta la sanidad
(A.P.Castellón 12-4-2006, diferencia entre la indemnización y
esas pensiones periódicas, alegando que el derecho a percibirlas
es siempre privativo, pero que las pensiones cobradas constante la
sociedad de gananciales son gananciales). La sentencia equipara
esas pensiones periódicas al salario mensual que esa persona está
dejando de percibir durante esa baja.
d) Indemnización por equivalencia, ante obras de reparación no
realizadas, arts. 1591, 1101 y 1124 dependerá de la naturaleza del
bien en cuestión el que esa indemnización sea privativa o
ganancial (art. 1346.3 C.C.)
e) Rescate o indemnización por seguro concertado por uno de los
cónyuges. Es privativa, no obstante si las primas se abonaran en
todo o en parte con dinero ganancial la sociedad de gananciales
tendrá un derecho de crédito por ese importe actualizado (Sent.
Santa Cruz de 29-3-2006; Sent. Vizcaya 16-3-2004; A.P.
Zaragoza 11-5-2004).
f) Indemnización percibida por extinción de contrato de
arrendamiento de negocio donde se ejerció su profesión. (Sent.
Madrid 9.2.2006 es privativa al equipararse a un indemnización
por pérdida de empleo).
g) Indemnización por robo o sustracción de un bien o por daños
causados a un bien. Será ganancial o privativo en función de la
naturaleza del bien (A.P. de Málaga 29-12-2005 A.P. Madrid 10-
9-2004)
7). Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor.
Serán siempre privativos sin tener en cuenta la naturaleza (privativa o
ganancial) del dinero empleado para su adquisición y además no existe
derecho de reembolso, en aplicación de lo establecido en el artículo 1346,
último párrafo. Se trata de una calificación subjetiva y a falta de cuerdo,
tendrá que decidirlo el juez teniendo en cuenta las circunstancias de a
familia o de los cónyuges en particular.
8). Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio,
salvo cuando éstos sean parte integrante o pertenencias de un
establecimiento o explotación de carácter común.

24. 24
3). Calificación Jurídica de los Bienes Adquiridos Antes del
Matrimonio.
Hay que estar a la fecha de adquisición.
En principio todo bien adquirido antes del matrimonio, sea a título
gratuito, tiene naturaleza privativa en virtud de lo dispuesto en el artículo
1346-1 del Código Civil.
Los bienes adquiridos a título oneroso cuyo precio ha sido totalmente
satisfecho antes del comienzo de la sociedad Legal de Gananciales, tienen
naturaleza privativa y, conforme a lo dispuesto en el artículo 1357 del
Código Civil, aquéllos en los que la totalidad o parte del precio haya
quedado aplazado y se satisfaga posteriormente, ya vigente la sociedad
legal de gananciales, continuarán siendo privativos.
a) Inmueble comprado en l.976 por uno de los cónyuges a plazos,
pagándose a plazos constante la sociedad, comenzando en l977. Se
le otorga un carácter privativo, porque la compra y el inicio de la
comunidad de gananciales se produjo antes de la reforma del Código
Civil, por la Ley 11/1981 y es de aplicación la normativa anterior
(Sentencia del T. Supremo, Sala 1ª 4-10-1999).
b) Inmueble comprado antes de contraer matrimonio en el año 1974 por
uno de los cónyuges, financiado con una hipoteca abonada en parte
durante el matrimonio. Se califica como privativa, en aplicación de
la legislación anterior a la reforma del Código Civil (A.P. de
Vizcaya, Sección 3ª 18-2-1999).
c) Adquisición con precio aplazado.
Si el precio, aplazado en todo o en parte, ha sido satisfecho con
dinero ganancial (se presume conforme al 1361) lo que existe es un
derecho de reembolso a favor del haber consorcial, a cargo del
cónyuge cuya titularidad privativa se mantiene (art. 1357 C.C.), del
importe actualizado al tiempo de la liquidación, no de la disolución,
importe que deberá ser incluido y computado en el activo de la
sociedad legal de gananciales (1397-3º CC); si el cónyuge titular
acredita que lo pagó con dinero privativo no existirá ese derecho de
reembolso
d) Adquisición al contado, mediante crédito o préstamo pagado
constante matrimonio.
Cuestión: Calificación jurídica (ganancial o privativo) de los bienes
que adquiridos y pagados en su totalidad al transmitente con
anterioridad al comienzo de la sociedad legal de gananciales, pero

25. 25
constituyendo un préstamo hipotecario que se devuelve, en vigor la
sociedad legal de gananciales, y con dinero común.
Interpretación literal de los artículos 1346 y 1357 del Código civil.
 No tratándose de una adquisición a plazos, el bien habría de ser
calificado como privativo, con derecho de reembolso de la
sociedad legal de gananciales por el valor actualizado de las
cantidades en el momento de la liquidación.
 Jurisprudencia: “Ha considerado que tratándose de vivienda o
ajuar familiar, es equiparable a una compraventa a plazos, por lo
que sigue siendo de aplicación el artículo 1354 del Código Civil:
sería bien privativo o ganancial, en proporción a lo pagado por el
cónyuge antes de comenzar la sociedad de gananciales y lo
abonado posteriormente en devolución del préstamo.”
e) Adquisición de la vivienda familiar.
Problema al practicar la liquidación de la sociedad legal de
gananciales.
- Excepción del artículo 1357 – 2º del Código Civil (bien adquirido)
antes de comenzar la Sociedad de gananciales.
Cuando el bien ha sido adquirido con anterioridad a comenzar la
sociedad de gananciales y n pagado en su totalidad, si no que parte
del precio se abona posteriormente con dinero ganancial, si se trata
de ajuar o vivienda familiar se aplica el art. 1354 del Código Civil
por remisión del párrafo 2º del artículo 1357 del Código Civil, el
bien será parte privativo y parte ganancial en proporción al valor de
las aportaciones respectivas, esta matización tiene una esencial
transcendencia económica, ante la diferencia entre el valor de la
vivienda en el momento de la liquidación y el simple reembolso de
las cantidades utilizadas en la adquisición aun con la actualización
prevista en el art. 1358.” Sent. de 3-4-2000/ S.T.S 23…-3-1992
(relación entre los artículos 1354 y 1357 – in fine “intención del
legislador sobre la exclusión del carácter privativo de la
compraventa a plazos, anterior al matrimonio…”.
4) Relación de Bienes Gananciales y Bienes Privativos.
Cuando en la comparecencia se discute entre los cónyuges y letrados
el carácter ganancial o privativo, debemos poner en su conocimiento
los criterios jurisprudenciales.

26. 26
Son gananciales:
a) La indemnización obtenida por un cónyuge por traslado de centro
de trabajo con cambio de residencia (A.P. Zaragoza 13-7-1999).
b) La indemnización obtenida en virtud de una póliza que cubría el
riesgo de invalidez permanente absoluta para todo trabajo (STS
25-3-1998).
c) La indemnización percibida por el esposo tras la disolución de la
Sociedad Legal de Gananciales como consecuencia de una
incapacidad permanente total derivada de enfermedad común,
producida constante matrimonio. Se estima parcialmente
ganancia. Sent. A.P. Asturias 4-12-1995 “No cabe sino estimar
ganancial esta prestación en la porción que legalmente
corresponderá al demandante de haberse extinguido el contrato de
trabajo en la fecha de la firmeza de la separación, disuelto el
régimen económico matrimonial, tiene carácter y naturaleza
privativa”.
d) La indemnización percibida por un cónyuge por un accidente
laboral (Sent. A.P. Burgos, Sección 2ª 12-6-200).
e) La indemnización por despido improcedente constante la
Sociedad de Gananciales (STS 25-3-1988, A.P. Baleares, Sección
3ª 25.5.2004).
f) Las prestaciones de la Seguridad social constante la Sociedad
Legal de Gananciales (A.P. Baleares, sección 3ª 21-5-2004).
g) Los rendimientos derivados de la titularidad de la propiedad
intelectual o industrial (A.P. Pontevedra 18-1-1997).
h) Los beneficios obtenidos, durante el matrimonio, por un socio
como cónyuge cooperativista. A.P. Bilbao 23-10. “Son
gananciales las cantidades devengadas constante el matrimonio,
excluyéndose, por tanto, la aportación inicial y los beneficios
generados hasta fecha del matrimonio y posteriores a la
disolución de la sociedad.
i) Se incluye en el archivo la totalidad del saldo existente en la
cuenta a nombre de los cónyuges y de dos hijos (n el 50%) A.P.
Asturias, Sección 5ª, de 11.2.2003.
j) Presunción de ganancialidad al saldo depositado en cuenta de
ahorro (A.P. Málaga, Sección 6ª 5.6.2003).
k) El importe de la devolución efectuada por la Administración
Tributaria (A.P. Burgos, Sección 2ª, 12-6-2003).
l) Carácter ganancial del inmueble adquirido por el esposo en
documento privado constante la sociedad de gananciales,
declarándose la nulidad de la escritura de compraventa otorgada

27. 27
con posterioridad en la que se vende con carácter privativo al
esposo. (STS Sala 1ª, 17-4-2002).
m) Negocio de Farmacia – Se considera ganancial si se funda a
expensas de bienes comunes (STS 26-2-2002).
n) Kiosco de prensa, carácter ganancial, si se fundó durante la
vigencia de la Sociedad de Gananciales (A.P. Sevilla, Sección 2ª,
10.2.2004).
o) Explotación del negocio de taxi. Carácter ganancial, si se fundó
durante la vigencia de la sociedad legal de gananciales (STS 26-
2-1979). Si la licencia fue obtenida de forma privativa tendrá el
carácter de privativa (A.P.Oviedo 16-4-1984).
p) Indemnización por declaración de Invalidez Permanente absoluta.
Se concibe como un rendimiento del trabajo (A.P. Asturias,
Sección 1ª 25-1-2007).
q) Inclusión en el activo de la suma retirada por la esposa de la
cuenta común al no haber justificado que dicha cantidad se
destinase a atender las necesidades de la familia (A.P.
Pontevedra, Sección 6ª 15-2-2007).
r) Los saldos bancarios al tiempo de la interposición de la demanda
de separación, aunque en ese momento esté a nombre de una hija
(S. A.P. Granada, Sección 5ª 16-2-2007).
s) Inclusión de un inmueble en el activo, aunque no conste inscrito
en el Registro de la Propiedad (A.P,. Granada, Sección 5ª 23-2-
2007).
Son privativos:
a) Donación a uno de los cónyuges, mediante ingreso en la cuenta
corriente conjunta (A.P. Segovia 9-12-1999).
b) Se considera privativa del marido la farmacia recibida por herencia y
no adquirida con dinero ganancial (A.P. Albacete, 27-10-2003).
c) La titularidad de la propiedad intelectual o industrial en base a la
obra creada por uno de los cónyuges (STS 26-10-1992).
d) Los derechos derivados del seguro de vida.
e) La acción de reclamación e indemnización que se perciba por daños
inferidos a la persona en un accidente de circulación (A.P. León 7-5-
1993).
f) La indemnización en un proceso penal derivado de un accidente
laboral (A.P. León 7-5-1993).
g) La indemnización por despido laboral tiene un carácter privativo por
tener la naturaleza de bien inherente a la persona, siendo indiferente
su abono antes, durante o después de la vigencia de la Sociedad
Legal de Gananciales (A.P. León 12-1-2007).

28. 28
h) Las joyas aunque fueran adquiridas con fondos comunes de la
Sociedad de Gananciales. Tienen carácter privativo, no tienen
derecho a reembolso al ser de uso personal y no tener un valor
extraordinario (S.A.P. Las Palmas de Gran canaria, Sección 5ª 3-5-
2004).
i) Las joyas van a depender de su extraordinario valor y nivel
económico de la familia. Consideración de privativas por no
estimarse de extraordinario valor, teniendo en cuenta la situación
económica (S.A.P. Almeria, Sección 2ª 4-6-2003).
j) Las participaciones adquiridas constante matrimonio por ser
consecuencia del ejercicio del derecho de suscripción preferente del
derecho de reembolso de la Sociedad (A.P. Barcelona, Sección 1ª 9-
1-2003).
k) La transformación y ampliación de un negocio privativo con cargo a
la masa común de la Sociedad (STS 19.9.1999).
l) Deudas por créditos suscritos por uno de los cónyuges considerados
como privativos. Deuda adquirida por un cónyuge en fecha próxima
al auto de medidas, no acreditándose el destino al beneficio de la
familia (S.A.P. Asturias, Sección 7ª, 30-9-2003).
m) Privativo el dinero procedente de la venta de la vivienda propiedad
de la esposa, ingresado en la cuenta corriente, cuya titularidad era de
ambos cónyuges (A.P. Baleares, Sección 3ª 21-5-2004).
n) El plan de pensiones son de naturaleza privativa, salvo los
denominados “sistema de empleo” sin perjuicio de su valoración y
reembolso. Titularidad privativa, artículo 1346-5ª del Código Civil.
Problemática en relación con las aportaciones al plan: Carácter
ganancial y derecho de reembolso, Sentencias: A.P. León, Sección
2ª, 29-5-2003; A.P. Palencia 23-6-2000; A.P. Ciudad Real, 23-10-
2001; A.P. Guadalajara 17-9-2002; A.P. Zaragoza, Sección 5ª 31-1-
2006.
PASIVO.
a) Inclusión en el pasivo de la Sociedad de Gananciales de un crédito a
favor del marido por el importe a que ascendió la indemnización
recibida por el mismo como consecuencia de un accidente de tráfico,
importe que se consumió en gastos domésticos (S. A.P. Asturias,
Sección 4ª 11-1-2007).
b) Inclusión en el pasivo de un derecho de reembolso a favor del esposo
por el importe actualizado del valor de sus bienes privativos (S. A.P.
Santa Cruz de Tenerife, Sección 1ª 29-1-2007).

29. 29
c) Inclusión en el pasivo, de un derecho de crédito de la esposa frente a
la Sociedad de Gananciales por el importe actualizado de la
indemnización percibida por la esposa por lesiones sufridas en
accidente de tráfico (S. A.P. Almeria, Sección 3ª, 31-1-2007).
d) Inclusión en el pasivo, de una deuda por el valor de las transferencias
efectuadas por los padres de la esposa a la cuenta bancaria de los
cónyuges (A.P. León, Sent. 5-2-2007).
e) Inclusión en el pasivo, una deuda a favor del esposo para el importe
actualizado de la cuantía de la donación que le hizo su padre como
adelanto de la herencia futura (s A.P. Guipúzcoa, Sección 2ª 16-2-
2007)
f) Inclusión en el pasivo del importe del préstamo que el esposo abonó
a una entidad financiera como consecuencia de aval suscrito en
garantía de un préstamo de los hijos (S. A.P. Zaragoza, Sección 2ª
27-2-2007).
g) Inclusión en el pasivo del pago efectuado por un cónyuge de los
seguros de hogar y de las cuotas del IBI ( S. A.P. Barcelona, Sección
12ª, 9-3-2007)
h) h) No procede incluir como pasivo el dinero donado por los padres
de uno de los cónyuges, no se considera préstamo si no donación (
S.A.P. Ciudad Real, Sección 1ª, Sentencia 20-6-2003).
i) No procede incluir como pasivo las cuotas de comunidad ordinaria
de la Comunidad de Propietarios, debiendo ser abonadas por quien
tiene el uso (A.P. Barcelona, Sección 12ª, de 9-3-2007).
j) No procede incluir como pasivo un crédito del esposo frente a la
sociedad legal de gananciales, por el importe de formalización del
préstamo hipotecario, ya que se abonaron antes del nacimiento de la
sociedad (A.P. La Coruña, Sección 4ª de 18-1-2007).
k) No procede incluir como pasivo el importe de los deterioros sufridos
por los bienes privativos aportados (S.T.S, Sala 1ª, 27-2-2007).
l) No procede incluir como pasivo las cuotas extraordinarias de
Comunidad y los gastos de cancelación de hipoteca, al asumirlas la
esposa en el convenio (S A.P. de Málaga, Sección 4ª, 9-10-2003).
m) No procede incluir como pasivo los créditos de la esposa frente a su
marido por impago de medidas económicas del convenio (S A.P.
Asturias, Sección 6ª, de 24-2-2003).
n) No procede incluir como pasivo los gastos sufragados por la esposa
para el sostenimiento y educación de los hijos (S A.P. Cuenca,
Sección 1ª de l4-7-2004).
o) No procede incluir como pasivo el importe de las obras pagadas por
el marido cuya cuantía y existencia no constan (S A.P. Álava 16-6-
2005).

30. 30
c) Finalización de la Comparecencia.
La comparecencia puede tener como resultado la conformidad,
bien por la falta de asistencia de uno de los cónyuges o porque
comparezcan ambos y lleguen a un acuerdo
En el acta se recogerán los acuerdos a los que han llegado las
partes. El acuerdo se puede ceñir únicamente a la fase del inventario,
en relación con los bienes que comprenden el activo y el pasivo de la
Sociedad Legal de Gananciales, y una vez aprobado el acuerdo, las
partes podrán instar la fase de liquidación de la Sociedad Legal de
Gananciales; pero pueden llegar a un acuerdo dentro de esta
comparecencia, no solo en relación con el inventario si no también
en relación a la valoración, liquidación y adjudicación del activo y
pasivo, llevando a efecto el acuerdo conforme a lo previsto en los
dos primeros apartados del artículo 788 de la L.E.C. “aprobadas
definitivamente las particiones se procederá a entregar a cada uno de
los interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de
propiedad…”. Se entregará a las partes testimonio del acta donde se
refleja el acuerdo al que han llegado las partes, en el inventario, y en
su caso en la valoración, liquidación y adjudicación y de la
resolución firme que lo aprueba.
La comparecencia puede tener como resultado el desacuerdo entre
los cónyuges, que puede ser: 1) parcial, en cuyo caso en la vista solo
se discutirán aquellas partidas en las que no existiera conformidad;
2) total, discutiéndose la totalidad de las partidas que integran el
activo y pasivo de la sociedad legal de gananciales. Si existiese
controversia entre las partes, el Secretario Judicial citará a los
interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo
previsto en el juicio verbal.
f) Medida sobre Administración y Disposición de Bienes
Inventariados.
En el caso que la parte actora, en el escrito de solicitud, y la parte
demandada por escrito o bien durante la comparecencia, soliciten
alguna medida sobre administración y disposición de bienes
inventariados, el Secretario dará cuenta a fin de que el juez resuelva

31. 31
sobre este extremo, al no ser una decisión que pueda adoptar al tratarse
de materia jurisdiccional; pero lo que si es competencia del Secretario es
intentar llegar a un acuerdo en relación con la administración, aunando
posturas, intentando que las partes dialoguen y que adopten la posición
que sea más beneficiosa para su patrimonio; supuestos más comunes de
administración que puede proponer, el Secretario, teniendo en cuenta el
patrimonio ganancial son: a) Administración conjunta a ambos
cónyuges de forma mancomunada; en principio solo sería aconsejable
en aquellos supuestos en los que existen pocos bienes dentro de la masa
ganancial y son de la misma naturaleza, teniendo en cuenta que ambos
cónyuges van a controlar todos los ingresos y gastos de los bienes o
derechos y cabe pensar que es fácil que se produzcan posturas
contradictorias por eso solo encaminará el Secretario a las partes hacia
este acuerdo cuando vea exista diálogo entre ellas y la administración
conjunta sea factible; b) Administración por uno solo de los cónyuges,
puede ser de todos o parte de los bienes gananciales y suele ser
aconsejable en aquellos casos en los que uno de los cónyuges sea el que
administra el negocio familiar, siendo una buena medida que continúe
en esta administración hasta la liquidación de la Sociedad de
Gananciales, si bien para llegar a estos acuerdos es necesario que exista
una confianza entre las partes y en el momento en que las partes
llegaban a este acuerdo debe precisarse la forma de administración por
parte de uno de los cónyuges y la rendición de cuentas que debe se
periódica, detallada y documentada, pactando si será trimestral o
semestral, dependiendo el tipo de negocio; c) Otorgar la administración
a cada cónyuge por periodos de tiempo, si ambos cónyuges están
capacitados y durante el matrimonio han administrado conjuntamente
los bienes gananciales, sería beneficioso para ellos llegar al acuerdo de
una administración alternativa fijando la periodicidad por plazos de seis
meses o un año, teniendo en cuenta la actividad y con la obligación de
rendir cuentas; d) Administración por tercera persona; en el acto de la
comparecencia se puede llegar al acuerdo que una tercera persona de la
confianza de ambos cónyuges y con la preparación necesaria sea quién
se va a ocupar de la administración de los bienes gananciales, con las
obligaciones inherentes a su cargo de administrador y principalmente la
rendición periódica de cuentas por periodos semestrales y no superior a
un año.
Los acuerdos en relación con la administración serán recogidas en el
acta a fin de poder ser aprobados; en ocasiones se recoge el acuerdo con
carácter general y se invita a las partes a redactarlo con mayor precisión
para que sea plasmada la voluntad de las partes, en la forma concreta en
que va a realizarse la administración de bienes gananciales.

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Como conclusión decir que el papel de Secretario, como conciliador
dentro de esta fase, es imprescindible, evitando que las partes
cronifiquen sus controversias, abriéndoles al diálogo y llegando a
acuerdos beneficiosos para ellos y para su patrimonio.
B) FASE DE LIQUIDACIÓN.
1). REGULACIÓN.
Esta materia está regulada tanto en las normas sustantivas como
procesales, remitiéndome a lo señalado en este mismo apartado en la
fase de inventario y además a lo preceptuado en los artículos 785 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2). SOLICITUD.
La segunda fase del procedimiento de liquidación se inicia con la
solicitud de liquidación de los cónyuges, una vez que ha concluido la
fase de inventario y firme la resolución que declare disuelto el régimen
económico matrimonial; a la solicitud habrá que acompañar la propuesta
de liquidación, partiendo del inventario aprobado, fijando dos lotes de
igual o similar valor, con la correspondiente propuesta de adjudicación.
Señalándose comparecencia a la que deberán asistir los cónyuges y en el
caso de incomparecencia sin justificar la causa, se le tendrá por
conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que
haya comparecido; todo lo expuesto en la fase de inventario en relación
con la citación, las prevenciones legales y la aprobación por
incomparecencia de una de las partes es aplicable a esta segunda fase de
liquidación.
3). COMPARECENCIA
SUPUESTOS:
. Que no comparezca ninguno de los cónyuges Se tendrá por
desistido al actor, levantando acta y dictando resolución teniendo por
desistido al actor.

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. Que no comparezca algún cónyuge. Se le tendrá por conforme con
la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya comparecido.
. Que comparezcan ambos cónyuges. Se celebra ante el Secretario
Judicial, con asistencia de los cónyuges, abogados y procuradores. Es
prioritario que el Secretario Judicial intente un acuerdo entre los cónyuges
para la liquidación y adjudicación, debiendo utilizar técnicas mediadores a
fin de evitar el procedimiento contencioso. Conciliar a las partes es una
tarea difícil que depende de la intervención del Secretario Judicial. La
conciliación exige valorar el conflicto, la actitud de las partes, la
conveniencia del acuerdo que debe ser satisfactoria para ambas partes. La
comparecencia debe comenzar preguntando a las partes si han hablado y
han podido negociar y si existe posibilidad de llegar a acuerdos. La
conciliación requiere que el Secretario conozca previamente los
antecedentes del procedimiento, las pretensiones de las partes; escuchar las
pretensiones de cada una de las partes de una manera ordenada,
concediendo la palabra a cada parte para que exponga sus peticiones,
impidiendo que se hablen entre ellas, evitando enfrentamientos y oír las
propuestas para evitar los conflictos, acercar posturas, poniendo en su
conocimiento criterios jurisprudenciales en relación con la valoración de la
prueba o sobre la falta de prueba, no pudiendo acreditar su pretensión,
indicarles las distintas posibilidades sobre la adjudicación de bienes y las
compensaciones formales alternativas como la posibilidad de la venta de
determinados bienes, los criterios de valoración de bienes: El momento de
la valoración no es la disolución si no la liquidación, la valoración de las
viviendas de protección oficial, a efectos de liquidación es el precio de
mercado (STS 14-11-2002), el criterio para actualizar el valor de los bienes
en el momento de liquidar (importe actualizado conforme a los Índices de
Precios del Consumo, el interés legal del dinero, etc…); la valoración del
derecho de uso (no cabe la compensación económica en el momento de la
liquidación, STS 29-4-1994).
En muchos casos se consigue llegar a un acuerdo parcial o total, sin
embargo en otros, a pesar del beneficio que pueda resultar, no se consigue;
por eso es necesaria una buena formación y habilidad para conseguir el
acuerdo, que las partes tengan suficiente información sobre los métodos
alternativos (conciliación o mediación), que estos métodos aceleren la
solución de los conflictos.
4). FINALIZACIÓN DE LA COMPARECENCIA.

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. La comparecencia puede tener como resultado la conformidad, bien por
la falta de asistencia de uno de los cónyuges o porque comparezcan ambos
y lleguen a un acuerdo. En este supuesto se recogerá en el acta y se dará
por concluido el acto, dictándose resolución aprobando el acuerdo y de la
resolución; aprobado el acuerdo una vez firme se expedirá testimonio del
mismo y del auto, sirviendo de título a las partes para cualquier organismo
público o privado y para hacer las correspondientes inscripciones
registrales. En el caso de acuerdo parcial de adjudicación de determinados
bienes, solo se procederá al avalúo y la partición por la vía contenciosa de
aquéllos sobre los que no hubiere recaído acuerdo.
. La comparecencia puede tener como resultado el desacuerdo entre los
cónyuges, con controversia en la liquidación. En este supuesto se remite la
continuación de la tramitación a las normas del procedimiento de división
de la herencia prevista en el artículo 784 para el nombramiento de contador
y en su caso, peritos, y en los artículos 785 y siguientes de L.E.C.
El Secretario intentará llegar a un acuerdo con las partes, en relación con
el nombramiento de perito y de contador partidor y en otro caso remitirá
oficio al Juzgado decano a fin de que proceda al nombramiento de estos
profesionales, continuándose la tramitación por las normas del
procedimiento de división de la herencia.
En conclusión existen vías alternativas al proceso, ofreciendo la
posibilidad de resolver el conflicto familiar, y en este caso concreto el de la
división del patrimonio común, promoviendo acuerdos que van a dar una
mejor respuesta a las necesidades de los cónyuges, más acorde con la
realidad de la familia, obteniendo una solución más rápida, menos costosa
y, desde el punto de vista del juzgado, reduce la sobrecarga de trabajo y
evita el coste público, motivos por los cuales es necesario que el Secretario
intente conciliar a las partes, en el procedimiento de liquidación de
gananciales.
ANGELES LETICIA MORALES MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 29 DE
MADRID