El documento describe las tres funciones principales del Estado: el poder ejecutivo (el gobierno), el legislativo (el parlamento) y el judicial. Explica que redactar leyes es tarea del poder legislativo, interpretar y aplicar las leyes es tarea del poder ejecutivo, y hacer cumplir las leyes es tarea del poder judicial. También discute la teoría de la separación de poderes de Montesquieu y los riesgos de la concentración de poder en una sola rama del gobierno.

1. LAS FUNCIONES DE LOS PODERES DEL ESTADO
Luciano Gabriel Cuayla Flores
Tres son las facultades y funciones primordiales del Estado: el poder ejecutivo (el Gobierno), el
legislativo (el Parlamento) y el judicial. Según la doctrina de la separación de poderes, redactar
las leyes es tarea del poder legislativo (Congreso, Parlamento o Asamblea de Representantes),
interpretarlas y normalizarlas es tarea del poder ejecutivo, y hacerlas cumplir es tarea del poder
judicial. En una democracia, el poder legislativo elabora y modifica las leyes existentes de
acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Su función específica es la aprobación de las leyes.
El Poder Judicial es aquel poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el
encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas
en la resolución de conflictos. Bajo esta separación de poderes, nace el llamado Estado de
Derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley. El
Poder Judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial
al ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico.
Según la teoría de Charles de Secondat, Barón de Monstesquieu, la división de poderes
garantiza la libertad del ciudadano, Montesquieu compuso su teoría después de un viaje a
Inglaterra en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del
poder ejecutivo. Montesquieu, propuso, en su célebre libro El espíritu de las leyes, que era
necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes (legislativo,
ejecutivo y judicial) para que mediante unos arreglos de las características el poder se
autocontrole, a fin de evitar la tiranía. Ante esto yo me pregunto: ¿qué puede ocurrir cuanto
estos tres poderes se concentran en el poder ejecutivo, en el Gobierno, de cualquier país? La
respuesta es muy sencilla: ello supondría el advenimiento de la tiranía, de la dictadura y del
totalitarismo.
Todo lo anteriormente dicho viene a colación por el hecho de las críticas que desde el Partido
Popular se están lanzando al Gobierno de Zapatero por el tema de la legalización de los
partidos vascos Sortu y Bildu y la excarcelación del etarra Troitiño. En el primero de los casos
se pide por parte del PP que el Gobierno no legalice a estos dos partidos cuando lo único que
puede hacer el Ejecutivo es ordenar a la Fiscalía del Estado que impugne, cosa que ya ha
hecho, ante la justicia la presentación de esa solicitud de legalización por parte de los dos
partidos antes citados, y que sea el Poder Judicial quien interpretando las leyes dictamine si
procede o no legalizarlos. El Gobierno no puede hacer más. En cuanto al caso del etarra
Troitiño, ha sido el Poder Judicial y no el poder Ejecutivo, el Gobierno, que no tiene potestad
para ello, quien interpretando las leyes ha decidido que este personaje salga de la cárcel antes
de cumplir el total de años a los que fue condenado. Queda claro que en ambos casos el
Gobierno ha hecho lo único que podía y puede hacer, y en el Partido Popular lo saben muy
bien ya que el caso de Troitiño es exactamente igual al de Josu Ternera en busca y captura
desde 2002, era Rajoy ministro del Interior, y del cual nunca más se supo. Comparto las críticas
del ministro Rubalcaba, cuando señala los "puros dislates" e "incursiones muy desafortunadas
en el Estado de Derecho" de responsables del PP licenciados en Derecho. No voy a dar mi
opinión ni exponer mi parecer sobre las acusaciones de la derecha de que el Gobierno ha
pactado con ETA, sólo recordaré que desde primeros de año hasta estos días han sido 40 los
miembros de ETA detenidos entre España y Francia. Si esto está dentro del "pacto",
francamente he de decir que no me parecen malos sus resultados.
Si la decisión de legalizar a un partido político o decidir quién entra o sale de la cárcel fuera
potestad de un Gobierno, que por lo visto es lo que pretende el PP, se podrían dar por
finiquitados el Estado de Derecho, la democracia y por tanto las libertades. Por lo visto en el PP
están por circular "políticamente" por esa vía.